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septiembre 2006

Equidad de género y agricultura, su importancia en una epoca de globalización económica

por Zoraida Garcia-Frias
Servicio de Género y Desarrollo
Dirección de Género y Población de la FAO

El análisis de género en el desarrollo

El análisis de género es frecuentemente percibido como algo desvinculado del análisis social y económico. Aún hoy en día los principales indicadores usados en el análisis del crecimiento y del desarrollo económico hacen referencia principalmente a variables físicas que se relacionan con la esfera productiva, tales como producción, productividad, ingresos, rentabilidad; indicadores que sin duda son relevantes, pero que no obstante son mediciones restrictivas de la realidad, ya que limitan la percepción del elemento humano al interno del sistema socioeconómico a su contribución como mano de obra, y en su función de demandante o consumidor de los bienes y servicios que genera la economía.

Esa visión restrictiva del aporte humano, al mismo tiempo, apoya el desarrollo de métodos y parámetros de análisis que resultan sesgados y parciales porque se circunscriben fundamentalmente a aquellas actividades que al interno del sistema generan bienes y servicios, que constituyen “valores de cambio”. No obstante, existe otra esfera al interno del sistema que genera valores menos cuantificables y bienes menos tangibles y que, aunque son fundamentales para el funcionamiento del sistema mismo, son subestimados por no constituir un valor sujeto a cuantificación en las cuentas nacionales. Ese ámbito se refiere a aquellas actividades vinculadas a la procreación y reproducción de la vida humana en su sentido más amplio y que muchas analistas refieren como “esfera reproductiva” y/o doméstica.

El análisis de género plantea la necesidad de vincular el análisis de los aspectos productivos con aquellos asociados a la esfera reproductiva; y al mismo tiempo hace énfasis en la importancia de desarrollar estrategias que integren los objetivos, recursos y necesidades de ambos ámbitos. Este análisis parte, por un lado, de que género como variable constituye un elemento de estratificación social que junto a otras variables socioeconómicas definen la posición que hombres y mujeres ocupan en el sistema y que define el acceso, uso y control de los recursos, y su apropiación de los beneficios derivados. Al mismo tiempo ese estratificador define relaciones de poder y condiciona, en consecuencia, la participación en la toma de decisiones; lo que se manifiesta tanto en el ámbito público como en la esfera privada o doméstica.

En general, dado que todo lo referido a la denominada “esfera reproductiva” no es incluido en los análisis económicos, las tareas vinculadas a esa área no se contabilizan como trabajo , ni el resultado de ellas se registra como producto. De esa definición estrecha de trabajo y producto, se genera un problema de sub-registro en las estadísticas nacionales, tanto del producto como del esfuerzo humano que requiere el funcionamiento de la economía.

Este subregistro en las estadísticas, es aún más significativo en el sector agrícola, donde gran parte del aporte del trabajo familiar a la agricultura se considera como “trabajo doméstico”, y por ende se registra como trabajo no-productivo. Además de la sub-estimación del trabajo agrícola que ello conlleva, también conduce al subregistro de la producción que se asocia a ese trabajo; como es la producción en los huertos caseros o parcelas secundarias y muchas actividades de procesamiento que por su naturaleza, especialmente en las unidades rurales pequeñas, se desenvuelven muy cerca de las actividades denominadas domésticas. El no reconocimiento y cuantificación de esas tareas, conlleva a los analistas del desarrollo a desconocer la complejidad de las estrategias con las que se reproducen las unidades productivas-familiares rurales, y la lógica de su funcionamiento.

En las estrategias de reproducción de las unidades campesina se observa una estrecha vinculación e interdependencia del trabajo productivo con las funciones reproductivas, que son inherentes al funcionamiento de la unidad y que rigen la lógica de asignación de los recursos. Así la capacidad de respuesta de las unidades productivas agrícolas a las políticas sectoriales depende tanto de elementos de carácter productivo-financiero, pero no sólo, sino también de otros elementos menos cuantificables inherentes al funcionamiento de esas unidades, y que están vinculados a preferencias, creencias, y otros aspectos que no necesariamente responden a la lógica financiera.

