D. Rhodes
David Rhodes es Analista de
Políticas en el Ministerio de
Agricultura y Silvicultura,
Wellington, Nueva Zelandia.
La reforestación promovida por el Gobierno de tierras fuertemente erosionadas por la cría de ganado lanar y vacuno da al suelo una segunda oportunidad.
Región de Costa Este
La costa este de la Isla Norte de Nueva Zelandia se caracteriza por laderas con fuerte declive cubiertas antaño por bosques autóctonos que fueron desbrozados para dedicar la tierra sobre todo a la cría de ganado lanar y vacuno tras la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XIX. Después del desbroce, las laderas sufrieron una grave erosión con pérdida de la fertilidad del suelo que terminó por poner en peligro la economía de la región. Ciertas partes de la región de Cabo Este se han presentado como ejemplos de la peor erosión del mundo por pastoreo, y la herencia de la deforestación subsiste hasta hoy. En este artículo se exponen los esfuerzos para remediar los daños plantando árboles, iniciados por el Gobierno a mediados del siglo XX y continuados, tras la priva-tización del Servicio Forestal en 1987, con el Proyecto forestal de Costa Este, plan que promueve las plantaciones privadas. Se examinan los efectos medioambientales y sociales del proyecto, en especial la protección del suelo y la creación de empleo.
La jurisdicción del gobierno local de Gisborne en la costa este de la Isla Norte de Nueva Zelandia abarca unas 850 000 hectáreas de tierra muy expuesta a la erosión. Los suelos están formados sobre todo por piedra arenisca y arcillosa, junto con algo de piedra pómez volcánica. La intensa actividad geológica ha quebrado la piedra, y el agua puede penetrar fácilmente. Las alternativas constantes de humedad y sequía hacen que se desintegre la roca, en especial la arcillosa.
Los veranos son cálidos y secos, con temperaturas a menudo por encima de 30 oC, y las sequías son corrientes. La pluviosidad anual oscila entre 1 000 y 5 000 mm, y hay frecuentes aguaceros (100 a 300 mm en 24 horas) tanto en verano como en invierno. Unos dos tercios de la superficie y gran parte de las tierras de pastoreo corresponden a las cuencas de dos ríos, el Waipaoa y el Waiapu (véase el mapa).
Antes de la llegada de los europeos la mayor parte de la tierra estaba cubierta de bosques autóctonos constituidos por podocarpáceos y frondosas diversas, sobre todo en las laderas bajas. En alturas mayores predominaban los bosques de hayas rojas y plateadas. Incluso con los bosques la tierra estaba expuesta a la erosión, y se produjeron algunos grandes deslizamientos y movimientos de tierras.
Los colonos europeos llegaron a fines del XIX y, al crecer la inmigración, se aceleró la deforestación. La aparición del transporte refrigerado contribuyó, entre 1890 y 1900, al desmonte de más de la cuarta parte de los bosques de Nueva Zelandia, sobre todo en beneficio de la gandería. Muchos de estos desmontes se hicieron en tierras marginales en declive.
La economía impulsó las explotaciones agropecuarias. También contribuyó la política proteccionista del Gobierno desde los años treinta, así como la difusión de fertilizantes e insecticidas desde avión en los cuarenta y el auge de la lana en los cincuenta. Desde los años sesenta, los sucesivos gobiernos trataron de compensar el menor rendimiento de las tierras con incentivos como subvenciones para fertilizantes, exenciones fiscales y préstamos en condiciones de favor. Un Plan de incentivo ganadero subvencionó el aumento de cabezas de ganado (lo que llevó a algunos ganaderos a criar más reses de las que sus tierras podían mantener). En 1978 se puso en marcha un préstamo de promoción del desarrollo rural para aumentar la producción de la tierra; el préstamo se cancelaría si la tierra se mantenía productiva durante cinco años. Se daba prioridad al desbroce de tierras montañosas no mejoradas o abandonadas (Ministerio de Agricultura y Pesca, 1981). El mismo año se aprobó también un plan de precio mínimo suplementario que garantizaba durante varios años los precios para los granjeros.
