Diciembre 1996
Ahora nos referimos a un conjunto de cooperativas surgidas sin ayuda gubernamental, gracias a la convicción, al ahorro y al tesón de sus asociados.
Estuvieron a punto de desaparecer por el intervencionismo del poder público en el mercado financiero agrario; y lograron recuperarse, sólo cuando fracasaron las políticas gubernamentales incompatibles con el ahorro y la racionalidad en las inversiones, así como con un cooperativismo responsable.
Una experiencia casi secular (1902-1996), que ya apunta al siglo XXI con un optimismo bien fundamentado.
Los hechos lo confirman con un sólido sistema cooperativo de ahorro y crédito, reorganizado en 1982, que utiliza la sigla SICREDI RS (o el Sistema Integrado de Crédito Cooperativo de Río Grande del Sur), en el estado más meridional de Brasil:
Según el ejercicio económico de 1995 (cerrado el 31 del XII de 1995), el patrimonio neto consolidado de las 63 cooperativas del sistema, incluída la cooperativa central, había alcanzado los 49.815.851 dólares; con 59.278.647 dólares en depósitos y con un total de 125.453.325 en operaciones de crédito a más de 110.000 asociados. Los excedentes netos de 3.740.788 dólares de ese año equivalían a un retorno del 7,51% respecto al patrimonio neto.
El análisis de esta experiencia confronta las CCR con sus posibilidades de actúar en los diversos ámbitos de un mercado financiero: a) oferta de capital para inversiones (a largo y a medio plazo); b) oferta de crédito para funcionamiento de las empresas; c) captación de recursos financieros (a corto y a largo plazo); y d) relaciones entre las distintas entidades financieras (públicas y privadas) y la banca central.
Con sus peculiariedades y dentro de sus áreas de acción, las CCR pueden desempeñar funciones siguientes: estimulan y movilizan el ahorro; contribuyen a mantener su valor, y lo canalizan hacia actividades productivas, fomentando empleo en las empresas medias y pequeñas, incluso en proyectos complementarios (agrícolas y no agrícolas); participan en lograr el punto de equilibrio entre la oferta y demanda de capital; y, en cuanto siguen a sus asociados, oportunamente les aconsejan y otorgan crédito, contribuyen a que ahorren, mejoren el grado de liquidez y de seguridad financiera.
Posibilitan créditos porque alientan el ahorro en su sentido amplio. Así, captan recursos de asociados ocasionalmente ausentes de la región (por ej.,emigrantes) que remiten sus ahorros a sus familias a través de las CCR; o en ellas hacen depósitos quienes carecen de otra oportunidad local o la preferieren, iniciando la admisión en la CCR; o porque prestan servicios a otra cooperativa de producción que descentraliza los ingresos y los gastos de sus propios asociados en cada CCR local. Además, transfieren créditos de la banca oficial o de la banca privada para el sector agrario, como un porcentaje obligatorio de los depósitos, pues acompañan de cerca a los prestatarios y recuperan los créditos con costes inferiores a los que afrontarían esos bancos e instituciones que optan por contrar con una eficiente organización de CCR.
Si, a esas funciones, agregásemos los servicios que prestan las CCR a sus asociados (realizar diversos pagos por impuestos, por seguros sociales, etc), nos alejaríamos de las funciones muy elementales (ahorro, crédito, algunas ventas y compras) que sólo podían desempeñar las primeras CCR en América Latina. Parecería imposible lo que consiguieron con una infraestructura deficiente de servicios (comunicación física, transferencia de información, sanidad, educación, etc).
Ciertamente la memoria viva de un logro común participativo, quizás hoy inconcebible, estimula; como estimuló la recuperación de un dinamismo cooperativo aparentemente perdido, tras decenios desalentadores.
Aunque permanezca olvidado o casi desconocido, ya a inicios del siglo XX, en diversos países de América Latina (como Brasil, México y Uruguay) funcionaban cooperativas de ahorro y crédito, que captaban el ahorro oportuno de los agricultores, liberándolos de la usura. La historia de tales cooperativas en el estado de Río Grande del Sur (Brasil), presenta rasgos particulares, por su pasado y por su evolución reciente. No dudamos en calificarla de muy aleccionadora en el contexto de la creciente economía del mercado global.
Una coordinación díficil, no sólo por la autonomía de las cooperativas de producción y de sus políticas de adelantar los insumos a cuenta de futuros ingresos con las ventas de productos; sobre todo, por inversiones cuantiosas en actividades arriesgadas y poco convenientes a las recursos peculiaries de la gran mayoría de los agricutores y ganaderos asociados a las cooperativas de producción y a SICREDI RS. La perspectiva del sistema, orígen de la sigla SICREDI RS, maduró a lo largo de los años...
En el estado de Río Grande del Sur (Brasil), entre 1902 y 1907, fueron fundadas cuatro cajas rurales. Un ambiente había preparado estas iniciativas compartidas: reuniones periódicas de los pequeños agricultores de orígen germánico que trataban sus problemas comunes; participación a través de representantes en congresos anuales que, celebrados desde 1898, culminaron creando la "Bauernverein", asociación ecuménica de agricultores abierta a la población rural de diversos orígenes y lenguas (no sólo para los de lengua alemana); difusión de las cajas rurales, que a la vez que liberaban de la usura, posibilitaban mejores venta de los productos y compras de insumos, junto con las compras necesarias para cubrir necesidades básicas de los asociados, unos colonos dispersos en pequeñas comunidades alejadas de los grandes centros comerciales.
