• En 2020, 59,7 millones de personas en la región estaban subalimentadas, es decir, 13,8 millones más que en 2019, un aumento de 30% en apenas un año.
  • En 2020, en Sudamérica había 33,7 millones de personas subalimentadas; 19 millones en Mesoamericas y 7 millones en el Caribe.
    
    
• Entre 2019 y 2020, la prevalencia del hambre en la región aumentó en 2 puntos porcentuales, llegando a 9,1%, la cifra más alta desde el año 2000 y con un aumento porcentual más pronunciado que en otras regiones del mundo.
  • En 2020, la población subalimentada por subregión fue de 16,1% en el Caribe (la más alta en los últimos 20 años), 10,6% en Mesoamérica y 7,8% en Sudamérica.
    
    
• En 2020, 267 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina y el Caribe. Esto es 60 millones más de personas que en 2019, es decir, el 41% de la población.
  • Entre 2019 y 2020, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada y grave ,creció en 9 puntos porcentuales. El más pronunciado en relación al resto de las regiones del mundo.
  • Entre 2014 y 2020, la prevalencia moderada o grave de inseguridad alimentaria aumentó en 20,5puntos porcentuales en Sudamérica.
  • En Mesoamérica el incremento fue de 7,3 puntos porcentuales durante el mismo periodo.
    
    
• En 2020, la inseguridad alimentaria grave (personas que pasaron hambre o pasaron un día entero sin comer) afectó a 92,8 millones de personas en la región: 27,5 millones de personas más que en 2019, lo que podría explicarse en parte a causa de los efectos de la pandemia de COVID-19
  • La prevalencia de inseguridad alimentaria grave fue de 14%.
  • Entre 2014 y 2020, el número de personas con inseguridad alimentaria grave prácticamente se duplicó, de 47,6 a 92,8 millones.
    
    
• En 2016, la obesidad afectó a casi una cuarta parte (24,2%) de la población adulta (≥18 años) en América Latina y el Caribe, muy por encima del promedio mundial (13,1%). Entre 2000 y 2016 hubo incrementos significativos: Caribe 24,7%, Mesoamerica 27,3%, y Sudamérica 23%.

A) Número de personas que sufren hambre/subalimentación

En 2020, en Sudamérica había 33,7 millones de personas subalimentadas, lo que representa más de la mitad (56%) de las personas subalimentadas en la región. El número de personas que sufren de hambre en Sudamérica aumentó en 18 millones entre 2014 y 2020. La mitad de este incremento (9 millones), sin embargo, se dio entre 2019 y 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19.

En Mesoamérica, 19 millones de personas vivían con hambre en 2020, un 32% de la población subalimentada en la región. Se trata de la cifra más alta en los últimos veinte años. Entre 2014 y 2020, la subalimentación en Mesoamérica creció en un 70%, o en 7,8 millones de personas. Entre 2019 y 2020, la población subalimentada aumentó en 4,6 millones de personas, lo que representa un alza de 32% en apenas un año.

En el Caribe, durante 2020, 7 millones de personas padecían subalimentación, es decir, un 12% del total de la región. Entre 2014 y 2020, la proporción de personas que sufren de hambre aumentó en un 9%, de 6,4 a 7 millones. En el último periodo con información disponible el aumento fue de 300.000 personas.

Tabla 1. Número de personas subalimentadas (en millones)

B) Prevalencia (%) de Subalimentación

El hambre viene en aumento en la región desde 2014. Entre ese mismo año y 2020 el indicador de prevalencia de la subalimentación experimentó un crecimiento cercano al 70%. El alza registrada entre 2019 y 2020 representa más del 50% del aumento total del indicador de prevalencia de subalimentación durante el periodo.

En Sudamérica, la prevalencia del hambre en 2020 fue de 7,8%. Entre 2014 y 2020, el hambre aumentó de 3,8 a 7,8%, un incremento de cuatro puntos porcentuales en seis años. La mitad del incremento del hambre se dio el año pasado, en el contexto de la pandemia de COVID-19, con lo que la prevalencia de la subalimentación en Sudamérica llegó a su nivel más alto desde 2007.

