ROMA, 23 de abril de 2002 -- La firma de un acuerdo de cese al fuego entre el Gobierno de Angola y los rebeldes de UNITA el pasado 4 de abril podría anunciar el final de la guerra civil más prolongada de África. Pero el 22 de marzo fue el primer aniversario de otro importante acontecimiento en Angola: el primer reconocimiento jurídico de la propiedad colectiva de la tierra.

En esa fecha, las personas del pequeño municipio de Tchicala, de la provincia de Huíla, en el sur del país, reivindicaron la posesión de 4 500 hectáreas de tierras. Paolo Groppo, experto de la FAO en tenencia agraria, afirma que lo importante no es la extensión de la superficie reclamada ni la comunidad protagonista de la reivindicación. Lo que cuenta es el principio. "Cuando una comunidad defiende su derecho a la tierra está sentando las bases de un Estado democrático".

La seguridad agraria también es fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Sin ella los campesinos no pueden obtener crédito y no hay incentivos para mejorar las tierras. "La seguridad agraria no garantiza el futuro del agricultor -explica Groppo-, pero lo prepara mejor para afrontarlo".

Las perspectivas de paz pueden permitir que la tenencia agraria reciba más atención. En una zona de guerra, la tierra tiene poco valor comercial, y la victoria militar y la supervivencia preceden en importancia a la tenencia de la tierra. Pero una vez que la seguridad deja de ser el interés primordial, a menudo se reivindican grandes extensiones de tierras.

Arar un pasado difícil

Tchicala fue una de las diversas comunidades que participaron en un proyecto piloto para mejorar la seguridad alimentaria en las comunidades rurales, iniciado por la FAO en 1999, en colaboración con el Gobierno. Sin embargo, los expertos en desarrollo señalaron que las comunidades no estaban dispuestas a invertir tiempo ni esfuerzo en mejorar las tierras ya que no eran de ellos, de modo que la actividad se dirigió a demarcar las tierras antes de prepararlas.

La tenencia agraria ha sido problemática en Angola, antigua colonia portuguesa, en parte porque después de la independencia, en 1975, parecía haber tantas tierras disponibles que la tenencia no parecía presentar problemas. En consecuencia, no se promulgaron leyes específicas en esta materia.

En 1992, después de pasar de una economía planificada a otra de mercado, se aprobaron leyes para privatizar la propiedad estatal que, sin embargo, no tocaban las cuestiones fundamentales de los derechos consuetudinarios. Esto abrió paso a un periodo de caos, durante el cual algunas personas ricas se apoderaron de vastos recursos naturales.

Además, después de la independencia, conquistada con tanto esfuerzo, siguió más de un cuarto de siglo de guerra, que dio lugar a desplazamientos en masa de la población, sobre todo hacia las zonas urbanas, por lo cual gran parte de las tierras agrícolas quedaron sin atender o inutilizables por la presencia de minas. Actualmente sólo está en cultivo el 3% de las tierras agrícolas, y casi dos millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente. Al mismo tiempo, la economía se ha distorsionado a causa de la enorme riqueza debida a las reservas petroleras y minas de diamantes, y una inflación desenfrenada ha hecho subir sin control los precios de los alimentos en las zonas urbanas.

Límites claros, convivencia pacífica

Los factores mencionados han inhibido el desarrollo de una cultura de la participación, decisiva para la delimitación y el reconocimiento de los derechos agrarios. "No se trata simplemente de que la comunidad declare que éstas son sus tierras -explica Groppo-. Tienen que ponerse de acuerdo también con sus vecinos".

En el ámbito local entran en juego las antiguas tensiones étnicas y de género, a lo que se suman las reivindicaciones de la comunidad. La guerra y el VIH/SIDA han dejado millones de hogares encabezados por mujeres, a la vez quehan puesto fina la tradición de que la comunidad las protegiera. En consecuencia, algunas personas alegan que ahora deberían darse derechos agrarios a las mujeres a la vez que se hagan valer los derechos consuetudinarios, en virtud de las cuales las tierras corresponden a los hombres.

Muchos observadores, sin embargo, consideran que la prioridad debería ser abrir el debate sobre la tenencia agraria, después reivindicar los derechos de las comunidades a sus tierras y posteriormente tratar los derechos agrarios de las mujeres. "La tenencia de las tierras es otra batalla para Angola -explica Groppo-. Y el país tiene que hacer avanzar este proceso de paz victoria a victoria y reclamo agrario a reclamo agrario, uno a la vez".

Asentar la democracia

La tenencia de las tierras es un asunto muy delicado para el Gobierno, y por el momento los funcionarios públicos están ocupados elaborando una nueva ley agraria. Un proyecto de la FAO está proporcionando competencia técnica jurídica. Groppo asegura que la experiencia de Chicala refuerza la conveniencia de reconocer las tradiciones así como el estado de derecho.

"Los niveles más altos del poder en Angola reconocen los derechos agrarios -prosigue-. La labor de la FAO con las comunidades y nuestro trabajo con los funcionarios del gobierno han contribuido a ese reconocimiento. Ahora es necesario construir las instituciones democráticas: las oficinas de registro agrario, las cortes, los tribunales, para hacer valer esos derechos. Pero ya se ha colocado la piedra angular: la confianza cada vez mayor de las comunidades".