Anexos

Anexo 3: Narrativas de los casos

Ganadería Climáticamente Inteligente en Ecuador

Antecedentes

El sector ganadero es el segundo que más gases de efecto invernadero emite en Ecuador. Los productores aplican prácticas de manejo poco sostenibles y emplean tecnologías que muchas veces profundizan el ciclo de degradación de la tierra, generan más emisiones y aumentan su vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático.

En respuesta a este escenario, el gobierno ecuatoriano -con el apoyo técnico de la FAO, y apoyo financiero del GEF- implementó el programa Ganadería Climáticamente Inteligente (GCI), que tuvo como objetivo ayudar a conservar el suelo, fortalecer la capacidad adaptativa y bajar las emisiones del sector.

El plan se llevó a cabo mediante políticas intersectoriales y prácticas de ganadería sostenible en siete provincias vulnerables del país: Guayas, Manabí, Santa Elena (Costa), Imbabura, Loja (Sierra), Napo y Morona Santiago (Amazonía).

Implementación

El proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente en Ecuador se implementó a través de políticas intersectoriales y acciones en campo con productores. A esto se sumó el desarrollo de herramientas web para la cuantificación y monitoreo de GEI y de Riesgo Climático (RC) a nivel de finca, lo que permitió a los productores conocer el impacto ambiental y productivo de la aplicación de buenas prácticas ganaderas.

La implementación de prácticas por el proyecto se realizó bajo un modelo de cofinanciamiento, es decir, que el financiamiento se divide en aportes de los productores (50%), ministerios y gobiernos autónomos descentralizados (20%) y el proyecto GCI (30%). Los resultados iniciales permitieron un aumento progresivo de la participación financiera de los ganaderos y un incremento en la superficie influenciada, ya que luego fueron ellos, con sus propios recursos, los que continuaron con la ampliación del enfoque en el resto de sus propiedades.

Ante la positiva evolución de la iniciativa y la obtención de múltiples beneficios derivados de la aplicación de medidas de GCI, se sumaron más recursos externos para el escalamiento de las prácticas, por medio de gobiernos locales, siete cajas comunales para préstamos, emprendimientos locales (dos centros de servicios agropecuarios) y una Línea de Crédito Verde Ganadera implementada en colaboración con BanEcuador. A la fecha, están previstas 161 operaciones crediticias (por 1,5 millones de dólares y una reducción potencial de 1 500 toneladas de CO2 eq.). El mecanismo financiero impulsado por BanEcuador incorpora herramientas tecnológicas para la cuantificación de emisiones de GEI y RC a nivel de finca. Hasta ahora, 52 operaciones han sido aprobadas por un monto de 395 514 dólares.

Además, la activa participación de los Ministerios de Agricultura y de Ambiente, de manera coordinada, tanto a nivel nacional como provincial, ha facilitado la implementación del enfoque GCI a través de la celeridad en la toma de decisiones.

Beneficios

A través de la aplicación de buenas prácticas impulsadas por este proyecto, se lograron diversos beneficios en las 40 288 hectáreas cubiertas. Por ejemplo, hubo un incremento promedio de productividad lechera de un 40% y de ingresos desde un monto inicial de 3,15 dólares diarios por animal ordeñado, a 4,50 dólares. Se mejoró la alimentación del ganado a través de un manejo adecuado de los pastos y de suplementación alimenticia, lo que se tradujo en menores costos para los productores.

En términos ambientales, las buenas prácticas permitieron reducir las emisiones de GEI en un 20,4%. El paisaje productivo se volvió más armónico, mejoró la salud de los ecosistemas gracias a un mejor manejo de pastos, suelos y residuos, un uso más eficiente del agua y una menor deforestación.

Adicionalmente, se logró un aumento de la capacidad adaptativa y una reducción de la vulnerabilidad climática de los ganaderos. Gracias a estos beneficios, otras 871 fincas adoptaron buenas prácticas ganaderas bajo el enfoque GCI por iniciativa propia. Esto se suma a los 1 036 productores beneficiados originalmente por el proyecto.

Factores Críticos

En cuanto a los factores críticos para el escalamiento del enfoque, los más desafiantes tuvieron relación con el acceso a información y a la creación de capacidades para la implementación de buenas prácticas ganaderas por parte de los productores, así como con la liquidez necesaria para hacer frente a las inversiones necesarias.

La creación de un Crédito Verde, impulsado por BanEcuador, ha generado complejidades administrativas y, sobre todo, la necesidad de que exista acceso a información difícil de obtener, para hacer monitoreo del cumplimiento de los compromisos financieros y de los efectos de las buenas prácticas. Esto fue compensado en parte con la adopción de herramientas tecnológicas que acercan los datos de cuantificación de emisiones de GEI y de RC a los productores y al banco, diseñadas con el apoyo de Telefónica. Estas herramientas permiten a BanEcuador tener información actualizada sobre el cumplimiento de las condiciones de endeudamiento, facilitando el desarrollo de créditos verdes.

Otra dificultad ha sido que la aplicación de buenas prácticas precisa de cambios en las técnicas que los ganaderos han aplicado durante largo tiempo, lo que puede provocar desajuste cultural, complejizando el proceso de aprendizaje y adopción. La medida que más ha ayudado a superar esta barrera ha sido una adecuada estrategia para llevar a cabo la intervención, basada en mayor participación y un enfoque de género, permitiendo que los ganaderos comprendan su problemática y planteen de manera autónoma soluciones adecuadas a cada zona de intervención y cultura.

Energías limpias y eficiencia energética en la agroindustria en México

Antecedentes

En respuesta a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y al Acuerdo de París, y como parte de sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), México se comprometió en 2015 a rebajar en un 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2030.

Entre los sectores determinantes para lograr la meta se identificaron la agricultura y la industria, incluyendo la agroindustria. El sector agrícola primario contribuía entonces con cerca del 12% de las emisiones del país y el industrial, en su conjunto, con aproximadamente el 17%, con una participación menor de la agroindustria (INECC, 2018a).

