Se observa una estrecha relación entre la desigualdad, el hambre y las distintas formas de malnutrición. La desigualdad genera asimetrías en el acceso a bienes y servicios alimentarios y no alimentarios que se traducen en distintos estados nutricionales e incluso en inseguridad alimentaria entre la población. Estas asimetrías y sus consecuencias sobre el estado nutricional pueden observarse más claramente entre los grupos que tradicionalmente presentan mayores grados de exclusión social o económica como lo son la población infantil, las mujeres, grupos indígenas y población que vive en situación de pobreza o en áreas rurales.

En diez países de la región, el 20 % de los niños y niñas más pobres (quintil de menores ingresos) sufren tres veces más de desnutrición crónica que el 20 % más rico (quintil de mayores ingresos). Por ejemplo, en Guatemala la prevalencia del retraso en el crecimiento afecta a casi el 66% de los niños y niñas del quintil de menores ingresos, en comparación con poco más del 17% del quintil de mayores ingresos. En Honduras, estas tasas son de 42% y 8%, respectivamente.

Asimismo, la prevalencia del retraso en el crecimiento es mayor en la población indígena infantil. En Guatemala, la desnutrición crónica afectaba en 2014-2015 al 61 % de los niños y niñas indígenas, en contraste con el 34 % de los no indígenas. En Panamá, los niños y niñas indígenas presentan una prevalencia del 62%, en comparación con el 19 % del promedio nacional.

En las zonas rurales se observa la misma tendencia, los niños y niñas presentan mayores prevalencias de retraso en el crecimiento que los niños y las niñas de las áreas urbanas. Por ejemplo, en Perú la desnutrición crónica infantil en áreas rurales es de 29%, mientras que en las zonas urbanas es de 8%. Este tipo de brechas entre zonas urbanas y rurales se repiten en al menos otros once países.

Por su parte, el 8,4% de las mujeres de América Latina se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 6,9% de los hombres. Es decir, 19,2 millones de mujeres en comparación con 15,1 millones de hombres que se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave en el último trienio (2015-2017).

Estas múltiples formas de malnutrición no son solamente el resultado de una ingesta inadecuada o insuficiente de alimentos, sino también incluyen un conjunto de procesos interrelacionados con las desigualdades en el acceso a la salud, la educación, el saneamiento, los servicios básicos, la equidad de género, el lugar de residencia, la religión, la procedencia étnica y la conservación de los recursos naturales, entre otros. A consecuencia de esto se generan entornos alimentarios que son más propicios, en términos de acceso a alimentación saludable, para algunos grupos poblacionales que para otros.

A lo anterior debemos sumar las desigualdades de ingresos que condicionan el acceso económico a una alimentación nutritiva porque determinan el acceso de las personas a servicios, capacidades y oportunidades, que terminan por limitar su desarrollo individual y generar ineficiencias para el desarrollo del país.

Estas desigualdades, aunadas a la transformación del sistema alimentario, están generando una transición nutricional que se caracteriza por la coexistencia del hambre, el sobrepeso y obesidad y la deficiencia de micronutrientes.

Un sistema alimentario es un conjunto amplio de actores y actividades que tienen implicaciones en los resultados nutricionales, puesto que de este sistema depende que estén disponibles los alimentos necesarios para una buena nutrición. En otros términos, el sistema alimentario determina la cantidad, la calidad y la diversidad de los alimentos disponibles para el consumo.

La creciente urbanización, el cambio en los patrones alimentarios y las nuevas formas de producir y procesar alimentos ha modificado la cantidad y calidad de alimentos que se consumen hoy en día. Por ejemplo, hace treinta años el consumo de cereales, legumbres y raíces era relativamente más común comparado con lo que se observa hoy. En la actualidad las carnes y los lácteos tienen mayor participación en nuestra alimentación, pero también los productos con altos niveles de azúcar, grasas y sal han pasado ser parte habitual de los patrones alimentarios de los latinoamericanos y caribeños

Bajo la mirada de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible los sistemas alimentarios deberían apuntar hacia garantizar una mejor alimentación para todas las personas, ahora y en el futuro, de forma más sostenible y adaptada al cambio climático, con el objetivo de asegurar una alimentación adecuada y una vida sana para todas las personas.

Ciertos tipos de malnutrición son más frecuentes entre estos grupos de población.

