La FAO reconoce el papel clave que desempeña la protección social en la erradicación de la pobreza y del hambre y en el aumento de la capacidad económica y productiva de incluso la población más pobre y marginada. La FAO trabaja con sus socios para reforzar las capacidades de los Gobiernos en materia de diseño, implementación y evaluación de sistemas de protección social, de modo que puedan beneficiar a las familias residentes en zonas rurales. 

En particular, la FAO ayuda a los Gobiernos nacionales a:

• Ampliar la cobertura de los programas de protección social a todos los hogares rurales pobres, en todos los sectores agrícolas, incluidas las comunidades pesqueras y dependientes de los bosques;
• Fortalecer los vínculos y mejorar la coordinación entre la los sectores de la protección social, la agricultura y la gestión de los recursos naturales;
• Diseñar e implementar medidas de protección social dirigidas a mejorar la nutrición;
• Diseñar e implementar medidas de protección social que aumenten la capacidad de las familias de prevenir, gestionar, afrontar y soportar las crisis y los desastres naturales.

Protección social y empleo rural digno

El equipo de protección social trabaja con el programa de trabajo de la FAO sobre empleo rural digno para generar datos fácticos acerca de la repercusión de la protección social sobre las condiciones laborales de la población rural. Juntos, el empleo rural decente y la protección social pueden abordar las vulnerabilidades a las que se enfrentan los trabajadores rurales a lo largo de sus vidas. La consecución de condiciones de trabajo más estables y seguras en las zonas rurales depende en gran medida de un fuerte compromiso político. La FAO utiliza los datos fácticos generados para participar en el debate sobre políticas y convencer a los responsables políticos.

Protección social y programas de género

La FAO trabaja para:

• Generar datos fácticos sobre la repercusión de las transferencias sociales a los agricultores para mejorar su diseño y abordar cuestiones relacionadas con el género;
• Reforzar la capacidad de los Gobiernos de aplicar un enfoque de género en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las intervenciones de protección social;
• Aprovechar su investigación para suscitar un debate sobre las políticas y programas en materia de género, protección social y desarrollo rural.