El poder ejecutivo del Estado debe efectuar un seguimiento del estado del derecho a la alimentación, con el fin de adoptar medidas correctivas y evaluar su impacto. Además, las Directrices voluntarias recomiendan que los Estados establezcan instituciones para los derechos humanos independientes del Gobierno destinadas a realizar un seguimiento basado en los derechos de las políticas y los programas.

Las asociaciones entre el gobierno y la sociedad civil también están cobrando una importancia creciente en materia de seguimiento. Las organizaciones de la sociedad civil han elaborado y aplicado a menudo metodologías más participativas y mejor adaptadas para determinar las causas que subyacen a la inseguridad alimentaria a nivel local. Por consiguiente, estas asociaciones pueden reforzar el seguimiento por lo que respecta a los conocimientos prácticos, tanto técnicos como sobre derechos humanos.