|
ROMA, 23 de abril de 2002 -- La
firma de un acuerdo de cese al fuego entre el Gobierno de Angola
y los rebeldes de UNITA el pasado 4 de abril podría
anunciar el final de la guerra civil más prolongada de África.
Pero el 22 de marzo fue el primer aniversario de otro
importante acontecimiento en Angola: el primer reconocimiento
jurídico de la propiedad colectiva de la tierra.
En esa fecha, las personas del pequeño municipio de
Tchicala, de la provincia de Huíla, en el sur del país,
reivindicaron la posesión de 4 500 hectáreas
de tierras. Paolo Groppo, experto de la FAO en tenencia agraria,
afirma que lo importante no es la extensión de la superficie
reclamada ni la comunidad protagonista de la reivindicación. Lo
que cuenta es el principio. "Cuando una comunidad
defiende su derecho a la tierra está sentando las bases de un
Estado democrático".
La seguridad
agraria también es fundamental para la seguridad alimentaria y
el desarrollo sostenible. Sin ella los campesinos no pueden
obtener crédito y no hay incentivos para mejorar las tierras.
"La seguridad agraria no garantiza el futuro del
agricultor -explica Groppo-, pero lo prepara mejor para
afrontarlo".
Las perspectivas de
paz pueden permitir que la tenencia agraria reciba más atención.
En una zona de guerra, la tierra tiene poco valor comercial, y
la victoria militar y la supervivencia preceden en importancia a
la tenencia de la tierra. Pero una vez que la seguridad deja de
ser el interés primordial, a menudo se reivindican grandes
extensiones de tierras.
Arar un
pasado difícil
Tchicala fue una
de las diversas comunidades que participaron en un proyecto
piloto para mejorar la seguridad alimentaria en las comunidades
rurales, iniciado por la FAO en 1999, en colaboración con el
Gobierno. Sin embargo, los expertos en desarrollo señalaron que
las comunidades no estaban dispuestas a invertir tiempo ni
esfuerzo en mejorar las tierras ya que no eran de ellos, de modo
que la actividad se dirigió a demarcar las tierras antes de
prepararlas.
La tenencia agraria ha sido
problemática en Angola, antigua colonia portuguesa, en parte
porque después de la independencia, en 1975, parecía haber
tantas tierras disponibles que la tenencia no parecía presentar
problemas. En consecuencia, no se promulgaron leyes específicas
en esta materia.
En 1992, después de pasar
de una economía planificada a otra de mercado, se aprobaron
leyes para privatizar la propiedad estatal que, sin embargo, no
tocaban las cuestiones fundamentales de los derechos
consuetudinarios. Esto abrió paso a un periodo de caos, durante
el cual algunas personas ricas se apoderaron de vastos recursos
naturales.
Además, después de la
independencia, conquistada con tanto esfuerzo, siguió más de un
cuarto de siglo de guerra, que dio lugar a desplazamientos en
masa de la población, sobre todo hacia las zonas urbanas, por lo
cual gran parte de las tierras agrícolas quedaron sin atender o
inutilizables por la presencia de minas. Actualmente sólo está
en cultivo el 3% de las tierras agrícolas, y casi dos millones
de personas necesitan ayuda humanitaria urgente. Al mismo
tiempo, la economía se ha distorsionado a causa de la enorme
riqueza debida a las reservas petroleras y minas de diamantes, y
una inflación desenfrenada ha hecho subir sin control los
precios de los alimentos en las zonas urbanas.
Límites claros, convivencia
pacífica
Los factores mencionados
han inhibido el desarrollo de una cultura de la participación,
decisiva para la delimitación y el reconocimiento de los
derechos agrarios. "No se trata simplemente de que la
comunidad declare que éstas son sus tierras -explica Groppo-.
Tienen que ponerse de acuerdo también con sus vecinos".
En el ámbito local entran en juego las
antiguas tensiones étnicas y de género, a lo que se suman las
reivindicaciones de la comunidad. La guerra y el VIH/SIDA han
dejado millones de hogares encabezados por mujeres, a la vez
quehan puesto fina la tradición de que la comunidad las
protegiera. En consecuencia, algunas personas alegan que ahora
deberían darse derechos agrarios a las mujeres a la vez que se
hagan valer los derechos consuetudinarios, en virtud de las
cuales las tierras corresponden a los hombres.
Muchos observadores, sin embargo, consideran que la
prioridad debería ser abrir el debate sobre la tenencia agraria,
después reivindicar los derechos de las comunidades a sus
tierras y posteriormente tratar los derechos agrarios de las
mujeres. "La tenencia de las tierras es otra batalla
para Angola -explica Groppo-. Y el país tiene que hacer avanzar
este proceso de paz victoria a victoria y reclamo agrario a
reclamo agrario, uno a la vez".
Asentar la democracia
La tenencia de las tierras es un asunto muy delicado
para el Gobierno, y por el momento los funcionarios públicos
están ocupados elaborando una nueva ley agraria. Un proyecto de
la FAO está proporcionando competencia técnica jurídica. Groppo
asegura que la experiencia de Chicala refuerza la conveniencia
de reconocer las tradiciones así como el estado de derecho.
"Los niveles más altos del poder
en Angola reconocen los derechos agrarios -prosigue-. La labor
de la FAO con las comunidades y nuestro trabajo con los
funcionarios del gobierno han contribuido a ese reconocimiento.
Ahora es necesario construir las instituciones democráticas: las
oficinas de registro agrario, las cortes, los tribunales, para
hacer valer esos derechos. Pero ya se ha colocado la piedra
angular: la confianza cada vez mayor de las
comunidades".
|