El aclareo de bosques en la primera mitad del siglo XX, básicamente en beneficio de la ganadería, dio lugar a graves deslizamientos de tierras en las cabeceras de las cuencas de pastoreo
- GISBORNE DISTRICT COUNCIL, NUEVA ZELANDIA
Hacia 1900 eran visibles los efectos de la deforestación. Aparecieron o se reactivaron muchos corrimientos y hundimientos de tierras y empezaron a formarse cárcavas (WSD, 1987). Desde 1910 aumentó en volumen y distribución geográfica la agradación (modificación de los cauces por deposición de sedimentos). En los últimos años treinta los residentes en zonas más bajas expresaban su inquietud por los efectos de la erosión incontrolada en las cabeceras de ríos y arroyos. Un análisis de la sedimentación comprobada en un lago en el sur de Cabo Este reveló que el ritmo de erosión natural antes de la ocupación humana era 2,1 mm al año, pero que en 1990 había llegado a 14 mm al año (Trustrum y Page, 1991).
El material transportado río abajo aplastó muchas terrazas fluviales fértiles con la consiguiente pérdida de la tierra sustentadora de la mayor parte del ganado. Se registraron numerosas subidas de 10 a 30 m del lecho del río después de la explotación agrícola de las tierras (WSD, 1987). Además de perderse mucha tierra productiva, los efectos económicos fueron pérdidas de ganado y los costos de reconstrucción o reparación de carreteras, diques, instalaciones de depósito y conducción de agua, sistemas de riego, vallados, puentes y casas.
Hacia 1960 la región de Costa Este había quedado muy rezagada respecto a la posición socioeconómica de otras regiones ganaderas del país. La región estaba castigada por la emigración, el estancamiento económico y el desempleo, en parte a causa de la pérdida de fertilidad y la erosión del suelo. El aislamiento relativo de la comarca, la inflexibilidad del régimen de propiedad de la tierra, el latifundismo (con granjas de más de 800 ha) y los problemas de contratación de mano de obra complicaban la situación. En 1962 los valores reales de la tierra en las zonas más gravemente erosionadas eran la mitad de lo que habían sido en 1919 (WSD, 1987). En los últimos años sesenta todas las principales industrias secundarias (por ejemplo, industrias lácteas y refrigeradoras) en las afueras de Gisborne habían cerrado, y los servicios sanitarios, escolares, de transportes y otros estaban amenazados.
La situación tuvo efectos importantes para las tribus indígenas locales (maoríes). En Costa Este es donde hay mayor proporción de maoríes entre todas las regiones de Nueva Zelandia. Los maoríes tienen importantes propiedades tribales y un fuerte vínculo cultural con la tierra. La falta de capitales y la propiedad múltiple, sin embargo, restringen las opciones de aprovechamiento de la tierra. La situación se agrava por unos niveles de educación terciaria inferiores al promedio, un desempleo más alto y otros problemas sociales. La mayor parte de la población maorí emigró a las ciudades en busca de trabajo.
Los efectos sobre la tierra se hicieron sentir a la larga. Aun sin que continúe la erosión, la recolonización para pastos de las laderas empinadas requiere unos 30 años (Hicks, 1989), y la fertilidad del suelo se recupera sólo hasta el 80 a 85 por ciento de su nivel anterior incluso con siembra redundante y difusión de fertilizantes desde avión. Los procesos de erosión en las tierras explotadas eran en general mucho más rápidos que los procesos de formación del suelo. El Ministerio de Obras y Desarrollo (WSD, 1987) concluyó que «la ganadería no puede considerarse un uso sostenible de la tierra en gran parte de este país montañoso».
Arroyos y sedimentos cubrieron las tierras agrícolas al norte de la bahía de Tokomaru; ejemplo de pérdida de tierra productiva aguas abajo a causa de la erosión aguas arriba
- MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY, NUEVA ZELANDIA
El puente de Mangatuna al norte de la bahía de Tolaga, sumergido a consecuencia de la sedimentación de material de erosión acarreado por la corriente
- MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY, NUEVA ZELANDIA
La junta local de la cuenca hidrográfica de Poverty Bay inició la plantación experimental de árboles en la zona en 1948. Estas plantaciones pronto demostraron que, una vez formada una cubierta arbórea, la escorrentía se reducía notablemente y se frenaban los corrimientos de tierras y la expansión de las cárcavas. No se consiguió, sin embargo, estabilizar los lechos de los ríos y las cárcavas.
