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diciembre 2006

Nueva publicación

Concretar los derechos

Participación en la práctica y lecciones aprendidas en Mozambique

Programa de Apoyo a los Modos de Vida sostenibles (LSP) Documento de Trabajo 27


En la última década, se han aprobado varias políticas y leyes importantes e innovadoras en Mozambique, diseñadas en parte para mejorar la economía rural fortaleciendo los derechos de las personas – especialmente los pobres de las zonas rurales – a los recursos naturales. Los más notables son la Política y Ley de la Tierra (1997) y la Política y Ley de Bosques, Flora y Fauna Silvestres (1999) La Ley Ambiental de 1997 también llama explícitamente la participación local en su implementación y crea nuevos “derechos difusos” que se aplican a agrupaciones sociales y que se pueden ejercer y defender en forma colectiva. Algunos instrumentos clave como las normativas sobre el Impacto Ambiental insisten en que se realicen procesos completamente consultivos en los que participen todas las partes interesadas, incluidos los residentes de las zonas respectivas.

Ha habido notables “historias de éxito” donde estos instrumentos se han utilizado de una forma que ha beneficiado genuinamente a la población local. Sin embargo, sobre todo se debe decir que estos casos son limitados en su número y que, hasta la fecha, estas nuevas leyes no se han mantenido fieles a su promesa en términos de impacto en la pobreza y mayor participación local en las decisiones de gestión de recursos. Estos asuntos adquieren una mayor importancia en Mozambique en la actualidad, cuando el gobierno recién elegido está implementando nuevas estrategias para desarrollo rural y seguridad alimentaria, en las que los temas de la gestión de recursos y la participación local son áreas de preocupación trascendentales.

¿Por qué pasa esto y qué se puede hacer al respecto? Existen muchas respuestas posibles respecto a las causas. Algunos observadores apuntan a debilidades y ambigüedades conceptuales en las mismas leyes. Otros destacan la falta de voluntad política y recursos financieros para implementar realmente las leyes. Con frecuencia se cita la incapacidad institucional para implementar principios sociales valiosos, pero impracticables: si no se pueden hacer funcionar las leyes, entonces se deberían cambiar o reemplazar por leyes que reflejen más estrechamente la capacidad real del país para implementarlas.

No hay duda de e que son observaciones válidas que ameritan una atención seria y continua. No obstante, es igualmente cierto decir que sólo son válidas si se ha prestado, en efecto, atención suficiente a abordar las debilidades que se aprecian en las capacidades de una amplia diversidad de actores para comprender, utilizar y/o administrar las nuevas leyes. Se puede advertir prontamente a partir de los informes en terreno y visitas a áreas rurales que grandes segmentos de la población rural no comprenden a cabalidad sus derechos y responsabilidad y la importancia que éstos podrían tener en sus vidas. Los presuntos beneficiarios también carecen de las habilidades, herramientas y confianza para hacer valer sus derechos o evaluar los riesgos y beneficios de los diferentes cursos de acción. Sin embargo, ninguno de estos puntos implica que se deben abandonar las tentativas de implementar la ley. Necesitamos saber si se puede mejorar la comprensión y si las habilidades se pueden transferir a los que resultarán más beneficiados si se implementa más ampliamente el nuevo marco legal.

(disponible en inglés)

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