Mejorar las evaluaciones para autorizar plaguicidas agropecuarios
El Proyecto Plaguicidas presentó recomendaciones para fortalecer el registro de esos productos para el agro en Uruguay.
El consultor internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO) Arturo Correa realizó una evaluación del sistema de registro de plaguicidas de uso agropecuario e hizo énfasis en la necesidad de las “evaluaciones de riesgo tanto para la salud humana como el medio ambiente”.
Este trabajo se llevó adelante en el marco del proyecto en el cual colaboran el Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y el Ministerio de Salud, con apoyo técnico de la FAO y financiamiento verde, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, conocido como GEF, por sus siglas en inglés.
Las distintas carteras uruguayas trabajan desde el año 2016 junto a la FAO para fortalecer las capacidades del país para la gestión ambientalmente adecuada de plaguicidas.
Esto se hace en paralelo al desarrollo del marco de política estratégica para el sector silvoagropecuario, que busca conjugar aspectos productivos y medio ambientales siguiendo lineamientos internacionales para mantener la competitividad de los productos uruguayos en los mercados mundiales y reforzar el posicionamiento del país como un productor “verde” (“Uruguay Natural) muy valorado por sus socios comerciales.
En línea con esa estrategia es que en los últimos años se llevan a delante diversas iniciativas orientadas a mejorar el marco legal, regulatorio y operativo vinculado al uso y manejo de plaguicidas.
Aunque estas iniciativas suponen avances importantes, aún son sectoriales y fragmentadas, por lo que “requieren esfuerzos incrementales para diseñar e implementar un marco de política y regulaciones de carácter integral que conjugue aspectos ambientales, salud pública, tecnológicos, operativos, productivos y comerciales”, advierte Correa.
Desafíos y recomendaciones
Uno de los hallazgos significativos de su consultoría fue la identificación de “brechas asociadas a la normativa vigente para autorizar plaguicidas de tipo agrícola en Uruguay, esto en comparación con los modelos más avanzados aplicados en países o comunidades de países, en especial, en lo referente a la ausencia de evaluaciones de riesgo tanto para la salud humana como el medio ambiente”.
Esto, entiende el experto “puede derivar en incertidumbres sobre la real eficacia y los potenciales riesgos que se pueden estar generando bajo condiciones de uso local de los plaguicidas autorizados”.
Para lograrlo, la consultoría recomienda “iniciar un proceso de modernización y fortalecimiento del sistema de registro de plaguicida de Uruguay, teniendo en consideración los insumos desarrollados en el contexto del Proyecto Plaguicidas”.
Sin embargo, hace especial incapié en la necesidad de “gradualidad, participación activa de los diferentes actores sociales como de la implementación de un sistema de seguimiento y control a la iniciativa, de manera de que se logre su implementación en forma óptima”, para no afectar al sector agropecuario.
Para Correa el sistema de autorización de plaguicidas para el agro debe “tender a dar garantías de un alto grado de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente y, a la vez, salvaguardar la competitividad de la agricultura del país entregando plaguicidas eficaces para los fines que se autorizan”.
La presentación de estos resultados congregó a distintos actores vinculados al sector, tanto del Estado, como del sector privado y de la sociedad civil, teniendo en cuenta que todos deberán ser aliados que impulsen y acompañen el diseño de un eventual plan para la modificación del registro de Plaguicidas vigente en Uruguay.
Este trabajo será presentado a la próxima administración como insumo para la toma de decisiones.