En atención a estos resultados, el Gobierno encargó al Servicio Forestal de Nueva Zelandia en 1960 la compra y la plantación de una extensión inicial de 7 000 hectáreas de tierras en peligro. Se evaluaron entonces varias opciones para reducir la erosión, entre ellas la utilización conservadora del terreno. Un comité multidisciplinario independiente recomendó en 1967 que se trazara una línea entre los pastizales ribereños más fértiles (tierras bajas de pastos) y las cabeceras críticas de las cuencas, y que se reforestara la totalidad de estas últimas tierras, aun cuando ello significara cerrar pastizales a la producción (Taylor, 1970).
El Gobierno respondió extendiendo el programa del Servicio Forestal de Nueva Zelandia para comprar y reforestar las partes desarboladas de las cuencas altas con objeto de limitar la erosión y promover la productividad. Objetivos secundarios eran mantener la productividad de la tierra, estimlar el desarrollo económico y social y establecer bosques productivos.
La simple disociación entre cuencas altas y pastizales bajos no fue bien acogida por los granjeros locales, y las primeras plantaciones forestales se hicieron lentamente. A mediados del decenio de 1970 estaba claro que esta distinción no era ya adecuada, y se establecieron las siguientes categorías para decidir sobre el uso de la tierra (PBCB, 1978):
Estas categorías de tierras más definidas encontraron una mayor aceptación. La reforestación oficial se reorientó hacia la Categoría 3, dividida en las siguientes subcategorías:
En 1984 la política del Gobierno cambió claramente hacia una mayor aceptación del mercado libre. El Gobierno central empezó a salir de una serie de sectores de servicios en favor de la privatiza-ción de éstos, salvo que se considerara que el bien público requería la presencia gubernamental. Se adoptaron en consecuencia una serie de nuevas directrices gubernamentales. Se introdujo la recuperación parcial del costo de los servicios, se suspendieron progresivamente préstamos en condiciones de favor, se retiraron subvenciones y la protección a las importaciones se redujo notablemente. Se dio a los usuarios de la tierra más responsabilidad para aceptar las consecuencias de sus decisiones de gestión. Se consideraron subvenciones tan sólo cuando se requería una acción urgente y los recursos excedían de la capacidad individual. Desde ese momento el Gobierno trató también de desprenderse de la propiedad de los bosques y de privatizar sus posesiones.
Después de 1984/85 el descenso tanto de la ayuda oficial como de los precios agrícolas tuvo importantes efectos. El desempleo registrado en Costa Este fue del 14,3 por ciento en 1987, el más alto del país. Se calculó que la mitad de estos desempleados perdieron sus puestos de trabajo entre 1985 y 1987 (WSD, 1987). El desarrollo forestal requirió gastos iniciales, mientras que los rendimientos tardarían muchos años en aparecer. Decenios de descenso continuado de las tasas de rendimiento real empujaron a los granjeros a elevar en cambio la densidad de carga ganadera.
El programa de plantación terminó en 1987, cuando el Servicio Forestal se convirtió en sociedad por acciones. La nueva Forest Corporation tenía una finalidad comercial, y las tierras muy expuestas a erosión no se consideraron económicamente viables. Una revisión del programa de plantaciones concluyó que los bosques habían ayudado a reducir la erosión y mantener la productividad, pero aunque se habían plantado 36 100 hectáreas en 16 años, por lo menos otras 110 000 necesitaban tratamiento (WSD, 1987). La reducción aguas abajo de las tasas de agradación y de las crecidas era escasa. Se dieron las siguientes razones:
La extracción de madera de los primeros bosques establecidos por decisión del gobierno empezó en 1990. Un lustro después el bosque de Mangatu (13 000 ha), por ejemplo, producía unas 250 000 toneladas de madera al año.
Una respuesta forestal temprana: el bosque de Mangatu en 1970 tras una reforestación exitosa
- ARCHIVO NACIONAL DE NUEVA ZELANDIA, COLECCIÓN DE JOHN JOHNS
Tierra de Categoría 3 en el bosque de Mangatu, hacia el interior de Gisborne, en 1964
- ARCHIVO NACIONAL DE NUEVA ZELANDIA, COLECCIÓN DE JOHN JOHNS
Tres meses después de la revisión de 1987, la zona sufrió el embate de un intenso ciclón tropical llamado Bola, que llevó viento y lluvias en una medida sólo conocida una vez en un siglo. Durante tres días en marzo de 1988 gran parte de las montañas recibieron 600 mm de precipitaciones. El epicentro estuvo tierra adentro de la bahía de Tolaga, donde se registró un máximo de 900 mm.