En Mesoamérica, la prevalencia de la subalimentación fue de 10,6%. Entre 2000 y 2019 no hubo variaciones significativas; sin embargo, entre 2019 y 2020, al año de empezada la pandemia de COVID-19, la prevalencia de la subalimentación aumentó en 2,5 p.p., alcanzando su nivel más alto en los últimos veinte años.

En el Caribe, durante 2020, el hambre afectó a 16,1% de su población. Sin embargo, se trata de un mínimo aumento en comparación con 2019 (0,3 p.p.). A pesar de que esta subregión ostenta la prevalencia de subalimentación más alta de las subregiones, existen brechas entre países. En la mayoría de estos la subalimentación está por debajo del 10% y solo en Haití excede el 40%. La subregión muestra una tendencia a la baja desde 2003, aunque entre 2010 y 2020 hubo un relativo estancamiento.

Prevalencia de la subalimentación (%) en el mundo y América Latina y el Caribe y sus subregiones. Nota: Valores para 2020 son proyecciones.

Los países con la mayor prevalencia de la subalimentación en América Latina y el Caribe durante el último periodo disponible (2018-2020) son Haití (46,8%), la República Bolivariana de Venezuela (27,4%), Nicaragua (19,3%), Guatemala (16,8%), Honduras (13,5%), el Estado Plurinacional de Bolivia (12,6%) y Ecuador (12,4%). El resto de los países con información disponible tienen una prevalencia de la subalimentación inferior al 10%, y en Brasil, Cuba y Uruguay esta es menor al 2,5%.

Entre 2013-2015, y entre 2018-2020, la República Bolivariana de Venezuela mostró un aumento significativo de 22,4 p.p, alcanzando una prevalencia de 27,4%. Tanto Ecuador como Perú mostraron incrementos mayores a 3 p.p., mientras en México el alza se cifró en 2,8 p.p.

Entre los países que mostraron mejores cifras entre los trienios 2013-2015 y 2018-2020, con reducciones en la prevalencia de subalimentación, se encuentran el Estado Plurinacional de Bolivia (-2,2 p.p.) y El Salvador (-2,1 p.p.).

Número de personas afectadas por inseguridad alimentaria moderada o grave

Durante 2020, 267 millones de personas fueron afectadas por inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina y el Caribe, 60,2 millones más que en 2019. Esto puede ser explicado en parte, como ha sido una constante en este informe, debido a la pandemia de COVID-19. Entre 2014 y 2020, la cantidad de personas con inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó en un 74%, de 153,8 a 267,2 millones en los últimos seis años.

En Sudamérica, 167,8 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria moderada o grave durante 2020. Entre 2014 y 2020, el indicador creció en un 121%, o 92 millones de personas. Solo en el último año 40 millones de personas más padecen algún grado de inseguridad alimentaria.

Por otra parte, en Mesoamérica, durante 2020, 67,4 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, un incremento de 17,4 millones de personas con respecto a 2019.

Número de personas con inseguridad alimentaria moderada o grave (en millones) en el mundo y América Latina y el Caribe y sus subregiones, años selectos.

Fuente: FAO

A) Inseguridad alimentaria moderada o severa

Durante 2020, la inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 40,9% de la población de América Latina y el Caribe, bastante por sobre el promedio mundial (30,4%).

Entre 2014 y 2020, la inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó en 16 p.p.; más de la mitad de ese aumento ocurrió solo el año pasado, en el contexto de la pandemia de COVID-19. En este periodo creció de 31,9 a 40,9%, esto es un incremento de 9 p.p., el más alto en relación con otras regiones del mundo.

