Este documento argumenta que la función de la agricultura en el aumento de la seguridad alimentaria en los países en desarrollo difiere significativamente de la de los países desarrollados, un hecho que sólo se reconoce parcialmente en la forma en que está estructurado el Acuerdo sobre la Agricultura (AsA). Se afirma por lo tanto que los países en desarrollo, en particular aquellos que sufren de inseguridad alimentaria, requieren mayor flexibilidad que la prevista actualmente en el AsA en su lucha por la modernización agrícola para el logro de sus objetivos en materia de seguridad alimentaria.
1. Función de la agricultura interna en el mejoramiento de la seguridad alimentaria en los países en desarrollo
En 1996-98, se calculaba que 826 millones de personas estaban desnutridas; de ellas, alrededor de 792 millones vivían en países en desarrollo. Aunque la cifra disminuyó en 40 millones entre 1980-82 y 1995-97, este mejoramiento fue desigual y podría atribuirse a una reducción de 100 millones en 37 países, en tanto que en los países restantes las cifras aumentaron en 60 millones. Aunque la disponibilidad de alimentos para consumo humano directo aumentó en un 19 por ciento entre 1960 y 1994-96, la diferencia entre los distintos países es notoria. Por ejemplo, la producción agrícola per cápita en los PMAD ha experimentado una tendencia a la baja en los últimos 40 años, en tanto que ha aumentado en un 40 por ciento en los países en desarrollo en su conjunto[5]. Entre 1980 y 1996, se observó un crecimiento negativo en 29 de los 42 PMAD productores de cereales.
Análisis detallados de los principales factores que subyacen a estas tendencias (según demostrado a través de 14 casos) han llevado a la FAO a afirmar que "en la mayoría de estos países no se puede lograr un progreso significativo en términos de promoción del crecimiento económico, reducción de la pobreza y aumento de la seguridad alimentaria, sin desarrollar con mayor plenitud la capacidad potencial del sector agrícola y su aporte al desarrollo económico general"[6]. Esta es una visión respaldada por una serie de estudios[7] recientes que han demostrado que en muchas áreas rurales de mayor pobreza, el aumento de la productividad en la agricultura tiene con frecuencia el más alto potencial para un crecimiento que reduce la pobreza, ya sea mediante beneficios directos por concepto de ingresos y concatenación indirecta de gastos indirectos de producción de bienes básicos comerciables, o bien mediante beneficios para el consumidor en la producción de bienes no comerciables[8]. Por lo tanto, los indicadores de seguridad alimentaria se ven afectados con frecuencia por el éxito relativo de las iniciativas de desarrollo rural en términos de aumento de la disponibilidad y estabilidad de los suministros internos de alimentos, y de mejoramiento del acceso individual a los productos alimenticios.
La liberalización del comercio se justifica en parte por los incentivos que se espera que ofrezca a los productores en los países en desarrollo, por consiguiente mejorando en las perspectivas del desarrollo rural. Sin embargo, hay una serie de razones de por qué varios países en desarrollo no se beneficiarán, dadas las restricciones en materia de oferta y la incapacidad de los productores nacionales para sacar partido de las nuevas oportunidades de comercio, así como para competir en sus propios mercados con los productos importados, algunos de los cuales todavía se benefician con subvenciones y otras prácticas no competitivas.
2. Medidas normativas para aumentar la seguridad alimentaria
La experiencia del desarrollo en los últimos 50 años ha demostrado ampliamente que la gran pobreza rural y la inseguridad alimentaria en los países en desarrollo han sido en gran medida el resultado de estrategias de desarrollo que no consideraron la importancia del desarrollo del sector agrícola, en particular la producción de alimentos esenciales[9]. La experiencia también ha demostrado que el aumento de la seguridad alimentaria en los países en desarrollo requiere un paquete bien diseñado y adaptable de políticas que aborden en forma integral los aspectos de suministro, distribución y consumo de la cadena alimentaria.