Las consecuencias fueron dramáticas. Las montañas sufrieron extensas heridas y los valles quedaron cubiertos de sedimentos. El ciclón aumentó la tierra clasificada como «no productiva» de 38 000 a 41 000 hectáreas (Hogan, 1990). Sólo en la cuenca del Waihora, la superficie necesitada de reforestación se sextuplicó respecto a la situación de 1983 (ECCB, 1998)
La erosión fue apreciablemente menor en las zonas reforestadas que en las desarboladas (Kelliher, Marden y Watson, 1992). Fotografías aéreas de la región de la bahía de Hawkes al sur de Cabo Este revelaron una inestabilidad de superficie en el 0,1 por ciento de la cuenca reforestada, frente al 0,9 por ciento de los pastizales (Fransen y Brownlie, 1996). El suceso demostró que los bosques comercialmente productivos eran una opción viable para limitar la erosión. La bóveda arbórea completa, sin embargo, es esencial, y los pinos menores de seis años (que no cierran la bóveda) no protegen el suelo, ofreciendo a la erosión una resistencia no mayor que los pastizales (Marden y Rowan, 1993).
Después del ciclón Bola, el Gobierno prestó ayuda financiera a corto plazo a los granjeros mediante un fondo de asistencia agrícola. Las compensaciones fueron del 60 por ciento de sus pérdidas totales no cubiertas por el seguro, y el uso del dinero se dejó a su discreción. La mayor parte se utilizó para pagar deudas, y pocos granjeros modificaron sus prácticas de gestión de la tierra. Se gastó poco en prevención de la erosión. Se concluyó que la ayuda financiera apenas había servido para propiciar cambios y no impediría una catástrofe similar en el futuro (Webber et al., 1989).
El retroceso general de la ganadería lanar y vacuna, junto con los efectos del ciclón Bola, obligaron a un nuevo planteamiento. Los problemas de la erosión se habían agravado, y era preciso introducir grandes cambios en la administración permanente de la tierra (Nield y Kirkland, 1988). La zona entre la bahía de Tolaga y Te Araroa, en particular, había recibido poca atención, aparte de algunas plantaciones forestales conservadoras, y la situación allí había empeorado. El Gobierno empezó a estudiar formas de acelerar el ritmo de plantaciones con el menor costo posible. Otro factor necesitado de un nuevo enfoque era que, en virtud de las reformas económicas, el Gobierno estaba renunciando a sus propiedades forestales y estaba vendiendo sus bosques en Costa Este.
En 1992 se aprobó el Proyecto forestal de Costa Este con el fin de promover la silvicultura comercial en gran escala como medio de limitar la erosión, crear empleo, promover el desarrollo regional y reconocer las necesidades medioambientales en propiedades particulares (MOF, 1994). Se trataba de facilitar las plantaciones en 200 000 hectáreas de tierras expuestas a erosión moderada o grave en 28 años. Los objetivos del Proyecto concuerdan con los fines fijados en el Plan de Distrito aprobado por el Consejo de Distrito de Gisborne en virtud de la Ley de Administración de Recursos (1991). Esta ley es la norma básica de Nueva Zelandia sobre administración del medio ambiente en todo tipo de terrenos, y la responsabilidad de su aplicación se confiere a las autoridades locales (consejos regionales y de distrito). El Consejo del Distrito de Gisborne interviene por lo tanto directamente en la realización del proyecto.
A diferencia de anteriores iniciativas estatales, el Proyecto forestal de Costa Este estimula la plantación privada. Se utiliza un proceso de concurso en el que los solicitantes presentan planes de des-arrollo forestal para ser financiados, y se ofrecen subvenciones para la silvicultura de especies comerciales aprobadas. Se estudian las solicitudes conforme a ciertos criterios (por ejemplo la existencia de un plan de gestión forestal, un mínimo de 5 hectáreas, cierto porcentaje mínimo del terreno seleccionado para el proyecto y respeto de cualquier especie arbórea indígena que aparezca) y después se clasifican por costo. Se da preferencia a las que incluyen un mayor porcentaje del terreno seleccionado y/o retienen un mayor porcentaje de vegetación indígena. Se requieren así ciertas medidas mínimas de limitación de la erosión, y se escogen las ofertas más económicas. Se tienen también en cuenta los precios del transporte y las distancias, para asegurar que no se vean desfavore-cidas las partes más remotas del distrito. Los detalles exactos de los parámetros utilizados para seleccionar las ofertas de los concursantes tienen interés comercial, por lo que se consideran confidenciales.