Por ejemplo, en todos los países de América Latina y el Caribe para los que tenemos información, sabemos que la obesidad en adultos es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Lo mismo pasa con la inseguridad alimentaria: se estima que las mujeres de la región padecen de mayor inseguridad alimentaria severa que los hombres, con tasas de 8,4% y 6,9%, respectivamente.

Por su parte, los habitantes rurales y la población indígena sufren una mayor inseguridad alimentaria que los habitantes urbanos y los no indígenas. Esto es especialmente entre los niños y las niñas menores de cinco años que viven en zonas rurales o pertenecen a algún grupo étnico. Al respecto, la diferencia en las tasas de desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años en áreas rurales y urbanas llega a ser de hasta de 20 puntos porcentuales, como sucede en Guatemala y Perú.

Con respecto a la población indígena, se observa que en el Estado Plurinacional de Bolivia el retraso en el crecimiento en 2016 afectaba al 24,6% de los niños y las niñas cuya primera lengua de la madre era el quechua y a un 23,5% en el caso de la población aymara. En contraste, la cifra nacional en ese mismo país era del 16% y la prevalencia cuando la primera lengua de la madre era el castellano alcanzaba el 11,7%.

En Ecuador, en el 2012 el 42,3% de los niños y niñas indígenas presentaba retraso en el crecimiento versus el 25,2% de promedio nacional. En el 2014-2015, en Guatemala la prevalencia del retraso en el crecimiento afectaba al 61,2% de los niños y niñas indígenas menores de 5 años, en comparación con el 34,5% de los niños y niñas no indígenas. En Panamá, en el 2008 el 62% de los niños y niñas indígenas presentaban retraso en su crecimiento, en comparación con el 19% de los niños no indígenas. En tanto, en Paraguay en el 2016 las cifras eran del 31,5% y del 5,9%, respectivamente.

Las desigualdades de ingreso también están asociadas con diferencias en la malnutrición de los niños. Por ejemplo, en diez países de la región se observa que la desnutrición crónica infantil es tres veces más frecuente en el primer quintil de ingreso familiar con respecto al quintil más alto.

Finalmente, la deficiencia en vitamina A continúa siendo un problema persistente en países de medianos y bajos ingresos de América Latina y el Caribe. Esta problematica afecta especialmente a niños, niñas y mujeres embarazadas que pertenecen a pueblos indígenas y/o habitan en zonas rurales.

Tras una trayectoria exitosa en la lucha contra el hambre, la región enfrenta un aumento en el número de personas que en 2017 alcanzó los 39,3 millones de personas, lo que representa el 6,1% del total de la población. En comparación con el año anterior ese nivel significa un aumento de 200 mil personas. Lo anterior se explica en gran medida por la situación económica de los últimos años en América del Sur, subregión que entre 2016 y 2017 vio incrementar el hambre en 800 mil personas hasta llegar a 21,4 millones de personas.

Como se mencionaba, el aumento en el hambre en el último trienio provino de incrementos en los países de Sudamérica. Entre los trienios 2014-16 y 2015-17, Argentina, Bolivia y Venezuela aumentaron el número de personas con hambre.

En Argentina y Bolivia un alza en el hambre de aproximadamente 100 mil personas en cada uno de dichos países. Sin embargo, es importante notar que las prevalencias de subalimentación son muy diferentes en estos países: en Argentina la prevalencia de subalimentación es de 3,8%, mientras que en Bolivia es de 19,8%.

En el caso de Venezuela el aumento de personas en subalimentación fue de 600 mil entre los trienios 2014-16 y 2015-17. Con este incremento la prevalencia de subalimentación alcanzó el 11,7% en el trienio 2015-2017.

En Guatemala, Honduras y Nicaragua presentan una prevalencia de subalimentación mayor del 15% de su población, mientras que Paraguay y El Salvador sobre el 10%.

Finalmente, en algunos países se observa que el número de subalimentados se mantuvo con respecto al trienio pasado, este es el caso de Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.

En los últimos años la subregión ha enfrentado un contexto de desaceleración y contracción económica. Ello afecta el empleo y los ingresos de las familias, y, también los ingresos fiscales. En algunos países esto último se ha traducido en una reducción del presupuesto de los programas sociales. Sin embargo, la mayor parte del incremento se explica por el aumento de la inseguridad alimentaria de Venezuela; en este país la compleja situación macroeconómica y de muy alta inflación impacta sobre las cifras de hambre de muy diversas formas.

