Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes: agentes claves para estrategias efectivas de recuperación post-pandemia

28 organizaciones de América Latina y el Caribe hicieron un llamado a empoderar a las mujeres para combatir el alza de la pobreza y el hambre debido al COVID19.

Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales.

Santiago de Chile, 15 de octubre de 2020 - Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra hoy 15 de octubre, 28 organizaciones y entidades públicas, privadas y multilaterales hicieron un llamado a empoderar económicamente a las mujeres para revertir el alza de la pobreza y el hambre debido al impacto de la pandemia en América Latina y el Caribe.

Según la CEPAL, la pobreza extrema en zonas rurales podría alcanzar el 42%, una cifra completamente inédita. De acuerdo con estas estimaciones, 10 millones de habitantes rurales –de los cuales casi 6 millones son mujeres– podrían entrar a una situación donde los ingresos no son suficientes siquiera para cubrir necesidades alimentarias básicas.

Durante la pandemia, las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes que trabajan en el mundo rural continuaron sus labores para responder a la demanda de alimentos en las ciudades, en las comunidades rurales y en sus propias familias.

Sin embargo, realizan sus actividades productivas enfrentando desigualdades como el trabajo  informal, la sobrecarga de labores domésticas no remuneradas, la dificultad para acceder a recursos productivos como la tierra, el agua, insumos agrícolas, financiamiento, seguros y capacitación.

También enfrentan barreras para comercializar sus productos en los mercados, además del incremento de la violencia de género que se ha visto durante la pandemia en los países de la región.

Por eso las 28 organizaciones que impulsan la campaña #MujeresRurales, mujeres con derechos, llaman a promover la autonomía económica de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, mediante el desarrollo de regulaciones, políticas y programas que les permitan acceder de manera equitativa a recursos productivos, a la protección social, a la capacitación y, sobre todo, volviéndolas parte activa en las decisiones que afectan su futuro, el de sus familias y comunidades, durante la recuperación post-pandemia.

Una recuperación de la mano de las mujeres rurales

Según la FAO, el actual contexto demanda una enérgica reacción política, estatal, intersectorial y de la cooperación al desarrollo, a partir de la cual la región ha de ser capaz de responder a la urgencia y, al mismo tiempo, avanzar hacia un ejercicio igualitario de los derechos de mujeres y hombres, como única vía para transformarnos en sociedades más equitativas y resilientes.

Para que las estrategias de recuperación post-pandemia sean efectivas, junto a las mujeres rurales, es necesario:

-       Valorar e incluir el enfoque de género como un elemento fundamental en las estrategias de respuesta a la pandemia.

-       Garantizar diagnósticos desagregados por sexo, edad, grupo étnico, ubicación geográfica y modalidad de empleo, que permitan estimar en mayor medida la vulnerabilidad de las poblaciones rurales.

-       Potenciar la cobertura de los programas y proyectos de seguridad alimentaria y nutricional, a fin de atender las necesidades alimentarias urgentes de los sectores más vulnerables.

-       Impulsar la articulación de programas productivos, de protección social y de fortalecimiento de capacidades orientados a la agricultura de pequeña escala.

-       Invertir en el liderazgo de las mujeres e involucrarlas en las estrategias de respuesta.

-       Considerar como un pilar prioritario de la reactivación económica a la instalación de sistemas de cuidado, educación, alimentación escolar y reducción de la violencia de género.

-       Activar circuitos locales de abastecimiento y comercialización de alimentos y promover la inclusión de las mujeres productoras.

-       Promover acciones conjuntas con el sector privado, a fin de desarrollar programas que garanticen su acceso al empleo decente y la protección social.