Entre las medidas de mitigación priorizadas por el gobierno mexicano estuvieron la instalación y operación de biodigestores, el auto abastecimiento de energía limpia y un mayor uso de combustibles limpios en la industria, además de la promoción de la eficiencia energética en general. En el marco de este proyecto, el gobierno -a través de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)- impulsó un plan de fomento de tecnologías eficientes y bajas en emisiones de carbono en el sector agrícola y agroindustrial, lo que demostró ser beneficioso para los actores involucrados (INECC, 2018b).

El sector logró una reducción de sus emisiones, a través de la adopción de tecnologías de eficiencia energética y de fuentes de generación renovables. Las tecnologías promovidas incluyeron biodigestores, paneles solares, energía solar térmica para calentar agua, turbinas, bombas de agua solares, motores-generadores, equipos de eficiencia energética (como enfriadores solares para leche) y obras de interconexión a la red de transmisión eléctrica.

Los principales beneficiarios que implementaron las tecnologías promovidas por el proyecto fueron agronegocios, mayormente empresas pequeñas y medianas. Estos agronegocios pertenecen a giros diversos, como producción de ganado de vacuno, porcicultura, avicultura, centros de procesamiento de carne e industrias agroprocesadoras.

Implementación

El proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en México se implementó durante ocho años, entre 2009 y 2018, con apoyo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF o Banco Mundial), el GEF, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México. El Objetivo de Desarrollo del Proyecto fue “promover la adopción de tecnologías ambientalmente sostenibles en la agroindustria”. El Objetivo de Medio Ambiente Mundial fue “contribuir a los objetivos de la Estrategia Nacional de Tecnologías de Cambio Climático”.

Las principales medidas del proyecto incluyeron la movilización de inversiones para facilitar la adopción de nuevas tecnologías (particularmente de emprendimientos de micro, pequeña y mediana escala), además de importantes gestiones para la creación de un marco normativo habilitador, un mayor fortalecimiento institucional y la generación de capacidades en actores clave para fomentar el desarrollo de las tecnologías, conforme a la regulación del sector energético y las condiciones del sector agrícola. Estas bases dieron paso al surgimiento de un mercado local de estas tecnologías para los agronegocios, en el que se fueron posicionando proveedores locales de equipos y servicios, además de opciones privadas de financiamiento.

El proyecto apoyó un total de 2 286 subproyectos de inversión desarrollados e implementados por 1 942 agronegocios. Cada subproyecto correspondía a una tecnología de energía renovable o de eficiencia energética entre las categorías financiadas por la iniciativa. El proyecto contribuyó directamente a la adopción de 2 238 tecnologías generadoras de energía renovable y de eficiencia energética, así como a la implementación de 48 obras de interconexión a la red de transmisión eléctrica.

En algunos casos, los agronegocios implementaron más de una tecnología, teniendo en cuenta su complementariedad, como, por ejemplo, moto-generadores, biodigestores y conexión a la red. Los agronegocios con subproyectos aprobados firmaron un contrato con FIRCO, especificando el plan de implementación y el financiamiento.

Para fomentar la adopción de las tecnologías de generación de energía limpia y de eficiencia energética, el proyecto proporcionó una subvención de contrapartida de hasta un 50% del costo total del subproyecto. De las tecnologías implementadas por el proyecto, las categorías de mayor demanda fueron: sistemas fotovoltaicos (738), biodigestores (419), equipos de eficiencia en bombeo de agua (389) y de eficiencia energética (318).

La adopción y sostenibilidad de las tecnologías de eficiencia energética y de energías renovables ha continuado en el tiempo gracias, principalmente, a la viabilidad financiera y al desarrollo progresivo de un entorno favorable.

Beneficios

El proyecto trabajó en una definición metodológica y una mejora de los mecanismos de monitoreo, verificación y reporte, para evaluar las toneladas de CO2 eq. mitigadas, de acuerdo con directrices nacionales e internacionales. La iniciativa redujo las emisiones en 6 millones de toneladas de CO2 eq. durante los ocho años de implementación. Se estima que el proyecto aportará una disminución neta de emisiones de GEI de 21,7 millones de toneladas de CO2 eq.

Se identificó una variedad de otros beneficios, tales como una menor contaminación del agua, del suelo y del aire, así como una disminución de plagas y enfermedades y un aumento en la sanidad e inocuidad de los sistemas, debido a una mejor gestión de procesos y residuos. Esto redujo las multas a los agronegocios y evitó el cierre de unidades productivas, además de mejorar la calidad de vida de las comunidades.

En algunos casos, como el de los biodigestores de fincas ganaderas, se observaron mejoras en el paisaje, los ecosistemas y los servicios ecosistémicos (particularmente mayor calidad ambiental de lagunas de lixiviado que, en algunos casos, se convirtieron incluso en refugios de flora y fauna silvestre). Todo esto impactó positivamente en la salud y el bienestar de las personas en las unidades productivas y las comunidades aledañas.

Se llevó a cabo una evaluación financiera (de las inversiones desde la perspectiva de los beneficiarios) y económica (desde la perspectiva de la sociedad, considerando beneficios de reducción de emisiones de GEI). Todas las categorías de tecnologías promovidas por el proyecto -tanto de eficiencia energética, como de energías renovables- resultaron financieramente viables, promediando aproximadamente un Valor Presente Neto (VPN) de más de 100 000 dólares por tecnología financiada, y una tasa interna de retorno (TIR) del 36% (el universo incluye la implementación de las 2 238 tecnologías de eficiencia energética y de generación de energía renovable, así como supuestos robustos sobre costos de mantenimiento y de operación, aplicando una tasa de descuento del 10%).

Como proyecto, la inversión resultó económicamente rentable para la sociedad en su conjunto, con un VPN de 571 millones de dólares y una TIR del 63% (con una tasa de descuento del 10%, un horizonte de evaluación de 25 años y aplicando un valor económico alto a la reducción neta de 21 686 898 toneladas de CO2 eq., conforme los lineamientos adoptados por el Banco Mundial en 2017).

Las intervenciones presentaron una tasa interna de retorno financiero de un 36% y una tasa interna de retorno económico de un 63%, lo que se sumó a una significativa reducción del flujo de emisiones netas de GEI, derivadas del ahorro de energía y de la sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables.

