Procesos Legales

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El derecho a la alimentación está reconocido legalmente en el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y en las obligaciones de los Estados Participantes que se disponen en el Artículo 2, donde se establece que:

“Cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recurso de que se disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. (…)

Según el sistema legal y constitucional de cada país, las disposiciones del tratado internacional pueden ser aplicadas directamente de la misma forma como legislación nacional o, se podría requerir una acción legislativa específica para incorporar las disposiciones del tratado al sistema legal nacional. En su Comentario General 3, el CDEC considera que en muchas instancias la legislación es muy deseable y "puede incluso ser indispensable" para poner en práctica los derechos garantizados por el PIDESC (párrafo 3)

Por lo tanto, la legislación es un instrumento fundamental para implementar las estrategias nacionales relacionadas con el derecho a la alimentación. Pero, la elección de una estrategia legal adecuada depende de la mezcla específica de políticas, instituciones y marcos legales que ya existen en cada país.

Existen tres niveles complementarios principales de acción legislativa que los Estados pueden emprender:

  • Incorporación del derecho a la alimentación en sus constituciones nacionales;
  • Adopción de los marcos jurídicos de seguridad alimentaria o del derecho a la alimentación que definen objetivos claros, responsabilidades institucionales y principios globales que orienten las políticas y programas;
  • Revisar la legislación sectorial más relevante que afecta el goce del derecho a la alimentación y su compatibilidad con este derecho humano.

La FAO trabaja en estas tres áreas de intervención legal proporcionando apoyo técnico a los países para el desarrollo de los marcos legales para la implementación del derecho a la alimentación. En estrecha colaboración con la Oficina Jurídica de la FAO, que por sí misma tiene el mandato de proporcionar apoyo legislativo directo, el Equipo del Derecho a la Alimentación emprende actividades de sensibilización y desarrollo de capacidad que involucran actores y  homólogos nacionales que tienen una función clave en el desarrollo de la legislación.

A pesar de que la acción legislativa es esencial para implementar el derecho a la alimentación (así como otros derechos humanos) a nivel nacional, las soluciones legales por sí mismas no son suficientes para lograr su completa realización. El goce efectivo del derecho económico y social - aun cuando esté reconocido constitucionalmente o por leyes - no es posible sin un seguimiento eficaz de las políticas y de los programas.

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