En Sudamérica, en el mismo año, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave fue de 39,2%. Entre 2014 y 2020, hubo un alza significativa de 20,1 p.p., desde 18,7 a 39,2%, duplicando la proporción de personas con algún grado de inseguridad alimentaria. La variación entre 2019 y 2020 fue de 9,1 p.p..

En Mesoamérica, durante 2020, la inseguridad alimentaria o moderada fue de 37,5%. El indicador no experimentó variaciones significativas sino hasta 2019, cuando, tras un año de pandemia, este creció en 9,3 p.p..

En el Caribe, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave fue de 71,3% en 2020.

Prevalencia de la inseguridad alimentaria (%)

Fuente: FAO

En la mayor parte de los países de Mesoamérica, más del 40% de la población sufre inseguridad alimentara moderada o grave. En Guatemala, la cifra es de 49,7%, en el Salvador 47,1% y en Honduras 45,6%. En cuanto a Sudamérica, esta afecta al 47,8% de la población en Perú, 35,8% en Argentina y 32,7% en Ecuador.

Entre los periodos 2014-2016 y 2018-2020, todos los países con información disponible mostraron un aumento en la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave. En Argentina aumentó en 16,6 p.p., en Ecuador en 12p.p. y en Perú en 10,6p.p.. Por su parte, en Chile y Guatemala subió 7p.p., mientras en Brasil y El Salvador creció en 5 p.p.

Entre los periodos 2017-2019 y 2018-2020 - en el contexto de la pandemia de COVID-19 -, Guatemala, Honduras y El Salvador experimentaron los mayores aumentos en inseguridad alimentaria moderada o grave. En los tres países la prevalencia creció en más de 4p.p.. En Ecuador aumentó en 3,9p.p., en México en 3,5p.p., y en Brasil y Perú en 2,9p.p.

Disparidad por sexo

La inseguridad alimentaria no afectó a hombres y mujeres por igual: en 2020, 41,8% de las mujeres en América Latina y el Caribe sufrió algún grado de inseguridad alimentaria, en comparación con el 32,2% de los hombres. Visto por subregiones, la diferencia por sexo es ligeramente menos pronunciada en Mesoamérica y aún menos en Sudamérica.

La disparidad en la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave entre hombres y mujeres fue de 4,1% en 2014, 6,4% en 2019, y se elevó a 9,6% en 2020.

Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave (%) según sexo 2020, FAO

B) Inseguridad alimentaria grave

Cantidad de personas sufriendo inseguridad alimentaria grave

En 2020, la inseguridad alimentaria grave afectó a 92,8 millones de personas en América Latina y el Caribe, 27,5 millones de personas más que en 2019, lo que se podría explicar en parte por la pandemia de COVID-19.

Entre 2014 y 2020, el número de personas con inseguridad alimentaria grave prácticamente se duplicó, de 47,6 a 92,8 millones.

En Sudamérica, 55,6 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria grave durante 2020. Entre 2014 y 2020, aumentó en un 150% el número de personas con algún grado de inseguridad alimentaria en la subregión, es decir, 33,2 millones más en los últimos seis años. Solo en el último año 18,9 millones de personas más experimentaron inseguridad alimentaria grave.

En Mesoamérica, 20,2 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria grave en 2020, 7,2 millones más que en 2019.

Número de personas con inseguridad alimentaria grave (en millones), FAO

Prevalencia (%) de la inseguridad alimentaria grave

La prevalencia de inseguridad alimentaria grave en América Latina y el Caribe durante 2020 fue de 14,2%, casi el doble que en 2014, cuando el 7,7% de la población la padecía. El mayor incremento (4,1 p.p.) se registró entre 2019 y 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19.

En Sudamérica, durante 2020, la inseguridad alimentaria grave llegó a 12,9%, 7,5 p.p. más que en 2014, o un aumento de 139% en seis años. Solo el año pasado (entre 2019 y 2020), este indicador creció 4,3 p.p. en la subregión.

