5. Entrevistas con profesionales forestales y ambientales nacionales
Entre 1962 y 1990 el país perdió 1,43 millones de hectáreas, un 20 por ciento de su cobertura debido a la deforestación, de los cuales 1.23 millones de hectáreas fueron ocupadas por bosques latifoliados o sea el 86 por ciento del total deforestado. El otro 14 por ciento afectado corresponde a otros tipos de bosques, principalmente manglares y bosque seco subtropical. El área de coníferas casi se mantuvo estática en ese período.
Los entrevistados coinciden, en que ha faltado una estrategia global de país para enfrentar las diferentes causas que motivan este proceso. Contrariamente, las políticas nacionales y particularmente del sector agrícola han favorecido la deforestación, al igual que una política de reforma agraria incompatible con la realidad biofísica del país, al fomentarse la colonización inducida y espontánea a las áreas con bosques latifoliados, como alternativa a la necesidad de expansión de una población creciente de campesinos sin tierra.
Las transferencias de asistencia técnica y financiera a las poblaciones que habitan las áreas forestales no han existido y la necesidad de búsqueda por mejores tierras en lugar de las ya agotadas es constante. La ganadería es la actividad natural después del paupérrimo uso agrícola, lo que ha dejado grandes áreas en tierras sin uso productivo.
La caficultura ha emergido como otra actividad bastante competitiva con los bosques, auspiciada con leyes que promueven el cambio de cobertura para ese uso. Si bien esta actividad es menos nociva que las anteriores, los cambios y la perdida de biodiversidad han sido severos.
En general, se opina que la pobreza y la falta propuestas para mitigarla es la causa mayor de la deforestación. Ante este macro-problema, las capacidades institucionales de una administración forestal del estado se ven muy pequeñas. Se requiere de un esfuerzo multisectorial y de una participación mayor de las comunidades locales y de los gobiernos municipales para poder iniciar un proceso que revierta la actual situación.
Paralelo, es necesario que las poblaciones fuera de los bosques empiecen a tomar conciencia del problema y transfieran algunos de los beneficios ambientales que pudieran recibir como consecuencia de un mejor uso de los recursos en las partes altas de las cuencas. Se requiere de un proceso de sensibilización que oriente la conducta ciudadana a la prevención de desastres naturales y de las acciones humanas que magnifican estos fenómenos.
También la poca valoración del bosque, su falta de manejo, eficiencia en la extracción y utilización, es otro factor que acelera la deforestación o cambio de uso. Aunque se ha hecho un gran esfuerzo e inversión en la elaboración de planes de manejo forestal, no se dispone de parte del sector público y privado de mecanismos de control y seguimiento que hagan de esta herramienta de manejo la mejor alternativa para la sostenibilidad de los bosques.
Después de concluido el proyecto de Mapa Forestal 1996 se ha capacitado mucho personal y mejorado la tecnología para la interpretación y procesamiento de información de imágenes satélite. Se ha realizado una serie de análisis de cobertura de carácter multitemporal para conocer los avances y/o resultados de proyectos. Lastimosamente, a nivel político no está tan diseminada esta herramienta para la toma de decisiones. La Administración forestal de estado, está tomando la iniciativa de mejorar la tecnología para sistematizar la información del recurso y en detalle poder desarrollar un monitoreo permanente a los planes de manejo forestal tanto en bosques públicos como en los privados.
Recientemente, una nueva política se ha elaborado. La diferencia con las anteriores, es la participación de los diferentes actores en el proceso de formulación y los compromisos de su evaluación participativa en el proceso de ejecución. Igualmente se denota mayor claridad de los beneficios de las poblaciones que viven en el los bosques. Esta política esta siendo fortalecida con un nuevo marco legal y un Plan Nacional Forestal que favorece acciones para la reducción de la deforestación de manera coordinada con otros sectores.
