La urbanización exacerbada y el aumento de la población sumados a la intensificación de las actividades productivas y recreativas no reguladas y el cambio climático, generan una presión creciente sobre la naturaleza y amenazan el bienestar de las personas en Chile, obstaculizando el desarrollo sostenible del país. 

Las ciudades son el hogar de más de la mitad de la población mundial, porcentaje que alcanzará el 68% al 2050 (ONU, 2019). En Chile, al año 2019, el 88,4% de la población vivía en ciudades. Este es el resultado de una tendencia de urbanización continua en el tiempo, donde se evidencia un crecimiento de la superficie de casi todas las ciudades del país, entre las que destacan Rancagua y Puerto Montt, con un crecimiento bruto mayor al 50% entre el 2002 y 2017 (MMA, 2021).

La urbanización tiene el potencial de ofrecer nuevas formas de inclusión social, entre ellas una mayor igualdad, el acceso a los servicios y a las nuevas oportunidades. Por lo anterior, las ciudades juegan un rol clave en el esfuerzo global para cumplir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo el ODS N°11 de “Ciudades y Comunidades Sostenibles” dedicado a los desafíos propios de las urbes.

Sin embargo, hoy, estos territorios enfrentan importantes desafíos ambientales, económicos y sociales a causa de la urbanización y el cambio climático, que impondrán riesgos sin precedentes a la vida urbana. La urbanización exacerbada y el aumento de la población sumados a la intensificación de las actividades productivas y recreativas no reguladas y el cambio climático, generan una presión creciente sobre la naturaleza y amenazan el bienestar de las personas en Chile, obstaculizando el desarrollo sostenible del país.  

El crecimiento urbano acelerado sin una adecuada planificación tiene externalidades negativas muy importantes, tales como un consumo cada vez mayor de energía, de recursos naturales, especialmente suelo y agua, y una mayor generación de residuos, que en conjunto contribuyen a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) responsables del cambio climático. Así pues, las ciudades, aunque representan menos del 2% de la superficie de la tierra, son las que más contribuyen al cambio climático, dado que en ellas se consume el 78% de la energía mundial, y se genera cerca del 70% de las emisiones de GEI a nivel global (ONU Hábitat, 2011).

La expansión urbana no sostenible tiene repercusiones en sus alrededores debido a la interdependencia que existe entre territorios urbanos, periurbanos y rurales, siendo las ciudades dependientes casi en su totalidad de los territorios periurbanos y rurales para garantizar el acceso a agua y alimentos de su población.

Adicionalmente, el aumento en la frecuencia y magnitud de eventos climáticos extremos como las lluvias torrenciales, sequías, olas de calor, las marejadas y posibles alzas del nivel del mar, entre otros impactos, ponen en peligro la sostenibilidad de las ciudades. En particular, la vulnerabilidad es exacerbada por factores como la edad, el género, la pobreza y la marginalidad presente en los asentamientos informales carentes de infraestructura urbana y las comunidades que viven en lugares más expuestos a las áreas de riesgo, sin los recursos necesarios para mejorar su situación.

La disminución y degradación de la infraestructura verde, que incluye ríos y llanuras, humedales, bosques, huertas, parques, tierras agrícolas, cerros y otras coberturas vegetacionales que se encuentren en zonas urbanas y peri-urbanas, implica la consecuente disminución de sus servicios ecosistémicos esenciales para el bienestar de la población, tales como la captura de contaminantes, la regulación de sombra, la filtración de agua, el soporte para la biodiversidad, la producción de alimentos, aumentando la vulnerabilidad de las ciudades ante el riesgo de desastres y el cambio climático (MMA, 2021).

Por otro lado, la segregación espacial en zonas urbanas se evidencia, entre otros elementos, en la distribución desigual de infraestructura verde: la Región Metropolitana concentra un 45% del total de las áreas verdes urbanas a nivel nacional, a diferencia de la Región de Arica y Parinacota, por ejemplo, que cuenta con un 0,59% (MMA, 2021). Por otra parte, en las comunas de menores ingresos de la Región Metropolitana como Lo Espejo, Renca y El Bosque, el área verde representa solo un 27% de la superficie comunal, mientras que, en las comunas de ingresos altos, esto alcanza un 70% del territorio comunal.

El impacto de las ciudades en el medio ambiente será cada vez mayor, con efectos en la salud y el bienestar de la población, por lo que se hace necesario compatibilizar su crecimiento con la conservación y protección de los ecosistemas naturales, con el fin de preservarlos y mantener su capacidad de proveer servicios ecosistémicos. En este contexto, en el Día Mundial de las Ciudades que se conmemora el 31 de octubre de cada año, se recuerda que, para avanzar hacia ciudades más sostenibles, inclusivas y resilientes se requiere “Actuar localmente para ser globales”, lo que destaca la importancia de los territorios para alcanzar ciudades más verdes, equitativas y sostenibles.

En esta línea, Chile cuenta con instrumentos de política para el desarrollo de sistemas de financiamiento e inversiones que mejoren el acceso a espacios verdes, tales como la Política Nacional de Parques Urbanos, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030, el Plan de adaptación al cambio climático para ciudades y los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo como “Quiero mi Barrio.” Sin embargo, la persistente distribución desigual de servicios y bienes públicos urbanos, incluida la infraestructura verde urbana, evidencia la falta de coherencia y articulación necesaria entre los instrumentos de financiamiento para facilitar la materialización de infraestructura verde urbana (Röbbel, 2016).

Para abordar estos desafíos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apoya los gobiernos locales a enfrentar los desafíos de las ciudades y, especialmente acompaña al Estado de Chile con conocimiento técnico y experiencias internacionales para avanzar hacia una mejor integración de soluciones basadas en la naturaleza (SBN) y la consideración de la infraestructura verde en los procesos de planificación urbana y territorial, con el fin de alcanzar ciudades más sostenibles, inclusivas y resilientes. Más espacios verdes urbanos mejor distribuidos puede contribuir a reducir la desigualdad y la inseguridad alimentaria y nutricional, mejorando la calidad de vida y aumentando la resiliencia urbana.