Cada año se fija un límite máximo de cada subvención. Esta cifra es un valor actual neto obtenido por actualización de los flujos de fondos en un ciclo de 29 años. Los precios son los precios actuales de la madera. El tipo de redescuento se basa en la tasa real de rendimiento para una inversión forestal determinada en el sector privado y ha oscilado entre el 9 y el 12 por ciento. Un valor actual neto negativo indica la cuantía del pago necesario para animar a un inversor a considerar la tierra expuesta a erosión en condiciones comparables a las de otras tierras. Este nivel se eleva entonces con una suma adicional confidencial correspondiente al «riesgo» adicional, con lo que se llega a un tope por encima del cual no se aceptarán ofertas. Cuando hay suficientes competidores, como ha ocurrido en los últimos años, no se precisa el mencionado valor.
Las subvenciones se pagan por partes a la realización satisfactoria del trabajo, y el procedimiento de concurso permite al Gobierno seleccionar sólo las mejores propuestas y limitar su desembolso financiero total a las subvenciones aprobadas. Al generalizarse la silvicultura, se espera que los concursantes sean cada vez más competitivos, con la consiguiente reducción de costos para el Gobierno.
Los bosques indígenas no pueden ser desmontados en virtud del proyecto y se presta alguna asistencia para su protección. Las zonas protegidas y las bandas ribereñas se excluyen del desbroce.
El pino de Monterrey (Pinus radiata) es la opción más rentable para la plantación, con más del 95 por ciento de todas las plantaciones hasta la fecha. Sus tasas de crecimiento en Costa Este son de las más altas del país, y la altura media del árbol a los 20 años es 28 m. La mayoría de las demás especies crecen más despacio, y la regeneración natural puede ser relativamente lenta. Las especies Euca-lyptus y Acacia son más sensibles a movimientos de tierras y sequedad del suelo. Sauces y álamos son aptos sólo para pequeñas extensiones. El abeto es una alternativa en zonas más altas y frías. Ni el Pinus radiata ni el abeto son aptos para plantaciones en cárcavas muy activas, pero ambos son adecuados para plantaciones periféricas.
Una frondosidad cerrada y una red de raíces en el suelo se consiguen más pronto con mayor densidad de arbolado, por lo que se establecen unos mínimos de densidad. Por ejemplo, un aclareo final obligatorio ha de hacerse con una altura media de los árboles de 15 m, y con esa altura la densidad debe ser del orden de 250 a 500 árboles por hectárea. Los rendimientos son comparables a los de plantaciones comerciales no subvencionadas en terrenos con menos pendiente, en torno a 600 m3 por hectárea. Sin embargo, la calidad no es tan buena.
Vista aérea de una extensa plantación de Pinus radiata de dos años en el marco del Proyecto forestal de Costa Este en la cabecera muy erosionada de la cuenca
- D. RHODES
La revisión de 1987 del programa de reforestación del Gobierno (WSD, 1987) concluyó que se había dado empleo a más de 200 personas, principalmente maoríes, comprendidos en especial en los grupos de edad más jóvenes de los que salían el 50 por ciento de los emigrantes. En los últimos años setenta el descenso de la población fue menor, en parte gracias al desarrollo de la silvicultura. Se redujo la dependencia de la agricultura y se abrió una fuente de ingresos más estable en una zona que se había caracterizado por la estacionalidad de los ingresos (Aldwell, 1982). Pero era demasiado pronto para medir los beneficios indirectos, máxime en vista del fuerte descenso anterior.
Desde entonces se dispone de más datos. El distrito vecino de Wairoa experimentó la misma recesión económica a consecuencia del ciclón Bola, y de 1992 a 1995 sus tasas de plantaciones forestales fueron análogas a las del Proyecto forestal de Costa Este. La demanda de pastizales elevó notablemente los precios de la tierra. También los precios de los pastizales en el distrito de Gisborne subieron desde la mitad del promedio en Nueva Zelandia en 1992 hasta más del promedio en 1994 (MAF, 1999). El empleo forestal aumentó rápidamente en el distrito de Wairoa entre 1992 y 1995, y el desempleo total bajó más del 25 por ciento (King, Krause y Butcher, 1997; J. King, comunicación personal). Sin embargo, el crecimiento de la silvicultura tuvo algunos efectos negativos, en particular sobre actividades al servicio del sector agropecuario (por ejemplo brigadas de esquileo, fabricantes de fertilizantes y proveedores de vallados) y sobre la estructura social rural, al menos desde el punto de vista de los agricultores. El efecto primario, de todos modos, fue aumentar el empleo. Para Wairoa, se calculó que aun cuando la tasa de plantaciones se redujera notablemente, y suponiendo que no hubiera instalaciones de elaboración, habría un aumento neto del 18 por ciento en los ingresos familiares y un aumento neto de los puestos de trabajo cuando los bosques llegaran a la madurez (King, Krause y Butcher, 1997).
