From the podium

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Excmo. Sr. D. Patricio Aylwin Azocar (ex-Présidente de la Républica de Chile)

Participo en esta Cumbre en representación de la República de Chile.

Nos reunimos hoy para evaluar lo que ha ocurrido en cuanto al cumplimiento de los acuerdos y compromisos que nuestras naciones adoptaron, aquí mismo, en noviembre de 1996 en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.

En ese evento las naciones concurrentes acordaron una Declaración y un Plan de Acción para asegurar el derecho de toda persona “a una alimentación adecuada” y “a no padecer hambre”. Declarando “intolerable” que más de 800 millones de personas en todo el mundo y en particular en los países en desarrollo, no dispongan de alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales básicas, se comprometieron a hacer lo necesario “para erradicar el hambre de todos los países con el objetivo inmediato de reducir el universo de los desnutridos a la mitad”- es decir cuatrocientos millones – a más tardar en el año 2015.

Esos acuerdos y compromisos vinieron a sumarse a los concertados por casi todas nuestras naciones en otros eventos celebrados para buscar caminos de solución a distintos aspectos importantes del desarrollo humano. Tales fueron la Cumbre de la Infancia en 1990, la Cumbre de la Tierra en 1992, la Cumbre de Desarrollo Social en 1995 y la Cumbre de la Mujer el mismo año. Todos esos eventos interpretaron el anhelo común de construir una convivencia más justa y más humana en nuestro mundo, la afirmación de que ello es posible y la voluntad colectiva de intentarlo seriamente.

¿Qué ha pasado? El año último, en Ginebra, nos reunimos para comprobar que las declaraciones y el Plan de Acción para el Desarrollo Social de Copenhague estaban muy lejos de haberse cumplido. Hoy nos reunimos aquí en Roma para tomar decisiones frente al hecho de que las metas programadas en la Cumbre Mundial de la Alimentación para erradicar el hambre en nuestro mundo no están siendo cumplidas; aunque se está avanzando, "la reducción media anual del número de personas desnutridas en el mundo, estimada en ocho millones, que se consiguió durante el decenio de 1990, es muy inferior al promedio de veinte millones al año que sería necesario para alcanzar el año 2015 la meta fijada". Si se mantiene este ritmo, para cumplir la meta programada, en vez de veinte años se requerirán cincuenta, y para liberar a la humanidad de este flagelo necesitaríamos un siglo.

Y lo más grave, éticamente inaceptable y políticamente incomprensible, es que esta realidad ocurre en circunstancias de que – según el Informe Oficial del Comité de Seguridad Alimentaria que se dio a conocer en noviembre último en el 31o período de sesiones de esta Organización – "uno de los logros principales del siglo pasado fue la producción de alimentos suficientes para atender las necesidades de una población mundial que se ha duplicado desde una población cercana a los tres mil millones de personas en 1960 a más de seis mil millones en el 2000 y para garantizar al mismo tiempo una mejor nutrición". Dicho Informe califica como "inaceptable" esta situación "de que exista hambre en gran escala cuando la producción mundial de alimentos es más que suficiente para erradicarla".

Es que la superación de la tragedia del hambre en el mundo no es, en nuestros días, un problema principalmente de aumento de la producción agrícola de los países en desarrollo, sino de posibilidades de empleo y de ingreso de la población de esos países y de las posibilidades de comercialización de sus productos agrícolas.

Aunque no es el caso de mi país – que en el último decenio redujo sus niveles de pobreza del 38,6 por ciento en 1990 al 20,6 por ciento en el 2000, y los de indigencia del 12 por ciento al 5,7 por ciento en el mismo período – lo cierto es que en América Latina y el Caribe, según estudios de CEPAL, las personas que viven en condiciones de pobreza han aumentado en la década de los 90 de 196 millones a 224 millones.

Por otra parte, la distribución del ingreso es, en el mundo de nuestros días, escandalosamente desigual: el quinto de la población mundial que vive en los países ricos goza de un ingreso 74 veces mayor que el quinto más pobre de la población humana.

