27 de octubre de 2003, Roma -- El lunes se inició en la FAO una reunión de representantes de los gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y de otros grupos de la sociedad civil, para debatir las modalidades de ejecución para los estados de un derecho humano fundamental: el derecho a la alimentación.

El derecho internacional establece el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada, así como el derecho fundamental a vivir sin pasar hambre.

La agenda del Grupo de trabajo sobre el derecho a la alimentación, que celebra estos días su segundo encuentro, comprende la búsqueda de la aplicación práctica de estos principios.

Sin una alimentación adecuada, las personas no pueden trabajar, no pueden cuidar a sus hijos, y los niños no pueden aprender a leer y escribir.

Los derechos civiles y políticos también pierden sentido para las personas que tienen que gastar todos sus recursos en la búsqueda de alimentos para sobrevivir. El derecho a la alimentación, por lo tanto, está presente en la totalidad de los derechos humanos.

El Grupo de trabajo buscará el consenso de los países presentes en la elaboración de un conjunto de directrices de aplicación voluntaria, en apoyo a la realización gradual del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

Esta iniciativa obedece a una petición realizada por algunos países miembros durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, celebrada en 2002.

Derecho individual, responsabilidad colectiva

El acceso a una alimentación adecuada es a la vez un derecho personal y una responsabilidad colectiva, de conformidad con la Declaración universal de los derechos humanos, de 1948, y del Pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales, elaborado 20 años después.

Casi todos los países, 147, han reconocido el derecho a una alimentación adecuada, según queda establecida en el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

Aproximadamente 21 países ya han consagrado explícitamente los derechos a la alimentación en su constitución, y muchos otros reconocen y protegen otros derechos muy estrechamente vinculados, como el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la seguridad social, el salario mínimo y la atención a los grupos vulnerables.

Para disfrutar del derecho a la alimentación la población necesita contar con atención sanitaria y educación, respeto a sus valores culturales, derecho a la propiedad y derecho de organizarse económica y políticamente.

La garantía del derecho a la alimentación impone diversas condiciones, entre ellas:
  • disponibilidad de oportunidades suficientes de obtener ingresos, en particular, empleo;
  • acceso a la tierra, el agua y los
  • sistemas de mercado eficaces y justos, complementados con redes de seguridad social;
  • inocuidad de los alimentos y protección al consumidor.
El objetivo de las directrices es dar a los gobiernos un instrumento práctico a fin de hacer valer para su población el derecho a los alimentos y cumplir una obligación básica con sus pueblos.



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