El refuerzo de la capacidad de los poderes ejecutivos y judicial, las organizaciones no gubernamentales (ONG), los medios de comunicación, el sector privado y otras partes interesadas es fundamental para realizar el derecho a la alimentación. Ello requiere capacitación para los nutricionistas, los expertos en inocuidad alimentaria, otros profesionales que trabajan en el ámbito de la alimentación y la nutrición así como los funcionarios, por ejemplo los que se encargan de las políticas y los administradores.

Los representantes formados de los medios pueden mostrar una imagen más exacta del derecho a la alimentación con una cuestión de dotación de medios, no de ayuda. Los funcionarios públicos formados comprenderán su propia función de aplicación del derecho a la alimentación y su obligación de facilitar al público, incluidas las personas más marginadas y vulnerables, información completa e imparcial.