El enfoque del seguimiento basado en los derechos es diferenciador: pretende medir no sólo el número y tipo de personas a las que afecta una determinada medida, sino también el grado de formación de la población en general sobre el derecho de que se trate y los medios de que dispone para exigir su realización, y si la legislación garantiza adecuadamente el derecho. Se centra especialmente en las personas más vulnerables y la desagregación de datos permite determinar las desigualdades, no sólo de ingresos sino también de acceso a servicios básicos y la situación en términos de salud y educación. Junto con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la FAO está elaborando métodos prácticos para realizar un seguimiento de la realización del derecho a la alimentación a nivel nacional. Ello responderá las necesidades de los países y permitirá mejorar los informes presentados a nivel internacional sobre el cumplimiento en relación con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El propio proceso de seguimiento también debe respetar los principios de transparencia, participación, no discriminación y dotación de medios vinculados a los derechos humanos. Por ejemplo, las partes interesadas, como los administradores de programas, los legisladores y los representantes de grupos expuestos a la inseguridad alimentaria y vulnerables deberían participar directa y realmente en la determinación de los indicadores.

El seguimiento basado en los derechos implica no sólo un seguimiento de los resultados, sino también de las estructuras y los procesos. Los indicadores estructurales miden la idoneidad, desde una perspectiva basada en los derechos, de las estructuras jurídicas, reguladoras e institucionales e informan, por ejemplo, de la condición jurídica del derecho a la alimentación y de los mandatos de las instituciones pertinentes. Asimismo, debería incluir información relativa a los derechos de propiedad y tenencia de las tierras, la normativa sobre inocuidad de los alimentos y los organismos de protección de los consumidores.

Los indicadores de procesos facilitan información sobre las actividades que pueden incidir en la aplicación del derecho a la alimentación, tales como los programas de reforma agraria y microcrédito, suministro de agua potable, transferencia de tecnología agraria, generación de ingresos, alimentos por trabajo y prestación de asistencia sanitaria a las comunidades. Por último, los indicadores de resultados registran los resultados de las medidas relativas al derecho a la alimentación, en particular por lo que respecta al goce individual y colectivo del derecho efectivo a una alimentación adecuada.