Obviamente la obligación de garantizar que la legislación nacional respete, proteja y haga efectivo el derecho a la alimentación va más allá de la garantía de que la legislación sectorial no impide el acceso de las personas a una alimentación adecuada. Si se desea que el ordenamiento jurídico apoye realmente la realización progresiva del derecho a la alimentación, existen razones fundadas para que esta orientación se afirme expresamente, ya sea en la constitución, en una carta de derechos o en leyes específicas.

A nivel mundial, más de 20 países mencionan el derecho a la alimentación en sus constituciones.