La existencia de una normativa especial sobre el derecho a la alimentación y las obligaciones del Estado vinculadas al mismo, cualquiera que sea su forma exacta, puede ser útil de distintos modos. Puede aclarar las funciones y responsabilidades de los distintos organismos, definir derechos y mecanismos de recurso y control, y en general orientar la política y destacar la importancia fundamental del derecho a la alimentación.

Para mantener el carácter global del enfoque basado en los derechos, también es fundamental otorgar protección jurídica a otros derechos humanos cuya realización guarda una relación de interdependencia con la del derecho a la alimentación, como los derechos a la información, la libertad de reunión, la educación, la salud y el agua potable. Es crucial que las personas pobres tengan acceso a los recursos: con el fin de que los grupos vulnerables y discriminados dispongan de medios para lograr realizar su derecho a la alimentación, se les deben otorgar de forma clara derechos exigibles a tener en propiedad recursos productivos, a heredarlos y a comerciar con ellos.