Sólo en nuestra región estos programas benefician a 113 millones de personas.

Santiago de Chile, 12 de octubre de 2011- Los programas de protección social -entre los que se cuentan los de transferencias condicionadas de ingresos- son una obligación para los Estados y un derecho para los ciudadanos, señalaron agencias del sistema de Naciones Unidas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, se reunieron con representantes de gobierno de 16 países para analizar los programas de transferencia condicionadas de ingresos (PTC).

Estos programas entregan recursos monetarios a familias pobres con hijos en edad escolar y mujeres embarazadas, a cambio de que sus hijos vayan al colegio o participen en controles de salud y nutrición.

La experta independiente de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Extrema Pobreza, Magdalena Sepúlveda, explicó que los programas de transferencia condicionadas son una herramienta de protección social que puede ayudar a los Estados a cumplir sus obligaciones para con sus ciudadanos.

?En el ámbito de la política social se hace cada vez más presente la idea de que los ciudadanos que participan de estos programas son sujetos de derechos que buscan activa y responsablemente salir de la pobreza y, así, realizar plenamente sus derechos económicos y sociales?, dijo Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL

Enfoque de derechos

Los programas de transferencias condicionadas, nacidos a mediados de los años 90, son implementados hoy por 18 países de América Latina y el Caribe, y se han extendido al Sudeste Asiático y África. Sólo en nuestra región estos programas cubren 113 millones de personas, de las cuales poco más de 78 millones son beneficiadas por los programas Oportunidades, de México y Bolsa Familia, de Brasil.

La Ministra de Desarrollo Social y Combate al Hambre de Brasil, Tereza Campello, explicó que dicho país está ampliando la cobertura de sus programas de transferencias: ?Se está ampliando el alcance del Bolsa Familia, como el reciente aumento del número de hijos elegibles, de 3 por familia beneficiada,? señaló Campello. (ver entrevista completa)

En Ecuador, los programas de este tipo tienen más de una década de funcionamiento. ?Comparativamente (al tamaño del país) tenemos la mayor cantidad de beneficiarios, ya que tenemos un millón doscientos mil hogares beneficiarios, con una transferencia de US $ 35 dólares desde 2007?, explicó el Viceministro de Inclusión Económica y Social de Ecuador, Pabel Muñoz. (ver entrevista completa)

Con el fin de aportar al perfeccionamiento de estos programas, el VI Seminario de Transferencias analizó el llamado ?enfoque de derechos? y su aplicación a los PTC. Este enfoque impone a los programas que cuenten con un adecuado marco jurídico e institucional, aseguren la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información de los mismos, y que velen por una participación significativa y efectiva de los destinatarios.

?Definitivamente los programas de transferencias condicionadas, enmarcados en políticas sociales integrales, son instrumentos que pueden contribuir a que los estados avancen en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones internacionales de derechos humanos?, afirmó Humberto Henderson, Representante Regional Adjunto para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De acuerdo a Magdalena Sepúlveda, cuando se aplica un enfoque de derechos se mejora la efectividad y sostenibilidad de los programas y se asegura que lleguen a los grupos más vulnerables de la población: ?Nos proporciona una herramienta para ver cuál es el impacto diferenciado entre hombres y mujeres, en adultos mayores o personas con discapacidad, y cuáles mecanismos son necesarios para que todos se beneficien de manera igualitaria?, señaló la experta. (ver entrevista completa)

Transferencias en El Caribe

La VI versión del Seminario de transferencias incluyó la participación de representantes de 16 países de América Latina y por primera vez de países del Caribe anglófono que han implementado programas de transferencias condicionadas: Jamaica y Trinidad y Tobago.

Sus programas, nacidos entre 2001 y 2005, están dirigidos principalmente a familias en pobreza extrema, con niños, mujeres embarazadas o adultos mayores sin trabajo. En 2009 estos cubrían a casi 400 mil personas.

El Ministro de Desarrollo Social y Popular de Trinidad y Tobago, Glenn Ramadharsingh, indicó que su país está aplicando el programa Targeted Conditional Cash Transfer Program, el que ha sido visto con interés en varios países vecinos. Afirmó que los gobiernos de St Kitts, Barbados y Guyana ya solicitaron cooperación técnica y capacitación. (ver entrevista completa)