A medida que se fortalezcan las políticas respecto del cambio climático y las reformas que promueven la mitigación, como los cambios en el sector energético y el agrícola que incluyeron la eliminación de distorsiones y criterios de eficiencia, resiliencia y sostenibilidad, las tecnologías promovidas reportarán mayores ingresos o menores costos a los emprendimientos. Entre las diversas opciones impulsadas, los biodigestores destacaron como una altamente prometedora para un escalamiento en el sector y fue identificada como una de las medidas claves de mitigación.

Factores críticos

Un desafío para la implementación del plan fueron los requerimientos iniciales de inversión en capital físico, asociados a la adquisición de equipos y a las necesidades de formación de capacidades para su uso y mantenimiento. Estas fueron superadas gracias al proyecto, que proporcionó préstamos y capacitaciones a los beneficiarios, e impulsó la formación de un mercado local que provee insumos y servicios a un costo cada vez menor.

Otra barrera de relevancia fue la necesidad de modificar los marcos regulatorios y normativos existentes. En marzo de 2017, la Comisión Reguladora de Energía estableció métodos para conectarse a la red, posibilitando la compraventa de energía por parte de nuevos actores. Esto representó un incentivo financiero para la adopción de estas tecnologías en el medio rural, con reducción de costos por eficiencia energética e incluso potenciales ingresos de venta de energía.

Una vez establecido este entorno favorable y desarrollado el mercado, el costo de inversión en activos fijos por parte del Estado ha ido decreciendo (de una manera en que no desincentiva la inversión privada), aunque ha debido mantener su rol de facilitador del entorno de negocios. En la actualidad, este rol se cumple a través de Fondos de Garantía con la Banca de Desarrollo para actividades que promueven el desarrollo sostenible del sector agrícola.

Las políticas de Estado para la acción climática, junto con los compromisos de desarrollo de México, siguen siendo un eje fundamental para continuar con la divulgación del uso de tecnologías de eficiencia energética y de energías renovables en el sector agroalimentario. El proyecto demostró la viabilidad económica, ambiental y social de las tecnologías y ayudó a crear una demanda y oferta a nivel nacional. Ahora, los sectores financieros están promoviendo la iniciativa, demostrando que, si el Estado fortalece la regulación y valoración ambiental, es posible generar mercados más resilientes, sostenibles e innovadores.

Manejo forestal comunitario en Guatemala y Colombia

Antecedentes

Las migraciones de agricultores hacia la Reserva de la Biósfera Maya (RBM) en Petén, Guatemala, aumentaron significativamente durante la década de 1990, en parte de desplazados internos por el conflicto armado en el país, creando una situación altamente desafiante para el Estado.

En ese contexto, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) decidió en 1994 promover en la Zona de Usos Múltiples de la RBM un manejo forestal comunitario como alternativa para la conservación del bosque y el desarrollo rural sostenible de las comunidades asentadas en la zona.

Tras 25 años de consolidación, tanto para las comunidades como para la CONAP, el modelo guatemalteco ha demostrado que es factible combinar objetivos de conservación con el desarrollo sostenible de las comunidades forestales, mediante la generación de múltiples beneficios socioeconómicos y ambientales que se retroalimentan.

El exitoso modelo guatemalteco sirve de referencia para el desarrollo del Programa de Forestería Comunitaria de Colombia (PFC), que también busca controlar y detener la deforestación, pero a la vez dinamizar las economías locales y mejorar los medios de vida de las comunidades.

Basándose en las experiencias y aprendizajes de la RBM, el PFC está procurando transferir algunos elementos del modelo al contexto forestal colombiano, en el caso de comunidades forestales indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Implementación

La experiencia en Guatemala está ampliamente documentada, es una referencia a nivel internacional del aprovechamiento y manejo forestal sostenible como alternativa para la conservación y para el escalamiento del modelo en otros contextos (FAO, 2018e). El Programa de Forestaría Comunitaria de Colombia (PFC) decidió apoyarse en esta experiencia y en otras de la región para acompañar a comunidades forestales indígenas, afrodescendientes y campesinas en zonas activas de deforestación para un aprovechamiento sostenible de sus recursos y un mayor desarrollo humano.

El PFC nace como parte de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (ENREDD+), cuyo proceso de preparación generó importantes espacios de consulta y participación de la población indígena, afrodescendiente y campesina en Colombia, logrando un fuerte involucramiento y apropiación de estos grupos en los procesos de desarrollo de política pública relativos al control de la deforestación y la gestión del bosque (García, Paz Rivera y Camacho, 2019). Asimismo, el PFC tiene como eje el fortalecimiento del capital social para permitir a las comunidades aprovechar sus recursos de manera sostenible, crear economías diversificadas y mejorar sus medios de vida y desarrollo humano.

Beneficios

Existe evidencia documentada de la relación positiva entre el plano socioeconómico y la conservación de bosque tropical bajo concesión en la Zona de Usos Múltiples de la RBM. En el primer ámbito, destaca la generación de ingresos por 5 millones de dólares anuales -o 3 810 dólares por socio-, 2 000 empleos permanentes, ahorro, creación de valor agregado e inversión en desarrollo social y productivo.

Respecto al plano ambiental, se logró una tasa de deforestación negativa (CONAP y WSC, 2018), una menor ocurrencia de incendios que en las zonas no concesionadas, una nula extracción ilegal de madera, la conservación de especies de alto valor comercial y un freno al avance de la frontera agrícola (Stoian et al., 2018).

Estos logros, que abarcan todo el espectro de beneficios analizado anteriormente, fueron fruto de un proceso en el que las comunidades transitaron un camino de empoderamiento, inclusión y progreso, pese a los grandes desafíos iniciales.

Factores críticos

Al igual que en Guatemala, el modelo de forestaría comunitaria comenzó en Colombia con un explícito reconocimiento de los derechos de aprovechamiento y manejo de recursos de la población local. En el primer caso se hizo mediante concesiones, mientras que en el segundo a través de una Asociación Comunitaria, que es una de las figuras vigentes en la normativa nacional, además de los permisos y autorizaciones de aprovechamiento.

El que la comunidad contara con derechos y responsabilidades claras, además de una mayor certidumbre, se considera un factor central del éxito en Petén, en cuyo caso el contrato con el Estado fue otorgado por 25 años. En Colombia, la autorización de aprovechamiento de recursos actualmente se otorga por un máximo de 10 años, lo que constituye una limitante que deberá ser abordada para el éxito de la iniciativa a mediano y largo plazo.