Las opciones de políticas disponibles para los países pobres contemporáneos están siendo constreñidas por una serie de factores que incluyen: a) recursos limitados disponibles para programas de gasto público; b) dilema entre precios que sean rentables para los productores y precios que una mayoría de hogares pobres pueda pagar, lo que reduce el interés de la protección en frontera, a pesar de los altos aranceles consolidados[10]; c) disponibilidad más restringida de divisas, que lleva a presionar para fomentar la producción de cultivos de exportación. Sin embargo, es probable que la canalización de recursos para los sectores exportadores no siempre garantice ingresos de divisas adecuados para las importaciones de alimentos[11]. Por lo tanto, desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, la sustitución de las importaciones es a menudo una mejor opción que la promoción de las exportaciones.
A continuación se presenta una breve descripción de algunas medidas relativas a políticas específicas que han utilizado los países para mejorar la seguridad alimentaria de hogares o individuos, tanto en forma directa (a través de programas para fomentar el consumo de alimentos y que brindan asistencia dirigida) como indirecta, a través de sus programas agrícolas y políticas comerciales. Las más importantes de estas políticas son aquellas que, dado el sostenimiento de precios, influyen en el uso de insumos y abordan el fomento del consumo de productos alimenticios.
Sostenimiento de Precios
El sostenimiento de precios se proporciona ya sea solo a través de medidas aplicadas en la frontera o de medidas aplicadas en la frontera combinadas con acuerdos de precios internos (por ejemplo, precios de adquisición, precios mínimos garantizados, precios meta). En algunas oportunidades, una política aplicada en la frontera (por ejemplo, una limitación a las exportaciones) que reduce los precios agrícolas en un esfuerzo por mantener los precios internos de los alimentos al alcance de los consumidores se compensa parcialmente mediante precios administrados, lo que permite que los precios agrícolas se eleven en cierta medida. Sin embargo, habitualmente la medida aplicada en la frontera (por ejemplo, aranceles) se complementa con precios administrados, de modo que los precios al consumidor pueden ser más altos que los respectivos precios mundiales.
Dependiendo de la combinación de políticas aplicadas en la frontera y de políticas de precios internos, diversos grupos de la sociedad pueden encontrar que su seguridad alimentaria se ve afectada en forma distinta. Así, los acuerdos que llevan a precios internos de mercado más altos benefician a los agricultores y golpean a los consumidores. Este impacto puede mitigarse mediante la aplicación de políticas de ayuda para los productos alimenticios nacionales (por ejemplo, racionamiento, establecimientos comerciales con precios justos, transferencias de ingresos a los pobres), pero sólo a un costo considerable para el presupuesto, algo muy poco probable en los países más pobres y carentes de seguridad alimentaria. El hecho de mantener precios mundiales para el consumidor pero pagar subvenciones a los agricultores constituye también una carga para el presupuesto gubernamental, pero se puede compensar en cierta medida en el caso de los productos alimenticios importados con las sumas recaudadas por concepto de derechos de importación.
La situación para los productos de exportación es similar a la de los bienes importados. En el pasado, las exportaciones estaban con frecuencia sujetas a impuestos para ayudar a mantener bajos los precios internos (por ejemplo, la política del arroz de Tailandia en los años setenta y el impuesto de tasa variable a las exportaciones de aceite de palma de Indonesia), pero normalmente a expensas del bienestar de los agricultores que, en muchos casos, pueden ser más pobres que el consumidor urbano. En contraste, las políticas que promueven las exportaciones mediante subvenciones pueden incrementar el ingreso agrícola pero a expensas del presupuesto gubernamental y de los consumidores. Las subvenciones a las exportaciones se pueden utilizar para promover el acceso al mercado y también son una opción útil para encontrar una salida a de excedentes atípicos en años de buenas cosechas[12]. Aun cuando su uso es relativamente generalizado en los países desarrollados, la mayoría de los países en desarrollo no recurre al uso de subvenciones a las exportaciones.