Por medio de algunas actividades simples, pero importantes para los colonos, iban estos aprendiendo cómo podían conseguir una mayor autonomía económica, gracias a la buena administración de la caja rural y de sus actividades.
Aparte del entusiasmo inicial (de 1902 a 1907), fué lenta la trayectoria de fundar cajas rurales: primero, urgía formar a sus asociados y a sus dirigentes. Tanto preocupó esto a quien las había dado a conocer como orientador y alentador, al P. Theodor Amstad, que dedicó cinco años (1907-1912) a consolidar las cajas rurales ya fundadas, en vez de crear nuevas.
En 1925 el número de cajas rurales llegó a 18. Dispuestas a cooperar entre ellas, crearon una Central de Cajas Rurales, con actividades comunes en función de sus asociadas. Al trasladar la sede de la Central a Porto Alegre, capital del estado, en 1927, surgían mejores alternativas para integrar las cooperativas en el ahorro y crédito, así como en otros servicios.
Quince años después, en los tres estados del sur (Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná) ya había unas 50 cooperativas de crédito con cerca de 10.000 asociados, agregando a las cajas rurales unas pocas cooperativas símiles como las cajas Luzzatti propias de las zonas con inmigración italiana y que insistían en la responsabilidad limitada del asociado.
Y ambas formas de CCR (cajas rurales y Luzzatti) comenzaban a surgir en los estados norteños de Brasil (Pernambuco, Paraiba, Alagoas, Río Grande del Norte, Ceará).
Una realidad confusa: al lado de cooperativas serias, fueron multiplicadas las improvisadas. Indirectamente las fomentaba una ley que sólo exigía siete asociados para fundar una CC que hasta no dudaba en llamarse banco cooperativo para captar clientes.
Como reacción, entre 1960 y 1970 aumentan las restricciones al ámbito e integración de las cooperativas de crédito.
No ocultamos otra causa relacionada con el crédito agrícola, donde el gobierno jugaba de protagonista principal, sin imaginar una función de complementariedad respecto al sector privado que hubiese conseguido fomentar el ahorro y crédito cooperativo:
En 1937, al ser constituido un banco gubernamental bajo la apariencia de empresa mixta (empresa pública con participación privada), este banco por medio de su "Cartera Agrícola", comenzó a ofrecer créditos a tasas de interés tan bajas que desalentaban el ahorro de los productores rurales.
Entonces, las cajas rurales sólo podían sobrevivir con los ahorros de nuevos asociados no agricultores que no tenían acceso al crédito oficial subsidiado: diversos docentes, comerciantes, pequeños industriales, artesanos, zapateros, herreros, etc. Todos ellos depositaban sus modestos ahorros en las cajas rurales y en las cajas Luzzatti, con las expectativas de préstamos oportunos y a tasas que les protegiesen contra la usura.
Dos años antes de comenzar este proyecto respecto al BNCC, y en ocasión de la reforma bancaria (Ley 4.595 de 1964), hubo una intervención oficial de la Central de las Cajas Rurales, que, en realidad, equivalió a extinguirla. Cada caja quedó abandonada a su suerte, sin posibilidad de compensar cheques entre las cajas rurales, ni de otras actividades y estrategias comunes. Y, entre las causas aducidas en contra las cajas rurales, figuraron las operaciones con clientes no agricultores.
Todo esto sucedía cuando todavía persistía los efectos de las improvisadas cooperativas de crédito que el propio gobierno intentaba controlarlas, tras haberlas indirectamente apoyado con una regulación tan deficiente del cooperativismo de crédito. Sin discernir entre cooperativas dispares, la intervención de la Central muy pronto restringió las actividades de todas las cajas rurales asociadas.
Como institución representativa de las cooperativas de trigo y soja, en 1957 había surgido una federación, FECOTRIGO, que iba asumiendo actividades económicas cada vez más complejas. En 1979, sus 68 las cooperativas asociadas, FECOTRIGO, con aproximadamente 190.000 productores rurales equivalían a un 33% de los del Estado de Río Grande del Sur, y un 67,8 % de los agricultores asociados a cooperativas.
De las 475.000 fincas agropecuarias, en 1980, con extensión inferior a 10 has. eran 161.000; de 10 has. a 100 has. 278.000; y con más de 100 has., 36.000, las únicas que aumentan desde 1960. Datos que guardan relación con la política económica.
Al empezar la decada de l980, el creciente déficit público forzaba al Gobierno a restringir créditos, mientras cada año un número mayor de agricultores en Río Grande del Sur se sentía muy frustrado por la declinante rentabilidad de la soja, las deudas y el monto de inversiones fijas, poco o nada convenientes para quienes procuraban diversificar con producciones de giro rápido de capital (leche, pollos, cerdos) y mayor valor agregado. Esta situación dramática repercutía en las principales organizaciones cooperativas de Río Grande del Sur incapaces de atender bien a los problemas de sus agricultores asociados, demasiado diversos.
