4.1 Dimensiones de la seguridad alimentaria
En Zimbabwe, la seguridad alimentaria, definida en términos de la disponibilidad de maíz como producto alimenticio básico, sigue siendo motivo de gran preocupación, debido a la incidencia cada vez mayor del hambre relacionada con la sequía. Durante varios años, las importaciones de alimentos agrícolas constituyeron una gran proporción del comercio de alimentos. Además, la situación en términos de seguridad alimentaria se ha visto seriamente amenazada por el incremento en la producción de cultivos comerciales por los agricultores que, aprovechándose de la evolución registrada a raíz del Acuerdo sobre la Agricultura, han obtenido mayores rendimientos. La disminución del rendimiento de los cultivos alimentarios ha conducido a los agricultores a incrementar su producción de cultivos comerciales no alimentarios, que normalmente se cultivan en grandes parcelas. Pero para subsistir los agricultores minifundistas han optado por los cultivos alimentarios y venden sus excedentes, de modo que las zonas dedicadas a cultivos alimentarios han crecido, aunque a un ritmo menor que las dedicadas a cultivos comerciales (Mangoyana y Meda, 2001).
El suministro de cereales en Zimbabwe depende en gran medida de la producción nacional, especialmente cuando el régimen de precipitaciones no es irregular. En la figura 10 se muestra que en la temporada 1992/1993 se produjeron aumentos en la importación de cereales a causa de la sequía. En el caso de Zimbabwe, estos aumentos durante la aplicación de la Ronda Uruguay pueden atribuirse a la política del Gobierno (en respuesta a las escaseces de alimentos) y no a un compromiso específico contraído ante la OMC.
Figura 10. Proporción de la producción y las importaciones en el suministro de cereales en Zimbabwe
Fuente: FAO.
4.2 Tendencias en la pobreza y la desnutrición
En Zimbabwe, las políticas agrícolas tras la independencia (1980) se centraron en alcanzar un elevado nivel de seguridad alimentaria a través de la producción, al tiempo que se mejoraba el bienestar de la población rural, mucho tiempo marginada. El Gobierno fomentó directamente la producción agrícola mediante políticas y medidas sobre la tierra, el agua, la infraestructura, el crédito y la tecnología. Entre estas medidas figuraban el desarrollo del riego, el apoyo en forma de insumos, la prestación de servicios de labranza, el suministro de crédito y el refuerzo de la investigación. También se crearon depósitos y centros de recogida y se proporcionaron precios y mercados garantizados. Se utilizaron medidas indirectas de fomento, en forma de subvenciones y políticas de promoción de los ingresos, para estimular la producción y la demanda. En ese período disminuyó la inseguridad alimentaria en los hogares y en todo el país.
Cuando se comenzó a aplicar el ESAP y los Acuerdos dimanantes de la Ronda Uruguay, se produjo un cambio en las políticas sobre seguridad alimentaria. La Junta de Comercialización de Cereales redujo sus operaciones y el cierre de los centros de recogida se puso a la orden del día. También hay que indicar que la liberalización trajo consigo unos incrementos crónicos excesivos de los precios de los alimentos en todo el período de aplicación del ESAP (1991-1996). En 1995 se creó la Reserva Estratégica de Cereales, cuyo volumen máximo de existencias físicas es de 936 000 toneladas de maíz y cuyas existencias en planta ascendían a 500 000 toneladas.
Los estudios han demostrado que la inseguridad alimentaria de los hogares empeoró durante la liberalización. Aunque puede considerarse a grandes rasgos que Zimbabwe goza de seguridad alimentaria a nivel nacional, sigue habiendo casos de hambre en los hogares, como pone de manifiesto el hecho de que el 30 por ciento de los niños de menos de cinco años padezca desnutrición crónica (SAPRI, 2001). El promedio de consumo energético diario disminuyó de 2 233 kilocalorías por habitante en 1980 a 2 000 kilocalorías por habitante en 1993, y se prevé que la situación seguirá deteriorándose hasta 2010 (FAO, 1997, en Meda y Mangoyana). En el período 1970-1997 se asistió a la disminución del suministro diario de energía per cápita de 2 225 kilocalorías (superior a la media de la SADC, situada en 2 173 kilocalorías en 1970) a 2 145 kilocalorías en 1997 (por debajo de la media de la SADC, de 2 224 kilocalorías), es decir, una reducción del 14 por ciento del suministro por habitante. Además, el suministro diario de grasas por habitante cambió sólo en un 6,8 por ciento en el país, frente a la media regional del 16,9 por ciento, lo que revela que la inseguridad alimentaria ha ido creciendo en Zimbabwe con el paso de los años (Informe sobre el Desarrollo Humano, SADC, 2000). Actualmente, la inseguridad alimentaria del país es elevadísima entre los pobres de las zonas urbanas y muchos hogares de las zonas meridional y oriental del país, que padecen de déficit alimentario. Según el Informe sobre Vigilancia Mundial de la FAO (FAO, 2001), la ayuda alimentaria bilateral para satisfacer parcialmente las necesidades de importación puede considerarse una alternativa, pero lo más preocupante son las tensas relaciones actuales entre el Gobierno zimbabwense y los posibles donantes.
Como resultado de ello, para tratar de alcanzar la seguridad alimentaria, el Gobierno ha vuelto a las políticas intervencionistas. Por ejemplo, el Instrumento Reglamentario 350, de 1993, de conformidad con la Ley sobre control de las mercancías, impone la concesión de una autorización para la importación y exportación de cereales. Estos controles sobre las importaciones y las exportaciones se han impuesto y suavizado una y otra vez. Los controles sobre la importación de cereales se suavizaron en 1996, mientras los controles sobre la exportación de trigo se suavizaban en 1997. La actual escasez de cereales ha obligado al Gobierno a detener las exportaciones de estos productos, que ahora ha comenzado a importar.
En un esfuerzo por potenciar la seguridad alimentaria, el Ministerio de Agricultura empezó a conceder en 2000 incentivos, como el programa de crédito para la adquisición de insumos, para ayudar a los agricultores minifundistas, y se ha comprometido a revisar los precios al productor. Con estas medidas se prevé que la producción aumente a unos 2,5 millones de toneladas en la próxima temporada y posteriormente llegue a los 3,1 millones anuales. Ello bastaría para satisfacer plenamente las necesidades internas de maíz, mantener una reserva estratégica y expandir las exportaciones. Sin embargo, de momento el país padece una escasez generalizada de cereales. La causa de las escaseces alimentarias es la mala gestión de los cereales por las autoridades.
