M.K. Gachanja
Michael Kiama Gachanja es el Coordinador del Grupo de Trabajo para los Bosques de Kenya, Nairobi, Kenya.
En Kenya, la población tiene clara conciencia de las funciones vitales de los bosques, y las protestas públicas han conseguido detener operaciones inmobiliarias privadas en tierras de reservas forestales.
E n los últimos años, los cambios en el uso de tierras forestales reservadas de Kenya para fines distintos de la silvicultura han suscitado la desaprobación popular con el resultado de un creciente apoyo público a la conservación de los bosques. El público sabe más sobre la menguante extensión de los bosques reservados (estimada actualmente en el 2 por ciento de la superficie del país) y las consecuencias de las pérdidas forestales. Una de las razones de la preocupación popular ha sido la creencia generalizada de que la degradación forestal del país fue la causa de la devastadora sequía en 1999/2000, y el sentimiento de que las constantes pérdidas forestales empobrecerían más a la nación. Los kenianos son conscientes de las funciones vitales de los bosques para el suministro de agua y electricidad. Alrededor del 70 por ciento de la electricidad de Kenya es generada por centrales hidráulicas, que requieren la existencia de bosques.
La protesta pública ha servido para detener las actuaciones privadas sobre tierras forestales reservadas que estaban siendo «adjudicadas» –en otras palabras, desprovistas de protección– y entregadas a sociedades inmobiliarias pese a las leyes que lo prohibían. Dos casos particularmente polémicos fueron un proyecto de construcción de viviendas en el bosque de Karura en Nairobi en 1998 y la recalificación de más de 67 000 hectáreas de tierras forestales de 12 bosques en todo el país en 2001. Ambos se detuvieron, en gran medida gracias a las protestas públicas. La movilización pública ha precipitado también la redacción de un nuevo proyecto de ley forestal y la aplicación de medidas para contener la degradación forestal del país.
La gente ha adquirido conciencia de su capacidad para influir sobre las decisiones en materia forestal gracias, en gran parte, a las actividades de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de movimientos de la sociedad civil. Estos esfuerzos han sido coordinados por un grupo de trabajo (Kenya Forests Working Group, KFWG), que reúne regularmente a todas las partes interesadas por los bosques y su conservación y gestión –en especial las ONG, funcionarios profesionales y ciudadanos interesados– para dialogar entre sí. Los participantes van desde ganaderos y grupos de ornitólogos hasta funcionarios gubernamentales, en especial del Departamento de Fauna y Flora Silvestres. Trabajando para propiciar la aplicación de leyes y reglamentos, el KFWG y sus componentes han conseguido un amplio apoyo público que ha permitido mejorar la gestión de los recursos forestales del país.
Los bosques ocupan un lugar destacado entre los recursos naturales de Kenya. Conservan el agua y el suelo, mejoran la agricultura y dan abrigo a la diversidad biológica. Proporcionan productos para usos diversos además de ser fuente de ingresos para las personas, las aldeas, el sector privado y el conjunto de la nación. Ofrecen a la población rural materiales de construcción, madera de coníferas para industrias madereras, el 90 por ciento de la energía consumida en los hogares, forrajes y frutos. Se calcula que las industrias forestales y madereras dan empleo directamente a 35 000 personas (Gathaara, 1999). Los bosques son por lo tanto parte integrante del desarrollo nacional.
Aunque la contribución de los productos y servicios forestales a la economía de Kenya se calcula en unos 90 millones de euros, y aunque el sector forestal da empleo a 50 000 personas directamente y a otras 30 000 indirectamente, se tiende a subestimar el valor de los bosques (Emerton y Karanja, 2001), por lo que a menudo su gestión es deficiente.
