El derecho a la alimentación fué reconocido desde que fuera adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. ¿Pero de qué se trata? ¿y cómo puede hacerse realidad ? Estas son algunas de las preguntas que probablemente surjirán en el curso del debate acerca de un código de conducta sobre el derecho a la alimentación que se realizará en la próxima Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, a celebrarse del 10 al 13 de junio en la sede de la FAO, en Roma.

El código internacional de conducta sobre el derecho humano a la alimentación adecuada, fué propuesto por primera vez en 1996, durante los preparativos para la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, y cuenta con un gran apoyo por parte de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de quienes padecen hambre.

Ahora, las organizaciones no gubernamentales están pidiendo a los países que pongan en marcha las negociaciones intergubernamentales sobre el código de conducta, el cual ofrecería orientación para hacer valer el derecho a la alimentación. El código no crearía nuevos derechos u obligaciones, éstas ya existen en el marco del derecho internacional; sino que se concentraría en las medidas mismas que podrían tomar los países para asegurar que sus políticas y su legislación respeten, protejan y cumplan con el derecho a la alimentación de todos.

El derecho a la alimentación figura en las constituciones de más de 20 países, y cerca de 145 naciones han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que pide explícitamente a los estados signatarios legislar a favor del derecho a una nutrición adecuada. Pero es probable que el código encuentre oposición debido a algunos aspectos delicados tales como:

  • ¿Qué obligación- si la hubiese- tendrían que cumplir los Estados en pro de su población?

  • ¿en qué medida se puede realizar este derecho? ¿es aplicable jurídicamente?

El camino recorrido desde la Carta Magna

La teoría de los derechos humanos comprende dos clases de derechos: los que se respetan simplemente a través de la no intervención, como el derecho de culto, y los derechos que necesitan recursos para cumplirse. Algunos ponen en duda que estos últimos sean realmente derechos, por ello existe una fuerte distinción entre una interpretación estricta -el derecho, sin impedimento, a obtener alimentos por esfuerzo propio- y una interpretación amplia: el derecho a recibir alimentos, cuando no es posible obtenerlos.

La interpretación estricta no es nueva. En la Carta Magna de Inglaterra, de 1215, se establece que nadie tendrá que pagar multas que le priven de sus medios de sustento.

La interpretación amplia garantiza una nutrición adecuada cuando no se cuenta con trabajo o tierra, y supone en consecuencia la utilización de recursos para alimentar a la población. Muchos gobiernos no aceptan esta interpretación. En realidad, algunos han afirmado que gastar dinero y tiempo en promover el derecho a la alimentación es un desperdicio de recursos que podrían invertirse mejor ayudando a los pobres.

Pero considerar la seguridad alimentaria como un derecho contribuye a concentrar la atención en los asuntos fundamentales relacionados con el cumplimiento y la no discriminación, que también se fundan en el ámbito jurídico de los derechos humanos. En pocas palabras, el derecho a la alimentación conlleva la buena gobernanza y la atención a los más pobres y marginados.

Jean Ziegler, Relator Especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, pone en tela de juicio la distinción que se hace entre la libertad abstracta y la que exige recursos para su cumplimiento. "Hasta la ejecución de los derechos civiles y políticos requiere de recursos -afirma-. El costo necesario para establecer y capacitar un cuerpo de policía, un ejército o una judicatura para hacer cumplir el derecho internacional, no es insignificante".

Aunque se aplique una interpretación estricta del derecho a la alimentación los gobiernos tienen que propiciar un medio en el que las personas puedan alimentarse. "Las personas tienen la responsabilidad de obtener sus alimentos, así que no se puede atribuir automáticamente al Estado la malnutrición -afirma Margret Vidar, Secretaria del Comité de Ética de la FAO-. Pero el Estado puede ser el responsable de una circunstancia determinada que la produzca". Por ejemplo, las personas deben tener sueldos adecuados o acceso a la tierra para poder comprar o producir alimentos, señala. Los monopolios injustos no deben distorsionar los mercados de los alimentos o el suministro de semillas. "El Estado debe asegurar la participación justa, o podría estar violando el derecho a la alimentación", concluye.

Nos vemos en el tribunal…

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales va más allá, al afirmar que los estados deben hacer todo lo posible para garantizar una nutrición adecuada, y legislar de conformidad. Pero el Pacto no permite a los ciudadanos que padecen hambre entablar juicio contra el gobierno, sólo podrían hacerlo mediante la legislación de sus respectivos países. Si un país no ha legislado al respecto, ha violado el Pacto, pero el ciudadano carece de desagravio.

La Organización de las Naciones Unidas vigila por el cumplimiento del Pacto a través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que pertenece a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En 1999, el Comité insistió en que los países debían legislar para proteger el derecho a la alimentación.

¿Serviría de algo? Jean Ziegler cita casos en los que sí ha sido útil. Por ejemplo:

  • La Constitución en Sudáfrica garantiza los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el derecho a la alimentación. Un caso jurídico notable es el de una demanda presentada por Irene Grootboom y otros contra el Gobierno de la República de Sudáfrica, en base a la cual el tribunal resolvió que el Gobierno había violado la Constitución al no apoyar "razonablemente" a las personas en situación de extrema necesidad. (Se trataba de un caso relacionado con la vivienda, pero el derecho a los alimentos goza de una protección constitucional similar, de modo que este caso se considera pertinente).

  • En 2001, un grupo de organizaciones no gubernamentales logró obligar a las empresas públicas y a los gobiernos estaduales, a aceptar la responsabilidad de la malnutrición ante el Tribunal Superior de la India.

"Es difícil que una persona que está muriéndose de hambre interponga una demanda -explica Margret Vidar- , pero las organizaciones no gubernamentales y otros organismos pueden valerse de la ley para proteger a los pobres. Así que hay que incluir el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o su equivalente, en las legislaciones nacionales, adóptese o no el código de conducta. La ley puede ser el puente entre quienes padecen hambre y los alimentos que éstos necesitan".