La liberalización económica y política se ha convertido en el tema dominante de la teoría y la práctica del desarrollo rural. Sin embargo la distribución del gasto público sigue reflejando graves distorsiones, y la reestructuración económica ha resultado problemática.
Un número cada vez mayor de países han reconocido que un mercado debidamente estructurado, sin distorsiones ni privilegios, es el medio más eficaz de distribuir los derechos y las riquezas en una sociedad. Asimismo, la mayoría de países han aceptado que la libertad política y la democracia participativa representan el único modo de tener en cuenta las necesidades de los diversos individuos y grupos en el proceso de adopción de decisiones. Sin embargo, tanto la liberalización económica como la política requieren una gran determinación y profundas reformas del sistema para llegar a ser una realidad positiva.
La liberalización puede facilitar el desarrollo rural. Puede contribuir a la distribución de la tierra, el mejoramiento de los servicios educacionales, la participación directa de las poblaciones rurales pobres en la formulación de políticas y la reducción de las desigualdades entre los sexos. Constituye, pues, un instrumento básico para paliar e incluso llegar a eliminar la pobreza.
Estas reformas económicas han tenido repercusiones en todos los sectores. Sin embargo, los estudios realizados hacen pensar que muchas de las iniciativas de ajuste estructural y liberalización económica han tenido consecuencias negativas para las poblaciones pobres. Dichas consecuencias dependen de factores relacionados con la producción, por ejemplo de si los pobres son productores netos de bienes comerciales o no comerciales. La liberalización económica y política supone a menudo una reducción del empleo y los salarios rurales, un aumento de los precios de los productos, mayores costos de producción y menores gastos compensatorios del sector público. Con todo, a corto plazo estos cambios han tenido efectos negativos entre la población pobre. Pese al objetivo previsto de aumentar las inversiones en infraestructuras, las nuevas restricciones fiscales obligan a muchos gobiernos a reducir y abandonar del todo esos planes. El resultado es que los productores rurales pobres tienen que hacer frente a mayores costos de producción y de consumo; al mismo tiempo, muchos gobiernos han optado por reducir las iniciativas asistenciales relacionadas con la tierra, la producción y la vivienda. Se han registrado tendencias similares en toda Africa, Asia, Europa oriental y central, la antigua Unión Soviética y América Latina.
En respuesta a estos problemas a corto plazo, se propugnó de nuevo el establecimiento de redes de seguridad social para proteger a los pobres de los efectos negativos inmediatos de las reformas económicas y políticas. Se reconoce la conveniencia de prestar atención a la formulación de iniciativas políticas y programáticas secundarias para que los pobres (de zonas rurales) puedan participar activamente en los nuevos mercados y contextos económicos. Estas iniciativas van desde las intervenciones con objetivos específicos, como el apoyo directo a los sistemas de producción de los pequeños agricultores (mejorando los canales comerciales, facilitando el acceso a tecnología apropiada, etc.), hasta las decisiones normativas encaminadas a desarrollar el capital humano (educación y extensión, nutrición y salud pública, etc.)
En general, no se ha hallado una solución inequívoca a los problemas que plantea la liberalización. La relación entre reforma económica, producción de alimentos y pobreza rural sigue inmersa en un círculo de aparentes contradicciones. La mayor eficacia en la producción de cultivos de exportación necesarios para lograr los objetivos del ajuste ha determinado que algunos países no pudiesen satisfacer sus necesidades de alimentos con la sola producción nacional. Asimismo han aumentado en muchas regiones los niveles relativos y absolutos de pobreza rural. De hecho, estimaciones recientes de la FAO indican que, si bien para el año 2010 el número total de personas en situación diaria de inseguridad alimentaria descenderá del actual total mundial de 800 millones a aproximadamente 650, esa disminución oculta considerables disparidades regionales. En su mayor parte obedecerá al aumento de la seguridad alimentaria en el Oriente Medio, el Lejano Oriente y América Latina. Lamentablemente las predicciones señalan que para el año 2010 casi el 30 por ciento de la población del Africa subsahariana padecerá hambre a diario. La pobreza rural sigue representando la negación de un derecho humano básico y limita la capacidad de crecimiento de una economía.