Ya en 1980 fué oportuno separar la representatividad y la educación, funciones retenidas por FECOTRIGO, de las actividades comerciales e industriales de productos agrarios (comenzando por las semillas oleaginosas y el trigo), al igual que la producción de insumos y su distribución, funciones transferidas a una nueva entidad organización cooperativa de segundo grado, la CENTRALSUL.
Pese a la deuda contraida y a la problemática rentabilidad de bastantes inversiones, destacados dirigentes de organizaciones cooperativas agrarias continuaban lanzando proyectos innovadores agroindustriales y de producción de insumos, aun prometiendo a los asociados actualizar sus partipaciones en el capital social: "una agroindustria poderosa representa la mejor remuneración a la producción del asociado, el menor costo en los insumos y el mayor retorno al productor". Todo porque la cooperativa trata al "produtor como dueño, asociado y beneficiario directo e indirecto de la agroindustria".
De otros aspectos que condicionaban tantas promesas, apenas se hablaba: excesiva capacidad de instalaciones industriales para elaborar soja; actividades y organizaciones demasiado complejas para que los representantes de los asociados, además de poderlas orientar, las controlasen y evaluasen oportuna y competentemente; enormes riesgos asumidos; oportunidades perdidas por desatender otras inversiones más apropiadas a la promoción económica, social y técnica de los agricultores miembros de cooperativas; etc.
Sólo comenzaron a tratarse estos aspectos, a fondo, cuando cundían noticias de las crísis financieras en las organizaciones cooperativas más famosas por su rápido crecimiento. En el caso de la CENTRALSUL, cuando sus activos fijos quedaban a disposición de sus acreedores, y FECOTRIGO, con sus 75 cooperativas, sumaba 228.241 asociados (de los cuales 149.516, productores de soja) y 22.000 funcionarios.
Las dos propuestas intentaban paliar crísis financieras de cooperativas controlables por sus asociados, y de una institución como el BNC, controlada por el poder público y que ofrecía a las cooperativas asociadas una participación más formal que real; y, aun en la hipótesis de que un día las cooperativas controlasen su capital, nunca quedaba aclarada la intervención del Gobierno Federal en el BNCC.
E incluso en el supuesto de un BNCC, orientado y controlado por las cooperativas, sin injerencias gubernamentales, quedaban estas preguntas pendientes:
El valor excesivo de la tierra junto con una mecanicación subsidiada, repercutió en la especulación del suelo, desvío del crédito, y ventas de parcelas o de propiedades rurales enteras con el propósito de adquirir propiedades mayores en otros estados de Brasil o incluso en países limítrofes. También más allá del territorio nacional, avanzaba la nueva frontera agrícola.
Algunas cooperativas, de modo directo o indirecto vinculadas a proyectos de colonización, encaraban financiamentos en regiones con asociados geográficamente muy distantes. A la par que en el ámbito propio de las cooperativas de trigo y soja, se cuestioban estas actividades. Sobre todo, desde 1976 al declinar los precios de la soja, y los subsidios del gobierno. A los pequeños y medios productores, más afectados por la monocultura, urgía diversificar la producción y adaptarla a los recursos disponibles.
La recomendación de "reestruturar las cooperativas con miras a ofrecer asistencia técnica y condiciones de comercializar todo lo que el agricultor asociado produjese", se manifestó imposible.
Todavía en 1983 las cooperativas mantenían una participación alta en algunos productos comercializados en Río Grande del Sur: 70% de la soja; 47% de la leche; 43 % de bovinos sacrificados; 40% de la producción de vino; el 33% del arroz.
Aparte de la producción de leche y de uva, eran los otros productos más adecuados a unidades agropecuarias extensas. La mayoría de agricultores, con menos de 50 hectáreas, precisaba información sobre posibilidades y riesgos de los mercados de productos alternativos, tecnologías apropiadas a sus recursos, y estrategias para una adecuada diversificación.
En todos estos esfuerzos hubo aciertos y desaciertos, con expectativas iniciales muy superiores a los éxitos inmediatos, pero algo importante quedó claro: los agricultores requerían una atención prioritaria a sus recursos y necesidades, a la hora de seleccionar actividades o de asumir responsabilidades financieras una cooperativa.
A pesar de experiencias exitosas en la diversificación, y de buena voluntad de alcanzarla, eran evidentes dos estilos de gestión: el de quienes planeaban contando con sus asociados y en función de ellos; y el de quienes comentaban todo esto, pero bajo el peso de una organización económica abrumada por la ejecución de aquellos proyectos previos, costosos y arriesgados, carecían de libertad para desprenderse oportunamente de ellos; y no podían ofrecer los servicios más convenientes a sus mismos asociados.
El hundimiento de la CENTRALSUL, por sí mismo, no fomentó la diversificación en las actividades productivas de los socios; la estimuló como reacción, permitiendo que la capacidad de ahorro de los asociados y de sus cooperativas gradualmente contribuyese a las CCR y a su correspondiente central en el SICREDI; y no se supeditase a salvar una CENTRALSUL encadenada en sus inversiones a enormes proyectos de rentabilidad dudosa, por más optimistas pronósticos de ventas que los directivos anunciasen, como en el caso de la industria de fertilizantes.
Prevaleció el gran proyecto de "una base de cooperativas de crédito rural por todo el territorio nacional y una cúpula de un banco centralizador altamente especializado", capaz de dirigir, orientar, normalizar y fiscalizar todas las actividades de las cooperativas singulares. A modo de sugerencia, el BNCC parecía destinado a ser la cúpula de un sistema nacional que ignoraba la organización de centrales de CCR dentro de cada estado.