En nuestra región coexisten diversas formas de malnutrición, entre las cuales encontramos el hambre, la desnutrición, la deficiencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad. Incluso al interior de una familia podemos encontrar la presencia del hambre, desnutrición y problemas de exceso de peso.

Las adaptaciones fisiológicas a la restricción de alimentos ayudan a comprender por qué los hogares que enfrentan inseguridad alimentaria presentan un mayor riesgo de desarrollar un estado de sobrepeso y obesidad. De esta manera, un acceso deficiente de alimentos aumenta el riesgo de bajo peso al nacer y retraso en el crecimiento en niños, los cuales están asociados a un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en las edades posteriores.

En la región, la prevalencia de la subalimentación se ha estancado desde el 2014, ya que se ha mantenido en torno al 6,1% de la población. Sin embargo, el número de personas con hambre se ha incrementado constantemente desde el 2014, pasando de 38,5 millones de personas a 39,3 millones de latinoamericanos y caribeños en el 2017. En Sudamérica el número de personas ha aumentado, llegando a su nivel actual de 21,4 millones de personas. En esta subregión se ha registrado por cuarto año consecutivo un aumento, que suma más de 2 millones de personas adicionales que no alcanzan a cubrir sus necesidades de ingesta calórica.

En tanto, la subalimentación en Mesoamérica y el Caribe mantiene su tendencia a la baja, con el 6,2% y el 16,5% de su población afectada, respectivamente. En Mesoamérica, el número de personas subalimentadas se ha mantenido en 11 millones en los últimos dos años. Mientras, en el Caribe esta cifra se ha reducido en 200 000 personas respecto al año anterior, lo que da un total de 7 millones de caribeños subalimentados.

Asimismo, se ha registrado un incremento en los niveles de inseguridad alimentaria, que coincide con el deterioro de otros indicadores sociales. En Sudamérica se registran los mayores aumentos, en el periodo 2015-2017, la inseguridad alimentaria grave alcanzó al 6,9% de la población en Sudamérica y al 10,3% en Mesoamérica. Estos datos dan cuenta de un incremento en los niveles de inseguridad alimentaria si se compara con la medición anterior.

Por su parte, el sobrepeso y la obesidad en adultos ha tendido a incrementarse en la región durante las últimas dos décadas: la tasa de sobrepeso pasó de 44% a 58% entre 1995 y 2015, mientras que la tasa de obesidad pasó de 14% a 24% en el mismo periodo. De mantenerse la tendencia actual, se estima que en el 2030 la proporción de población adulta en América Latina y el Caribe con sobrepeso aumentaría a 70% y la población con obesidad alcanzaría a un 30% de la población regional.

En ese mismo periodo, el sobrepeso de niños y niñas menores de 5 años pasó de 6,7% a 7,2%, y se estima que en 2017 tuvo un incremento marginal al aumentar a 7,3%. En 2017 se calcula que el sobrepeso afecta al 7,7% de los niños y niñas de Sudamérica, al 7,2% de los del Caribe, y 6,4% de Mesoamérica.

Finalmente, el retraso en el crecimiento de niños y niñas menores de 5 años ha mostrado una tendencia a la baja. De hecho, la desnutrición crónica infantil se redujo a la mitad al pasar de 20% a 10% entre 1995 y 2017. Esta tendencia se observó de forma generalizada en las tres subregiones.

Colombia, Haití, México y República Dominicana registraron una reducción de las personas con hambre entre los trienios 2014-16 y 2015-17. Sin embargo, estos países presentan gran disparidad en términos de prevalencia de subalimentación. Haití continúa siendo el país de la región que presenta la mayor prevalencia de subalimentación de la región con el 45,8% de su población. En República Dominicana la prevalencia de subalimentación es de 10,4%, mientras que en Colombia y México mantienen tasas debajo los dos dígitos, con valores de 6,5% y 3,8%, respectivamente.