Una evaluación de Proyecto forestal de Costa Este en 1996 concluyó que, pese a la pérdida de empleo agrícola, el proyecto originaría un aumento constante del empleo hasta 2005, e incluso antes de la recolección habría todavía más puestos de trabajo que en ausencia del plan. Una vez que empiece la recolección, se habrán creado 3 800 empleos, por encima de las pérdidas eventuales (Butcher Partners Ltd, 1996). De los nuevos trabajadores forestales que el proyecto tenía en 1997, el 62 por ciento no habían trabajado en la silvicultura antes de 1993. El 90 por ciento vivían en la región o próximos a ella, aunque el 23 por ciento habían vivido allí durante menos de un año, lo que revelaba una fuerte afluencia desde fuera de la región. La participación maorí, con el 72 por ciento, era bastante más alta que el promedio nacional (52 por ciento), y el 81 por ciento de los maoríes procedían de tribus comprendidas en la cuenca del proyecto (Cummins y Byers, 1997).
El desarrollo de una cierta industria de transformación también ha creado empleo. De 1990 a 1999, el empleo en la silvicultura y la industria de transformación de primer grado en Costa Este casi se sextuplicó pasando de 125 a 723 equivalencias de jornada completa (Brown, 2000). Las plantaciones subvencionadas han completado las no subvencionadas realizadas en tierras menos pendientes, engrosando así la masa crítica necesaria para establecer instalaciones de transformación. De las 50 000 hectáreas plantadas entre 1989 y 1993, por ejemplo, 15 500 habían sido objeto de asistencia oficial mientras que el resto eran no subvencionadas (MAF, 1999).
Modificaciones fundamentales en el Proyecto forestal de Costa Este
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Es importante revisar y reorientar las actividades de tiempo en tiempo, y después de una revisión en 1998 se modificaron la política y las normas del Proyecto forestal de Costa Este (véase el recuadro). El cambio fundamental fue combinar los cuatro objetivos anteriores del proyecto en uno solo: administración sostenible de la tierra sustituyendo su uso pastoral por otro rentable. Una característica clave de la opción por la reforestación es que puede producir múltiples beneficios. No obstante, el Gobierno concluyó que se precisaba un objetivo explícito dominante para evitar confusiones e incluso contradicciones entre objetivos múltiples y medios de alcanzarlos. Dados los efectos de la erosión sobre las actividades económicas, el Gobierno decidió que la lucha contra la erosión era una justificación primaria suficiente para el proyecto. Los demás beneficios se consideran importantes, pero secundarios.
La financiación es la misma, pero se reorienta hacia las 60 000 hectáreas de tierras más gravemente erosionadas (Categorías 3b y 3c y plantaciones periféricas en la Categoría 4). La administración sostenible gracias a la reducción de la erosión actual y potencial del terreno seleccionado deberá alcanzarse en 2020.
Se reembolsan ahora los costos de establecimiento de vallados en torno a reservas indígenas. Siguen subvencionándose plantaciones y el aclareo final, pero se ha excluido la poda porque no se considera una actividad relacionada con la erosión. Además, una densidad uniforme de plantas para el terreno seleccionado (1 200 árboles por hectárea) ha sustituido una prescripción de densidad variable según la magnitud de la erosión. Este último sistema resultó impracticable porque los terrenos de plantación solían presentar niveles variables de riesgo de erosión dentro una misma área. El uso de un sistema de clasificación de tierras suficientemente afinado como base para las decisiones sobre uso de la tierra ha sido decisivo.