A pesar de todas las complicaciones para la seguridad alimentaria que implica la aplicación de una política activa de precios, cabe señalar que respecto de los productos alimenticios importados una combinación de aranceles para mantener los precios agrícolas y el uso de los ingresos por concepto de aranceles a las importaciones para financiar las políticas de ayuda para los productos alimenticios nacionales puede ser compatible con las normas de la OMC y eficaz en términos de reducción de la pobreza rural y de la inseguridad alimentaria. Sin embargo, determinar si las sumas de dinero así recaudadas serían adecuadas para hacer frente a la amplitud de la inseguridad alimentaria de los consumidores a nivel nacional en los países más pobres es una materia dudosa y lo más probable es que se requerirían recursos adicionales para lograr el justo equilibrio. Todas las demás políticas analizadas a continuación tienen un costo que en muchos casos puede ser prohibitivo.
Subvenciones a los insumos
Las subvenciones a los insumos se utilizan con frecuencia para compensar los bajos precios de los productores. En general, estas se aplican a productos tales como fertilizantes, semillas y combustible. Sin embargo, si no se focaliza, su uso puede pasar por encima de los productores pobres y puede llevar a traspasos ineficientes a agricultores de mayores recursos. La efectividad de las subvenciones focalizadas está demostrada por los aumentos en la producción de maíz de Malawi, cuando a principios de la década de los noventa los precios de producción se liberalizaron y se re-introdujeron subvenciones a los fertilizantes. El resultado fue un aumento del 70 por ciento en la producción de maíz del sector de pequeña escala y un aumento considerable en el uso de fertilizantes[13].
La facilitación de la compra de stock de capital fijo (como maquinaria importada e instalaciones de almacenamiento en terreno) puede mejorar la productividad y reducir las pérdidas post-cosecha. Entre los ejemplos se incluye el Programa de Inversión Agrícola de Zambia que proporciona (con la colaboración de donantes) asignaciones de ajuste a grupos de agricultores para la construcción de infraestructura en terreno).
Si bien la inversión en infraestructura no está actualmente sujeta a la inclusión a la MGA, ésta frecuentemente provee una forma de subvención a los productores. Por ejemplo, en Sri Lanka, la construcción y la manutención de las instalaciones de irrigación son gratuitas para los campesinos. Se ha estimado que los subsidios a la irrigación representaban en 1995 el 3 por ciento del valor total de la producción de arroz en cáscara. En Egipto, la adopción de una tecnología avanzada en materia de irrigación es considerada clave para mejorar la eficiencia en el uso del agua[14]. La inversión en infraestructura también puede ser destinada a objetivos de conservación. En Sudáfrica, por ejemplo, la ley sobre la conservación de recursos agrícolas ha previsto el otorgamiento de préstamos subsidiados o a bajo interés.
Intervención para corregir errores institucionales
Cuando los mercados no funcionan bien, por ejemplo, en caso de información deficiente del mercado, de situación monopolista o monopsónica, de coyuntura o interferencia política, puede no producirse la respuesta de suministro esperada. En este caso, la promoción y/o el fortalecimiento de las instituciones que regulan el acceso de los productores más pobres a los mercados de insumos y productos pueden resultar muy útil con un costo relativamente bajo para el gobierno. El fortalecimiento de las instituciones de crédito al influir en los incentivos que enfrentan los intermediarios del mercado y financiar sus costos, puede dar como resultado el suministro de un financiamiento estacional más confiable[15]. La tenencia de la tierra y las instituciones de financiamiento rural son a menudo bastante importantes; la primera, por cuanto permite el acceso a tierras más productivas, la inversión en la tierra, mejores decisiones sobre el uso de la tierra y mayores enlaces de consumo, las segundas, por cuanto promueven la inversión, en particular en insumos estacionales[16]. En general, es posible proporcionar capacitación, instituciones y marcos reguladores mejorados, pero podrían requerir subvenciones para su funcionamiento inicial.