Más aún, tanto en el funcionamiento de las unidades familiares, como a nivel macro en la sociedad, existen actividades que se vinculan a la reproducción del elemento humano, que tienen que ver con el nutrir, cuidar, criar, educar, que son determinantes en la calidad de vida de la persona y de la sociedad en su conjunto. La base de organización de esas actividades no depende de la lógica productiva-financiera, en la cual por lo general se basa la actividad productiva, sobretodo aquella regida por principios de productividad y la competitivida.

El valor social de esas actividades “no-económicas” está más allá de la cuantificación monetaria del servicio que ellas generan; y su importancia está en relación con su aporte a la reproducción humana y a la formación del capital social. La valoración del aporte de esas actividades, debe contribuir a modificar los criterios restrictivos, en los que se fundamentan tradicionalmente las decisiones de política económica. Es fundamental que el “bienestar humano” sea incluido como parámetro para medir la eficiencia y efectividad de la racionalidad económica que rige las políticas de desarrollo; ampliando el énfasis productivista que generalmente han promovido.

No obstante, el actual proceso de globalización, basado en la intensificación de la economía de mercado y de los movimientos financieros, tiende a desconocer esos elementos no financieros del sistema. La eliminación progresiva de las barreras arancelarias y la reducción de las medidas de incentivo y protección a la agricultura en las economías periféricas; mientras se mantienen medidas proteccionistas a una agricultura históricamente subsidiada en las economías “centrales”, enfrenta a la agricultura en las primeras a una crisis aguda, caracterizada por la caida de la producción y de los precios de sus principales productos de exportación.

Cambios agrarios y el aporte de la mujer a la agricultura

Es en ese marco de la liberalización del comercio, que los planes de reconversión agrícola que se proponen en muchos de los países periféricos, tienden a priorizar los productos exportables en detrimento de la producción de alimentos y bienes para el consumo interno; esto genera como consecuencia, que tanto la agricultura de subsistencia, como la de cultivos alimentarios para el mercado doméstico tiendan a perder atención en las políticas públicas. Dado que tradicionalmente ambas involucran un aporte importante de trabajo femenino, el aporte de la mujer a la economía rural se ve aún más relegado.

Aunque las estadísticas oficiales sobre el trabajo agrícola y muy especialmente en la producción de alimentos, no son exactas, dado el subregistro explicado anteriormente, entre otros factores; dada la división tradicional del trabajo al interno del sistema productivo, es dado inferir que una parte importante de los alimentos básicos son producidos por mujeres, ya sea en la parcela familiar, huertos caseros o como jornalera.

Más aún, las cifras disponibles indican que en las economías periféricas, dos terceras de la PEA femenina están involucradas en la agricultura, ya sea como productoras independientes o como trabajadoras agrícolas. Aunque a nivel mundial y por grupos de países, se observa una disminución de la PEA femenina agrícola para los últimos veinte años, y en la tendencia proyectada para el 2010, la proporción de la PEA femenina que está involucrada en la agricultura continua siendo importante, y mantiene niveles por encima del 50% en las economías no-industriales, y en los países de menores ingresos.

Así mismo, algunas estimaciones por región, indican que una parte importante de la producción de alimentos está bajo la responsabilidad de la mujer y que el número de mujeres trabajando en tareas agrícolas tendió a aumentar en la década de los 90s, como es el caso de América Latina.

     La Mujer y su aporte al trabajo a la agricultura y la producción de alimentos

   80 % de los alimentos básicos en Afrecha Sub-Sahariana y el Caribe, son producidos con un aporte importante de la mano de obra de la mujer

   60 % del trabajo asociado al cultivo y producción de Alimentos en Asia es aporte de la mujer

   del 15.1% (1990) a 20.1% (1999), es el aumento del número de mujeres dedicadas a la agricultura en América Latina

El aumento en la participación de la mujer en la fuerza laboral que se registra en las últimas dos décadas, no obstante, no se vincula a un mayor acceso-control de los recursos productivos, ni a un mejoramiento en su posición socioeconómica. En general, sobre todo en el área rural, lo que se observa es un significativo aumento de la carga de trabajo, ya que generalmente esas oportunidades laborales están asociadas a condiciones precarias - bajas remuneraciones, escasa seguridad social y largas jornadas-mientras la alimentación familiar y las tareas vinculadas a la esfera doméstica siguen estando bajo la responsabilidad de la mujer. Mientras, por otra parte, como propensión general, los cultivos comerciales así como de agroexportación tienden a estar mayormente bajo el control del hombre, aunque se registra un aumento en el trabajo de la mujer en estos cultivos, pero como jornalera o mano de obra familiar.