La reforestación ha demostrado ser un buen instrumento para facilitar un cambio a largo plazo en el uso de la tierra. Sin embargo, el crecimiento de las raíces y del ramaje no debe quedarse atrás de las tasas de erosión, y es fundamental el uso de especies de crecimiento rápido relativamente baratas. El Pinus radiata favorece la conservación del suelo durante unos 40 años y admite bien una rotación comercial de 30 años. Es de esperar que con el producto de la primera rotación y el desarrollo de la infraestructura, la nueva plantación será una opción económicamente lógica. No obstante, se pueden considerar ahora otros medios de lucha contra la erosión distintos de las plantaciones forestales comerciales en gran escala, por ejemplo la vuelta a la maleza indígena y las plantaciones en cárcavas o barrancos.
La revisión de 1987 reconocía los importantes beneficios del control de la erosión para los objetivos y las prioridades de las comunidades locales y recomendó que un comité local de coordinación administrara el programa. Aunque el Proyecto forestal de Costa Este es administrado por el Ministerio de Agricultura y Bosques en nombre del Gobierno de Nueva Zelandia, tiene un comité asesor técnico interinstitucional del que forman parte el Departamento de Conservación, el Ministerio de Desarrollo Maorí y un Comité Asesor del Distrito de Gisborne, que analiza las ofertas para cada concurso y formula recomendaciones al respecto.
Algunas partes de la región de Cabo Este pueden presentarse como ejemplos de la peor erosión de pastizales del mundo, y la herencia de la deforestación está aún presente. Algunos barrancos gravemente alterados no se estabilizarán ni siquiera con plantaciones, y perdurarán como cicatrices permaentes, pero la reforestación ha demostrado ser eficaz para detener cárcavas incipientes en terrenos geológi-camente similares. Una erosión localizada tan intensa como la experimentada durante el ciclón Bola se produce durante tormentas de menor magnitud pero mayor frecuencia (Kelliher, Marden y Watson, 1992). No obstante, a medida que se reduzca más la erosión gracias a la expansión de la silvicultura, se seguirán paliando los efectos de estas tormentas.
La proporción de plantaciones no subvencionadas ha aumentado constantemente desde los años setenta, aunque muchas de ellas se han limitado a las categorías más fáciles (1, 2 y 3a) de los pastizales bajos al sur de la región. En conjunto, entre 1993 y 1999 las nuevas plantaciones se dividieron aproximadamente por igual entre el Proyecto forestal de Costa Este (45 por ciento) y empresas privadas (55 por ciento) (R.C. Hambling, comunicación personal); pero en 1997, por ejemplo, las plantaciones privadas fueron alrededor del 75 por ciento de las nuevas plantaciones en el distrito de Gisborne (MAF, 1999).
Se prevé que la madera extraída de todos los bosques plantados de la región se cuadruplicará pasando de 650 000 m3 en 2000 a 2,67 millones de m3 en 2010 (MAF, 2000). Entre las instalaciones de transformación hay ahora una fáblica de tableros laminados, dos serrerías de capacidad media y tres serrerías pequeñas. El empleo actual generado directa o indirectamente por la silvicultura en Costa Este es el equivalente de 1 301 puestos de jornada completa, y se prevé que el desarrollo relacionado con la silvicultura habrá creado unos 2 300 nuevos empleos hacia 2010 (Brown, 2000).
Las modificaciones de esta magnitud en el uso de la tierra tienen varias repercusiones sociales, no todas positivas. Las primeras plantaciones forestales en la zona encontraron una fuerte oposición en agricultores y en autoridades locales, que temían que causaran una despoblación rural, socavaran la viabilidad de las comunidades locales y se tradujeran en pérdida de servicios rurales (Cocklin y Wall, 1996). La distribución de la mano de obra forestal suele favorecer las poblaciones de cierta entidad a expensas del valle rural y de las comunidades agrícolas. Puede ser que las ganancias netas en ingresos y empleos no se repartan equitativamente. Sin embargo, para gran parte de la tierra el pastoreo era claramente insostenible a la larga, y se imponía un cambio. El cambio en el paisaje ha ido acompañado por un cambio en las actitudes locales frente a los bosques, cuyos beneficios para el desarrollo económico regional, el empleo y la conservación del suelo se reconocen mejor a largo plazo (Cocklin y Wall, 1996).
Una planificación a largo plazo es necesaria para que se perciban localmente los beneficios económicos de la extracción de madera (Aldwell, 1982; King, Krause y Butcher, 1997). Las limitaciones energéticas, la escasez de personal especializado, las distancias al puerto y la precariedad de las infraestructuras (en particular carreteras no asfaltadas, necesitadas de arreglos) son importantes problemas que el Gobierno y los ciudadanos tienen que resolver ahora. Es sin duda una buena señal el hecho de que se imponga este enfoque en lugar de las anteriores dudas sobre si la tierra y las actividades y los medios de vida de ella derivados tenían un futuro.