Otro elemento fundamental en el modelo de Petén fue que las comunidades desarrollaran capacidades para asumir sus derechos y responsabilidades. Por lo mismo, el fortalecimiento de capacidades organizativas, empresariales y técnicas representa un pilar central del apoyo que el PFC provee a los pilotos, dando respuesta a uno de los principales desafíos identificados para el escalamiento.

Aunque es previsible que los requerimientos por parte de las comunidades disminuyan con el tiempo, mantener un apoyo de largo plazo, con capacidad de ajustarse a la diversidad de desafíos que se presente, es un elemento que aún debe resolverse en el caso colombiano.

En Petén, se dio una convergencia muy importante de voluntad política y de múltiples actores de cooperación internacional, lo que permitió un apoyo contundente y perdurable en términos de recursos, permitiendo a las comunidades alcanzar un alto nivel de autonomía.

En el caso del PFC, todos los recursos fueron provistos por el Minambiente (con apoyo del programa de Desarrollo Local Sostenible (DLS) de la Unión Europea) y la FAO, el principal actor en el territorio. Tras los alentadores resultados de la primera fase del proyecto, el gobierno colombiano decidió ampliar el financiamiento y extender el programa a otras cinco zonas, para validar la metodología en contextos diversos del país (con resguardo de pueblos indígenas, consejos comunitarios de afrodescendientes y juntas de acción comunal de comunidades campesinas, entre otros).

El desarrollo de asociatividad de segundo nivel fue otra de las estrategias empleadas en Guatemala para contribuir al desarrollo de autonomía de las comunidades. Se propició la creación y fortalecimiento de la Asociación de Comunidades Forestales del Petén (ACOFOP) y de la Empresa Forestal Comunitaria (FORESCOM), lo que permitió a los concesionarios contar con figuras independientes de los ciclos de proyectos y cooperantes que, de manera permanente, se ocupan de sus necesidades, aportan bienes o servicios de utilidad común (infraestructura productiva, capacitación, movilización de recursos, incidencia política) y sirven como motores de innovación y desarrollo empresarial. En el caso de Colombia, esta construcción de asociatividad -o emprendimiento de segundo nivel- será necesaria y está pendiente. Dada la dispersión de los pilotos en el país, las diferencias en términos socioeconómicos y culturales entre territorios (indígenas, afrodescendientes y campesinos), y la existencia de diversas estructuras de gobernanza, Colombia deberá buscar una alternativa propia. Las Mesas Forestales Departamentales, que aglutinan a productores, sector privado y academia, podrían constituir una opción interesante.

Finalmente, es importante destacar la resistencia al cambio que se dio en Petén, especialmente de parte de actores externos a las comunidades involucradas en la cadena de producción de madera ilegal (rescatistas, intermediarios, y otros), que se espera se produzca también en Colombia desde el momento en que las comunidades piloto comiencen a sacar madera.

El proceso de forestería comunitaria constituye un cambio de paradigma radical en dos niveles: el paso de un aprovechamiento individual a uno colectivo, y la formalización del aprovechamiento forestal en el marco de la legalidad en zonas donde esto no ocurría. Esto conlleva un empoderamiento de la comunidad en la defensa de sus recursos, un mayor conocimiento y manejo de la cadena de producción forestal y de la ley, lo que implica la “expulsión” de los operadores ilegales.

Ante esta situación, y más aún considerando que varios de los pilotos se sitúan en zonas previamente en conflicto, la ampliación del financiamiento para el PFC debe destinar recursos a apoyar el desarrollo de las cadenas de valor forestales y sus diversos actores, en el marco de la legalidad.

Gestión ambientalmente adecuada de plaguicidas en Uruguay

Antecedentes

El crecimiento e intensificación del sector agrícola uruguayo en los últimos 20 años aumentó la presión sobre los recursos naturales y el uso de plaguicidas en los cultivos del país. El proceso ha sido identificado como un importante factor de degradación ambiental, con consecuencias en la salud de la población rural y en las oportunidades para los exportadores.

Ante este escenario, el Programa de Fortalecimiento de capacidades para una gestión ambientalmente adecuada de plaguicidas, que considera también Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), tuvo como objetivo principal incorporar alternativas al uso de estos químicos.

El plan se basó en el desarrollo de nuevas tecnologías, una mayor trazabilidad y un mejoramiento de las capacidades, con énfasis en la comunicación y en acuerdos con los actores involucrados.

Los resultados demostraron que la adopción de buenas prácticas agrícolas (BPA) y el menor uso de plaguicidas se traducen en beneficios económicos, técnicos y ambientales.

Implementación

La implementación del Programa de Fortalecimiento de capacidades para una gestión ambientalmente adecuada de plaguicidas puso el foco en actualizar los procesos productivos, el marco regulatorio y las capacidades institucionales. También se trabajó en crear una estrategia de validación y promoción de buenas prácticas y de alternativas al uso de plaguicidas que fueran posibles de implementar en el país, tanto en la agricultura extensiva (principalmente soya) como en la intensiva (horticultura y fruticultura).

Beneficios

A nivel de finca, la correcta combinación de las prácticas de manejo propuesta (para el principal cultivo, la soja) demostró que es posible reducir en hasta un 70% el uso de herbicidas, sin mermas en rendimiento ni aumentos de costos. Además, con monitoreo de los cultivos y la determinación de umbrales de daño (para decidir sobre el uso de insecticidas y de productos más selectivos y menos tóxicos), se logró disminuir en hasta un 12% el total de químicos utilizados en un ciclo de producción de soja.

En cuanto a la aplicación de medidas alternativas al uso de plaguicidas, se logró validar y posicionar con actores clave a nivel territorial y nacional diversas prácticas que no aumentan el costo de producción (y en algunos casos lo reducen). Estas prácticas permitieron bajar la presión generada por el uso de plaguicidas, disminuyendo la resistencia de las malezas a ciertos compuestos químicos y extendiendo, por lo tanto, la vida útil de los productos.