La reducción del hambre en Colombia, México y República Dominicana se debe en parte a la expansión del sector primario por encima de la economía en su conjunto, que además de incrementar el promedio de alimentos disponibles, mejora los ingresos de las poblaciones vulnerables, sobre todo aquellas que se dedican a la agricultura. En el caso de Colombia la fuerte reducción de la pobreza que se ha observado en ese país, aunado a la solución del conflicto armado que afectaba a muchos territorios rurales, son sin duda factores que hacen una contribución muy importante a la reducción del hambre. En el caso de Haití, se observó una importante expansión del consumo privado en 2017, impulsado en gran medida por el incremento significativo de la entrada de remesas.

Lo que une hambre y obesidad es la transición nutricional que se observa a nivel mundial y regional. Cambios demográficos, sociales y económicos rápidos han llevado a una mayor urbanización y a cambios en los sistemas alimentarios, los estilos de vida y los hábitos alimentarios. En consecuencia, los hábitos alimentarios se han volcado hacia un mayor consumo de alimentos altamente procesados e hipercalóricos, con un alto contenido de grasas saturadas, azúcares y sal y un bajo contenido de fibra. Dichos cambios conllevan una modificación del perfil de estado nutricional y enfermedades relacionadas con la alimentación. En las condiciones anteriores a la transición nutricional, los problemas nutricionales más presentes entre los grupos más vulnerables de la población eran la desnutrición y las carencias de nutrientes. La transición nutricional trae consigo gradualmente un aumento en el consumo energético de la población, incluso entre las personas más vulnerables. La desnutrición y algunas carencias de nutrientes, comienzan a disminuir al tiempo que el consumo excesivo de alimentos hipercalóricos y elaborados con un alto contenido de grasas, sal y azúcares aumenta, convirtiéndose en un problema cada vez más generalizado en los países. Los nuevos hábitos de consumo conducen a crecientes tasas de sobrepeso y enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación.

El sobrepeso y la obesidad está asociada a la inseguridad alimentaria a través del tipo de alimentos a los que tiene acceso la población que se encuentra en esta condición. Por lo general, los alimentos nutritivos y frescos tienden a ser costosos con respecto a otro tipo de alimentos como, por ejemplo, los alimentos industrializados. Por lo tanto, cuando comienzan a escasear los recursos de los hogares destinados a la alimentación, las personas eligen alimentos relativamente menos costosos que, a menudo, tienen una alta densidad calórica y un bajo contenido de nutrientes. Las personas afectadas por inseguridad alimentaria tienen menos probabilidades de tener acceso físico a los mercados donde poder comprar alimentos nutritivos y saludables a precios asequibles. Asimismo, la experiencia de no tener acceso a determinados alimentos, o un acceso adecuado, a menudo genera sensaciones de ansiedad, estrés y depresión, que a su vez pueden conducir a comportamientos que aumentan el riesgo de padecer sobrepeso y obesidad.

En materia de subalimentación la región presenta una de las tasas más bajas de prevalencia a nivel mundial, y se ubica por debajo del promedio global de 10% de la población mundial. En cuanto a la inseguridad alimentaria grave, las tasas aumentaron en todas las regiones y América Latina y el Caribe presenta la segunda prevalencia más alta, siendo superada solamente por África. La inseguridad alimentaria grave afectó al 9,8% de la población de la región, pese a ello, es inferior a la prevalencia mundial que alcanza al 10,2% de la población mundial. Por su parte, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de verse afectadas por inseguridad alimentaria grave en África, América latina y Asia.

Las tasas de obesidad han aumentado en todas las regiones del mundo, y la prevalencia de obesidad en adultos en América Latina y el Caribe es una de las más altas, superando ampliamente el promedio global de 13,2%. Al 2016, la prevalencia de obesidad de la región era de 24,1%, es decir, existen 104,7 millones de adultos obesos en América Latina y el Caribe.

La región presenta una de las prevalencias más bajas de anemia entre las mujeres en edad fértil (15-49 años). Al 2016, 22% de las mujeres en edad fértil presentaba anemia, la prevalencia mundial es de 32,8%. Sin embargo, los niveles van en aumento.

América Latina y el Caribe presenta las prevalencias más bajas en cuanto a retraso en el crecimiento y emaciación, afectando a 5,1 millones (9,6%) de niños y niñas menores de 5 años y 0,7 millones (1,3%), respectivamente en el 2017. En cuanto a la prevalencia del sobrepeso en niñas y niños menores de 5 años, la región sobrepasa el promedio mundial de 5,6%, al poseer una de las prevalencias más altas, alcanzando un 7,3%, lo que equivale a 3,9 millones de niños y niñas menores de 5 años. Solamente Oceanía, presenta una prevalencia mayor (8,7%).