Pese al aumento de mano de obra femenina en empresas agro-exportadoras, la práctica parece indicar que la participación de la mujer continua siendo marginal en los beneficios que se derivan de la expansión de la actividad agroexportadora. Algunos estudios1 sobre las exportaciones de flores en México y Ecuador, o las exportaciones de bananas en Ghana y en el Caribe, donde una parte importante de la mano de obra es aporte de la mujer, indican que la mujer es mayormente empleada como mano de obra no calificada y/o en puestos no-directivos, o para trabajos temporales con bajas remuneraciones. Estos y otros casos parecen indicar que, por el contrario, es en el bajo costo de la mano de obra, que aporta principalmente la mujer, que se apoyan las estrategias de competitividad de la actividad agroexportadora.

Es importante observar que en este proceso de transformación agrícola y de concentración de los recursos y la producción, existe un fuerte desequilibrio de género. En general se observa que el número de mujeres como agricultoras por cuenta propia es mayor en las explotaciones agrícolas más pequeñas; mientras las unidades productivas de mayores extensiones tienden a ser propiedad del hombre. Esto en principio, provee mejores condiciones al hombre que a la mujer para responder a la demanda de expansión de la agricultura comercial2. Dado que en general esas unidades productivas agrícolas más pequeñas están asociadas a bajos niveles de capitalización y falta de servicios productivos, esas unidades que gestionan las mujeres tienden a operar con bajos niveles de productividad; con lo cual tienden a ser más fácilmente desplazadas con la liberalización de los mercados internos.

Profundización de la inequidad de género frente a la globalización económica y la exclusión de la pequeña agricultura

Las políticas de globalización económica caracterizadas principalmente por medidas de liberalización de los mercados en las economías periféricas y expansión de los movimientos financieros, dejan de lado los fenómenos sociales y de bienestar humano vinculados al funcionamiento del sistema económico: Los indicadores sociales indican una exacerbación de los niveles de indigencia y de inseguridad alimentaria en muchos países, tanto en el área urbana como rural. Se observa además una mayor concentración de la riqueza, y el crecimiento de las desigualdades entre regiones, países y grupos sociales.

En relación a la agricultura, a pesar de que ésta constituye la única fuente de ingresos de alrededor de 70% de la población rural de menores ingresos en las economías no-industriales, desde los años 90s, la producción agrícola per-cápita en esos países, ya sea ésta para el mercado interno o para el de exportación, registra una tendencia decreciente. Y dado que una parte significativa de los alimentos, en estos países, es producida por los pequeños y medianos agricultores, la caída de la producción tiene fuertes implicaciones para la seguridad alimentaria en especial en las zonas rurales, en el empleo rural y en las estrategias de sobrevivencia de una gran parte de la población rural, donde generalmente se encuentra la población de menores ingresos y más vulnerable.

La eliminación progresiva de las barreras arancelarias y la reducción de los incentivos a la producción agrícola en las economías periféricas, que impone el proceso de liberalización económica, ha generado una caída de la producción agrícola y la baja en los precios de los principales productos de exportación de esas economías. El mantenimiento de los subsidios y protecciones a la agricultura en los países industriales constituye una, sino la causa fundamental de esa crisis que enfrenta la agricultura en los países no-industriales. Los productos agrícolas de las economías periféricas se enfrentan hoy a una mayor competencia tanto en los mercados internacionales, como en sus propios mercados internos, frente a productos subsidiados por las economías industriales.

Por otro lado, el proceso de transnacionalización del capital y de apertura de los mercados que caracteriza el proceso de globalización económica, implica a su vez un cambio en las instancias de toma de decisión sobre la especialización productiva de las economías y la asignación de los recursos que ello conlleva. Por ejemplo, el papel creciente de las empresas transnacionales en el mercado de alimentos, hace que las definiciones tecnológicas y de asignación de recursos para la producción agroalimentaria sean mayormente tomadas fuera del territorio nacional, por lo que el rol de los Estados y de otros grupos sociales en el ámbito nacional tienden a modificarse, teniendo éstos grupos menor impacto en las decisiones sobre la asignación de los recursos.