Políticas de consumo de alimentos
Una de las políticas de seguridad alimentaria más ampliamente utilizada a través de los años ha sido la ayuda para las existencias públicas de productos alimenticios. Para ser compatible con el Acuerdo sobre la Agricultura, los volúmenes y la acumulación deben corresponder a metas predeterminadas relacionadas únicamente con seguridad alimentaria. Las compras de alimentos por parte de los gobiernos se deben efectuar al precio de mercado vigente, y las ventas de las existencias deben hacerse a un precio no inferior al precio interno vigente en el mercado respecto del producto y de la calidad en cuestión. En el caso de los países en desarrollo, las existencias pueden ser adquiridas o liberadas a precios administrados, siempre que se rinda cuenta de la diferencia entre el precio administrado y el precio externo de referencia en el cálculo de la MGA. De hecho, esto no constituye ningún tratamiento especial ya que cualquier país puede aplicar esta política en la medida en que el gasto asociado no esté contabilizado en su MGA.
Estos sistemas conllevan costos adicionales para el gobierno en términos de acumulación, almacenamiento, control de precios y distribución. La promoción del almacenamiento privado y el mercadeo - por ejemplo, mediante reducción de las barreras de ingreso, mejoramiento de la infraestructura y de la información de mercado - pueden proporcionar un mecanismo para traspasar esos costos.
Aunque se utilizaron ampliamente en el pasado, estas políticas han sido sometidas más recientemente a un minucioso examen crítico debido a sus costos relativamente altos. Sin embargo, en situaciones en que la disponibilidad física de alimentos está en riesgo, esas existencias en conjunto con las políticas comerciales pueden tener una valiosa función.
El suministro de alimentos - o de medios que permitan a los beneficiarios que cumplan los requisitos comprar alimentos - a precios de mercado o subvencionados no está sujeto a las normas de la OMC esencialmente porque no perjudica los exportadores puesto que refuerza los intercambios comerciales. Aunque la fuga se puede reducir mediante la focalización, esto está generalmente asociado a costos administrativos más altos. La eficacia de las subvenciones a los consumidores depende frecuentemente del tipo de producto alimenticio escogido. Por ejemplo, en Brasil 1 dólar EE.UU. gastado en pan subvencionado traspasó alrededor de 0,18 dólares EE.UU. a los consumidores de bajos ingresos, en tanto que la misma suma gastada en legumbres traspasó cerca de 0,39 dólares EE.UU.[17]. La aplicación de subvenciones a niveles inferiores puede mejorar la efectividad de una subvención a los productos alimenticios.
Hay una serie de otras políticas aplicadas para proporcionar redes de seguridad alimentaria en los países en desarrollo. Entre los ejemplos se incluyen los programas focalizados de empleo - o alimentos a cambio de trabajo - que también pueden crear activos tales como caminos de acceso rural, instalaciones de almacenamiento e infraestructura de riego. Sin embargo, el costo es a menudo elevado y es necesario considerar la escasez de recursos económicos de los países en desarrollo al establecer los criterios para dichos programas.
3. Logro de los objetivos de seguridad alimentaria: distorsión versus efectividad
El análisis precedente indica que es posible utilizar diversos instrumentos normativos para aumentar la producción en respaldo de los objetivos de seguridad alimentaria en los países en desarrollo. El punto central es entonces identificar los mecanismos para aumentar la ayuda para la producción interna en una forma eficaz considerando las restricciones nacionales existentes y, al mismo tiempo, mantener la opción de aplicar medidas más costosas si se dispone de mayores recursos en el futuro.
Los criterios frente a los cuales evaluar las medidas normativas alternativas son la eficacia, la efectividad, el costo y la equidad. La eficacia dice relación con los cambios en el volumen de comercio resultante de cualquier cambio en la producción interna y el impacto en el nivel y en la variabilidad de los precios de mercado nacionales o mundiales. La efectividad dice relación con el impacto en la seguridad alimentaria a nivel nacional y doméstico en el corto plazo, y con la medida en que promueve el desarrollo rural en términos más generales y, por consiguiente, la seguridad alimentaria en el largo plazo. Los costos de las distintas políticas se pueden evaluar en términos de la carga para el gobierno así como para los consumidores y productores. El impacto en la equidad considera el grado en que las diferentes medidas se focalizan en los consumidores y en los productores pobres.