La aplicación de BPA en el uso de plaguicidas, o la introducción de alternativas, genera beneficios a nivel de sistema productivo debido a la reducción de las aplicaciones. Esto es importante además en términos sanitarios, por su efecto favorable en la salud de los trabajadores rurales y de los consumidores, así como en términos de impacto ambiental.

Se desarrolló una metodología para el monitoreo de restos de plaguicidas en cuencas hidrográficas, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales. Mediante su aplicación, se demostró la presencia de residuos químicos en la red hidrológica y la fauna.

Desde la perspectiva productiva, el frenar o ralentizar los procesos de acumulación de químicos en el ambiente, incluyendo el suelo agrícola, contribuye también a reducir los fenómenos de fitotoxicidad que los agricultores observan cada vez con más frecuencia en sus predios y, como consecuencia, a alargar la vida de los suelos. Por otra parte, la posibilidad de cumplir con estándares internacionales en términos del manejo y uso de plaguicidas puede implicar mayores ventas o posibilidades de exportación en el mediano plazo.

Con el propósito de mejorar el manejo ambiental en la actividad agrícola, el proyecto incluyó un Plan de Gestión para la Eliminación de Existencias Obsoletas que, por el principio de responsabilidad extendida³⁶, será ejecutado y gestionado por el sector privado y se sumará al Plan de Gestión para envases vacíos ya existente. A su vez, se impulsaron y validaron alternativas para la reducción del riesgo de contaminación ambiental por transporte, manipulación y eliminación de plaguicidas³⁷ adaptados a varios rubros.

En términos regulatorios, el proyecto desarrolló una serie de actualizaciones que, una vez aprobadas e implementadas, se traducirán en una reducción del impacto del sector en la salud pública y el ambiente. Entre ellas, se encuentra una mejora del “Registro de Plaguicidas”, con el fin de cumplir con estándares internacionales y mejorar sustantivamente la Evaluación de Riesgo Ambiental de los plaguicidas. En cuanto a su vinculo con la sociedad, los agricultores en Uruguay perciben una presión cada vez mayor respecto al impacto ambiental y sanitario de su actividad. En ese sentido, la aplicación de las medidas promovidas por la iniciativa les permitió contribuir a mejorar esta imagen.

Finalmente, es importante destacar que, luego de tres años de implementación, se logró posicionar el tema e integrar a la mayoría de los actores relevantes, desde el nivel nacional al territorial. En particular, el proyecto integró a organismos de investigación y desarrollo agrícola y a la academia como motores de multiplicación de conocimiento. La adopción de buenas prácticas incluyó procesos de formación de capacidades y de acompañamiento a los productores, dado que las técnicas aplicadas eran desconocidas para muchos de ellos.

Factores críticos

Respecto de los factores críticos para el escalamiento del proyecto, se identificó la adecuación cultural como uno de los más importantes. Existe una naturalización del uso de plaguicidas por parte de los productores, debido a una costumbre extendida por décadas y a que los ven como una solución que simplifica el trabajo. Si bien observan que estos ya no funcionan como antes, cuesta identificar el problema de fondo y visualizar alternativas.

Dado lo anterior, el proyecto inició su implementación con un estudio de percepción sobre plaguicidas que derivó en varias estrategias para generar una evolución en los comportamientos. En particular, se decidió trabajar con una lógica de propuesta de alternativas y no de reemplazo o eliminación.

Por otra parte, se identificó a “agricultores formadores de opinión” y se trabajó con ellos para demostrar la viabilidad técnica y financiera, además de las ventajas de aplicar estas innovaciones. Posteriormente, se puso énfasis en el trabajo con la academia y los institutos de investigación como agentes clave de transmisión de conocimiento y formadores de cultura productiva. También se realizó un trabajo con jóvenes agricultores que resultó muy provechoso, debido a su mayor sensibilidad ante los problemas ambientales y sanitarios.

En cuanto a los actores estatales, los objetivos planteados significaron un gran desafío debido a la desactualización de los registros, de la información, de los procesos y de la normativa. El financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) fue clave para resolver estas debilidades y abordar las diferentes áreas de mejora conjunta.

Aunque el proyecto incluyó importantes esfuerzos para el fortalecimiento de capacidades institucionales, la aplicación de todas las innovaciones a mediano y largo plazo requerirá un trabajo sostenido para difusión, acompañamiento de los actores en terreno, monitoreo y una necesaria fiscalización.

Otro desafío a nivel de Estado es que los plaguicidas se encuentran en la intersección de tres competencias sectoriales: agricultura, medio ambiente y salud. A pesar de los avances en el posicionamiento del tema y de la articulación entre actores, el alineamiento de objetivos, la coordinación y la coherencia interinstitucional son retos pendientes. En particular, se realizó una serie de reformas normativas para las etapas de almacenamiento, transporte, uso y aplicación, que está aún a la espera de su aprobación.

Gestión sostenible de la captura incidental en pesquerías de arrastre en el Caribe y Brasil

Antecedentes

Las pesquerías de camarón con arrastre de fondo representan una parte importante del total de las pesquerías en los países del proyecto y aportan al empleo, los ingresos locales, la seguridad alimentaria y la entrada de divisas. Sin embargo, este tipo de práctica también captura a una gran variedad de especies no objetivo. Esta captura incidental se compone principalmente de juveniles de especies objetivo de otras pesquerías, así como de peces pequeños, tortugas, tiburones y rayas.

Además, la pesca de arrastre de camarón puede causar la destrucción de hábitats sensibles del fondo marino, lo que genera un impacto en el ecosistema.

El proyecto de gestión de captura incidental buscó reducir los efectos negativos de la pesca de arrastre y lograr una pesca más sostenible de camarón en América Latina y el Caribe, mediante la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca (EEP).

En particular, se desarrollaron redes adaptadas con tecnologías específicas para reducir las capturas incidentales. Estas medidas se han desarrollado en varios países de la región y del mundo a través de proyectos sucesivos.

Este estudio de caso se enfoca en los progresos observados en aguas del Caribe, más específicamente en Suriname, Trinidad y Tobago, y Brasil.

Implementación

El proyecto de gestión de captura incidental buscó reducir el impacto de la pesca de arrastre en el ambiente, a través del uso de nuevas tecnologías pesqueras, cambios en los marcos normativos, la aplicación de un enfoque ecosistémico y una mejora en los medios de vida de las comunidades.