A pesar de los cambios en la sociedad keniana y de la adopción de nuevos métodos de gestión de los recursos naturales, las decisiones en el sector forestal se basan todavía en una política formulada en 1957. Esta política, ligeramente revisada en 1968, se concentraba en la protección de las zonas de captación y en la producción de madera, con un fuerte control gubernamental (Ministry of Environment and Natural Resources, 1994). Los usuarios locales de los recursos no intervienen en las decisiones relativas a cambios en el uso de los bosques, que a menudo no son favorables a los intereses de las comunidades locales. La deficiencia de la gestión se traduce en pérdida de tierras forestales por desclasificación indebida de bosques nacionales de propiedad estatal para dedicarlos a zonas de viviendas y otros usos. Entre 1994 y 1999, 55 700 hectáreas se habían desclasificado o propuesto para desclasificación (Njuguna, Mbegera y Mbithi, 1999). La gestión inadecuada de los recursos forestales ha producido una pérdida económica importante para el país, lo que ha sido uno de los factores que ha hecho reaccionar a la opinión pública.
La inquietud de la población por la gestión forestal se despertó en 1995 por una propuesta de destinar partes del bosque costero de Arabuko Sokoke, internacionalmente conocido por su diversidad de especies de aves, al asentamiento de personas supuestamente sin tierras. Esta medida podría haber abierto el camino a la deforestación de 5 000 hectáreas y no era conforme a las recomendaciones del Plan Forestal Básico de Kenya de 1994 (Ministry of Environment and Natural Resources, 1994) ni al informe de 1996 de la Unión Mundial para la Naturaleza según el cual el país no debía perder más bosques (UICN, 1996). La población creyó que tales adjudicaciones habrían beneficiado en general a unos pocos poderosos que se habrían aprovechado de las tierras para venderlas o para ganar un capital político.
La protesta pública contra estas propuestas logró que se detuviera la adjudicación de cualquier parte del bosque de Arabuko Sokoke. La gente comprendió que la deforestación de las partes adjudicadas del bosque repercutiría negativamente sobre la diversidad de aves silvestres (algunas de las cuales son raras y están en peligro) y sobre el potencial ecoturístico del bosque. Este bosque está situado en las proximidades de uno de los destinos turísticos más importantes del país: la ciudad costera de Malindi. Con el apoyo de las ONG, los miembros del KFWG recogieron firmas contra la adjudicación propuesta y las presentaron al Gobierno, que anunció entonces que no se llevaría a cabo la alteración propuesta de los límites del bosque.
Tras el caso de Arabuko Sokoke vino la adjudicación de la mitad de las 1 063 hectáreas del bosque de Karura (un bosque urbano) a empresarios privados entre 1996 y 1998. Situado junto a la capital de Kenya, el bosque de Karura ofrece un refugio vital para escapar de la vida urbana. Los residentes se alarmaron ante la perspectiva de la tala de un bosque importante por sus funciones de captación de agua y de gran valor potencial para el esparcimiento, el recreo y la educación de los habitantes de Nairobi. La publicación de la amenaza al bosque de Karura, hecha por los residentes de las zonas cercanas, condujo a manifestaciones, reuniones públicas de oración y encuentros con los empresarios para pedir la cancelación de las adjudicaciones. Las manifestaciones, algunas de las cuales culminaron en la destrucción de bienes pertenecientes a los empresarios, consiguieron, en 1999, detener las obras en la zona.
En sus esfuerzos por salvar el bosque de Karura, los residentes locales contaron con numerosos apoyos, entre ellos la Asociación de Arquitectos de Kenya, el Consorcio Medioambiental de Kenya, el Consejo Nacional de Iglesias de Kenya, partidos de la oposición, la Comisión de Derechos Humanos de Kenya, la Sociedad de Juristas de Kenya y diversos dirigentes políticos y religiosos. Residentes y simpatizantes organizaron varios actos de plantación de árboles como manera de expresar sus derechos constitucionales y su voluntad de proteger sus recursos naturales. Gracias a los animosos esfuerzos de residentes, ecologistas, iglesias, organizaciones, estudiantes y el sector privado, algunas de las compañías contratadas para transformar la zona se retiraron, diciendo que habían sido inducidas a error y creían que las parcelas no eran parte del bosque de Karura.
En estos dos casos, el debate público, combinado con la educación cívica y las campañas de prensa, concienciaron al pueblo respecto al papel de los bosques en la economía nacional y la necesidad de reivindicar como suyo el patrimonio natural del país.