La mayoría de las políticas tendrán algún impacto en los volúmenes de comercio, ya sea directamente o mediante la entrega de incentivos mejorados a los productores nacionales. Sin embargo, al determinar la importancia del efecto relativo de las políticas en el comercio, es necesario considerar el "tamaño" de un país o grupo de países en los mercados mundiales. Se supone que los países con inseguridad alimentaria, incluidos los PMAD, serán por lo general demasiado pequeños para provocar alguna distorsión en la mayoría de los mercados de productos agrícolas básicos. De no ser éste el caso, sería válido recurrir al tipo de tope de participación en el mercado, previsto en el Artículo 27 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.
Además del tipo de tope de las participaciones en el mercado sugerido precedentemente, se plantea el interrogante de excluir o no de las exenciones hechas sobre la base de la seguridad alimentaria aquellos países en desarrollo que no pertenecen ni al grupo de los países menos adelantados ni a los que carecen de seguridad alimentaria, y que poseen sectores agrícolas competitivos de gran escala produciendo importantes proporciones de sus exportaciones o sustitutos de las importaciones. Se han desarrollado diversas tipologías de países en desarrollo considerando el impacto de la liberalización del comercio, pero ninguna investiga la estructura de la agricultura en estos países[18]. Como se demostró anteriormente, el aporte de la agricultura al desarrollo rural y, en consecuencia, a la seguridad alimentaria en el largo plazo es significativo y, por lo tanto, puede argumentarse que las exenciones deben hacerse no sobre la base de la posición comercial neta o de la estructura agraria de un país, sino sobre su nivel actual de desarrollo en función de su grado de inseguridad alimentaria.
En términos de su impacto sobre la seguridad alimentaria, las políticas de precio pueden tener efectos mixtos, según se analizó precedentemente, dependiendo de si la población con inseguridad alimentaria está conformada principalmente por productores netos o consumidores netos de alimentos, dados los desembolsos presupuestarios frecuentemente altos que se requieren para conciliar los distintos intereses. Por lo tanto, probablemente se preferirán medidas normativas que promuevan las mejoras de la productividad sin efecto adverso sobre los consumidores. Las subvenciones a los insumos, si están dirigidas a productos específicos, pueden ser menos costosas pero pueden distorsionar el uso de los recursos. Sin embargo, dichas distorsiones deben ser evaluadas a la luz de los beneficios que pueden resultar de un aumento en la oferta de un producto que contribuye en forma substancial a la seguridad alimentaria. Las intervenciones para corregir las fallas del mercado parecen proporcionar oportunidades de bajo costo para mejorar la seguridad alimentaria a nivel nacional y doméstico, tanto en el corto como en el largo plazo, en particular cuando eliminan las distorsiones que atentan contra la producción. Las medidas aplicadas en la frontera y el sostenimiento de los precios de mercado son probablemente relativamente injustos en cuanto a que la política de comercio favorece a los productos básicos comercializados y, por lo tanto, a los agricultores más prósperos. Las subvenciones a los bienes no comerciables y a los insumos tienen un impacto más equitativo en la seguridad alimentaria a nivel micro.
En resumen, las medidas utilizadas para fortalecer a las instituciones que regulan el acceso a los insumos, que pueden estar asociadas a la entrega de subvenciones a los insumos, ofrecen la posibilidad de mejorar la seguridad alimentaria de la manera más eficaz en función de los costos y no distorsionante. Las políticas implementadas para respaldar la producción de productos alimenticios nacionales son probablemente preferibles a aquéllas que se centran en los productos exportables. Cuando se requieren, las medidas que proporcionan incentivos mejorados a los productores mediante los precios de salida, probablemente se implementan de manera más efectiva con medidas aplicadas en la frontera que con subvenciones a los precios de salida, cuya administración es más compleja. Sin embargo, el mayor impacto de los incentivos al productor sobre los precios a los consumidores puede limitar su aplicación si no son compensados con puntuales subsidios al consumo. Una combinación inteligente de estas medidas será la manera más apropiada de alcanzar los mejores resultados en términos de eficiencia, de efectividad, de costos y de capital social.
