Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

FAO conmemoró el Día Internacional de la Mujer Rural con un diálogo político regional

El diálogo político sobre tenencia de la tierra se enmarcó en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural para promover el empoderamiento económico de las mujeres rurales, en toda su diversidad, reconociendo su rol central en la recuperación económica de los países de América Latina y el Caribe.

4 de octubre, Santiago de Chile— La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Comité Permanente sobre Catastro en Iberoamérica (CPI), PRINDEX, la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, junto a la participación del Frente Parlamentario contra el Hambre, conmemoraron el Día Internacional de la Mujer Rural a través del diálogo regional sobre “Acceso a la tenencia de la tierra por parte de las mujeres rurales”.

Durante el evento se presentaron estudios relevantes sobre el acceso a la tenencia de la tierra por las mujeres, y buenas prácticas impulsadas por Costa Rica, Guatemala, Perú y Uruguay.

El encuentro virtual contó con la participación del Subdirector General y Representante de la FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, Claudia Dávila, la Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de Paraguay y presidenta de ParlAmericas, Senadora Blanca Ovelar, el Vicepresidente del Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica (CPCI), Ricardo López, de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad de la OEA, Jhonattan Toribio y el Codirector de PRINDEX, Malcolm Childress.

Durante la presentación del Representante de la FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin, destacó el rol clave de las mujeres rurales en la transformación de los sistemas agroalimentarios para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe.

Además, Mario Lubetkin enfatizó que, “el Día Internacional de la Mujer Rural es una ocasión para acelerar la igualdad de derechos como consigna la agenda 2030, por lo que no es casual que hoy estemos aquí reunidos con las instituciones regionales vinculadas a la promoción de la tenencia de la tierra y parlamentos de nuestra región, es justamente porque queremos resultados concretos y con sentido de urgencia sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra y otros recursos productivos”.

Respecto a los desafíos por superar, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, Claudia Dávila indicó: “necesitamos que nuestras políticas estén orientadas a este tema y establezcan un fondo que asigne recursos financieros para que las mujeres accedan mayoritariamente a la titulación y registro de la propiedad de la tierra, tanto de predios rurales como urbanos”.

“Nos hemos empoderado mucho las mujeres en Colombia, con el objetivo de que en cada uno de los espacios estén nuestras voces y podamos demostrar y dar a conocer que hay una problemática grande como es el uso de la tierra”, indicó Diana Uribe, la representante de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca.

Sobre el acceso a la tenencia de la tierra por parte de las mujeres rurales

Las mujeres rurales suelen tener un menor acceso a la tenencia de la tierra y la que está en sus manos, suele ser de peor calidad en América Latina y el Caribe. En la región, según la FAO, 58 millones de mujeres viven en el campo, de las cuales en promedio solamente el 30% posee tierras agrícolas.

Asimismo, en 2020, PRINDEX, iniciativa de Global Land Alliance y el Overseas Development Institute, efectuó la primera encuesta mundial sobre la percepción de la seguridad de la tenencia en 140 países. Sus datos muestran que el 36% de las mujeres de América Latina se sienten inseguras en cuanto a la tenencia de sus viviendas y predios productivos, frente a un 25% de hombres.

Esta situación se relaciona también con un acceso limitado a otros recursos productivos, servicios de asistencia técnica y extensión rural, créditos y seguros agrícolas, a participar de la toma de decisiones y a ser reconocidas como productoras protagonistas de la agricultura familiar. Sumado a la sobrecarga de labores de cuidado, dificultades para participar de los mercados y a beneficiarse de la protección social.

Fortalecimiento del derecho a la tierra

La Agenda 2030 ofrece una oportunidad única para promover los derechos de las mujeres a la tierra. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (Igualdad de género) reconoce explícitamente que el fortalecimiento de la propiedad y el control de las mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y rurales sobre la tierra es una forma de empoderarlas y contribuir a erradicar la pobreza y el hambre.

La FAO es la agencia custodia del indicador 5.a.2 que mide el: “Porcentaje de países en que el ordenamiento jurídico (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad y/o control de la tierra”. 

Por esta razón, con la finalidad de apoyar los países en el monitoreo de dicho indicador, la FAO desarrolló y validó una metodología específica, y puso en marcha una iniciativa de apoyo técnico que, hasta hoy ya ha logrado resultados para 12 países:  Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Nicaragua, México y Uruguay.

Con base en dichos resultados, los principales desafíos de los países en la región se encuentran: 1) la adopción de normas y políticas de registro conjunto obligatorio de todos los bienes inmuebles rurales y urbanos de las parejas casadas y en unión de hecho; 2) el desarrollo de incentivos económicos que promuevan el registro conjunto de la tierra tanto urbanas como rurales; 3) la eliminación de disposiciones de códigos civiles y de familia que discriminan los derechos igualitarios de administración conjunta y herencia de los cónyuges y descendientes, tanto en el matrimonio como en las uniones de hecho o convivientes; 4) y el  desarrollo y financiamiento de los Fondos de Tierras que favorezcan el acceso igualitario y que incluyan una partida presupuestaria con un compromiso de los Estados a mediano y largo plazo.