Una de las metas centrales fue la introducción de tecnología que modifica las redes con que se realiza la pesca de arrastre, al incluir uno o dos componentes que permiten la salida de peces y de otros animales que no son el objetivo principal de la actividad, como también de especies vulnerables o protegidas incluidas tortugas, tiburones y rayas. El diseño de los dispositivos y las pruebas experimentales se hicieron en conjunto con el sector, involucrando a los pescadores a lo largo del proceso.

El proyecto también buscó modificar los marcos regulatorios y los planes de ordenamiento pesquero en conjunto con las comunidades, para mejorar la gestión y promover el uso de las nuevas prácticas en los países de intervención. Por último, procuró generar estrategias que permitieran aminorar los costos de acceso a nuevas tecnologías para los pescadores.

Los alentadores resultados preliminares llevaron a que pescadores de Brasil, Trinidad y Tobago, y Suriname a sumarse de forma voluntaria y activa al desarrollo de las nuevas redes adaptadas. Además, en los tres países hay actualmente procesos legislativos en marcha para modificar las leyes de pesca o los planes de gestión de la pesca de arrastre, los que escalarían medidas impulsadas por el proyecto a nivel nacional.

Beneficios

La iniciativa generó beneficios económicos, ambientales y sociales. En primer lugar, las nuevas prácticas pesqueras redujeron la captura incidental en entre un 25 y 36%, sin afectar las de especies objetivo (generalmente camarón y especies demersales). En algunos casos, incluso, la eficiencia de las nuevas redes incrementó la captura de especies objetivo.

En cuanto a los beneficios económicos de las nuevas tecnologías, tanto en estudios experimentales como en la aplicación práctica, hubo una reducción en el uso de combustible debido al menor peso que deben cargar los barcos al disminuir la captura incidental. Esta reducción fue en promedio de entre un 26 y 36%.

En Trinidad y Tobago, donde la mayoría de la captura incidental contiene gran cantidad de juveniles de especies comerciales, el valor futuro de los peces “no capturados” gracias a la nueva tecnología se estimó en unos 9 000 dólares por viaje.

Las tecnologías fueron también reconocidas y premiadas por el mercado. Suriname logró la recertificación de su pesquería de camarón siete barbas, gracias a avances en la reducción de la captura incidental. Esto le permite al país mantener abierto el mercado europeo.

Los beneficios sociales, en tanto, se observaron principalmente en relación con mejoras en las condiciones laborales de los pescadores, ya que se redujo el tiempo que ocupan en clasificar y limpiar las capturas, al haber menor captura incidental y ser los peces capturados de mayor tamaño y calidad. Esto implicó, además, una reducción del desperdicio de productos. Lo anterior fue especialmente relevante para las mujeres, quienes suelen ocuparse de procesar las capturas y trabajan de forma informal y con poca visibilidad.

Adicionalmente, se evidenció la participación informal de mujeres en la cadena de valor de las capturas incidentales, resultando en capacitaciones tanto organizacionales como de desarrollo de productos con valor agregado. Esto resultó en un fortalecimiento y creación de asociaciones de trabajadores de la pesca, como también una mayor satisfacción por su labor, al percibirla como menos dañina y, por tanto, menos desacreditada.

Finalmente, en cuanto a bienes públicos, el principal beneficio fue la mejor calidad y productividad de los océanos, al reducirse las capturas incidentales en entre un 30 a 45%, especialmente las de rayas, tortugas y otros vertebrados, y también de peces jóvenes, aumentando así las posibilidades de reproducción y repoblamiento.

Factores críticos

En cuanto a los factores críticos para el proyecto, el que más dificultó el escalamiento fue la reticencia de los pescadores al cambio. Para lidiar con este problema, la iniciativa empleó un enfoque participativo y transparente con los pescadores, de manera que la tecnología implementada incorporara sus observaciones y conocimientos. Esto impulsó la aceptación al cambio entre los actores, al ser prácticas desarrolladas en conjunto y no impuestas.

En algunos casos los costos de adopción de las medidas representaron una barrera, sobre todo por la inexistencia de un programa de trasferencia de tecnología. A través del proyecto se buscaron estrategias para reducir los costos de insumos para los pescadores, por ejemplo, a través de una reducción de aranceles para la importación, aunque esto aún se encuentra en proceso de discusión.

Otra barrera que surgió fue la posibilidad de que el proyecto exacerbara desigualdades ya que, en algunas localidades, se notó que lo obtenido de manera incidental constituye la base de ingesta de proteína de las poblaciones más pobres. Se definió que, en los casos en que se presente esta situación y se compruebe que el riesgo ambiental es bajo, no se implementarían las medidas para reducir la captura incidental y se buscaría desarrollar proyectos de valor agregado. De momento, estas dos condiciones sólo se cumplen en un piloto del proyecto. Si se observa esto en otros casos, se necesitará entender mejor la utilización de la captura incidental y desarrollar alternativas de consumo.

La última barrera al escalamiento de este proyecto fue la necesidad de cooperación y acción conjunta entre los actores para trasmitir conocimiento y lineamientos que permitan la aplicación de la nueva tecnología, ya sea a nivel legislativo, o en los planes de gestión locales. Esto requiere de nuevos mecanismos de gobernanza o cambios legislativos, lo que puede resultar complejo y lento si no hay un acompañamiento adecuado. Se estimaba que para fines de 2020 los países del proyecto tendrían un marco normativo actualizado y acordado por todas las partes interesadas.

Acuerdos de Producción Limpia en Chile

Antecedentes

Los Acuerdos de Producción Limpia (APL) se crearon a fines de la década de 1990 como un mecanismo voluntario para impulsar la producción limpia en la economía chilena.

En su origen, el foco fue complementar la regulación ambiental y aprovechar las oportunidades de promover mejoras ambientales que surgen al potenciar la productividad y competitividad de las empresas con tecnologías limpias.

A 2015, ya se habían firmado más de 100 APL en una amplia gama de industrias como la forestal, la metalmecánica, la acuícola, la construcción y la agricultura³⁸.