En Mesoamérica, por otra parte, la prevalencia en 2020 fue de 11,2%, 3,9p.p. más que en 2019.

En el Caribe, la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave fue 39,2%.

Retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de 5 años

En América Latina y el Caribe, durante 2020, la prevalencia del retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de 5 años fue de 11,3%, muy por debajo del promedio mundial de 22%. En los últimos veinte años, en la región se han logrado progresos significativos, logrando una reducción del 37% (-6,7 p.p.) en la prevalencia del retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de 5 años.

Entre 2000 y 2020, en Sudamérica se redujo este indicador en 41% (-6,1p.p.), Mesoamérica en 35% (-8,9p.p.) y el Caribe en 25% (-3,9p.p.). Para 2020, la prevalencia del retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de 5 años era de 8,6, 16,6 y 11,8%, respectivamente.

La subregión de Mesoamérica ostenta la mayor prevalencia de retraso en el crecimiento (16,6%). En particular, entre 2012 y 2020, la reducción de este indicador en Mesoamérica ha sido sólo del 7,8%, mientras en el Caribe y Sudamérica se han logrado mayores disminuciones (11,9 y 18,6%, respectivamente). Entre 2012 y 2020, la región tomada en su conjunto ha conseguido reducir la prevalencia del retraso en el crecimiento infantil en un 13,3%.

Lo anterior significa que, no obstante los progresos logrados, la región y las subregiones no están en camino de cumplir con la meta 2.2 del ODS, reducir el retraso en el crecimiento en menores de 5 años en un 50% para 2030.

Prevalencia del retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de 5 años (%)

Fuente: UNICEF, OMS y Banco Mundial

En 2020, las mayores prevalencias de retraso en el crecimiento infantil en niños y niñas menores de 5 años se observaron en Guatemala (42,8%), Ecuador (23,1%), Haití (20,4%) y Honduras (19,9%). Por contraposición, Chile, Paraguay y Santa Lucía ostentan las menores prevalencias, todas inferiores al 5%.

Los países en los que la prevalencia en el retraso en el crecimiento infantil ha tendido a aumentar entre 2012 y 2020 son Trinidad y Tobago (+47%), Costa Rica (+15%) y Jamaica (+12%). Conviene señalar que, pese a las alzas, estos países todos tienen una prevalencia inferior al 9%. En el mismo periodo, el Estado Plurinacional de Bolivia, Paraguay, Perú, El Salvador y Uruguay experimentaron reducciones mayores al 50% en el indicador.

Emaciación entre niños menores de cinco años

En América Latina y el Caribe, la prevalencia de la emaciación o desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años es de 1,3%, significativamente inferior al promedio mundial (6,7%).

El Caribe tiene una tasa ligeramente superior de 2,8%, mientras en Sudamérica es de 1,4% y Mesoamérica de apenas un 1%.

Prevalencia de la emaciación o desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años (%)

Fuente: UNICEF, OMS y Banco Mundial

Los países con niveles de emaciación o desnutrición aguda por sobre el 3% son Barbados (6,8%), Trinidad y Tobago (6,4%), Guyana (6,4%), Surinam (5,5%), la República Bolivariana de Venezuela (4,1%) y Ecuador (3,7%).

Sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años

En América Latina y el Caribe, 7,5% de los niños y las niñas menores de 5 años tenían sobrepeso en 2020.

La prevalencia es de casi 2 p.p. superior al promedio mundial y ha aumentado de forma sostenida durante los últimos 20 años.

Entre las subregiones, Sudamérica exhibe la prevalencia más alta, con un 8,2%, seguido por el Caribe (6,6%) y Mesoamérica (6,3%).

En el Caribe y Sudamérica, el sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años ha aumentado en los últimos veinte años, mientras en Mesoamérica disminuye desde 2010. D

De continuar esta tendencia general al alza, la región corre el riesgo de no cumplir la meta asociada al ODS 2, mantener la proporción de niños y niñas menores de cinco años con sobrepeso bajo el 3% al 2030.