Las últimas estimaciones confirman que nos hemos ido alejando del cumplimiento de la meta para poner fin al hambre del ODS 2, esto requiere actuar decididamente para recuperar la trayectoria y salir del estancamiento en el cual varios países se encuentran. Los gobiernos de nuestra región deben retomar el compromiso con políticas, programas y un gasto público social Para poder erradicar el hambre y la malnutrición en todas sus formas de aquí al 2030, es necesario aumentar las inversiones en intervenciones en materia de nutrición, ampliar la escala de la aplicación de políticas y programas y aumentar la coherencia entre las políticas, así como aumentar los compromisos en el plano nacional. Además, es necesario continuar fortaleciendo la resiliencia y la capacidad de adaptación de los sistemas alimentarios y los medios de vida de las personas frente a los impactos del cambio climático. De lo contrario, seguirán sin alcanzarse los objetivos de poner fin al hambre y la malnutrición en todas sus formas para 2030

Por otra parte, existen territorios que son de difícil alcance para la política pública y que históricamente han presentado mayores rezagados y grados de exclusión social que han perpetuado un círculo de pobreza, por ello la urgencia de identificar aquellos territorios que presentan las mayores brechas y mayores grados de vulnerabilidad para focalizar recursos y orientar acciones para la superación del hambre y la pobreza.

Pese a los importantes avances que había logrado la República Bolivariana de Venezuela en la década del 2000, en la actualidad es el segundo país de América Latina y el Caribe que requiere una mayor atención, puesto que la prevalencia del hambre casi se ha triplicado entre el trienio 2010-2012 (3,6%) y el trienio 2015-2017 (11,7%). Además, el número de personas en dicha situación aumentó significativamente durante ese periodo, alcanzando los 3,7 millones de personas. Parte de la situación puede ser explicada por las dificultades política y económica de ese país que afectan a la mayoría de la población y se traducen en graves problemas de salud, nutrición y seguridad.

Es importante señalar que estas son las mejores estimaciones que la FAO puede producir, utilizando los datos proporcionados por el Gobierno de Venezuela. La falta de información actualizada sobre la desigualdad en la distribución de alimentos en el país, afecta la capacidad de la FAO para entregar estimaciones precisas. Por lo tanto, lo que se desea enfatizar es la tendencia, en lugar de los valores absolutos contenidos en el informe. Al no poseer los datos detallados, necesarios para realizar un análisis riguroso, es difícil dar una explicación precisa de las causas de la tendencia negativa en la seguridad alimentaria de país.

El indicador de subalimentación y el indicador de inseguridad alimentaria grave son indicadores complementarios. En conjunto, estos indicadores dan una idea de la situación de la seguridad alimentaria de un país. Vale la pena mencionar que estos indicadores son los indicadores oficiales para dar seguimiento a la meta 2.1 del ODS 2 (poner fin al hambre).

El indicador de subalimentación corresponde a la estimación de la proporción de personas que no cuentan con los alimentos suficientes que permiten satisfacer sus necesidades energéticas (medidas en kilocalorías per-cápita por día). Este indicador generalmente se reporta en promedios trianuales para evitar variabilidad extrema en el indicador debido a fenómenos transitorios como sequías, alzas en los precios de alimentos u otros factores coyunturales que pueden afectar las mediciones de los parámetros que usa esta medida.

Por su parte, el indicador de inseguridad alimentaria grave es una estimación del porcentaje de personas en una población que viven en hogares clasificados como en inseguridad alimentaria. Este indicador se construye a partir de información recogida directamente de personas adultas (mayores de 15 años) a través de preguntas que exploran desde el riesgo de no contar alimentos suficientes hasta la privación completa de éstos. En ese sentido, el indicador refleja la dificultad de acceder a una alimentación adecuada, basada en la experiencia de los miembros del hogar y los distintos grados de privación de alimentos.