A tal organización, entre las bases y la cúpula, se refería Mario Kruel Guimarâes, Vicepresidente de FECOTRIGO, Federación de Cooperativas de Trigo y Soja de Río Grande del Sur, y también Presidente de COCECRER-RS, Cooperativa Central de Crédito Rural de Río Grande del Sur, que había promovido hacía un año, en 1980: "es de la integración de las cooperativas de crédito singulares en centrales y de estas en una entidad de tercer grado, que en el futuro podrá surgir um sistema financiero fuerte. Precisamente así aconteció en todos los países de Europa y de América con un cooperativismo de crédito fuerte y actuante."
Mientras en Brasilia dormía el plan de la cúpula, un banco centralizador altamente especializado, un planteamiento distinto interesaba a la base: ¿valía la pena organizar un banco nacional cooperativo sin antes contar con centrales de las CCR fundadas en cada estado ? ¿No sería mejor postergar la creación del banco, potenciando primero las cajas rurales que, de nuevo, comenzaban a reactivarse con sus centrales según el modelo Raiffeisen?
Por los hechos, venció el criterio de asegurar la solidez, la cohesión y el control en las cajas rurales singulares y en la respectiva central. Sin esta etapa previa, sucumbirían la cúpula y la base.
Experiencias posteriores avalaron este criterio razonable. Aún más, abrieron horizontes entonces tan insospechados comoel de crear un sólido banco cooperativo en cada estado, o común a varios estados próximos, antes de montar un banco nacional en la cúpula. Decisión que no incumbía al poder público, sino a las iniciativas privadas oportunamente acordes en la constitución y desarrollo de un banco nacional cooperativo controlado por las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, consolidadas en sus respectivos estados, en la base.
La integración fué acogida con rápidez; pero su realización lenta. De las catorce cajas rurales sobrevivientes en 1979, sólo nueve asistieron a la Asamblea General que, el 27 de octubre de 1980, constituyó la Cooperativa Central de Crédito Rural de Río Grande del Sur (COCECRER-RS), de responsabilidade limitada.
A las cajas rurales afiliadas a COCECRER-RS se agregaron las cooperativas de economía y crédito mutuo según el tipo Luzzatti, y algunas organizaciones cooperativas de segundo grado, como la federación o la central, localizadas donde actuaba SICREDI-RS, pues los miembros de las cooperativas agrícolas podían participar en el crédito cooperativo como asociados.
Los agricultores comprendieron la complementariedad entre las cooperativas agropecuariaas y las de ahorro y crédito. Para W. Neumann, primer Presidente de COCECRER-RS, bastaba "que el mismo movimento financiero, hecho en dos cuentas (en el banco de donde el productor obtenía su préstamo; y en la cooperativa donde el entregaba su producción) fuese hecho en la cooperativa de crédito. Con una ventaja "que hoy no tiene: la de participación en los resultados de todas estas operaciones financeiras, porque la cooperativa de crédito le pertenece; y un banco, no. Esto por sí sólo ya justifica la iniciativa".
Pero ya no había una caja rural de ahorro y crédito que, a la vez, fomentase la producción, el comercio y las compras en pro de sus asociados. Era necesario distinguir los patrimonios de las cooperativas diversas por fines y actividades específicas: en el mercado financiero; o en el mercado de los productos y en el de los distintos insumos para la producción.
Entre las cooperativas asociadas a COCECRER-RS, aquellas de ahorro y crédito (hasta 1992, designadas con el nombre del lugar de la sede social añadido a la sigla CREDI, propia del conjunto SICREDI-RS) principalmente atendían a sus miembros, agricultores o ganaderos, a su vez asociados a cooperativas agropecuarias que, sin estar propiamente asociadas a COCECRER-RS, figuraban con el calificativo de vinculadas al SICREDI-RS.
Por razones históricas y para facilitar la comunicación con las cooperativas agropecuarias, "vinculadas" al sistema, cuatro cooperativas de segundo entraron en la categoría de "asociadas": FECOTRIGO, CENTRALSUL, CCGL(Cooperativa Central Gaúcha de Leite Ltda., promovida por bastantes cooperativas de trigo y soja, sus asociadas),y la FEARROZ (Federaçâo de Arroz do Rio Grande do Sul Ltda.).
En la asamblea general, donde cada delegado por cooperativa asociada tenía un voto, la mayoría de los votos correspondía a las CREDI, cooperativas de ahorro y crédito. Así, COCECRER-RS aseguraba su identidad propia, sin negar la coordinación con otras cooperativas que posibilitasen la complementariedad y, a veces, una eficiencia mayor en algunas actividades.
Sin reafirmar su identidad, demasiado incierto parecería el futuro del SICREDI-RS, con una mayoría de agricultores asociados a las CREDI y, al mismo tiempo, a las cooperativas de de trigo y soja asociadas a una CENTRALSUL que, en 1985, acumulaba deudas equivalentes al 96,9% del total de las deudas de las centrales y federaciones cooperativas de Río Grande del Sur.
