El la propósito de este documento es ofrecer un conjunto de principios orientadores para la integración de las dimensiones relativas a seguridad alimentaria sostenible en el programa de investigación de los Sistemas Nacionales de Investigación Agronómica (SNIA). Estas directrices se proponen hacer una aportación a la planificación estratégica, de corto y de largo plazo, de las instituciones que desean enriquecer sus programas de investigación. Las directrices se orientan específicamente a los responsables de las decisiones y a las autoridades en materia de investigación, así como a los científicos de los Sistemas Nacionales de Investigación Agronómica, con sus asociados institucionales.
El mandato de elaborar las presentes directrices fue producto de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) de las Naciones Unidas, celebrada en 1996. Durante esta conferencia se produjeron la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria y el Plan de Acción de la CMA. Los dirigentes mundiales se comprometieron a lograr la seguridad alimentaria para todos y a erradicar el hambre, con el propósito inmediato de reducir para el año 2015 la cifra de personas subnutridas en todo el mundo a la mitad de su nivel de entonces. El Plan de Acción de la CMA comprende una serie de compromisos para ayudar a promover la seguridad alimentaria sostenible. El Compromiso Tercero pide a los institutos nacionales de investigación agronómica incorporar la seguridad alimentaria en sus programas de investigación. A fin de determinar cómo llevarlo a cabo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Foro Mundial sobre Investigación Agrícola (FMIA) y el Programa de Apoyo a la Investigación en Agricultura Sostenible y Ordenación de los Recursos Naturales (SANREM CRSP) facilitaron un diálogo entre integrantes de la comunidad internacional de investigación y aplicación.
La FAO consideró que una de las formas más apropiadas de tratar el Objetivo 3.4 del Compromiso Tercero era mediante la realización de conferencias electrónicas, ya que éstas son una de las formas más eficaces y participativas para recopilar aportaciones e ideas de participantes de todo el mundo, que de otra forma no podrían intervenir en esos debates. Las presentes directrices se elaboraron durante un debate de seis semanas de duración, estructurado a partir de un conjunto de preguntas (Apéndice) y con un método participativo.
Consulta electrónica (3-21 de abril de 2000)
La FAO, en asociación con el SANREM CRSP y en colaboración con el FMIA llevó a cabo una consulta electrónica preparatoria para la conferencia electrónica. Durante esta consulta, unos 30 expertos representantes de los diversos interesados determinaron los resultados propuestos, un marco conceptual, así como las principales cuestiones y aspectos relativos a la organización de la conferencia electrónica.
Conferencia electrónica (5 de junio -14 de julio de 2000)
Participaron en la conferencia electrónica 400 personas de 50 países: investigadores, responsables de las políticas, autoridades y científicos participantes en la gestión de los SNIA, así como interesados en la determinación de las prioridades de investigación, ejecución y vigilancia de los programas de investigación agrícola, en los ámbitos nacional y regional. También participaron representantes del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI), de organizaciones no gubernamentales (ONG), de grupos de productores, de instituciones punteras en los sectores de la innovación y la transferencia tecnológica, así como de la comunidad de donantes.
Las ideas, consideraciones, el diálogo y los debates de la conferencia electrónica proporcionan tanto el material de las directrices como el marco de su presentación. A continuación se sometieron a consideración elementos bibliográficos y estudios de casos. Un grupo de participantes externos de los foros de los SNIA, la conferencia electrónica y la FAO sometió a examen las directrices, que constituyen los principios generales y ofrecen referencias de enfoques útiles para tratar la seguridad alimentaria sostenible mediante un programa de investigación. No tienen como fin proporcionar un tratado profundo ni un examen de vanguardia del tema.
Aunque se han dado diversas definiciones de seguridad alimentaria, suelen referirse a las situaciones en que “todas las personas tienen en todo momento acceso a suficientes alimentos para llevar una vida activa y sana” (Dirección del Consumo de Alimentos y la Nutrición [FCND], 1999; FAO 1997a; Banco Mundial, 1986). En la Declaración de la CMA, los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”. A su vez, se prometió consagrar la voluntad política y dedicarse “a erradicar el hambre en todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas desnutridas a la mitad de su nivel actual no más tarde del año 2015”.
Al aproximarse la reflexión de cinco años después de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, queda claro que no existe una receta única para lograr la seguridad alimentaria mundial. En el mundo en desarrollo, las estimaciones recientes indican que 826 millones de personas carecen de suficientes alimentos. Pese a una reducción general del número de personas que padecen inseguridad alimentaria, la reducción actual no indica un avance mundial uniforme (FAO 2000a). En efecto, los datos revelan que en la primera mitad del decenio en curso sólo 37 países lograron reducir el número de personas subnutridas de su población. En los países en desarrollo, la cifra de personas con hambre en realidad aumentó.
La Declaración de Roma formuló siete compromisos para tratar los múltiples aspectos de la seguridad alimentaria. El Compromiso Tercero dice: “Nos esforzaremos por adoptar políticas y prácticas participativas y sostenibles de desarrollo alimentario, agrícola, pesquero, forestal y rural, en zonas de alto y bajo potencial, que sean fundamentales para asegurar un suministro de alimentos suficiente y fiable a nivel familiar, nacional, regional y mundial y que combatan las plagas, la sequía y la desertificación, considerando el carácter multifuncional de la agricultura”. Esto significa que las políticas y los programas agrícolas deben contener medidas expresas y claras para proteger y restablecer los recursos naturales, reforzar el poder de compra de la población urbana y rural, y promover la diversificación económica y la integración favorable en los circuitos comerciales.
