8 de diciembre de 2020, Bogotá/Roma- Marcos González es un líder comunitario en el departamento de Córdoba. Es un gran conocedor de la realidad que envuelve a sus vecinos de Tierralta, ya que lleva tiempo comprobando de cerca las dificultades que tienen para producir y proveerse de alimentos sanos y nutritivos. Sin embargo, tras participar en un proceso de capacitación, se dio cuenta de que podía ampliar sus conocimientos y así contribuir aún más con su comunidad. Allí aprendió, por ejemplo, en qué situaciones cotidianas el derecho a una alimentación adecuada se ve vulnerado.

La actividad fue facilitada por Prosperidad Social y la FAO, quienes desde hace años ejecutan proyectos de formación y campañas de sensibilización dirigidos tanto a la sociedad civil como a funcionarios públicos.

Estas iniciativas no hubieran sido posible sin el firme interés del Estado por mejorar la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de sus gentes y territorios, sobre todo de los más vulnerables, y construir un país más justo. Ha sido este mismo quien ha encabezado este proceso, al solicitar la colaboración de expertos y proporcionar los recursos económicos necesarios. 

Otra de las piedras angulares de la cooperación entre la FAO y el Gobierno ha sido la asistencia técnica prestada a la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), máxima instancia estatal en el área, así como a los comités subnacionales de gestión y planificación, asesorándoles en cómo elaborar políticas públicas relacionadas con la SAN y el derecho humano a una alimentación adecuada.

 “Colombia, con estas estrategias de gestión territorial y sus correspondientes metodologías, está recorriendo un terreno poco explorado como es la planificación pública con enfoque de derechos humanos”, señaló Manuela Ángel, Representante Asistente de FAO Colombia. “Su carácter participativo ha representado un gran potencial para la sociedad civil organizada en materia de toma de decisiones”, añadió.

Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación, aprobadas en 2004 por la FAO, sirvieron como base para elaborar lineamientos como los del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para incorporar el derecho humano a la alimentación adecuada en sus programas. A la luz de las recomendaciones de las Directrices, se mapeó el contexto del país y se identificaron áreas que convenía mejorar, entre otros.

Este trabajo se ha llevado a cabo con diferentes niveles al interior del gobierno y en los mismos territorios. Articularse con todos ellos no ha sido fácil, dada la complejidad que implica. Además del ICBF y Prosperidad Social, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia para Reincorporación y la Normalización (ARN) han actuado como interlocutores habituales de la FAO. A nivel legislativo, el Frente Parlamentario Contra el Hambre ha sido un escenario de permanente debate entre FAO y una representación plural de congresistas.

Muchas de estas intervenciones se han ejecutado desde el terreno, mano a mano con las poblaciones en mayor riesgo de inseguridad alimentaria, como indígenas, mujeres y productores locales. Al mismo tiempo, se acompañan de planes para que cuenten con financiación y sean duraderos en el tiempo.

Por otra parte, en el horizonte se divisan retos por resolver. Entre ellos, lograr que la participación social sea verdaderamente inclusiva, es decir, que se escuche la voz de todos los actores a lo largo de todos los territorios y se atiendan sus demandas específicas. Esta participación exige una inversión consistente, no solo en logística, sino también en el fortalecimiento de capacidades de todos los involucrados. También, monitorear y evaluar los programas y las estrategias en SAN, una vez implementados, para determinar si realmente se está cumplimiento con lo esperado. La rendición de cuentas es otra de las asignaturas pendientes, un principio fundamental de los derechos humanos que se refiere a la obligación de las autoridades de asumir la responsabilidad por sus acciones.

La alianza FAO y el Gobierno de Colombia ha cosechado éxitos palpables, pero la lucha contra el hambre y la malnutrición no ha llegado a su fin. Los próximos años serán decisivos para asegurar que todas las personas, en cada punto del país, puedan disfrutar del derecho a una alimentación adecuada.

Derechos humanos: motor para acabar con el hambre en los territorios rurales

El desarrollo del campo, donde el 47% de la población vive en condiciones de pobreza, es una de las deudas históricas que Colombia tiene por saldar después de cinco décadas de conflicto armado. En esta misión convergen tareas tan diversas como garantizar el acceso a la tierra a los campesinos que no la tienen, la igualdad de género o el empoderamiento de los jóvenes.  

El Estado está convencido de que un enfoque de derechos humanos es imprescindible para emprender el camino hacia el desarrollo humano y la reducción de la pobreza.

No en vano, el primer punto del acuerdo de paz apunta a generar una transformación en las zonas rurales, reconociendo explícitamente el derecho a la alimentación, y situándolo así en lo más alto de la agenda pública.

Un claro reflejo de estos esfuerzos es la reincorporación de los excombatientes a la vida civil. Según el acuerdo, los exguerrilleros pueden recibir tierras para sacar adelante proyectos productivos. La FAO, junto con otras agencias de las Naciones Unidas, les acompañan en esta labor, a través de formación, entrega de semillas, apoyo a cooperativas, etc. De esta manera, las fincas, pueden transitar, desde el abastecimiento hasta modelos de mercados.

El país cuenta con una gran oportunidad en la construcción de la nueva política de seguridad alimentaria y nutricional con un enfoque de derechos humanos. Estas políticas, y las que enfatizan en la ruralidad, son un impulso importante al apoyo que desde lo institucional se viene dando en Colombia al derecho a la alimentación, y del que se espera marche por la misma senda, con pasos cada vez más afianzados.