En 1984, el número de cooperativas de crédito asociadas a SICREDI-RS llegaba a 57; y el de productores rurales asociados, a 55.057. En 1985, las correspondientes cifras eran 59, y 61.826. Este número de asociados, equivalente a un crecimiento del 12,3% sobre el del 1984, parecía modesto al Consejo de Administración, común de COCECRER-RS y de SICREDI-RS, en comparación con todos los asociados a las cooperativas agropecuarias de Río Grande del Sur, 300.000.
Ante la crísis del sector agropecuario, la asamblea general de SICREDI-RS autorizó que las cooperativas afiliadas rebajasen la subscripción mínima obligatoria por nuevo asociado. Juzgaban oportuno mantener el crecimiento de asociados, "considerando que el capital, para el cooperativismo de crédito rural, no era el instrumento más importante".
La capacidad financiera de SICREDI-RS y su misma política de crecimiento, en algunos aspectos parecían un tanto ambiguas: sin depósitos a plazo, en un año de rápido crecimiento en el número de asociados (en un 12,3% de 1984 a 1985) unidos a las CREDI, los depósitos a vista de SICREDI-RS, en su valor nominal, aumentaron en un 170,59%, menos de la tasa de inflación, 219,37%; con todo, la capitalización de un 70% de los resultados liquidos, transformados en participaciones en capital social, permitía un aumento del 239 % del patrimonio neto, por encima del índice de inflación.
Una actividad beneficiosa para los asociados y que, de modo indirecto, contribuía a los resultados líquidos de COCECRER-RS, consistió en el asesoramiento, la seleccion de administradores y el control de una empresa dedicada a la intermediación en el mercado de cambios y de valores. En ella, ya en 1985, estaban registrados más de 13.000 agricultores asociados a FECOTRIGO; y, conforme aumentaban las aplicaciones en el "overnight", COCECRER-RS conquistaba la confianza de los usuarios agricultores por la garantía real ofrecida a los recursos confiados.
Para los asociados a las cooperativas singulares de SICREDI-RS, al igual que para las cooperativas afiliadas a COCECRER-RS, la formación del capital propio dependía de la administración de los recursos disponibles, del condicionamiento de los insumos o de los créditos a los ahorros previos, y de la entrada de nuevos asociados. Invertir en el capital cooperativo no atraía.
El régimen jurídico entonces vigente para las cooperativas parecía ignorar la posibilidad de inflación, al fijar un límite del 12% , como tasa máxima de interés que un asociado recibiría por sus participaciones en el capital social.
Aunque, ya en 1978, la legislación aceptaba la posibilidad de reevaluar los activos fijos, actualizando el valor nominal de las participaciones en el capital social, desde el punto de vista fiscal tal corrección monetaria sería considerada aumento de las participaciones de los asociados en el capital, y sujetas, por tanto, a tributación.
Mientras las cooperativas no aceptasen ese requisito fiscal, el Consejo Nacional de Cooperativismo mantenía firme su postura respecto a la corrección monetaria del capital; y, como efecto de la creciente inflación, cada año, en el capital propio de las cooperativas pesaban mucho más las reservas no atribuibles a los asociados (según norma legal, al fondo de reserva iba destinado, como mínimo, un diez por ciento de los resultados netos de cada ejercicio económico), así como las aportaciones correspondientes a los asociados en los últimos ejercicios.
En 1982, los representantes de las cooperativas de trigo y soja aprobaron por unanimidad aplicar la correción monetaria a las participaciones en el capital social, sin que tributasen por aumento del capital. Como medida provisoria, nuevas cuentas iban apareciendo en varias cooperativas para que un día fuesen usadas en la corrección monetaria del capital social. Así ocurrió en la CCGL, central de productos lácteos formada por cooperativas de trigo y soja interesadas en la diversificación; de hecho, nunca esas cuentas llegaron a crecer al rítmo de la inflación.
Detrás de este enfrentamiento declarado contra la postura del Consejo Nacional de Cooperativismo, permanecían escondidos otros problemas. No cabía relacionar simplemente el valor real de los activos fijos con la acumulación de fondos obligatorios de reservas, ni con la contribución de los asociados al capital. Los créditos subsidiados por el Gobierno a tasas negativas nunca eran recuperados por su valor real. Esos créditos, cuanto mayor la inflación y más bajas las tasas nominales exigidas en esos créditos, más habían contribuído a incrementar el patrimonio neto de las propias cooperativas de trigo y soja, en caso de acertadas inversiones y funcionamiento eficiente de las cooperativas como empresas, durante los años posteriores a la cesación de créditos subsidiados. A nuestro juicio personal, esto faltó en la misma CENTRALSUL.
Pero no todo era inversión irracional subsidiada por tasas negativas de interés. También en un ambiente nacional favorable a la privatización, a la economía del mercado global y durante años de inflación controlada, emergen otros problemas aun en las organizaciones cooperativas financieramente sólidas, habituadas a los créditos subsidiados para costear los cultivos. De algún modo, sus dirigentes intentan suplir la ausencia o escasez de esos créditos, anticipando insumos a los asociados a cuenta de la cosecha futura, sin calcular bien todos los costes financieros ímplicitos; y, menos aún, los riesgos por circunstancias ajenas a los asociados y a sus cooperativas agropecuarias.