Desde entonces, el énfasis se puso en profundizar el trabajo con las Pequeñas y Medianas Empresas y la Agricultura Familiar Campesina para ampliar significativamente la cobertura de los APL.

El análisis que sigue está basado en dos APL implementados en territorios de la Región del Maule, que contemplaron la incorporación de medidas y tecnologías de producción limpia por parte de pequeños agricultores de cultivo y procesamiento de frutos rojos (berries).

Los objetivos específicos en estos APL fueron promover la sustentabilidad, inocuidad, trazabilidad, eficiencia productiva y fortalecer la estrategia de competitividad.

Para lograrlo, se suscribieron acuerdos público-privados que establecieron metas y acciones específicas, siendo beneficiado el agricultor con asistencia técnica, subsidios para inversión en tecnología y acceso a mercados de exportación.

Implementación

Los APL congregan a una asociación gremial o industrial y a organismos públicos para la construcción de una agenda detallada de metas y acciones que serán implementadas por las empresas integrantes de dichas asociaciones.

Cada APL aborda inicialmente materias como eficiencia en el uso de energía, agua y materias primas, el manejo de residuos sólidos y líquidos, y en emisiones.

Una vez definido el texto del acuerdo, las firmas adhieren a la implementación de acciones que incluyen buenas prácticas, inversiones en nuevas tecnologías, monitoreo ambiental y el desarrollo de capacidades, en un plazo normalmente de dos años, para luego ser auditadas por una entidad independiente que determina el grado de cumplimiento y la eventual entrega de una certificación.

En 2016 se firmaron dos APL para la producción de frutos rojos en el Maule: uno con los productores en el área del secano costero y otro en el sector de riego del sur de la región. Estos acuerdos establecieron una serie de requerimientos y plazos para la aplicación de mejores prácticas productivas, de sustentabilidad y de inocuidad en los cultivos, la cosecha y el manejo hacia los centros de procesamiento o consumo.

El carácter voluntario de estos acuerdos, y su formulación e implementación participativa, reduce los conflictos de interés y permite a las instituciones participantes conocerlos y luego implementarlos. El apoyo financiero que subsidia parcialmente la asistencia técnica resulta clave para que los agricultores realicen adecuadamente las acciones.

Las reducciones de emisiones de GEI son incluidas por Chile en una Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación (NAMA) que reporta las reducciones logradas con la aplicación de este tipo de acuerdos desde 2012. Esta NAMA es la primera registrada por el país y la única que informa sistemáticamente reducciones de GEI.

La entidad que impulsa estos acuerdos es el Consejo Nacional de Producción Limpia (CNPL), organismo público dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que además dispone de fondos para subsidiar parcialmente el proceso de negociación, asistencia técnica a las empresas y de certificación.

Beneficios

Los APL de frutos rojos (fresas, frambuesas y arándanos) en la región del Maule estuvieron constituidos por dos casos que congregaron, cada uno, a más de 150 agricultores. Estos abordaron el desafío de calidad e inocuidad para acceder a mercados de exportación y, al mismo tiempo, hacer frente a los efectos del cambio climático que en esa zona son evidentes, principalmente por sequías.

A través de la aplicación de estos acuerdos, se logró disminuir el uso energético y las emisiones de GEI de los productores, monitorear y mejorar el uso de agua, suelo y la biodiversidad, además de reducir los residuos y la aplicación de plaguicidas.

También se generaron mecanismos para mejorar la inocuidad y trazabilidad de los productos, al tiempo que se elevaron tanto la calidad de vida como las condiciones económicas de los productores. De hecho, los predios participantes han registrado un 15% de mejores resultados económicos por temporada después de implementado el APL.

Las entidades firmantes de estos APL fueron, por el lado de las empresas, asociaciones de agricultores familiares campesinos y empresas exportadoras, mientras que por el sector público participaron agencias de nivel regional y nacional, incluyendo entidades políticas, de fomento productivo y de los sectores agrícola, ambiental, salud y energía.

Estos casos fueron parte del proceso de escalamiento de los APL hacia una fase de mayor impacto, orientada a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y de la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este cambio estratégico significó transformar el CNPL en la actual Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile, cuyo objetivo principal sigue siendo impulsar acuerdos voluntarios.

Factores críticos

El hecho que los APL sean voluntarios agrega una exigencia muy importante, ya que todos aquellos que firman deben percibir que obtendrán beneficios. Para las empresas debe traducirse en mayores ingresos, menores costos, eficiencia productiva, cumplimiento de normas y/o reputación; para los organismos del Estado, el avanzar en sus agendas políticas y compromisos institucionales, y para las asociaciones gremiales, en mejorar la confianza.

A 2016, ya se habían firmado en Chile más de 100 APL en una amplia gama de sectores como la industria forestal, metalmecánica, la acuicultura, la construcción y la agricultura. En dicho año el énfasis fue profundizar el trabajo con la Agricultura Familiar Campesina y ampliar significativamente la cobertura de los APL, es decir, pasar de decenas de empresas que adhieren a un acuerdo, a un centenar, lo que obligó a buscar alianzas con otros programas de gobierno y diferentes actores de la cadena productiva.

Los principales factores de éxito de los APL son el carácter voluntario de los acuerdos y su formulación e implementación participativa, a través de negociaciones y compromisos entre todos los actores y sectores involucrados. Esto disminuye los conflictos de interés y permite a las instituciones participantes conocer y luego implementar a cabalidad los acuerdos. El apoyo financiero, que subsidia parcialmente la asistencia técnica, es también clave para que los agricultores implementen adecuadamente las acciones.

El papel del Estado ha sido, principalmente, de definición legal de los marcos de aplicación de los acuerdos, como también de facilitador en las fases de diseño e implementación y en el trabajo de coordinación entre actores, sobre todo entre distintas reparticiones de gobierno. Además, el Estado ha jugado un rol importante en crear capacidades en los agricultores campesinos para la aplicación de mejores prácticas.

Mesas Técnicas Agroclimáticas en Colombia

Antecedentes

Las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) son herramientas que permiten a los agricultores reducir su riesgo climático y tomar mejores decisiones basadas en información oportuna, relevante y adaptada a su contexto.