Es en ese contexto, con el aumento de las cadenas alimentarias globalizadas que los pequeños productores agrícolas tienden a ser cada vez más excluidos de los mercados de alimentos tanto nacionales como internacionales. Los pequeños agricultores, que suelen ser de los más pobres de la población rural, con frecuencia no tienen la posibilidad de adoptar nuevas tecnologías ni incrementar sus economías de escala para responder a los retos de una economía abierta y competitiva.

La apertura de los mercados ejerce una gran presión sobre las pequeñas unidades productivas para adaptar sus sistemas agrícolas, a fin de poder competir, no sólo en los mercados de exportación, sino también en el ámbito nacional con las importaciones de productos agrícolas procedentes de economías como la de Estados Unidos y Europa que mantienen altos niveles de subsidios. Como consecuencia de esa competencia desigual en los mercados globalizados, existe una marcada tendencia que indica que los pequeños productores, sobre todo en las economías periféricas, tienden a abandonar cada vez con mayor frecuencia la actividad agrícola. Este fenómeno contribuye a su vez al proceso de re-concentración de la tierra y a la intensificación de la agricultura de alto valor comercial.3

Los problemas que históricamente ha confrontado la pequeña agricultura, y en particular las unidades campesinas, se ven exacerbados por el actual proceso de globalización, tendiendo a agravar la falta de equidad ya existente. Sean mujeres u hombres, los pequeños agricultores, a través de la historia, han enfrentado fuertes restricciones para la capitalización de sus unidades productivas, con problemas de acceso al crédito, falta de apoyo para innovaciones tecnológicas, falta de infraestructuras de comercialización y de servicios sociales adecuadas. Y sobre todo han estado sujetos a un sistema de tenencia de tierra inflexible y caracterizado por la alta concentración en la distribución de la misma. No obstante, esas restricciones a lo largo de la historia han sido mayores para la mujer, debido a la existencia de reglamentaciones jurídicas, normas institucionales, patrones culturales y sistemas productivos discriminatorios, donde la división de responsabilidades tiende a ser inflexible y basada en estereotipos de género que subestiman el aporte de la mujer en la sociedad.

Esas discriminaciones de género presentes aún hoy en casi todas las sociedades, condicionan la capacidad y los recursos con que cuenta la mujer para responder a los estímulos y retos que plantea la globalización. La división del trabajo al interno del sistema productivo agrícola, confiere a hombres y mujeres responsabilidades y tareas diferentes, concentrándose su mano de obra en subsectores y renglones productivos distintos. De ahí que la apertura comercial tiene impactos diferentes en los distintos sectores y renglones productivos, afectando también en forma diferenciada la actividad productiva de hombres y mujeres al interno de la agricultura.

La falta de estadísticas desglosadas por sexos constituye una limitación para conocer en forma concreta los impactos que la transformación agraria derivada de las reformas comerciales tiene sobre la posición de hombres y mujeres en la economía rural. Sin embargo, se asume que si los ajustes económicos que derivan de la liberalización del comercio no incorporan medidas compensatorias a los efectos del mercado y las políticas macroeconómicas, éstos tenderían a reforzar los sesgos y las desigualdades sociales ya existentes.4

El desplazamiento de la pequeña producción agrícola genera un cambio importante en la economía rural, y en las estrategias productivas/reproducción de las familias rurales. Como consecuencia se presenta un cambio en la composición del ingreso familiar, con un aumento importante del ingreso no-agrícola, que en muchos casos va asociado al incremento de la migración. Por otra parte, ello conlleva a la re-asignación de los recursos y bienes de capital con que cuenta la unidad familiar, ya sean naturales, económicos o humanos. Estos cambios aceleran el proceso de “monetización” de la economía familiar rural; lo que exige más aún que los recursos destinados a la agricultura, tiendan a reasignarse en favor de cultivos comerciales, y en muchos casos desplazando la producción de alimentos para el consumo familiar.