El indicador de inseguridad alimentaria es relativamente nuevo, de hecho, su lanzamiento como indicador de la meta 2.1 del ODS inició en 2017. En ese sentido, aún no se logra tener la representatividad necesaria para contar con un valor a nivel regional, pero sí de las subregiones de América del Sur y América Central. La FAO, como Agencia custodia de este indicador de los ODS, ya se encuentra trabajando en ampliar la cobertura de esta medición, sobre todo en los países del Caribe. Cuando esto ocurra se podrá contar con este indicador para toda la región.

Los eventos naturales pueden afectar directamente la seguridad alimentaria, donde la agricultura, producción de alimentos, infraestructura y medios de vida pueden verse fuertemente afectados, en un contexto donde la frecuencia e intensidad de los eventos naturales ha aumentado en la región.

Se estima que los efectos de los desastres naturales en la producción de cultivos y ganado en la región entre el 2005 y el 2015 generó pérdidas equivalentes a 22 000 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una pérdida en la producción del 9% en los países del Caribe, del 4% en Sudamérica y del 3,5% en Mesoamérica. El subsector de las legumbres fue el más afectado de la región, registrando pérdidas por casi USD$ 8 000 millones entre el 2005 y el 2015, seguido por los cereales y el ganado.

De los fenómenos naturales reportados en la región, los de mayor frecuencia son las inundaciones (46% del total), seguidos de las tormentas (26%). En Sudamérica las inundaciones son los fenómenos naturales adversos más frecuentes. Durante el primer semestre del 2018, el desbordamiento de ríos y las inundaciones afectaron a 125 000 mil personas en Argentina, Bolivia, Colombia y Paraguay.

En América Central y el Caribe las tormentas son el evento más recurrente. En América Central, a principios del 2018, 300 000 familias se vieron afectada en Panamá por desbordamiento de ríos, y en Honduras, cinco departamentos del país resultaron afectados por lluvias intensas e inundaciones. En el Caribe se registraron dos huracanes de categoría 5 en septiembre del 2017. Afectaron a Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Haití, Puerto Rico y República Dominicana. Toda la isla de Dominica sufrió los efectos del huracán María y a principios del 2018, gran parte de la isla aún carecía de electricidad, la agricultura aún estaba en proceso de recuperación y el sector turístico estaba mermado, circunstancias que han afectado a los medios de vida de la población. El huracán Irma tuvo fuertes efectos en Barbuda, y toda la población de la isla fue movilizada a Antigua. En Cuba 3,1 millones de personas tuvieron problemas de acceso a agua potable, además el huracán destruyó viviendas, afectó escuelas, centros de salud y 95 mil hectáreas de tierras agrícolas.

A pesar de que las sequías son relativamente menos frecuentes que las tormentas o inundaciones, la FAO estima que entre el 2005 y el 2015 este fenómeno natural causó pérdidas productivas en los cultivos y el ganado en la región del orden de 13 000 millones de dólares. Las pérdidas fueron particularmente elevadas entre el 2012 y el 2014, debido a los fenómenos de El Niño y La Niña, afectando a Argentina y Brasil en el 2012 y a la mayoría de Mesoamérica en el 2014, sobre todo a El Salvador, Guatemala y Honduras.

Hasta el momento hemos señalados diversos factores que nos permiten comprender el por qué la región cambio de tendencia en la lucha contra el hambre. Una característica de la región es que el desempeño económico ha estado muy vinculado a la evolución de indicadores sociales, así en estos años de desaceleración y contracción económica no sólo hemos visto aumentar el hambre, sino también la pobreza.

Es cierto que, dado el tamaño de América del Sur influencia en gran parte el promedio regional, pero en Mesoamérica y en el Caribe encontramos las prevalencias más altas de subalimentación y también mayores tasas de pobreza en promedio, por tanto, no podemos perder una mirada regional. En los últimos años el hambre ha aumentado, algunos países mantienen prevalencias significativamente altas, o la tendencia de reducción del hambre se ha estancado.

Vale la pena destacar, que lo que sucede en la región no es ajeno a lo que sucede en el contexto global en el que el hambre aumentó a nivel global.