La atención a la seguridad alimentaria ha pasado del nivel nacional e internacional del suministro y el movimiento de los alimentos, al nivel micro del acceso, la vulnerabilidad, los derechos y la distribución entre los diversos grupos sociales (Sen, 1981; Berry, 1984). Maxwell y Frankenberger (1992) analizaron los supuestos de las definiciones de seguridad alimentaria y encontraron cuatro conceptos implícitos en la noción de que “todas las personas tienen en todo momento acceso a suficientes alimentos”.
Esos conceptos son:
a) la suficiencia de alimentos, definida ante todo como las calorías necesarias para llevar una vida activa y sana;
b) el acceso a los alimentos, definido como el derecho a producir, comprar o intercambiar alimentos o recibirlos como donación;
c) la seguridad, definida como el equilibrio entre la vulnerabilidad, el riesgo y la aseguración; y
d) el tiempo, cuando la inseguridad alimentaria puede ser crónica, pasajera o cíclica.
Se acepta ampliamente que la disponibilidad y la utilización de los alimentos, así como el acceso a los mismos, dependen del nivel general de desarrollo que caracteriza al medio en el que las personas y las familias luchan por su subsistencia (USAID, 1995). La seguridad alimentaria no sólo depende de la producción, las importaciones y las transferencias de alimentos, sino también de las oportunidades de empleo y de obtener ingresos, de cómo se toman las decisiones y se asignan los recursos en el seno de las familias, de la utilización de los servicios de salud, de las prácticas de atención a los niños pequeños y de las relaciones entre los géneros (Johnson-Welch et al. 2000). Las medidas y las repercusiones de la seguridad alimentaria necesitan tomar en cuenta a los integrantes particularmente vulnerables de las familias (por ejemplo, los niños, las mujeres y los ancianos), así como a los grupos sociales y las zonas geográficas cuyos recursos son diversos. De esta manera, la seguridad alimentaria ha de tratarse como una cuestión multidimensional del desarrollo que exige intervenciones integrales, que tomen en cuenta la totalidad y la diversidad de las necesidades humanas y la disponibilidad de recursos.
Un reciente enfoque holístico que pretende tender un puente entre las cuestiones del desarrollo, la sostenibilidad, la equidad y la seguridad alimentaria es el marco de sustento sostenible (Ashley y Carney, 1999). En este sistema, la seguridad alimentaria (definida a la vez por la cantidad y la calidad) es uno de los resultados deseables de los medios de subsistencia sostenibles, junto con otras dimensiones del bienestar humano y ambiental. Los medios de subsistencia sostenibles resisten y se recuperan de las crisis causadas por factores externos, se reproducen sin depender de la ayuda exterior, mantienen la productividad a largo plazo de los recursos naturales y no socavan las opciones de sustento de otras personas.
Este concepto incorpora en la investigación y la aplicación diversos elementos de los enfoques participativos, pero es innovador por su énfasis en el análisis en varios niveles de la pobreza y destaca la importancia de trabajar a la vez en las esferas de las políticas y la comunidad. También traslada la atención analítica del estrecho enfoque en los recursos materiales a las personas y las relaciones, en particular a la importancia de las instituciones culturales, el capital social y las capacidades humanas en la determinación del bienestar. Asimismo, subraya el carácter dinámico y diverso de los medios de subsistencia y cómo la seguridad alimentaria es más una función del conjunto de estrategias familiares que de una dotación fija de recursos (Scoones, 1998).
El Objetivo 3.4 del Compromiso Tercero del Plan de Acción de la Declaración de Roma dispone específicamente: “Adoptar medidas decisivas, en cooperación entre los sectores público y privado, para reforzar y ampliar la investigación y la cooperación científica en materia de agricultura, pesca y silvicultura en apoyo de la política y de las medidas internacionales, regionales, nacionales y locales para aumentar el potencial productivo y mantener la base de recursos naturales en la agricultura, la pesca y la silvicultura, y en apoyo de los esfuerzos por erradicar la pobreza y promover la seguridad alimentaria.”
Además, en el Objetivo 3.4 se establece que: “... los gobiernos, en colaboración con las comunidades internacional y científica de los sectores público y privado, según proceda, habrán de... fortalecer los sistemas nacionales de investigación con vistas a elaborar programas coordinados en apoyo de la investigación para fomentar la seguridad alimentaria”. Se determinaron los programas nacionales de investigación agronómica como uno de los principales mecanismos para cumplir el mandato de la Declaración de Roma de mejorar la seguridad alimentaria sostenible.
Diversos factores están produciendo significativas transformaciones en la estructura orgánica de la investigación agrícola. Entre ellos, la diversificación institucional de la investigación agrícola, el surgimiento de nuevos participantes institucionales (por ejemplo, las ONG, la sociedad civil y la empresa) y la creciente complejidad y costos de la investigación agrícola debido a las novedades científicas. Estamos presenciando un cambio de un modelo organizativo caracterizado por una gran institución pública de investigación o instituto nacional de agronomía, a una infraestructura institucional diversificada (Byerlee y Alex, 1998). En esta nueva situación, una variedad de instituciones desempeña diferentes papeles, aunque complementarios, en la producción, adaptación y difusión de tecnología para mejorar la agricultura. Este segundo modelo se denomina Sistemas Nacionales de Investigación Agronómica (SNIA).
En principio, los SNIA comprenden una amplia variedad de instituciones públicas y privadas y de actividades. En consecuencia, todas las instituciones y entidades de determinado país que participan efectiva o potencialmente en la producción, adaptación, convalidación, transferencia y utilización de tecnología relacionada con la agricultura, la silvicultura y la pesca constituyen los SNIA de ese país. Esto comprende a los institutos nacionales de agronomía, institutos especializados en productos básicos, universidades, laboratorios industriales de investigación, organizaciones para el desarrollo, organizaciones no gubernamentales, servicios de extensión y usuarios finales de la tecnología.