Como indica un estudio sobre la comercialización de la pequeña agricultura , ese proceso de mercantilización tiene una repercusión ambivalente sobre los medios de subsistencia rurales, ya que por un lado, crea un aumento de los ingresos monetarios y en la capacidad de compra de la unidad familiar, mientras por otro lado introduce pérdidas en la economía no-monetaria, como es la disminución de la producción para autoconsumo, la desarticulación de las redes familiares de seguridad social y ayuda mutua, que les permite dar respuesta a necesidades vinculadas a reproducción humana y social. En efecto, el aumento del ingreso monetario de la unidad familiar, no siempre se asocia a un mejoramiento del ingreso real.

Frente a un mercado laboral caracterizado por la informalidad y la descalificación del trabajo (baja remuneración, contratos temporales, ausencia de protección social), el progresivo involucramiento de la mujer en empresas de agro- exportación, no se traduce necesariamente en un mejoramiento de sus ingresos reales y su contribución efectiva al ingreso familiar podría en algunos casos disminuir6. Esto hace que la autonomía de la mujer y su capacidad de negociación al interno de la familia se mantenga invariable o tienda incluso a deteriorarse. Poco aún se conoce sobre el costo de oportunidad de esa mano de obra familiar, y en particular de la mujer que es desplazada de la economía no-monetaria hacia el mercado laboral monetario.

Otro elemento no monetario que debe ser considerado como sujeto de análisis en la medición de los impactos de la comercialización en la economía rural es el abandono o disminución de la producción de alimentos -fuente de autoconsumo e ingresos-, lo cual podría genera en el mediano y largo plazo mayores niveles de vulnerabilidad de los que históricamente ya caracterizan el funcionamiento de la unidad familiar rural.

Existen algunas evidencias en cuanto a posibles oportunidades económicas que se abren para la mujer agricultora con la incursión en mercados de exportaciones no tradicionales. No obstante, dada la característica de muchos de esos productos, esos mercados en el largo plazo pueden ser muy fluctuantes y con una capacidad de expansión relativamente limitada, ya que por lo general, esas exportaciones se refieren a productos no esenciales, o que tienen muy poco valor agregado en el país de origen, tales como las exportaciones de plantas medicinales, hierbas, especias y algunos frutos tropicales.

El derecho a la tierra y equidad, elementos claves para una estrategia de desarrollo agrario

El derecho a la tierra está íntimamente ligado al derecho a la alimentación y el derecho a un lugar seguro donde vivir y recrear los nexos sociales que fundamentan la reproducción del individuo y del núcleo social. Esto explica que la tierra tiene un valor que va más allá de su valoración como factor de producción, y su contribución al sistema productivo. Tanto en la historia antigua como en la reciente, se cuenta con ejemplos de distintas formas de organización social, donde los sistemas de manejo de la tierra, tienden a garantizar el acceso y seguridad de ese recurso para las unidades familiares. En esos contextos, la relación con la tierra y el medio ambiente físico tiende a ser más inmediata y determinante en las estrategias de vida de la población. Acceso, tenencia y seguridad en el uso de la tierra, constituye la base de la reproducción social y económica de los individuos y de la sociedad agraria y rural.

"Los principales bienes de capital en las sociedades primitivas y campesinas son el hombre (la persona) y la tierra. Los aperos, las máquinas, las terrazas, el ganado y otros mejoramientos de los recursos productivos se rigen basándose en los acuerdos sobre el control y la asignación de tierras y personas. La tenencia de la tierra es meramente, en casi todas las sociedades, la expresión geográfica de la estructura social." 7

En las economías agrarias, la tierra como factor productivo representa el elemento central alrededor del cual se articula la combinación de los demás recursos productivos y por ende la tecnología y las relaciones sociales. En consecuencia el derecho a la tierra, va más allá de la posibilidad y capacidad de posesión de un recurso, ya que a partir de él se definen otros derechos en la estructura social y económica que influyen sobre la alimentación y la sobrevivencia.

