En el segundo panel representantes de la sociedad civil debatieron sus éxitos y estrategias en relación con el “Derecho a la alimentación: hacerlo realidad a nivel nacional y comunitario”.

  Alexandra Beurlen, Fiscal de Menores e Infancia, del Ministerio Público de Alagoas (Brasil), habló acerca de la Ley de Acción Cívica Pública del Brasil, instrumento utilizado en las medidas actuales para realizar el derecho a la alimentación. “Aunque la ley no es la única solución al problema del hambre, si hay personas comprometidas en su aplicación, obtendremos resultados positivos”, indicó.

  Marcela Libombo, Coordinadora de la Secretaría Técnica para la Seguridad Alimentaria de Mozambique, señaló que más de un millón de personas padecen hambre en silencio en Mozambique. La estrategia nacional integraba la pobreza y el VIH/SIDA en las condiciones de Mozambique, que describió cómo “una amenaza para la seguridad alimentaria y la nutrición mozambiqueñas”.

  El Dr. Sergio Morales, Defensor de los Derechos Humanos en Guatemala, habló sobre las diferencias entre clases sociales en su país y el desafío consistente en garantizar la igualdad de acceso a la justicia a los distintos grupos sociales. “La gente apenas puede imaginarse qué significa no tener suficiente comida y morir de hambre. La población indígena de Guatemala es uno de los sectores más pobres de la sociedad, cuando nuestro país es uno de los más ricos del mundo en recursos”, señaló.

  En la India, los logros en la confirmación del derecho a la alimentación se debieron en gran parte a la decisión del Tribunal Supremo del país, que ha respaldado y validado los esfuerzos encaminados a reducir el hambre en la India. Reetika Khera, representante de la campaña para el derecho a la alimentación en la India, indicó que se están formulando nuevas normas por medio del Tribunal Supremo y que la campaña en India está utilizando al Tribunal Supremo para presionar al Gobierno diciéndole: ”Éstas son tus leyes y políticas. Aplícalas por favor”.

  Ariovaldo Ramos, Presidente del Comité Permanente sobre el Derecho a la Alimentación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) del Brasil, destacó que se deberían elaborar y aplicar políticas públicas de forma participativa.

  “Las políticas públicas han de regirse por principios de eficacia, responsabilidad, transparencia, participación, justicia, inclusión social y dotación de medios para los beneficiarios”, afirmó.