Las metas de desarrollo relacionadas con la seguridad alimentaria están concentradas en el ODS 2, el cual busca "Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible". En particular, las siguientes metas e indicadores fueron acordados por los países para monitorear los progresos en el cumplimiento de la seguridad alimentaria y nutricional:

Fuente: Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2018. Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/71/313

Los datos disponibles en este momento indican que la subalimentación afectó al 10,9% de la población mundial en el 2017, lo que significa un aumento en comparación al 10,6% registrado en 2015, año en el que se registra el cambio de tendencia. Se estima que 820,8 millones de personas no tienen acceso a una alimentación que proporcione la cantidad necesaria de calorías para poder llevar una vida activa y saludable.

La subalimentación, en América Latina y el Caribe presenta un estancamiento desde el 2014, ya que la prevalencia se ha mantenido en torno al 6,1% de la población. Sin embargo, el número de personas con hambre se ha incrementado constantemente desde el 2014, pasando de 38,5 millones de personas a 39,3 millones de latinoamericanos y caribeños en el 2017.

El segundo indicador de la meta 2.1 es la inseguridad alimentaria moderada o grave. En el periodo 2015-2017, la inseguridad alimentaria grave afectó a 7,9% de la población de América Latina, con tasas para Sudamérica y Mesoamérica de 6,9% y 10,3%, respectivamente. En comparación con la medición anterior, estos datos dan cuenta de un incremento en los niveles de inseguridad alimentaria regional ya que la prevalencia en el trienio 2014-2016 era de 7,2%. Al igual de lo que sucede con el caso de subalimentación, este aumento fue impulsado por el aumento de la inseguridad alimentaria de Sudamérica.

La segunda meta del ODS 2 hace referencia a poner fin a todas las formas de malnutrición, y los indicadores considerados dan seguimiento al estado nutricional de niños y niñas menores de 5 años. Por una parte, el retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de 5 años ha mostrado una tendencia a la baja desde 1995, al pasar de 19,7% en ese año a 9,6% en 2017. De continuar esta tendencia se estima que la región dará cumplimiento al objetivo de reducir la desnutrición crónica infantil en un 40% entre el periodo 2010 y 2025.

El segundo indicador de la segunda meta hace referencia a dos medidas: desnutrición aguda y sobrepeso. Estas medidas sirven para monitorear que los niveles de emaciación o desnutrición aguda se ubiquen debajo del 5%, y detener el alza en el sobrepeso en niños menores de 5 años.

La desnutrición aguda afecta al 1,3% de los niños menores de 5 años de la región, con lo cual se ha cumplido de manera anticipada esta meta. Por el contrario, el sobrepeso infantil continúa aumentando, afectando actualmente al 7,3% de los niños menores de 5 años, nivel que supera la tasa global de sobrepeso infantil de 5,6%.

La región cuenta con los alimentos suficientes para cubrir las necesidades energéticas de toda su población, en ese sentido la oferta de alimentos no es una limitante. La principal limitante para acceder a una cantidad y calidad suficiente de alimentos es el nivel de ingresos de las familias. Entonces, parte de la solución al problema de hambre y obesidad vendrá de conseguir que las familias cuenten con un nivel de ingreso estable y que cubra sus necesidades de alimentación sana y variada.

América Latina y el Caribe cuenta con un conjunto de políticas y programas en este ámbito, como por ejemplo los programas de transferencias monetarias, al que una fracción importante de la población regional tiene acceso. Estas políticas de protección social pueden jugar un rol clave en la reducción del hambre, y en la prevención y reducción del sobrepeso y la obesidad, ampliando su foco a todas las formas de malnutrición. Sin embargo, aún diversos territorios quedan excluidos y rezagados que enfrentan diversas vulnerabilidades, en donde se requiere de una política focalizada para atender las necesidades propias de cada territorio.

Los programas de alimentación escolar en la región son otra de las políticas de protección social más importantes de la región, siendo una de las políticas públicas más utilizadas para reducir el hambre y la desnutrición. También pueden mejorar los patrones de alimentación y los conocimientos y prácticas de nutrición de los escolares y sus comunidades, al complementarlas con otras acciones como la educación alimentaria y nutricional, las huertas escolares, la promoción de la actividad física y las campañas de desparasitación. En América Latina y el Caribe la alimentación escolar es un instrumento clave para garantizar el acceso a alimentos nutritivos y saludables, así como para promover hábitos alimentarios saludables. Debido al aumento de los índices de sobrepeso y de obesidad infantil los gobiernos de la Región se han centrado en la calidad y la composición de la alimentación escolar.