La estructura de tenencia de la tierra refleja las relaciones de poder que caracterizan a una sociedad, indicando la posición en que se encuentran los diferentes individuos y grupos de población al interno de ese núcleo social. En los distintos sistemas de tenencia se observan marcados factores de discriminación que condicionan el acceso, control y uso del recurso; ya sean estas discriminaciones por género, por condiciones socioeconómicas o raciales. La posesión de la tierra no sólo determina el acceso a otros recursos, servicios e insumos; sino más importante aún, la falta del recurso actúa como elemento de exclusión/expulsión de las instancias de toma de decisión.

En América Latina, en el período comprendido entre 1950 hasta los 80s, varios países emprendieron distintos tipos de “reforma agraria”, muchos de estos procesos se centraron fundamentalmente en políticas de redistribución de la tierra, creación de asentamientos agrarios, y programas de suministro de servicios e insumos productivos por parte del Estado a los campesinos asentados. En esos procesos se adoptaron diversos esquemas de propiedad y modelos de explotación agraria; estableciéndose asentamientos individuales, asociativos y colectivos. No obstante, a partir de la introducción de las políticas de ajuste estructural y con mayor énfasis durante la década de los 90s, la política agraria tuvo una mayor influencia de modelos económicos neoliberales. Esto condujo a un cambio en el énfasis de las acciones del Estado, las cuales se han concentrado en forma especial en la liberalización de los mercados agrícolas y de insumos, la reducción de los apoyos e incentivos estatales a la producción agrícola, sobretodo a aquella orientada al mercado interno, y la introducción de medidas de incentivo a renglones de exportación seleccionados. Este cambio en la política introdujo a un cambio importante en las políticas de tierra de las décadas anteriores.

La creación de los mercados de tierra, las titulaciones de propiedades individuales y la subdivisión de las propiedades colectivas, junto a el reemplazo de algunas formas de propiedad comunitarias existentes en algunos países son algunas de las características predominantes de la política agraria en las últimas dos décadas en casi todos los países.

Es importante anotar, que todo esos procesos de reforma agraria llevados a cabo en los distintos países y regiones, beneficiaron principalmente al hombre, como individuo o como “jefe de hogar”, por constituirse él como representante de la unidad familiar8 , como establecido en muchos códigos legales o prácticas sociales.

En efecto, a pesar de las diferencias que caracterizan los procesos de reforma agraria en los distintos países, persiste en la mayoría de ellos un elemento común y es la condición de desigualdad con la que se enfrenta la mujer para acceder al uso y control de la tierra y de otros los recursos productivos, en todos ellos. Desigualdad que está marcada por una serie de factores que tienen origen en el orden jurídico-institucional, estructural e ideológico. Aún en países, donde se han hecho modificaciones jurídicas o institucionales para reconocer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en distintas esferas de la vida social, política y económica; en la práctica la propiedad de la tierra, por parte de la mujer no alcanza niveles significativos.

En general, aunque la mayoría de los países adolece de estadísticas desglosadas por sexo, sobre los beneficiarios de la reforma agraria, la exigua información disponible permite alegar, sin temor a equivocación, que el impacto de los programas de reforma agraria sobre el acceso de la mujer a la tierra ha sido mínimo; ya sean estos programas de creación de mercados de tierra o de asignación de tierra por parte del Estado.

Aunque en algunos países como, Brasil, África del Sur, Nicaragua, Honduras, entre otros, la mujer ha participado activamente en los movimientos de lucha y reivindicación de la tierra, la posición de subordinación en que ella se encuentra, ha hecho que ella no se haya beneficiado en la misma proporción, siendo aún reducido el número de adjudicaciones y titulaciones de tierra a su nombre. En Honduras se estima que del total de beneficiarios durante el período 1982 - 1995, el número de mujeres que lograron titular sus propiedades a sus nombres representan alrededor de un 20%.9

Costumbres, tradiciones y actitudes profundamente establecidas a la base de la sociedad, se transfieren en las disposiciones jurídicas e institucionales o se traducen en normas no escritas que regulan el derecho consuetudinario del acceso de la mujer a la tierra. En la práctica, ese conjunto de normas conducen a esquemas de inequidad en perjuicio de la mujer. La mayoría de las leyes agrarias, los códigos de familia y civiles y la Constitución en casi todos los países contienen disposiciones discriminatorias con respecto a los derechos de la mujer. Si bien es cierto que prácticamente todas las Constituciones hacen referencia a declaraciones de igualdad entre todos los ciudadanos ante la Ley sin distinción de sexo, existen disposiciones civiles que restringen el ejercicio de ese derecho de la mujer sobre la administración de la propiedad.