La notificación de desclasificación de 67 185 hectáreas del patrimonio forestal estatal se publicó en la gaceta oficial de Kenya el 19 de octubre de 2001, después de haberse anunciado la intención de hacerlo en la gaceta del 17 de febrero de ese año. La justificación oficial de tal decisión era que esas zonas forestales habían sido invadidas por ocupantes ilegales y, por definición, no podían considerarse como tierras forestales, y algunas de ellas debían dedicarse a asentamientos de personas sin tierras.
Con ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el KFWG realizó inspecciones aéreas de las zonas forestales afectadas y fotografió sectores de esos bosques. Las imágenes demostraron claramente al público y al Gobierno que la mayoría de los bosques desclasificados eran todavía bosques intactos.
Se habrían visto afectados no menos de 12 bosques. Las consecuencias habrían sido especialmente graves para dos de las cinco principales áreas de captación del país: el escarpe Mau y el monte Kenya.
El 15 por ciento del complejo forestal Mau, que abarca la cuenca de casi la mitad de los principales ríos de Kenya al oeste de Rift Valley (véase el mapa, pág. 62), estaba en la lista de tierras desclasificables. Los sectores forestales afectados en estas dos «torres de agua» sumaban el 7 por ciento de los bosques restantes en las cinco áreas de captación.
Las consecuencias para la fauna y la flora silvestres y para el turismo habrían sido también graves. Las desclasificaciones habrían afectado tanto a la cantidad como a la calidad del agua que afluye al lago Nakuru, repercutiendo sobre la disponibilidad de alimento en el lago y amenazando a la mayor concentración mundial de flamencos menores. El lago Naru está protegido por la Convención de Ramsar. Su valor como uno de los parques más populares y valiosos de Kenya, el segundo por los ingresos de él derivados, podría haber desaparecido al mismo tiempo que los flamencos. También se habría visto afectado el curso del río Mara, que riega los ecosistemas de la reserva de caza Masaai Mara y de Serengeti. La principal área forestal de captación para el río Mara se contrajo de 752 km2 en 1973 a 493 km2 en 2000, y se ha pronosticado que una mayor deforestación en esa zona, al obligar a aumentar el riego y a desviar el agua de uno de los tributarios del río Mara, reduciría en el futuro el caudal del Mara hasta niveles inferiores al consumo de agua en Serengeti en tiempos de sequía (Gereta et al., 2002).
Las desclasificaciones propuestas levantaron una oleada de protestas públicas en la prensa local y en manifestaciones en todo el país, en una escala nunca vista en Kenya. El asunto movió al grupo ecologista internacional Action for Endangered Species a retirar un premio internacional que se había propuesto conceder al Gobierno de Kenya en marzo de 2001 por su oposición en 2000 a la reanudación del comercio mundial de marfil. A los 14 días del anuncio, se habían recogido 28 148 firmas de personas opuestas a las desclasificaciones. En abril de 2002 se habían recogido unas 200 000 firmas, que se presentaron a uno de los comités parlamentarios responsables del medio ambiente. Las desclasificaciones fueron denunciadas también en foros públicos. El KFWG lanzó una amplia campaña publicitaria solicitando apoyo. Hubo debates en la televisión y en la radio, y se distribuyeron hojas informativas y otros materiales impresos. El KFWG y sus miembros pidieron a organismos y donantes bilaterales que presionaran por todos los medios al Gobierno para que rectificara la decisión. Las iglesias y otras organizaciones religiosas también se sumaron a la campaña, informando a sus fieles sobre la amenaza a este recurso natural.
La reacción pública suscitada por la información facilitada condujo a protestas y objeciones irreprimibles, oficiales y no oficiales. Las ONG, las organizaciones comunales y el sector privado se opusieron a las desclasificaciones, denunciando las consecuencias de la pérdida forestal y las infracciones de leyes kenianas e internacionales. Las desclasificaciones eran contrarias a las recomendaciones de planes gubernamentales publicados y habrían contravenido acuerdos internacionales ratificados por Kenya (entre ellos el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de Ramsar y la Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural).