4. Mayor flexibilidad en las políticas de los países en desarrollo
El análisis precedente entrega evidencias suficientes para una aplicación más amplia de políticas que promuevan la agricultura de los países en desarrollo con miras a mejorar su situación de seguridad alimentaria. ¿Sin embargo, en qué medida puede ser esto compatible con un Acuerdo sobre la Agricultura renegociado?
Varias proposiciones recientes de los países desarrollados apuntan a restringir los criterios de exención. Estados Unidos propone una diferenciación simple de la ayuda entre medidas que distorsionan y que no distorsionan el mercado, y el establecimiento de los criterios respecto de estas últimas a fin de garantizar que sean focalizadas, transparentes y que efectivamente no distorsionen el comercio. Noruega sugiere que las políticas incluidas en el cálculo de la MGA se dividan en dos categorías consistentes en i) ayuda interna para la producción destinada al mercado nacional, la que estaría sujeta a compromisos de reducción menos rigurosos y ii) respaldo para la producción destinada a la exportación (incorporado en el cálculo de la MGA), lo que estaría sujeto a mayores restricciones. En contraste, la mayoría de los países en desarrollo, en particular la India, exige exenciones que respondan más a las necesidades específicas de los países en desarrollo[19].
Aunque una clasificación de las medidas conforme a las líneas propuestas por EE.UU. o Noruega podría proporcionar mayor claridad y menos posibilidades de violación dentro de los mecanismos existentes del Acuerdo sobre la Agricultura, se pueden exponer argumentos en favor de un mecanismo más flexible a disposición de los países en desarrollo, que reconozca diferencias fundamentales entre estos últimos en sus objetivos de seguridad alimentaria. Al reconocer que no todos los países en desarrollo enfrentan el problema de la seguridad alimentaria y que al mismo tiempo se presume que todos los países en desarrollo necesitan promover su desarrollo agrícola, se pueden considerar dos tipos distintos de respuesta en cuanto a políticas en las negociaciones de la OMC:
(a) Los países en desarrollo que carecen de seguridad alimentaria podrían obtener las mismas exenciones aplicables a los PMAD, permitiéndoles aumentar su MGA respecto de los productos básicos esenciales para la seguridad alimentaria, a menos que esto conduzca a una participación en el mercado mundial de alguno de estos productos básicos por sobre un determinado nivel conforme a los lineamientos del Artículo 27 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.
(b) Todos los demás países en desarrollo podrían aumentar su nivel de minimis (quizá restringido a productos básicos esenciales para la seguridad alimentaria) a un nuevo nivel concertado y ampliar las subvenciones a los insumos e inversiones para todos los agricultores que produzcan productos básicos esenciales para la seguridad alimentaria. También, re-negociar la unificación de aranceles para cultivos de productos alimenticios sin hacer las respectivas concesiones en otros lugares, o bien respaldar el acceso a una Cláusula de Protección Especial para productos alimentarios básicos.