Prevalencia de sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años (%)

Fuente: UNICEF, OMS y Banco Mundial

Según las estimaciones para 2020, Argentina, Barbados, Cuba, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay, exhiben la prevalencia más aguda de sobrepeso en menores de 5 años en la región, rondando el 10%.

Por contraposición, las menores tasas se registran en Haití (3,7%), Surinam (4%) y Guatemala (5,1%).

En la mayoría de los países de la región, el sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años ha tendido a aumentar. Entre 2000 y 2020, los países con mayores incrementos en la prevalencia de este indicador fueron: Ecuador (5,3 p.p.), Trinidad y Tobago (5,1 p.p.), Paraguay (4,8 p.p.) y Barbados (3,6 p.p.). En Cuba, Guyana, Honduras y Panamá, por su parte, el sobrepeso infantil aumentó en 2 p.p. en el mismo periodo.

Solo seis países de la región han logrado reducir la prevalencia del sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años entre 2000 y 2020: Belice, Chile, Costa Rica, Guatemala, México y Perú.

Obesidad en adultos

En 2016, la obesidad en adultos (mayor o igual a 18 años) afectó al 24,2% de la población en América Latina y el Caribe, cifra bastante superior al promedio mundial (13,1%).

Además, tanto la región como las subregiones muestran incrementos significativos entre 2000 y 2016, de 9,5 p.p. en el Caribe, 8,2 p.p. en Mesoamérica y 7,2 p.p. en Sudamérica.

De las subregiones, Mesoamérica ostenta la mayor prevalencia de obesidad en adultos, llegando a un 27,3% en 2016, mientras en el Caribe fue del 24,7% y en Sudamérica del 23%, también en 2016.

Prevalencia de la obesidad en adultos (%)

La obesidad en adultos aumentó entre 2000 y 2016 en todos los países de la región. En Costa Rica, República Dominicana y Haití el incremento fue mayor a 10 p.p..

En 2016, Bahamas era uno de los países con mayor prevalencia de obesidad en adultos, con más de un 30%, mientras la obesidad en Argentina, Chile, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, México, Surinam y Uruguay afectó a más del 25% de la población adulta.

Aún no hay una estimación directa que aísle los efectos de la pandemia por COVID-19 en las cifras de hambre e inseguridad alimentaria, y que pueda explicar exactamente cuál fue su impacto de manera precisa. La pandemia ha afectado todos los ámbitos de la vida humana, paralizando las economías y generando cambios profundos en las sociedades, exacerbando las grandes brechas estructurales y sociales de la región.

Las nuevas cifras de hambre muestran un aumento, lo cual sin duda fue influenciado por la pandemia: entre 2019 y 2020 el número de personas con hambre aumentó 13,8 millones de personas (+30 por ciento), hasta alcanzar 59.7 millones. La prevalencia (porcentaje de la población con hambre) creció 2 puntos porcentuales.

Sin embargo, en la región se venían experimentando un deterioro grave del hambre y la inseguridad alimentaria desde antes de la pandemia: la prevalencia de hambre creció 70 por ciento entre 2014 y 2020, y la inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó 74 por ciento.

Tan solo entre 2019 y 2020 hubo un aumento de 60 millones de personas en la inseguridad alimentaria moderada o grave (+28 por ciento), hasta alcanzar 267 millones de personas en total: esto corresponde al 41 por ciento de la población regional. Se trata de un aumento en la prevalencia de 9 puntos porcentuales en un año, el más pronunciado de todas las regiones del mundo.

La inseguridad alimentaria grave (es decir, personas que pasaron hambre o pasaron un día entero sin comer) afectó a 92,8 millones de personas en la región en 2020, 27,5 millones de personas más que en 2019. Un aumento en la prevalencia de 4,1 puntos porcentuales.