Habiendo indicado el gobierno que no estaba dispuesto a ceder, se iniciaron procesos judiciales. Una de las demandas, presentada por un abogado ecologista, fue desestimada por cuestiones técnicas de procedimiento. Otras tres fueron presentadas por la comuna de Ogiek (descendiente de los habitantes aborígenes de uno de los bosques del complejo Mau); por cinco ONG y el ecologista Wangari Mathaai (actualmente viceministro en el Ministerio de Medio Ambiente); y por la Sociedad de la Fauna y la Flora del África Oriental, el Centro Internacional de Enlace Medioambiental, la Alianza de Asociaciones de Residentes de Kenya y la Sociedad de Juristas de Kenya. Las tres últimas demandas sirvieron para suspender, hasta que se vean los casos y se dicte sentencia, toda acción del Gobierno encaminada a alterar, reducir, enajenar, talar o adjudicar a un empresario privado, o a cualquier otra persona, cualquier parte de los bosques desclasificados.
El control popular de la gestión de los recursos forestales ha conseguido cambios positivos. Aunque no hay todavía una solución duradera, para la que se requerirá probablemente una nueva Ley Forestal, el Gobierno ha tomado medidas para contener la creciente degradación forestal. Algunas de estas medidas son cambios de personal en el Departamento Forestal, una prohibición de extraer madera de especies exóticas e indígenas, la revisión de un nuevo proyecto de ley que ha de reemplazar la vieja Ley Forestal, y más recientemente la designación para formar parte del Gobierno de personas opuestas a las desclasificaciones. La publicidad creada disuadirá también al Gobierno de pensar en adjudicar tierras forestales reservadas.
| Fotografía aérea tomada el 4 de marzo de 2001 en la zona propuesta para desclasificación del bosque Mau, Kenya |
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UNEP/C. LAMBRECHTS |
El caso de Kenya muestra el conflicto fundamental entre la formulación de políticas y su aplicación práctica. Aunque en principio haga claro énfasis en la conservación de los bosques evitando la degradación, las acciones contradicen los propósitos.
La percepción popular de que los bosques son esenciales para el sustento de la población llevó a la gente a luchar por su conservación. Muchos kenianos pudieron relacionar los bosques con valores como conservación del agua, generación de ingresos, prevención de inundaciones, pluviosidad, alimentos y medicinas, tierras de pastoreo durante la estación seca, desarrollo turístico y conservación de la biodiversidad. Al tener conciencia de todo ello, impidieron que las propiedades públicas y los recursos medioambientales vitales fueran explotados de manera irresponsable. El caso de Kenya demuestra que gracias a la labor cívica de las ONG y los movimientos de la sociedad civil, la gente puede adquirir la fuerza necesaria para influir sobre las decisiones relativas a sus recursos. También es evidente que es imprescindible hacer intervenir a todas las partes interesadas en decisiones que afectan a sus medios de sustento, para evitar conflictos sobre la gestión de los recursos naturales.
En conclusión, el caso de Kenya brinda una lección para quienes toman decisiones en perjuicio de los bosques: no pueden eludir la luz proyectada por la exigencia de transparencia y cuentas claras.
| El complejo Mau, área crítica de captación de aguas en Kenya |
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Bibliografía
Emerton, L. y Karanja, F. 2001. Valuation of forest resources in East Africa. Nairobi, Kenya, African Centre for Technology Studies (ACTS) y Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), Oficina Regional para África Oriental (EARO).
Gathaara, G. 1999. Aerial survey of the destruction of Mt Kenya, Imenti and Ngare Ndare forest reserves. Nairobi, Kenya, Kenya Wildlife Service (KWS).
Gereta, E., Wolanski, E., Borner, M. y Serneels, S. 2002. Use of an ecohydrology model to predict the impact on the Serengeti ecosystem of deforestation, irrigation and the proposed Amala Weir Water Diversion Project in Kenya. Ecohydrology and Hydrobiology, 2(1-4): 135-142.
Ministry of Environment and Natural Resources, Kenya. 1994. The Kenya Forestry Master Plan. Nairobi, Kenya.
Njuguna, P., Mbegera, M. y Mbithi, D. 1999. Reconnaissance survey of forest blocks in the west and east of the Rift Valley. Nairobi, Kenya, Permanent Presidential Commission on Soil Conservation and Afforestation.
UICN (Unión Mundial para la Naturaleza). 1996. Forest cover and forest reserves in Kenya: policy and practice. Nairobi, Kenya, UICN-EARO.
