Sin embargo, los derechos tienen escasa utilidad si no se pueden reclamar y, en caso de que se violen, las personas afectadas deben tener acceso a vías de reparación. Éstas podrían consistir en procesos ante tribunales que entiendan de causas de violación del derecho a la alimentación u otras instituciones que otorguen su restitución, indemnización, satisfacción o garantías de no repetición.

Estas funciones son ejercidas habitualmente por defensores del pueblo o comisiones de derechos humanos a nivel nacional. Incluso allí donde estos mecanismos existen, las personas también necesitan información y educación sobre la forma de acceder y utilizar los mismos. Para ello la asistencia jurídica pública y la ayuda de las organizaciones de la sociedad civil puede ser fundamental.