Además, la agricultura familiar es un sector clave para garantizar la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza en la región. Las políticas diferenciadas en apoyo de la agricultura familiar tienen un impacto positivo en la generación de empleo agrícola, la mitigación de la pobreza, y la conservación de la biodiversidad, entre otros. Por lo tanto, este tipo de políticas pueden ser especialmente importantes para garantizar la adecuada nutrición de las poblaciones más afectadas por las desigualdades de los sistemas alimentarios: habitantes de territorios rurales, personas en situación de pobreza, las mujeres y la población indígena. En este ámbito, destacan los programas de compras públicas a la agricultura familiar, reconocidos como un instrumento para generar empleo e ingresos en áreas rurales, así como por su capacidad para garantizar la diversidad y la calidad del suministro de alimentos.

Asimismo, por medio de los sistemas de abastecimientos y distribución de alimentos se puede fortalecer el acceso a alimentos frescos, variados y saludables por parte de distintos segmentos de la población. En tanto, los circuitos cortos de comercialización permiten la venta directa de productos frescos o de temporada, como frutas y verduras, con baja o nula intermediación entre productores y consumidores, siendo el precio de venta de los productos menor.

En el caso del sobrepeso y la obesidad, se explica en parte por la carencia relativa en muchos países de alimentos como frutas, verduras, pescado y lácteos, mientras que se observa una relativa abundancia de alimentos procesados que contienen altos niveles de sal, grasas y azúcares. Para este tipo de países se requieren de políticas que por un lado aumente la disponibilidad de alimentos saludables, y por otro, políticas que desincentiven el consumo excesivo de alimentos altamente procesados.

A través de medidas fiscales se puede prevenir el sobrepeso y la obesidad. Por ejemplo, por medio de la aplicación de impuestos selectivos al consumo a los productos con alto contenido calórico o altos en azúcar, sal o grasa; y de incentivos a la producción de alimentos frescos.

Asimismo, el uso del etiquetado frontal de advertencia nutricional se puede promover la alimentación saludable. Con este tipo de políticas se muestra de manera sencilla y gráfica a la población el contenido alto en nutrientes críticos que se encuentren en los productos comestibles.

La publicidad, promoción y patrocino de productos comestibles con alto contenido de calorías, altos en azúcar, sal o grasa y otras formas de comercialización influyen en las preferencias alimentarias de los niños, el comportamiento de compra y el comportamiento alimentario en general. Es por ello que diversos países de la Región ya han regulado la publicidad de alimentos.

Otra política que han utilizado los países que busca disminuir el sobrepeso y la obesidad es el establecimiento de regulaciones para los alimentos que se distribuyen o comercializan en los centros educativos. Para facilitar la adopción de hábitos alimentarios saludables en la escuela se limita el contenido de grasas y aceites, azúcar y/o sal.

Por medio de la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) se busca fomentar la comprensión sobre la importancia de una alimentación saludable; la creación de entornos que faciliten la elección de opciones alimentarias saludables y la creación de capacidades a fin de adoptar prácticas alimenticias y nutricionales que promuevan la buena salud.

Por último, cabe señalar que en los próximos años será de utilidad generar más evidencia sobre la efectividad de las medidas actualmente en implementación y sobre las que se desconoce aún los efectos. Asimismo, será importante desarrollar enfoques innovadores de intervención para abordar el problema creciente de malnutrición de la región.

En Guatemala, Ecuador, Honduras y Haití, más de uno de cada cinco niños y niñas menores a cinco años padecen de desnutrición crónica. El caso de Guatemala es particularmente grave pues se estima que 46,5% de los niños se encontraban en esa situación en 2014-2015.

En cuanto a la desnutrición aguda, en América Latina y el Caribe, el 1,3% de los niños y las niñas menores de 5 años presentan emaciación, tasa inferior al 5% establecido en la meta de los ODS. Este tipo de desnutrición -entendida como bajo peso para la talla- es más frecuente entre los países del Caribe. No obstante, esta problemática no es tan grave como los otros tipos de malnutrición. De hecho, los países con las mayores tasas de desnutrición aguda de niños y niñas menores de cinco años se observan en Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago, Haití y Surinam, con tasas de entre 7% y 5%. En el resto de los países de la región -en 19 países para ser precisos- la tasa de emaciación se ubica por debajo del 2,5%.