El principio de no discriminación requiere una política gubernamental que apoye el plano acceso en pie de igualdad a los recursos productivos y económicos para todas las personas, incluido el acceso a la propiedad de las tierras y otros bienes, el derecho de heredar así como el acceso al crédito y tecnologías apropiadas para mujeres y hombres.

En relación con cualquier grupo especialmente vulnerable, deben formularse políticas para hacer frente a las causas subyacentes de su vulnerabilidad y apoyar la dotación de medios para las personas afectadas, de modo que dispongan de instrumentos para reclamar sus derechos.

Debido a la interdependencia entre el derecho a la alimentación y los derechos al agua, la asistencia sanitaria, el trabajo y la vivienda, entre otros, es fundamental que en la estrategia global de desarrollo de un país se integre de forma sistemática un enfoque basado en los derechos. La segunda generación de documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) es el factor determinante más importante de las estrategias de desarrollo en numerosos países.