Los progresos realizados, aunque limitados, demuestran las repercusiones positivas que ha tenido la adopción de políticas de desarrollo rural que tuviesen en cuenta la cuestión de la igualdad entre los sexos. La pobreza agrícola y rural se está "feminizando" cada vez más debido a las crisis económicas y políticas. Es esencial que las mujeres campesinas puedan acceder al uso y al control de los recursos rurales en condiciones de igualdad si se quiere lograr un desarrollo agrícola sostenible en la mayor parte de las regiones.
Se reconoce que la pobreza, la inseguridad alimentaria y la degradación del medio ambiente son problemas críticos del desarrollo y tienen máxima prioridad en los programas internacionales de desarrollo a raíz de la celebración de la Conferencia Internacional sobre Nutrición (1992) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD, 1992) y de la preparación del programa de acción preliminar para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995). Estos problemas tienen unas repercusiones negativas desproporcionadas entre las mujeres rurales debido a su inferior condición socioeconómica, jurídica y política y a las funciones esenciales que éstas desempeñan como productoras y administradoras del hogar. Las causas y efectos de esas repercusiones tienen carácter sistémico y graves implicaciones para el desarrollo agrícola y rural en general y para todas las iniciativas encaminadas a elevar los niveles de nutrición, mejorar el suministro y la distribución de productos alimentarios y agrícolas y elevar las condiciones de vida de las poblaciones rurales.
En este contexto, la potenciación del papel de la mujer será esencial para el éxito de las iniciativas encaminadas a elevar los niveles de nutrición, mejorar el suministro y la distribución de productos alimentarios y agrícolas y elevar las condiciones de vida de las poblaciones rurales. Las mujeres tienen menos acceso que los hombres a los recursos productivos (es decir, trabajo, agua, tierra, cultivos arbóreos, especies forestales, tecnología, insumos agrícolas, crédito, mercados, extensión, capacitación e incluso la propia mano de obra). Al mismo tiempo, la mujer tiene cada vez menos acceso a los servicios sociales (por ejemplo, escolarización, asistencia e información sanitaria, planificación familiar). Todas estas limitaciones se ven agravadas por la falta de capacidad económica, política y jurídica de la mujer para mejorar las circunstancias en que vive.
Según numerosas investigaciones realizadas, la responsabilidad directa del suministro de alimentos en el hogar recae en gran medida sobre la mujer. Tanto en el Africa subsahariana o el Caribe, donde la mujer produce entre un 60 y un 80 por ciento de los alimentos básicos, como en Asia, donde realiza más del 50 por ciento del trabajo necesario para el cultivo del arroz, o en el Asia sudoriental y el Pacífico o América Latina, donde los huertos caseros constituyen algunos de los sistemas agrícolas más complejos que se conocen, la mujer tiene una importante responsabilidad y considerables conocimientos en lo que respecta a la agricultura y los sistemas alimentarios. A menudo realiza gran parte del trabajo y toma decisiones en una gran variedad de operaciones después de la cosecha, como el almacenamiento, la manipulación y la comercialización de los productos, y desempeña una función predominante en las actividades de elaboración de alimentos fuera de las explotaciones agrícolas ya sea en pequeñas empresas o bien como trabajadora asalariada en agroindustrias.
El hambre y la malnutrición afectan a más de 1 300 millones de personas en los países en desarrollo. La mayoría de los afectados corresponden a las categorías siguientes: niños menores de cinco años, especialmente las niñas; mujeres en edad de procrear, especialmente las embarazadas o lactantes; y miembros de hogares de bajos ingresos, encabezados en muchos casos por mujeres. La Declaración Mundial sobre Nutrición de 1992 estimó fundamental el derecho de las mujeres y las adolescentes a recibir una nutrición adecuada. Sin embargo, las mujeres de zonas rurales reciben a menudo menos alimentos que los hombres tanto en términos absolutos como en relación con sus necesidades nutricionales. De hecho se calcula que más del 70 por ciento de las personas que viven en la pobreza absoluta son mujeres.
Según los resultados de investigaciones recientes hay una relación directa entre el acceso de la mujer a los ingresos y a la administración de los recursos familiares y el mejoramiento de la seguridad alimentaria del hogar y el bienestar nutricional de sus miembros. Esta relación, junto con la importancia de aumentar la productividad de la mujer y por consiguiente su contribución a los sistemas alimentarios, debe constituir un factor central de las políticas y programas encaminados a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición.
Se estima que la crisis económica de los años ochenta, los programas de ajuste estructural, los conflictos armados y la sequía han afectado a las mujeres más gravemente que a los hombres, determinando lo que las Naciones Unidas han calificado como la "feminización de la pobreza". En particular, la emigración de la mano de obra masculina, las migraciones forzadas (es decir, los refugiados por razones ambientales y a causa de los conflictos civiles) y el hundimiento de las estructuras familiares tradicionales han hecho aumentar de manera espectacular el número de hogares encabezados por mujeres, que van desde un 16 por ciento del total de hogares rurales en el Cercano Oriente hasta un 60 por ciento en determinadas partes de Africa, y son más de 7 millones en Asia y el Pacífico. Las diferencias dentro de una misma región son considerables, como puede verse en estudios recientes realizados en la región del Cercano Oriente: el porcentaje de hogares encabezados por mujeres va de un 25 por ciento en el Pakistán a un 13 por ciento en Chipre o un 6,1 por ciento en Siria. Estos fenómenos han contribuido también a la "feminización de la agricultura", es decir a la concentración creciente de las tareas agrícolas en manos de las mujeres campesinas.