La pandemia ha tenido un impacto profundo en las economías de los países de la región, y en los ingresos y los empleos de las personas. Esto conlleva un efecto en los niveles de pobreza, de hambre e inseguridad alimentaria.

América Latina y el Caribe fue una de las regiones más afectadas por la pandemia: con solo el 8,4 por ciento de la población mundial sufrió el 27,8 por ciento de las muertes por COVID-19 a nivel mundial.

La economía se vio impactada de forma importante, con caídas en todos los países. Se estima que el PIB de la región registró una caída de 7,7 por ciento en 2020 y la tasa de desocupación aumentó 2,6 puntos porcentuales.

Aunque las medidas de protección social han evitado un aumento aún mayor en la pobreza, esta afectó a 209 millones de personas en 2020, 22 millones de personas más que en 2019. En la región, además existen altos niveles de desigualdad y se estima que en 2020 el índice Gini (medición de la desigualdad en los ingresos dentro de un país) fue un 5,6 por ciento más alto que el registrado en 2019.

Los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia han significado un retroceso sin precedentes: un gran porcentaje de personas y familias en la región no tuvieron acceso o ingresos suficientes para poder comprar alimentos en la cantidad y calidad nutricional necesarias para su desarrollo y salud.

Esto ha redundado en el empeoramiento de las cifras de hambre e inseguridad alimentaria, todos los cuales venían aumentando incluso previo a la pandemia de la COVID-19, principalmente debido al estancamiento en las cifras de crecimiento de la región y por los altos costos de las dietas saludables en los últimos años.

Las caídas de los ingresos y pérdidas de empleo en personas vulnerables implican que una parte de la población vuelva a caer en condiciones de pobreza y a sufrir hambre. Por otra parte, el confinamiento y pérdida de ingresos conlleva un menor acceso a alimentos en la cantidad y calidad necesaria para su vida, e implica reemplazar alimentos de mayor costo por dietas menos saludables, compuestas por alimentos con altos contenidos de azúcar, calorías y grasas saturadas, generando aumentos en el sobrepeso y en la obesidad.

Por todo lo anterior, una de las medidas más importantes para los países es continuar con la recuperación económica y las políticas que promuevan el empleo, especialmente para mujeres, grupos sociales más afectados y personas que habitan en territorios rezagados.

En general, las personas que viven en situación de pobreza solo cuentan con su trabajo para obtener ingresos; por ello, empleos de calidad les permite tener un mejor y más estable consumo de alimentos y una mejor calidad de vida. Las políticas orientadas a actividades generadoras de ingresos son esenciales para incrementar los ingresos de las personas y, por tanto, contribuyen a la reducción del hambre.

La protección social cumple un rol central dado su potencial para promover la generación de ingresos, apoyar la resiliencia de las personas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, e impulsar y acelerar los progresos en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición. Asegurar la continuidad de los programas de protección social de las familias -como los de transferencias monetarias y la asistencia alimentaria- será clave hasta que se recuperen los empleos e ingresos de las personas más afectadas por la pandemia.

Los programas de protección social y creación de oportunidades económicas, deben ser acompañados de intervenciones de salud (incluyendo de agua y saneamiento) y educación, relacionadas con la alimentación y nutrición, especialmente en los primeros años de vida. Estas se conocen como "medidas de protección social sensibles a la nutrición".

Los programas de alimentación escolar de los países son una de las medidas de protección social sensibles a la nutrición más importantes. Con mayor cobertura, calidad nutricional y garantizando la infraestructura necesaria, permiten mejorar las condiciones nutricionales de los niños, niñas y adolescentes. Durante la pandemia muchos escolares no pudieron asistir a la escuela y vieron afectada su alimentación escolar. Es por esto que es muy importante asegurar su continuidad como política pública regular y ante situaciones de desastres o crisis sanitarias, asegurar la alimentación en cualquier contexto.