La evidencia enseña que las reformas nacionales deben ser sensibles a las condiciones, las limitaciones y las áreas de crecimiento potencial en determinados contextos. Las experiencias recientes de América Latina han demostrado, por ejemplo, con qué rapidez el capital extranjero puede abandonar una región y cuán vacilante es a menudo su interés por los mercados de capitales incipientes. Los países no deberían basarse exclusivamente en las inversiones de capital extranjero a largo plazo para sostener y financiar el crecimiento económico. Antes bien tendrían que dar prioridad al reforzamiento de la capacidad económica local y en el caso de muchos países el sector económico principal es la agricultura. La tendencia predominante a la urbanización está dinámicamente vinculada a los sectores rurales y agrícolas. La mayor parte de los pobres de todo el mundo viven en zonas rurales y la mayoría de los residentes urbanos viven más en ciudades pequeñas que en ciudades grandes. Esos centros urbanos menores suelen mantener relaciones funcionales y económicas más fuertes con las zonas rurales circundantes. Asimismo, una aplicación geográficamente desigual de los programas puede desincentivar a los productores rurales y ocasionar un aumento de la emigración y un descenso de la producción. Son demasiados los países que han eliminado las subvenciones destinadas a los productores rurales pero no las que favorecen a los consumidores urbanos. De este modo se ha creado una relación de intercambio desigual entre productores y consumidores, lo que puede provocar un aumento de la pobreza rural, un descenso de la producción o la utilización de sistemas de cultivo insostenibles.
Iniciativas sencillas pero bien definidas pueden dar lugar a mejoras sustanciales. La eliminación de los controles de precios puede provocar aumentos espectaculares de la producción así como una reducción de la pobreza rural. El Gobierno de Guyana, por ejemplo, liberalizó los precios del arroz, lo que tuvo como resultado unos aumentos de más del 300 por ciento en los precios al productor agrícola. En consecuencia se produjo un incremento inmediato de la superficie de cultivo del arroz por parte de los pequeños agricultores. Antes, muchos de esos agricultores alquilaban la tierra a medianos o grandes agricultores que podían conseguir economías de escala basadas en unos alquileres artificialmente bajos. Las variaciones de los precios indujeron a los pequeños agricultores a regresar a la tierra, elevaron los ingresos de éstos y crearon incentivos para la realización de importantes inversiones en sistemas de ordenación de tierras y aguas. Además, con la asistencia de donantes internacionales y organismos de desarrollo, el Gobierno de Guyana ha iniciado un proceso profundo de reforma de la tenencia de la tierra y está intentando reestructurar los sistemas de drenaje y ordenación del riego. Esa determinación del Gobierno se debe a que es consciente de la necesidad de conjugar las reformas macroeconómicas con las necesarias transformaciones y reformas agrícolas.
La liberalización no es rápida ni sencilla. Requiere reformas profundas e intervenciones multisectoriales. Los gobiernos deben ser conscientes de la necesidad de dar apoyo e incentivos apropiados al sector agrícola. Sin este apoyo, la población rural no podrá cosechar los beneficios de la liberalización económica y política y las deficiencias del sector agrícola pueden sofocar el crecimiento en otros sectores.
En teoría la competencia favorece a los productores que disfrutan de ventajas comparativas y penaliza a los sectores no competitivos. En el caso de la agricultura, sin embargo, los campesinos pobres y los pequeños agricultores a menudo no son capaces de incorporarse a los sectores competitivos debido a la inseguridad del sistema de tenencia de tierras, a los bajos niveles de inversión y a otras razones. Así pues, se ven obligados a mantener sistemas agrícolas que no son competitivos y que perjudican al medio ambiente pero que por lo menos les permiten sobrevivir. Muchas iniciativas de política agrícola no reconocen el potencial productivo y económico de estos grupos desfavorecidos, de manera que perpetúan el ciclo de pobreza y degradación de la tierra. Un aumento de las inversiones en el capital humano y en las tecnologías basadas en la información, como por ejemplo el manejo integrado de plagas y el plan integrado de nutrición, son algunas de las estrategias que permiten preservar mejor la base de recursos naturales y favorecer a los campesinos pobres.
Los enfrentamientos mencionados captan la atención de los medios de difusión internacionales y de la comunidad política, mientras que otros pasan desapercibidos. El PNUD ha calculado que entre 1989 y 1992 se registraron 82 conflictos (tan sólo tres de carácter internacional) y el número de guerras civiles no disminuye sino que va en aumento. Las organizaciones no gubernamentales internacionales nos recuerdan que son más las personas muertas y heridas de resultas de conflictos internos que como consecuencia de intervenciones militares extranjeras. Es importante observar que hoy en día el 90 por ciento de las víctimas de las guerras son civiles, mientras que a principios del siglo XX el 90 por ciento de las bajas eran militares. (Durante el siglo XX la guerra no se ha civilizado sino que se ha dirigido contra los civiles). Además, la mayor parte de las víctimas civiles se producen en zonas rurales. Con mucha frecuencia se mantienen imponentes fuerzas militares a expensas de las inversiones sociales y agrícolas y del suministro de alimentos y otros productos vitales para los mercados nacionales.