Cuando los hogares tienen que conseguir ingresos adicionales o bien ver como se reduce su acceso a los servicios como consecuencia de una crisis económica, un programa de ajuste estructural o la falta de recursos, son generalmente las mujeres quienes deben movilizarse para compensar las pérdidas. Las políticas en materia de pobreza rural, agricultura, reforma agraria, asentamientos y ajuste estructural no suelen tener en cuenta las diferentes condiciones y necesidades de los hombres y las mujeres rurales ni tampoco las distintas repercusiones que tienen las políticas en los hombres y en las mujeres. La pobreza rural tan sólo podrá paliarse si se tienen en cuenta esas consideraciones y además se integran plenamente en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas.
| Propiedad de la tierra | Tailandia | Trinidad | Nigeria | Siria |
|---|---|---|---|---|
| Propiedad personal | 22.5 | 8.75 | 4.38 | - |
| Propiedad del marido | 38.75 | 30.0 | 23.0 | 41.25 |
| Regalo del marido | - | - | 30.11 | - |
| Tierras familiares | 10.0 | 8.75 | 11.88 | 36.25 |
| Tierras estatales | - | 25.0 | - | - |
| Tierras comunales | - | - | 20.0 | - |
| Tierras ocupadas sin título | - | 8.75 | - | - |
| Tierras alquiladas | 28.75 | 18.75 | 10.63 | 22.5 |
Muchas mujeres rurales de numerosos países en desarrollo no disponen de tierras o no tienen seguridad en su tenencia. Los titulares son sus maridos, padres y hermanos, lo que en la práctica impide a las mujeres recurrir a las fuentes oficiales de crédito o formar parte de organizaciones de agricultores y obtener de este modo insumos que contribuyan a estabilizar y fomentar sus sistemas de producción. La capacidad de acceso de la mujer rural a los servicios de extensión agrícola en todo el mundo representa tan sólo una vigésima parte que la del hombre, aspecto que se examina más detalladamente en la Sección 5.
Es muy probable que el tener familia numerosa siga siendo una importante ventaja y contribuya a la seguridad social y económica inmediata y a más largo plazo de las mujeres rurales pobres, sobre todo en los países menos adelantados. Ello se debe a la gran importancia que tiene el trabajo infantil cuando no existen tecnologías agrícolas y domésticas que permitan ahorrar mano de obra ni redes de seguridad social. Tanto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo como en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo se reconoció la importancia que tenía la condición jurídica y social de la mujer si se querían cambiar los comportamientos reproductivos y los niveles de fecundidad y, en último término, las tendencias demográficas generales.
La mayor conciencia existente a nivel mundial de las implicaciones que las desigualdades entre los sexos tienen en materia de desarrollo está produciendo gradualmente cambios a todos los niveles, reduciendo los prejuicios sexistas y centrando la atención en los procesos interrelacionados que contribuyen a la pobreza, la seguridad alimentaria y la degradación del medio ambiente. El establecimiento de redes y de alianzas entre las mujeres rurales y quienes defienden sus intereses en las ONG, los ministerios gubernamentales y los organismos de desarrollo ha dado lugar a la creación de foros nacionales e internacionales que se ocupan del adelanto de la mujer.
La introducción de convenciones, acuerdos, nuevas leyes, políticas y programas ha significado un paso decisivo para dar a la mujer mayor acceso al uso y al control de los recursos productivos. Sin embargo, muy a menudo la población rural desconoce los derechos jurídicos de la mujer o dispone de pocos recursos jurídicos si esos derechos son violados.
Se han buscado nuevos programas para promover la participación de la mujer en la adopción de decisiones a varios niveles, en parte mediante la creación de organizaciones femeninas nacionales y la institucionalización en los ministerios técnicos de dependencias encargadas de promover el papel de la mujer en el desarrollo. Esta ha sido una importante medida para garantizar que las cuestiones relativas a la mujer se tengan en cuenta en los programas y políticas nacionales. Sin embargo, debido a deficiencias técnicas, al acceso restringido a los recursos financieros y humanos y a la limitada participación directa de los presuntos beneficiarios, a menudo las repercusiones directas de muchas de esas iniciativas en la mujer rural han sido menores de lo previsto.
Las ONG y las organizaciones de base comunitaria han sido con frecuencia las primeras en reconocer la importancia de las funciones y las necesidades de las mujeres rurales y, por lo tanto, han tenido considerable repercusión en el proceso y los programas de desarrollo. Este éxito puede atribuirse en parte a su eficacia para llegar hasta las mujeres rurales y lograr su participación en las decisiones.
Los progresos logrados en el mejoramiento de la condición de la mujer rural no han sido lo bastante sistemáticos para invertir la tendencia hacia una feminización de la pobreza y de la agricultura, ni para reducir la carga que supone para la mujer la degradación del medio ambiente. De hecho, la persistencia de políticas que perjudican a las mujeres rurales en muchas partes del mundo están retrasando los avances o anulando progresos conseguidos anteriormente en lo que respecta a las tasas de mortalidad materno-infantil, la salud genésica y la nutrición de la mujer, el acceso a los recursos productivos y la capacitación y el nivel educacional.