Dado que la agricultura familiar y la pesca artesanal son de las principales fuentes de ingresos y alimentos para una parte importante de la población, es muy importante apoyar los medios de vida de las personas dedicada a estas actividades. Esto permite apoyar la reactivación económica a nivel local y proteger la seguridad alimentaria de una buena parte de la población. En este sentido, son especialmente relevantes las medidas orientadas a mejorar el acceso a activos financieros y no financieros, a servicios rurales, así como la diversificación de la producción y la expansión de las innovaciones digitales para la comercialización.

Otra medida recomendada es la implementación de planes de seguridad alimentaria y nutricional enfocados en niños, niñas y adolescentes, mujeres y grupos sociales y territorios más impactados por los efectos de la pandemia. Incluyendo políticas orientadas a elevar el consumo de alimentos saludables, y a desincentivar los productos altos en azúcar, calorías, sal y grasas saturadas, como las leyes de etiquetado de alimentos.

Por último, se deben impulsar políticas para mejorar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios en aquellos eslabones que la pandemia demostró que son más vulnerables a shocks, como mercados mayoristas, mercados locales y de barrio, algunas agroindustrias claves, así como el transporte y la distribución de alimentos.

Todas estas políticas necesitan de compromiso político y de la coordinación intersectorial, traducido en capacidades humanas y financieras adecuadas, que se mantengan en el tiempo e incluyan a los distintos actores y sectores del sistema agroalimentario.

La región ha experimentado un retroceso importante en las cifras de inseguridad alimentaria durante los últimos años. Entre 2014 y 2020, la cantidad de personas con inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó en un 74 por ciento, es decir, pasó de 153,8 a 267,2 millones en los últimos seis años. Entre 2019 y 2020 se registró el alza más importante, aumentando 60,2 millones en solo un año.

En 2020 la inseguridad alimentaria grave afectó a 92,8 millones de personas en América Latina y el Caribe, 27,5 millones de personas más que en 2019. Entre 2014 y 2020, el número de personas con inseguridad alimentaria grave prácticamente se duplicó, de 47,6 a 92,8 millones.

La inseguridad alimentaria no afecta a hombres y mujeres por igual: en 2020 el 41,8 por ciento de las mujeres sufrió algún grado de inseguridad alimentaria, en comparación al 32,4 por ciento de los hombres.

La disparidad entre sexos ha subido desde 2014, presentando las mayores alzas entre 2019 y 2020, durante el contexto de pandemia. Por ello, las políticas de protección social y los planes de seguridad alimentaria y nutricional con enfoque de género son más relevantes que nunca.

En América Latina y el Caribe, 7,5 por ciento (3,9 millones) de los niños y las niñas menores de 5 años tenían sobrepeso en 2020, una prevalencia de casi 2 puntos porcentuales superior al promedio mundial. La región ha visto un aumento sostenido en el sobrepeso durante los últimos 20 años.

Entre las subregiones, Sudamérica presenta los niveles más altos de sobrepeso en menores de 5 años. Tanto Sudamérica como el Caribe han visto un aumento en los últimos 20 años, mientras que en Mesoamérica las tasas han disminuido desde 2010. En cuanto a los países, solo 6 en la región han logrado disminuir sus prevalencias en los últimos 20 años: Belice, Chile, Costa Rica, Guatemala, México y Perú.

La obesidad en adultos (mayor o igual a 18 años) afecta al 24,2 por ciento de la población (106 millones) en América Latina y el Caribe, cifra bastante superior al promedio mundial (13,1 por ciento). Además, hubo un incremento entre 2000 y 2016 (año de la última medición disponible) de 7,6 puntos porcentuales. La obesidad en adultos aumentó entre 2000 y 2016 en todos los países de la región.

Los mayores aumentos entre 2000 y 2016 se dieron en el Caribe y Mesoamérica. De las subregiones, Mesoamérica mostró la mayor prevalencia de obesidad en adultos en 2016, llegando a un 27,3 por ciento, mientras que en el Caribe fue de 24,7 por ciento y en Sudamérica 23 por ciento.

