Solo mediante objetivos alcanzables y una evaluación continua nacional e internacional de base comunitaria, los titulares de obligaciones y los de derechos pueden lograr una seguridad alimentaria duradera.

El hecho de que se alcancen los objetivos generales de desarrollo y crecimiento económico no implica necesariamente que se respeten, protejan o hagan efectivos los derechos humanos de todas las personas. Por este motivo, se debe efectuar un seguimiento en los progresos efectuados en la realización del derecho a la alimentación para determinar si los resultados y procesos que han conducido a ellos son conformes con el enfoque basado en los derechos y si los programas se centran con éxito en las personas necesitadas.

Deberían establecerse parámetros y objetivos realistas, en términos de indicadores verificables en ambos casos. Éstos no sólo servirán para determinar los progresos y como incentivos para las instancias decisorias, sino que pueden ser utilizados por las personas y la sociedad en su conjunto para exigir responsabilidades al Estado y contribuir de este modo a reforzar la gobernanza.

• ¿Qué tiene de particular el seguimiento basado en los derechos?
• ¿Quién debería efectuar el seguimiento?