A esto se agrega que las posibilidades de los países del mundo en desarrollo de colocar sus productos alimenticios en los grandes mercados internacionales se hacen a menudo ilusorias por los enormes subsidios (del orden de los 360 mil millones de dólares al año, mil millones cada día) con que las naciones más prósperas favorecen a su producción agrícola. Si esos subsidios se redujeran a la mitad, se abrirían importantes probabilidades de comercialización a la producción agrícola de los países en desarrollo. Más aún, si la mitad de esos subsidios se destinara a combatir el hambre en el mundo, en corto plazo terminaría este flagelo. Si se conviniese un proceso gradual de reducción de tales subsidios en sólo un 1 por ciento anual, cada año dispondríamos de 3,600 millones adicionales para tan noble propósito. Merece meditarse el hecho de que el Fondo Fiduciario de 500 millones de dólares que considera el Proyecto de Resolución de esta Cumbre, equivale al monto de 12 horas de los subsidios que actualmente se otorgan a la agricultura.

Como si lo anterior fuera poco, son contadas las naciones altamente desarrolladas que cumplen el compromiso de aportar el 0,7 por ciento de su producto interno bruto (PIB) para ayuda oficial al desarrollo (AOD); por regla general ese aporte ha caído desde el 0,33 por ciento del PIB en los países de altos ingresos en 1992 al 0,24 por ciento a fines del decenio. Es plausible la información que se nos ha dado de recientes acuerdos de los países desarrollados para aumentar estos subsidios. Es de esperar que el llamado que se hizo a este respecto en la Conferencia Internacional celebrada en Monterrey en marzo último encuentre la acogida favorable que merece. Del mismo modo, pensamos que es muy importante el cumplimiento de los compromisos asumidos en la reunión cumbre de los países menos adelantados realizada en Bruselas en mayo de 2001.

Chile se ha esforzado por contribuir, en la medida de sus posibilidades, no sólo a mejorar el nivel de vida de su población campesina y reducir las desigualdades, sino también para incrementar sus inversiones en el sector agrícola, focalizando la acción del estado de fomento a la agricultura en la recuperación de suelos degradados, el mejoramiento del patrimonio sanitario, la construcción de obras de regadío, programas de manejo y diversificación forestal y promoción de una agricultura limpia y de calidad. Del mismo modo, el importante mejoramiento logrado en el último decenio en la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria del país ha constituido un aporte significativo al mejoramiento de las condiciones productivas y comerciales del sector agrícola. En el período de 1991 a 1999 el producto interno bruto de la agricultura nacional ha logrado un crecimiento del 26 por ciento.

Chile otorga alta prioridad a la agenda social en materia de alimentación y educación.

En este sentido, ha introducido alternativas novedosas en materia de alimentación escolar, las cuales han sido muy bien valoradas por el Programa Mundial de Alimentos.

Ello nos ha impulsado a trabajar con esa organización en un proyecto para promover nuevas modalidades en la materia, lo que se analizará en una conferencia que tendrá lugar en Chile en agosto próximo.

Como dijo nuestro Presidente de la República en la Cumbre del Milenio en septiembre pasado, "en poco más de 10 años, en nuestro país hemos logrado duplicar el tamaño de la economía, reducir drásticamente la pobreza, consolidar nuestra democracia y crear una cultura de respeto a los derechos humanos, basada en la promoción de la verdad y el respeto a la justicia". Desde esta perspectiva, observando lo que ocurre en el mundo globalizado de nuestros días, vemos con angustia cómo siguen ampliándose las desigualdades, al punto que ellas son la mayor amenaza a la nueva sociedad mundial.

Para que nuestros pueblos y la humanidad reafirmen su confianza en los acuerdos internacionales que solemnemente contraen los gobiernos, es indispensable que todos éstos reafirmen su voluntad de dar efectivo y pronto cumplimiento a los acuerdos que convienen y lo demuestren con hechos. Sólo así lograremos el clima de confianza y colaboración indispensables para salir adelante.

En este entendido, el Gobierno de Chile ha concurrido a la Declaración consensual aquí aprobada, aplaude y valora altamente la importante labor del Director General Dr. Jacques Diouf y expresa su voluntad de concurrir y cooperar al cumplimiento de esa Declaración.

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