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) lideró las dos primeras MTA, instaladas en 2014. Dos años más tarde, el gobierno incluyó en sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) el desarrollo de 15 MTA, con alcance para un millón de productores.

Para dar cumplimiento a su compromiso, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) inició junto a la FAO un programa que permitió llegar a ocho MTA y dar cobertura a 36 diferentes cultivos en el país.

En el marco de este programa, el MADR -con el apoyo del CIAT y la FAO- inició un intercambio sur-sur con países de Sudamérica en enero de 2019.

A partir de la experiencia colombiana, las MTA se posicionaron en la región entre las soluciones más destacadas para la provisión de información agroclimática adaptada al uso del productor. Actualmente están siendo implementadas en 10 países de la región.

Implementación

Las primeras MTA desarrolladas por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), en los departamentos del Cauca y Córdoba, resultaron un éxito y mostraron un camino a seguir para Colombia.

Para dar cumplimiento a los NDC del país, el MADR suscribió un acuerdo de cooperación con la FAO para la implementación del “Programa de fortalecimiento del sector agropecuario en Colombia, mediante la generación y difusión de información agroclimática e instrumentos para la gestión integral de riesgos agropecuarios” (PFSA). Este permitió, a mayo de 2019, una expansión a ocho MTA, cubriendo 10 departamentos, 36 cultivos y 631 000 productores.

Paralelamente, el CIAT avanzó en la replicación del sistema con siete MTA en Honduras, dos en Nicaragua y una en Guatemala. En el caso de Honduras, las MTA se convirtieron, al igual que en Colombia, en una política de Estado que funciona gracias a recursos públicos.

En el marco del PFSA, el MADR -con el apoyo del CIAT y la FAO- propició en enero de 2019 un intercambio sur-sur que permitió también a Perú y Paraguay iniciar pilotos con la metodología bajo el liderazgo de sus respectivos ministerios de agricultura.

Las MTA cuentan con un componente central y otro local. El primero está a cargo de la generación de información meteorológica y su procesamiento para convertirla en información agroclimática de manera periódica y recurrente. El segundo, o la MTA en sí misma, aglutina a actores relevantes para cada territorio (representantes de gremios, organizaciones de productores, organizaciones comunitarias, gobiernos descentralizados, ONG, academia, institutos de investigación agrícola, banca agrícola, y otros) y es donde la información agroclimática se contrasta con el saber local para producir las recomendaciones de cultivo que serán publicadas en los boletines para ser, posteriormente, difundidos a los productores.

Beneficios

Uno de los principales componentes de éxito y beneficio de las MTA es su estructura de gobernanza. Las mesas en el nivel territorial habilitan espacios de participación, discusión e intercambio entre actores, y constituyen una poderosa herramienta para vincularlos en torno a un objetivo común.

Además, la iniciativa permite aprovechar de manera conjunta los conocimientos y saberes de todos los participantes para, entre otros objetivos, asegurar el relevo generacional de la información y la transmisión de saberes tradicionales indígenas e introducir innovaciones para gestionar el riesgo agroclimático. Su aporte en términos de cohesión social y de construcción de resiliencia comunitaria ante el cambio climático es, por tanto, sustantivo.

Sobre este tema, el desarrollo reciente de las MTA colombianas es muy ilustrativo. Se considera positivo que, a pesar de la retirada momentánea del apoyo del gobierno al programa³⁹, cinco de las ocho MTA lograron mantener su actividad gracias al impulso de actores locales. En el caso de las MTA donde operan gremios fuertes, estos han internalizado el tratamiento de la información meteorológica y se han hecho cargo de la organización de las mesas. En las otras, los diferentes actores (universidades, asociaciones de productores, corporaciones autónomas y otros) se turnan para asumir los costos del tratamiento de la información (contratando de manera independiente y puntual al agroclimatólogo antes convenido por el PFSA) y la organización física de la reunión de la mesa.

Esta situación demuestra que los actores locales valoran las MTA y consideran útil la información que estas proveen para adaptar sus prácticas y aminorar el riesgo agroclimático. El gremio bananero en Magdalena y La Guajira reportó haber reducido en un 15% el área pérdida por efectos climáticos en 2018⁴⁰.

Factores críticos

En términos de escalamiento, la sostenibilidad de las MTA en Colombia durante el periodo transitorio ejemplifica la importancia de la construcción de gobernanza en cada mesa. Mientras más amplia y adaptada a las fortalezas y debilidades de los actores públicos y privados en cada territorio, más posibilidades tiene de prosperar y subsistir ante algún cambio en la institucionalidad.

Otro elemento crítico para el escalamiento es la adaptación de la información para que el productor aplique las recomendaciones. Aunque generalmente no implican cambios complejos en el proceso productivo, pueden percibirse como un riesgo ya que proponen modificaciones en las prácticas tradicionales (como en la fecha de siembra o el orden de la rotación). Este desafío está ligado también a la resistencia a cambiar comportamientos.

Para resolver esta situación, la metodología consideró dos estrategias complementarias. La primera, relacionada con la calidad de la información, que debe responder de manera específica a las necesidades del agricultor (contextualizada, oportuna, etc.). Además, debe ser apropiada para su uso (para que el agricultor entienda las recomendaciones) y venir de una fuente confiable. Es decir, tiene que ser producto de un proceso participativo en el que intervengan actores del ámbito directo del productor (representantes de organizaciones de productores, extensionistas agrícolas, investigadores, y otros).

La segunda estrategia es la nivelación (o alfabetización) agroclimática, que se imparte a los participantes en la mesa con el fin de incrementar sus conocimientos para optimizar su aporte en la elaboración de recomendaciones y transformarse en agentes de multiplicación hacia sus bases. En particular, se procura incrementar las cualificaciones de los extensionistas para que apoyen a los productores en la aplicación de las recomendaciones.

El costo de las MTA a nivel central, sobre todo al inicio por la capacitación del personal y calibración de los modelos, es otra barrera importante para el escalamiento. En Colombia y Honduras su reconocimiento como herramienta de utilidad pública fue clave para su escalamiento y estabilidad. Este costo es altamente variable en función de las capacidades ya instaladas en cada país en términos de producción de información climática de alta resolución y de las capacidades agroclimáticas instaladas por parte de agentes del Estado.