Bibliografía
Aldwell, P.H.B. 1982. Impacts of large-scale forestry on settlement and servicing patterns in Waiapu County. Planning Quarterly, 68.
Brown, C. 2000. Employment potential through forestry on the East Coast. Documento de trabajo. Wellington, Nueva Zelandia, Ministerio de Agricultura y Montes.
Butcher Partners Ltd. 1996. The impacts of the East Coast forestry scheme on employment and economic structure in the Gisborne Region. Informe preparado para el Ministerio de Montes, Christchurch, Nueva Zelandia.
Cocklin, C. y Wall, W. 1996. Attitudes towards forestry in the East Coast region. New Zealand Journal of Forestry, 41(3): 21-27.
Cummins, T. y Byers, J. 1997. East Coast silvicultural workforce 1996. Rotorua, Nueva Zelandia, Logging Industry Research Organisation.
East Cape Catchment Board and Regional Water Board (ECCB). 1998. Waihora catchment Cyclone Bola storm survey. Gisborne, Nueva Zelandia.
Fransen, P. y Brownlie, R. 1996. Historical slip erosion in catchments under pasture and radiata pine forest, Hawke's Bay hill country. New Zealand Forestry, 40(4): 29-33.
Hicks, D.L. 1989. Economic impact of farm conservation on hill country: some information from Cyclone Bola. Tech Record PN4. Aokautere, Nueva Zelandia, Division of Land and Soil Sciences, Department of Scientific and Industrial Research (DSIR).
Hogan, J. 1990. The wounded land. A legacy of neglect. Growing Today, abril.
Kelliher, F.M., Marden, M. y Watson, A.J. 1992. Stability of land and tree planting density East Coast, North Island. Forest Research Institute Contract Report FWE 92/13. Wellington, Nueva Zelandia, Ministerio de Montes.
King, J.M., Krause, M.K. y Butcher, G. 1997. Impacts of land use change in Wairoa District. Resource Document. Wellington, Nueva Zelandia, Ministry of Agriculture.
Marden, M. y Rowan, D. 1993. Protective value of vegetation on tertiary terrain before and during Cyclone Bola, East Coast, North Island, Nueva Zelandia. New Zealand Journal of Forest Science, 23(3): 255-263.
Ministry of Agriculture and Fisheries. 1981. Rural industries incentives 1981-82. Wellington, Nueva Zelandia, Ministerio de Agricultura y Pesca.
Ministry of Agriculture and Forestry (MAF). 1999. East Coast Forestry Project. Wellington, Nueva Zelandia.
MAF. 2000. National exotic forest description national and regional wood supply forecasts 2000. Wellington, Nueva Zelandia.
Ministry of Forestry (MOF). 1994. A guide to the East Cost Forestry Project 1994. Wellington, Nueva Zelandia.
Nield, J. y Kirkland, W. 1988. Sustainable land use in the East Coast Region of the North Island. Palmerston North, Nueva Zelandia, Envirotech.
Poverty Bay Catchment Board (PBCB). 1978. Report of land use planning and development study for erosion prone land of the East Cape Region (Red Report). Gisborne, Nueva Zelandia.
Taylor, N.H. 1970. Wise land use and community development. Report of the Technical Committee of Inquiry into the problems of the Poverty Bay - East Cape District of New Zealand. Wellington, Nueva Zelandia, Dirección de Tierras y Aguas, Ministerio de Desarrollo y Trabajo.
Trustrum, N. y Page, M.J. 1991. The long-term erosion history of Lake Tutira watershed: implications for sustainable land use management. En P.R. Henriques, ed. Proceedings of the International Conference on Sustainable Land Management. Hawkes Bay, Nueva Zelandia, Napier.
Water and Soil Directorate (WSD). 1987. The East Coast Project review. Wellington, Nueva Zelandia, Ministerio de Desarrollo y Trabajo.
Webber, D., Buchan, D., Rivers, M. y Rayner, T. 1989. Cyclone Bola Agricultural Assistance Scheme. Economic and Social Impact Study. Wellington, Nueva Zelandia, Ministerio de Agricultura y Pesca.
