9 de diciembre de 2020, Roma- En 2015, alcaldes de más de 100 ciudades en el mundo suscribieron un acuerdo no vinculante conocido como Pacto de políticas alimentarias urbanas, en la búsqueda de soluciones locales para poner fin a la pobreza extrema y la malnutrición, reducir el desperdicio alimentario y adaptarse al cambio climático. Cinco años después, es tiempo de medir los avances y comprobar si los resultados esperados se han alcanzado, entre ellos la realización del derecho a la alimentación.

Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (ODA-E), en coordinación con la ONG Enraíza Derechos y en colaboración con la Red de Ciudades por la Agroecología, ha realizado una investigación sobre la implementación del Pacto de Milán en Valladolid y Valencia.

Las estrategias alimentarias de estas dos ciudades se refieren explícitamente al derecho humano a la alimentación, con especial atención a los colectivos más vulnerables. El estudio señala que aplican principios de los derechos humanos como la transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, en Valladolid, los responsables del Ayuntamiento han comparecido públicamente en varias ocasiones para explicar la evaluación de esta política.

Otros factores que han impactado positivamente en el derecho a la alimentación han sido el relacionamiento entre actores a la hora de tomar decisiones; la participación del sector privado, los académicos y la sociedad civil; así como la coordinación entre las administraciones municipales, provinciales y autonómicas.

Desafíos por superar, progresos a la vista

Los informes elaborados por el ODA-E aportan un conocimiento muy profundo sobre las dinámicas de puesta en práctica del Pacto de Milán. A partir de ellos, la FAO identificará oportunidades de mejora que servirán como guía para las ciudades firmantes.

Juan Carlos García y Cebolla, líder del Equipo de Derecho a la Alimentación de la FAO, adelantó que, según se desprende de los estudios, es necesario que las estrategias se adapten al contexto local.

Un segundo elemento es facilitar un mayor diálogo entre especialistas de distintas temáticas, y asegurar una financiación que combine recursos propios de los municipios con otros externos del Gobierno. Igualmente, se desprenden lecciones de cómo adaptar el marco de monitoreo a las capacidades y necesidades de las ciudades, para que sea lo más útil posible.

La investigación, que fue realizada durante la pandemia de la COVID-19, puso de manifiesto la importancia que tienen los gobiernos locales para responder a estos retos y reducir el riesgo de un deterioro de la calidad de la dieta para los sectores de población con rentas más bajas.

Las ciudades, aliadas en la transformación de los sistemas alimentarios

Los núcleos urbanos juegan un papel fundamental en favor de políticas alimentarias, no solo para hacer que los sistemas alimentarios sean sostenibles, sino también para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). La Agenda 2030 es una responsabilidad compartida a todos los niveles de los gobiernos. El Pacto de Milán puede servir para completar la aplicación de los ODS a nivel local.

La colaboración del ODA-E y la FAO es parte de estos esfuerzos por consolidar el Pacto de políticas alimentarias urbanas, a través de medidas políticas duraderas, evaluación de procesos políticos, sensibilización, y diseño de leyes y programas inclusivos en base a los derechos humanos.