El retraso en el crecimiento implica una talla baja para la edad y refleja efectos de la desnutrición crónica en el crecimiento infantil, con profundas consecuencias para el desarrollo y la salud.

En América Latina y el Caribe la prevalencia en el retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de 5 años estuvo por debajo del promedio mundial de 22 por ciento: alcanzó 11,6 por ciento en 2020. En las últimas dos décadas este indicador tuvo una disminución de 37 por ciento, pero desde 2012 esta disminución se ha desacelerado.

Las subregiones también han avanzado en disminuir esta forma de malnutrición. Entre 2000 y 2020 en Sudamérica se redujo este indicador en 41 por ciento, Mesoamérica en 35 por ciento y el Caribe 25 por ciento, siendo Mesoamérica la subregión que en 2020, presentó la mayor prevalencia de retraso en el crecimiento (16,6 por ciento).

Entre los países que lograron disminuir la prevalencia en el retraso en el crecimiento infantil entre 2012 y 2020 están Guyana, el Estado Plurinacional de Bolivia, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador y Uruguay. Chile, Paraguay y Santa Lucía muestran las menores prevalencias de retraso en el crecimiento en menores de 5 años, todas inferiores al 5 por ciento.

En términos de hambre, la región ha mostrado un aumento en los últimos 5 años, pasando de 5,6% en 2014 a 7,4% en 2019, si esta tendencia se mantiene, la región podría situarse en el 2030 en una prevalencia de subalimentación del 9,5%, es decir, estaría lejos de cumplir la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que plantea la erradicación del hambre, aún sin tomar en cuenta los efectos que la pandemia de COVID-19 tendrá en la región.

En términos de desnutrición, la región ha mostrado grandes avances, con una reducción importante en el retraso en el crecimiento, pasando de 22,7% en 1990 al 9% en 2019. Según esa tendencia, la región estaría muy cerca de cumplir la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 relativa al retraso en el crecimiento al 2030. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la pandemia puede generar un retroceso en este indicador.

En términos de sobrepeso infantil, la región esta lejos de alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 , que plantea reducir y mantener en 3% el sobrepeso en menores de 5 años: actualmente en la región se encuentra en aumento y la prevalencia actual es de 7,5%.

En la región, tanto el hambre y la inseguridad alimentaria han presentado un aumento desde 2014. Esto sin duda repercute y aumenta las dificultades para proveer alimentos y mejorar la nutrición en los niños y niñas. Pese a los grandes avances de la región y las subregiones en retraso en el crecimiento, estos promedios ocultan realidades muy distintas entre subregiones, países e incluso al interior de los países. Esto se debe a los niveles de pobreza que se presentan en territorios rezagados y el nivel de desigualdad en la región, entre países y al interior de los mismos.

En una región con altos niveles de desigualdades sociales, se evidencian los efectos de los determinantes sociales de salud en la nutrición de niños y niñas. Estos determinantes son las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Mayores niveles de desigualdad aumentan la probabilidad de generar niveles más altos de malnutrición en todas sus formas.

Aunque los determinantes sociales de la salud deben ser comunes, el peso de unos sobre otros puede ser distinto según los territorios, lo que permite explicar las diferencias en el nivel de retraso en el crecimiento. Es decir, las características propias de los territorios pueden condicionar qué determinantes son más relevantes.

Según la FAO, los países con más altos rezagos en el retraso de crecimiento se encuentran en áreas rurales. En estas zonas se registran niveles elevados de pobreza, bajos ingresos, baja escolaridad, un mayor grado de informalidad en el empleo, un menor acceso a servicios y una mayor proporción de población indígena y afrodescendiente. Todo lo cual influye en el estancamiento de este indicador en la región.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 ha impactado profundamente, generando mayores aumentos de pobreza, hambre e inseguridad alimentaria, presentando enormes desafíos para la malnutrición en todas sus formas para los próximos años.