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[4] Preparado por la
División de productos básicos y comercio sobre la base de un
documento más extenso elaborado por Richard Pearce y Jamie Morrison para
la Mesa Redonda de la FAO sobre la Seguridad Alimentaria en el Contexto de las
Negociaciones de la OMC sobre Agricultura, Ginebra, 20 de julio de
2001. [5] OCDE (2001), “Issues at Stake in Agriculture for Emerging and Transition Economies in the Multilateral Trade Negotiations” COM/AGR/APM/TD/WP, 2000, 24. París. [6] FAO (2000). Agricultura, comercio y seguridad alimentaria: cuestiones y opciones para las negociaciones de la OMC desde la perspectiva de los países en desarrollo. Roma, Vol. II, Estudios de casos de países, Parte I, p.4. [7] Kydd, J., Dorward, A., Morrison, J.A. y Cadisch, G. (2001), The Role of Agriculture in Pro Poor Economic Growth in Sub Saharan Africa. Documento preparado para el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido. [8] La capacidad para ir tras los objetivos del desarrollo rural como forma de aumentar la seguridad alimentaria es un tema central en muchas proposiciones recientes. La proposición de la India exige flexibilidad adicional para proporcionar subvenciones a los insumos agrícolas “en que los niveles de productividad están por debajo del promedio mundial”. Además, sugiere que las “medidas adoptadas por los países en desarrollo miembros para la mitigación de la pobreza, el desarrollo rural, el empleo rural y la diversificación de la agricultura deben estar exentas de todo compromiso de reducción” (Véase el documento G/AG/NG/W/102 de la OMC, 15 de enero de 2001, pp. 3-41). De manera similar, Cuba y otros proponen “ayudas para mejorar la competitividad y expandir la capacidad de producción interna de los países en desarrollo”. Al exigir la creación de un “Compartimiento de Desarrollo”, la proposición de Cuba y otros sugiere exenciones para las medidas que protejan y aumenten la capacidad de producción interna de alimentos de los países en desarrollo, en particular respecto de productos esenciales. [9] FAO (2000), El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación; 2000, Roma. [10] En efecto, hay una gran diferencia entre los aranceles aplicados y los aranceles consolidados en los países en desarrollo. Véase, por ejemplo, OMC (2000), Comité de Agricultura (Reuniones Ordinarias), Visión de la Asamblea General de las Actividades de la OMC. G/L/417. Ginebra. [11] Se demostró que los países necesitan un aumento de sus ingresos en divisas extranjeras de más del 1 por ciento para financiar un incremento del 1 por ciento de las importaciones de alimentos. Véase, por ejemplo, Food Security Assessment, USDA Economic Research Service. Situation and outlook series GFA-11, Washington DC, 1999. [12] Por ejemplo, Marruecos ha experimentado un problema en sus compromisos de la MGA respecto del uso de una subvención de almacenamiento para poder disponer de las buenas cosechas, el cual podría haberse superado si se hubiera recurrido a subvenciones a las exportaciones. [13] Pearce, R. (1997)“Incentive policies for domestic small-scale agricultural production” . En: Konandreas, Lindland, Pearce y Wilkin (eds). The Uruguay Round and Agriculture in Southern Africa: Implications and Policy Responses. FAO, Roma. [14] Véase la fuente de la FAO citada en la nota 3, Parte 2, p.119. [15] Para una revisión completa, véase Dorward, A.R., Kydd, J. y Poulton, C. (1998). “Smallholder Cash Crop Production under Market Liberalisation: A New Institutional Economics Perspective”. Wallingford, CAB International: 56-112. [16] Dorward, A. y Morrison, J. (2000) Lessons for LDCs on Agricultural Development Experience of the past 30 years.Imperial College at Wye, documento preparado para FAO. [17] Reutlinger, S. (1987). The nutritional impact of agricultural projects. En Gittinger, J. P., Leslie, J. y C. Hoisington (eds.). Food Policy: Integrating supply, distribution and consumption. EDI Series in Economic Development. Johns Hopkins Press for the World Bank, Washington, D.C. [18] Ver, por ejemplo: i) Díaz-Bonilla, E., Thomas, E., Robinson, S. y Cattaneo, A. (2000). Food Security and Trade Negotiations in the World Trade Organization: A Cluster Análisis of Country Group. División del comercio y de la macroeconomía. Documento de Análisis No. 59, Washington, D.C.; y ii) Valdés, A. y McCalla, A. (1999). Issues, Interests and Options of Developing Countries, documento presentado en la conferencia sobre Agricultura y la Nueva Agenda del Comercio desde una Perspectiva del Desarrollo: Intereses y Opciones en las Negociaciones de la OMC 2000, Ginebra, Suiza. [19] Véase las declaraciones de estos tres países contenidas respectivamente en los documentos de la OMC G/AG/NG/W/32, 182 y 114. |