Algunos países mantienen una regulación discriminatoria para las mujeres en aspectos como los derechos y las obligaciones de los cónyuges, la unión de hecho, divorcio y patria potestad. En lo concerniente al régimen de bienes matrimoniales, los códigos reconocen la potestad marital respecto al patrimonio de la mujer, por lo que ella no puede comprometer los bienes comunes sin una previa autorización judicial. En otros casos algunas disposiciones imponen discriminaciones contra la mujer cuando establecen como “domicilio conyugal” aquel elegido por el marido, o al establecer normas sobre derecho sucesorio que niegan el derecho obligatorio de herencia a la cónyuge. Otras restricciones lo establece el no reconocimiento de la llamada “unión de hecho”, o su aceptación bajo tantos requisitos que su reconocimiento en la práctica sigue constituyendo un obstáculo. Esto limita evidentemente el derecho de co-propiedad y herencia de la mujer sobre todo en el área rural, donde este tipo de unión prevalece.

Todavía hoy en los albores del siglo XXI, muchas de las leyes, políticas y programas de desarrollo agrario se centran en la familia como núcleo de asignación de los servicios, sin tomar en cuenta que la misma no constituye una unidad monolítica; sino que al interno de la misma existen dinámicas basadas en los mismos estereotipos de género que condicionan la participación efectiva de la mujer esfera pública.

Es por ello, que en una nueva agenda de desarrollo, son centrales dos elementos: la equidad social y de género, y el acceso a la tierra. Ambos constituyen elementos primordiales para la inclusión social de la mujer y de tantos otros grupos de la población que continúan siendo marginados de los avances del desarrollo económico. La organización de la producción debe asegurar la participación de una base social más amplia en la tenencia de los recursos productivos y en la generación del producto. Una mayor equidad e inclusión social busca mejorar la distribución de ingresos y la seguridad alimentaria.

Un enfoque de equidad para el sector agrario conlleva a poner en práctica políticas y mecanismos institucionales que aseguren, por un lado, el acceso a la tierra a aquellos que por condiciones sociales, de género o económicas han sido tradicionalmente despojados del recurso; y por otro, una política tecnológica que favorezca la generación del empleo agrícola y rural, y que apoye el funcionamiento de la pequeña empresa agrícola.

La recuperación del espacio agrario, requiere así mismo una estrategia productiva que garantice el uso efectivo de la tierra y los recursos naturales. La consideración de la diversidad cultural y humana, como parte de los criterios de organización de la producción, es indispensable para favorecer la coexistencia de modelos productivos diversificados que respondan más de cerca a las prioridades de alimentación y de desarrollo humano de las distintas sociedades.

Ciertamente, una economía globalizada en base a la homogenización del consumo y la producción, y en principios de competitividad y acumulación financiera, tiende a constituir, de hecho, una barrera para la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo que propone una racionalidad menos productivista, y más centrada en criterios de calidad de vida, inclusión social y desarrollo humano.

No obstante, en una perspectiva de largo plazo, una estrategia integración social y económica, con base en el funcionamiento de redes solidarias y/o de intercambio comercial, puede sustentar el desarrollo de las pequeñas economías descentralizadas y una inserción más equitativa en un esquema global. Un enfoque de este tipo de desarrollo local, puede a su vez favorecer un tipo de agricultura más apropiada a la estructura social y a la dotación de recursos ambientales. Tanto en el pasado como en la actualidad han existido distintas iniciativas de gestión local, que van desde formas mercantiles pre-capitalistas, hasta el desarrollo de líneas productivas y de mercados alternativos a los espacios comerciales globalizados, que pueden contribuir a arrojar luz sobre este tema. Todas esas iniciativas, de hecho, parecen indicar la preocupación por la búsqueda de formas distintas de desarrollo, donde el bienestar humano, la equidad social y la calidad de vida, constituyan principios fundamentales de la agenda de desarrollo.