Con tal trueque de insumo por producto, con nombre popular de contrato "troca-troca", el endeudamiento de los productores repercute en el de las cooperativas; y ha hecho pensar sobre la conveniencia de separar diferentes funciones: la financición ni indirectamente compete a una cooperativa de producción.
Esta nueva problemática ha inquietado a SICREDI-RS. En su afán por complementar la cooperación en el ahorro y crédito y la cooperación en la producción en todas sus fases hasta el mercado, no sólo escaseaban recursos financieros; quizás, lo más díficil, criterios compatibles al usar los recursos, con o sin inflación.
Aunque en COCECRER-RS, como en sus cooperativas asociadas, era analizada la contabilidad aplicando el índice nacional de precios a consumo, sólo desde el ejercicio económico, cerrado a 31, XII, de 1992 se han presentado el balance y la cuenta de resultados, ambos consolidados, de SICREDI-RS, expresados en dólares a valor de venta; y los ejercicios correspondientes a 1994 y 1995, en la nueva moneda, real, referida al dólar.
Que COCECRER-RS y sus cooperativas aplicasen la corrección monetaria a la contabilidad permitía ofrecer su información en unidades monetarias constantes, indispensable para la gestión y control, así como para un futuro financieramente equilibrado de SICREDI-RS, reafirmando la mutua confianza entre asociados y sus organizaciones. Desde este enfoque, en julio de 1991, COCECRER-RS asumió una gestión mucho más sensible a la economía real, cuando su asamblea general aprobó introducir una fuente remunerada para captar recursos: la de un capital rotativo de SICREDI-RS bajo la modalidad de depósitos a largo plazo.
A la par de esta medida, incluso antes como preparándola, cambia la política de SICREDI-RS para lograr asociados activos. Desde 1989, las cooperativas afiliadas procuran eliminar a los inactivos. Además, a través de la participación de SICREDI-RS en proyectos encaminados a la integración y desarrollo de sus CREDI, el número de cooperativas pasa de 64 a 61 entre 1990 a 1991; y el de asociados, de 82.172 a 89.039.
De l993 a 1996, el aumento de asociados (en un 11,4%, entre 1991 y 1992), sube paulatinamente en los años siguientes: 4,59% ; 5,52% ; 6,65%.
Para ese mismo periodo, sobresale el incremento anual en los depósitos a plazo: 391,6% (1991-1992); 175,6% (1992-1993); 70,8 (1993-1994); 52,9 (1994-1995).
El cociente de depósitos a plazo por depósitos a vista, pasa del 0,37%, en 1991, al 2,89, en 1995.
Paralelamente, de 1991 a 1995, aumenta el patrimonio líquido como nunca los asociados hubieran podido imaginar: de 8,767,667 reales a la cifra de 49.815.851 reales.
Reproducimos una tabla del desempeño de SICREDI-RS, desde el 1, I, 1991 hasta el 31, XII, 1995, con datos referentes al número de asociados, patrimonio líquido, depósitos a vista y depósitos a plazo, transferencias de recursos de terceros, total de operaciones de crédito y resultado líquido, expresando todos valores monetarios en miles de reales (unidad monetaria de valor muy aproximado al dólar estadounidense).
| Año: | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asociados | 89.039 | 99.163 | 103.718 | 109.448 | 116.730 |
| Patrim. liq. | 8.767 | 16.265 | 21.991 | 36.064 | 49.815 |
| Depos. vista | 3.324 | 3.732 | 3.303 | 13.014 | 15.215 |
| Depos. plazo | 1.244 | 6.116 | 16.860 | 28.801 | 44.063 |
| Transf. tercer. | 38.718 | 21.957 | 18.122 | 50.527 | 72.906 |
| Total op.cr. | 46.645 | 35.923 | 42.415 | 102.459 | 125.453 |
| Resul. liq. | 1.965 | 1.965 | 2.368 | 7.678 | 3.740 |
Más allá de la mera imagen, el nombre común pone de relieve características propias del Sistema de Crédito Cooperativo de Río Grande del Sur (SICREDI-RS, la sigla representativa del conjunto) en cuanto responden a fines comunes asumidos con la participación y con el control último de sus cooperativas.
Conforme SICREDI-RS añada nuevos servicios y multiplique los existentes (depósitos a plazo fijo, transferencias de recursos de terceros al sector agrario, etc) es preciso cuidar mejor la coordinación en el incremento de recursos y en el de servicios.
Los nuevos estatutos de SICREDI-CENTRAL, aprobados en 1993, muestran una mentalidad madurada con la formación y muchas horas dedicadas a evaluar la experiencia del SICREDI-RS:.
Como objetivo general o la razón de su existencia, SICREDI CENTRAL pretende "la organización en común y en mayor escala de los servicios económicos-finacieros y asistenciales de interés de sus afiliadas, integrando y orientando sus actividades, así como facilitando la utilización recíproca de los servicios". (Aunque los estatutos utilizan el término asociada en un sentido amplio, lo matizan al referirse a las cooperativas de ahorro y crédito asociadas, calificándolas de afiliadas. Término aludido expresamente en el objetivo general de SICREDI CENTRAL).
