En el presente informe se examinan las repercusiones de la inversión internacional a gran escala en
la tierra para la seguridad alimentaria en los países receptores. En la actualidad, 1 000 millones de
personas en países de ingresos medianos y bajos carecen de alimentos y otros 1 000 millones sufren
de diversas formas de malnutrición, a pesar de que a nivel mundial se producen suficientes alimentos.
Los precios de todos los productos alimenticios han seguido aumentando desde finales de 2010, con
el consiguiente incremento del número de personas que padecen la pobreza y el hambre. Sin
embargo, en los últimos años se estima que los inversores internacionales han adquirido entre 50 y
80 millones de hectáreas de tierras en países de ingresos medianos y bajos mediante el arriendo o la
compra. ¿Cómo afectará este hecho a la seguridad alimentaria de los países receptores, inversores y
terceros? ¿Es posible encontrar soluciones de “suma positiva” que aporten un rendimiento razonable
a los inversores y gobiernos receptores, al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades de la
población local? Los datos de las últimas adquisiciones internacionales a gran escala de tierras
reflejan muy pocos casos a este respecto. Demuestran en cambio muchos efectos perjudiciales sobre
la población local en cuanto a sus medios de vida, el empleo y el medio ambiente.
Si bien las inversiones en el sector agrícola se pueden estructurar de muchas maneras, este informe se centra en aquéllas que implican la adquisición de derechos sobre la tierra a largo plazo mediante el arriendo o la compra a fin de establecer una producción a gran escala, como las plantaciones. Además, aunque la investigación apunta a una función esencial desempeñada por los ciudadanos de estos países en la adquisición de tierras, el informe se centra en la inversión internacional. Este estudio versa principalmente sobre las necesidades de seguridad alimentaria de los países en los que se realizan grandes inversiones internacionales en la tierra, especialmente los efectos sobre los medios de vida de la población rural en las zonas elegidas a este respecto. Sin embargo, se reconoce que puede haber también otras cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria en juego, por ejemplo, las poblaciones urbanas del país receptor o las personas del país inversor.
En este informe se hace referencia explícita a los riesgos para la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación generados por las inversiones internacionales en la tierra que buscan activamente los gobiernos de países de ingresos medianos y bajos. Por otra parte, un número cada vez mayor de gobiernos están restringiendo actualmente la inversión extranjera en la tierra. Bolivia ya lo ha hecho. Otros países han anunciado medidas similares, como el Brasil, la Argentina y el Ecuador.