Notas

1Shifting Burdens: Gender and Agrarian Change under Neoliberlism. Appendini-Razavi. UNRISD, 2002 Gender and Trade. FAO, 2004.
2Young y Hoppe, 2003; Joekes, 1999.
3Brigitte Young y Hella Hoppe, Freidrich-Ebert-Stiftung, The Doha Development Round: Gender and Social Reproduction, Occasional Paper Núm. 7, 2003.
4Gammage, Jorgensen, McGill y White, Framework for Gender Assessments of Trade and Investment Agreements, Women’s EDGE Global Trade Program, Washington, DC, 2002.
5Warren, Patrizio, Distance Survey on Gender Impacts of Small Farming Commercialization. Servicio de Gestión Agraria y Economía de la Producción y Servicio de Género y Desarrollo, FAO, 2002
6Joekes (1999)
sup>7 Nash, K. H. Parson - La Reforma Agraria y las Políticas de Desarrollo, Estudios de Reforma Agraria, FAO, 1984.
8Deere, y Leon, 2000. Leon, Salazar y Prieto, 1988. Razavi, 2003. FAO, 2004.
9Joekes (1999)

Bibliografía

Cagatay, Nilufer. Trade, Gender and Poverty, PNUD, 2001.

Deere, C,D. y León, M. Género, Propiedad y Empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina. TM Editores – UN-Facultad de Ciencias Humanas, 2000

FAO. Agricultural Transformation and Gender Considerations in Caribbean Economies (documento de trabajo), noviembre de 2003

FAO. Agriculture, Trade Negotiations and Gender, 2004.

FAO. Trade Reforms and Food Security: Conceptualising the Linkages, 2003.

FAO. Breaking ground – present and future for women in agriculture, 2005.

FAO. Alternativas para mejorar el acceso de la mujer a la tierra en Honduras. Tegucigalpa, 1995 FAO

Farinde, A.J. Moving Women from Subsistence to Commercialisation: Issues and Policy Imperatives. Documento presentado en el Taller internacional sobre Repercusiones de género en la comercialización de la agricultura en pequeña escala, organizado por la FAO y el Instituto Internacional de Agricultura Tropical, mayo de 2003.

Fontana, Marzia y Joekes, Susan. Global trade Expansion and Liberalisation: Gender Issues and Impacts, 1998.

Gammage, Jorgensen, McGill y White. Framework for Gender Assessments of Trade and Investment Agreements. Women’s EDGE Global Trade Program, Washington, DC, 2002.

Mbiliny, Marjorie. Gender Myths and Feminist Fables: Repositioning Gender in Development Policy and Practice, IDS, Julio de 2003.

Nash, K. H. Parson.. La Reforma Agraria y las Políticas de Desarrollo, Estudios de Reforma Agraria, FAO, 1984.

Olawoye, J. Issues and Policy Implications for Gender and the Commercialization of Smallholder Agriculture. Taller internacional sobre Repercusiones de género en la comercialización de la agricultura en pequeña escala. FAO e Instituto Internacional de Agricultura Tropical, Mayo de 2003.

Paul, Rufina, FAO. Impact of Banana Supply and Demand Changes on Income, Employment and Food Security in St. Lucia, 1999.

Razavi - Appendini, UNRISD. Shifting Burdens: Gender and Agrarian Change under Neoliberlism, 2002.

Sengooba, T. Agricultural Research: Strategies to Incorporate Gender, 1996.

Stevens, C. International Trade, Livelihoods and Food Security in Developing Countries”. Institute of Development Studies, IDS Working Paper 215, diciembre de 2003.

Warren, Patrizio. Distance Survey on Gender Impacts of Small Farming Commercialization. Servicio de Gestión Agraria y Economía de la Producción y Servicio de Género y Desarrollo, FAO, 2002.

Williams, Stella. Gender Labour Dynamics, Investments and Income Distribution. Documento presentado en el Taller internacional sobre Repercusiones de género en la comercialización de la agricultura en pequeña escala, organizado por la FAO y el Instituto Internacional de Agricultura Tropical, mayo de 2003.

Young, Brigitte y Hoppe, Hella, Stiftung, Freidrich-Ebert. The Doha Development Round: Gender and Social Reproduction, Occasional Paper Núm. 7, 2003


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