Lograr tal objetivo exigía coordinar las actividades del SICREDI-RS; y, planear la aplicación de recursos captados por el Sistema, en consonancia con la legislación pertinente, contando con transferencias entre afiliadas; buscar fuentes alternativas de recursos para las actividades crediticias de las cooperativas singulares; estructurar y regular el personal proprio y de las cooperativas afiliadas, conforme el Consejo de Administración de SICREDI CENTRAL lo establezca, promoviendo la capacitación de los dirigentes y funcionarios de las cooperativas singulares; prestar orientación gerencial, contable y financiera a las cooperativas filiadas con miras a mejorar los servicios, su racionalización y normalización; y, a fin de verificar el cumplimiento exacto de las normas oficiales en sus operaciones y servicios, realizar el servicio de auditoría en las cooperativas filiadas, al menos, una vez por año.
Por lo que respecta a la formación del capital, de ordinario cada cooperativa se obliga a subscribir las "participaciones en el capital social de SICREDI CENTRAL en un valor correspondiente al 10% del patrimonio líquido de la asociada", actualizando ese valor semestralmente en base a los datos del balance presentado por las cooperativas. (A las asociadas de segundo grado, sólo un 1% del propio capital integrado, también actualizable por los balances anuales).
Y "el capital integrado será actualizado monetariamente, mes a mes, por el índice oficial publicado para la corrección de los balances. Una vez incorporada la corrección monetaria, podrá el capital ser remunerado con intereses de hasta el 12% al año, dependiendo de los resultados económicos de SICREDI CENTRAL".
Remuneración asímismo válida para las "las prestaciones de capital pagadas con retraso". Además, diariamente, las filiadas "tendrán que mantener en la CENTRAL, a título de reserva de liquidez, como mínimo, un 30% del saldo medio del trimestre inmediatamente anterior de sus captaciones en las cuentas de depósitos a vista, a plazo y de las recaudaciones ante convenios y contratos".
Los estatutos sociales que siguen las afiliadas, o SICREDI, aplican la corrección monetaria a participaciones en el capital de sus propios asociados (personas físicas o jurídicas ocupadas en actividades rurales) hasta en caso de su devolución; pero no mencionan la posible remuneración al capital de los asociados.
En la distribución de excedentes finales, en vez del 10%, mínimo legalmente obligatorio para el fondo de reserva, los estatutos lo fijan en un 30%.
Cuando una cooperativa no alcance el grado capitalización "establecido por la autoridad monetaria y por normas internas de SICREDI-RS, para soportar el nivel de endeudamiento necesario para alcanzar sus objetivos", los excedentes disponibles (o los que son repartidos entre los asociados proporcionalmente a las operaciones que hayan realizado) "deberán ser transformadas en participaciones en el capital de los asociados".
Estas normas presuponen que, para el asociado, lo principal es acceder al crédito en proporción a sus participaciones en el capital social.
Al mismo tiempo, la situación financiera de cada SICREDI y la responsabilidad gradual (subsidiaria, solidaria e incluso con su propio patrimonio) del asociado en función de la liquidez, crean estímulos a la autofiscalización, prudencia y honestidaden los comportamientos de cada asociado y de cada SICREDI, que a su vez, ha de mantener un 30 % de su saldo medio en la CENTRAL a título de reserva, como antes indicamos.
Con las normas y criterios de SICREDI CENTRAL, conforme al objetivo general de "organización en común y en mayor escala de los servicios económicos-financieros y asistenciales", crece el patrimonio líquido correspondiente a SICREDI CENTRAL respecto al patrimonio líquido total de SICREDI-RS: de un 7,6% en 1991 a un 15,9 % en 1995.
Crecimiento coherente con un objetivo general, que exige un proceder común para fortalecer financieramente a SICREDI CENTRAL con la participación de las cooperativas filiadas, al igual que un responsabilidad mayor en orientar y controlar la misma SICREDI CENTRAL.
En general, tanto los estatutos como el reglamento interno de SICREDI CENTRAL fomentan la transparencia y el autocontrol en el SICREDI-RS: con las informaciones sistemáticas y periódicas, las interpretaciones de datos y las evaluaciones, la acción del Consejo Fiscal, el servicio de auditoría independiente designada por propio Consejo Fiscal, los presupuestos de gastos con margen para excederlo y rendiciones de cuentas, etc.
Advertimos en los estatutos un propósito de no quedarse con meras formalidades:
Con precisión mayor, según los estatutos de SICREDI CENTRAL, el ejercicio del derecho de una cooperativa a participar en la Asamblea General por medio de un delegado queda condicionado al cumplimiento de los deberes. Entre los incumplimientos, figuran el de no remitir a la Central los informes de interés común, o el de obstaculizar la auditoría.
Forman el Consejo de Administración de SICREDI CENTRAL, la Directoría Ejecutiva (un Director Presidente y un Director Vice-Presidente), elegida por la Asamblea General, y los Consejeros Vocales, con sus suplentes, elegidos por las cooperativas dentro de sus correspondientes Unidades Administrativas.
Todas las Unidades Administrativas, menos una, son conjuntos de cooperativas SICREDI en base a la proximidad geográfica ( de las nueve Unidades Administrativas que funcionaban en 1995, ocho estaban compuestas por afiliadas). La otra Unidad Administrativa Especial, está integrada por las cooperativas de segundo grado asociadas a SICREDI CENTRAL.
