Solo a través de una justicia efectiva, instituciones fidedignas y un sistema jurídico orientado hacia el derecho humano a la alimentación, los titulares de derechos podrán hacer responder a los obligados a garantizar su seguridad alimentaria.

El derecho a la alimentación no se puede hacer realidad a nivel nacional si los titulares de derechos no pueden exigir responsabilidades de los titulares de obligaciones. Esta responsabilización otorga medios a los titulares de derechos y paralelamente ayuda a los titulares de obligaciones a cumplir con las mismas. Requiere un funcionamiento adecuado de las instituciones que permita a las personas disponer de acciones contra la violación de sus derechos, de modo que, por ejemplo, los grupos marginado puedan tener acceso a la justicia y terminar con prácticas discriminatorias. Además, la ratificación de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos obliga a los Estados a garantizar la existencia de concordancia entre sus sistemas jurídicos nacionales y sus obligaciones internacionales.