Dada la importancia de controlar, y respetando los límites legales y estatutarios, "atendidas las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración", la Directoría Ejecutiva de SICREDI CENTRAL, asímismo, "ha de promover la supervisión, el control y la fiscalización del SICREDI, manteniendo servicios de apoyo técnico, de orientación y de inspección a las cooperativas filiadas, bajo conducción inmediata de uno de los directores".
El Consejo Fiscal refuerza el control en cuanto vela por el cumplimiento de las normas y apoya la auditoría.
No cabe explicar el desarrollo de SICREDI-RS, principalmente en los últimos cinco años, sin un esfuerzo metódico en capacitar los recursos humanos y potenciarlos a través de la disponibilidad de datos elaborados en función de los fines prioritarios y de los problemas que urge resolver. El Departamento de Informática ha prestado servicios y ofrecido sistemas para instituciones símiles en Río Grande del Sur y en otros estados.
Al comparar el número de cooperativas y el de usuarios de los serviços do SICREDI-RS, entre 1985 y 1995, lo relevante no es tanto el mayor número de asociados por cooperativa, sino el creciente de usuarios atendidos por medio de puestos o por unidades de servicio vinculadas a las cooperativas afiliadas:
| Año: | 1985 | 1995 |
|---|---|---|
| Cooperativas de Crédito Rural | 59 | 63 |
| Número de asociados | 61.826 | 116.730 |
La informática desarrollada en SICREDI-RS ha facilitado la descentralización de actividades, delegando responsabilidades en cada filiada dentro de su Unidad Administrativa; y controlando el funcionamiento de la organización en sus diversos ámbitos y en su conjunto.
Cara al futuro, cabe cuestionar hasta qué punto SICREDI-CENTRAL ha de asumir tantas funciones como las que señalan sus estatutos:
Con todo, hemos de reconocer una excesiva acumulación de fines en la SICREDI CENTRAL. Parece conveniente una separación de las tareas de representatividad, formación y auditoria, del resto de las tareas especificamente encaminadas a la prestación de servicios en el ahorro, crédito, etc.
Este proceso se ha iniciado con la nueva etapa de formar un banco cooperativo, mientras SICREDI CENTRAL se concentra en los objetivos sociales relativos a la representatividad, la formación de recursos humanos y la auditoría, procurando la independencia y la objetividad profesional requeridas en las auditorías de las cooperativas asociadas y del mismo banco cooperativo.
Dentro del mismo Brasil, los intercambios de experiencias y la comunicación oportuna entre sistemas de cooperativas de crédito similares a SICREDI-RS, facilitó la presentación de las propuestas bien fundamentadas que hallaron eco en Brasilia. Y, como conclusión de estudios técnicos e jurídicos, el 31 de agosto de 1995, el Consejo Monetario Nacional/Banco Central, ha dictado una resolución regulando la creación de bancos cooperativos.
Constituído el 3 de junio de 1996 como banco para el sistema SICREDI-RS, BANSICREDI no sustituye a las cooperativas de credito afiliadas; intenta ofrecer los servicios y operaciones actuales con calidad mayor y menores costes.
En una segunda etapa (si posible, en 1997) las cooperativas, através del BANSICREDI, podrán atender a las personas físicas y juridicas no asociadas. Como consecuencia, esto significa que se trasformarán en instituciones financeiras de las comunidades.
Esta evolución permitirá incrementar la oferta habitual de los servicios SICREDI, previendo la oferta siguiente: depósitos a vista; depósitos a plazo; capital; cheque especial; crédito especial; crédito personal; crédito rural; transferencias del porcentaje obligatorio de los depósitos de otras entidades para destinarlo al sector agrario; pagos y beneficios de seguridad social; recibos y pagos por cuenta de terceros; Bansicredi-fondo a corto plazo; Bansicredi-fondo de inversión financiera; etc.
Sin duda, no pocos servicios planeados con mayores economías de escala implican ahorro de tiempo y de costes administrativos con ventajas para los asociados y sus cooperativas. La perpectiva de extender la nueva oferta (o una parte sustancial de ella) no asociados, sean personas fisicas o jurídicas) cuestiona hasta qué punto la calidad y diversidad de la oferta con su costo adicional de incrementarla, compensa.
El seguimiento de la nueva oferta disipará las desconfianzas injustificadas, o permitirá la oportuna rectificación.
A medida que la modernización agroindustrial demanda mayor capital para sus inversiones con riesgos diversos (climatológicos o de otro orden) convergentes en el agro de un estado o de una vasta región, resulta demasiado incierto el que las cooperativas dispongan de recursos financieros apropiados. La diversificación de los usuarios y de los proveedores de capital conviene también a las cooperativas de ahorro y crédito: sin depender sólo de un sector económico, como el agrario; y sin concentrar préstamos en pocas cooperativas o clientes, sean agricultores, o no.
Contar con usuarios de servicios de BANSICREDI, que en sus ingresos no sólo dependan del sector rural, puede contribuir al desarrollo más sólido del mismo sistema SICREDI-RS; y, al de las comunidades rurales con actividades económicas varias.
Nuevas posibilidades implican asímismo riesgos nuevos. Ante el futuro, valen más la prudencia y la calidad de la gestión de BANSICREDI y de modo que SICREDI CENTRAL cumpla sus atribuciones específicas; asímismo, la prudencia y calidad de la participación y del control por cuenta de las cooperativas afiliadas a SICREDI-RS.
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