II. EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS CEREALERAS

En el presente capítulo se examinan los cambios registrados en las políticas cerealeras nacionales que se aplicaron o anunciaron entre 2001 y 2002. En términos generales, las políticas mantuvieron la orientación de los últimos años, pero la mayoría de las iniciativas emprendidas comportaron el ajuste de marcos normativos ya adoptados en el pasado. Aún así, en varios países también se formularon nuevas políticas.

En consonancia con la creciente liberalización del mercado, muchos países realizaron o anunciaron nuevos cambios normativos en favor de un menor grado de intervención estatal, mientras que en otros las reformas de este tipo se vieron frenadas por la caída de los precios de los cereales y las pérdidas en concepto de ingresos agrícolas. Del mismo modo, las condiciones de los mercados cerealeros internos, como la oferta excesiva, influyeron en las decisiones de política adoptadas en numerosos países.

Políticas de producción

En los países en desarrollo, en general los gobiernos siguieron aumentando los incentivos para los productores de cereales, en el intento de ampliar la producción interna y reducir su dependencia de las importaciones. A diferencia de ello, en muchos países desarrollados se redujeron o incluso suprimieron los precios de sostenimiento de los cereales, si bien por lo general las políticas conexas se vieron reemplazadas por políticas de pagos directos. Asimismo, en diversas ocasiones se brindó apoyo a los productores por medio de medidas de asistencia para hacer frente a las condiciones climáticas adversas o a los bajos precios de mercado.

Países en desarrollo

Por lo que se refiere a los países de África del Norte, Egipto aumentó levemente su precio de compra de trigo para el período 2001/02 a fin de estimular a los agricultores a vender. Además, el gobierno siguió concediéndoles préstamos para la producción con tipos de interés relativamente bajos. Marruecos, frente a tres años consecutivos de sequía, en 2001 decidió aplicar nuevas medidas de ayuda de urgencia: se extendió por un período de 15 a 20 años el reembolso de los préstamos agrícolas, y las deudas de los pequeños agricultores más afectados por la sequía se redujeron en un 40 por ciento. En octubre de 2001, para tratar de incrementar los rendimientos cerealeros nacionales, el gobierno fijó una subvención para semillas importadas por valor de 2 650 dirhams (US$ 233) por tonelada de trigo duro y 2 400 dirhams (US$ 211) por tonelada de cebada, como complemento de la subvención para las semillas locales certificadas (650 dirhams, ó US$ 57 por tonelada).

Respecto a otras regiones de África, la Junta nacional de cereales y productos cerealeros (NCPB) de Kenya, debido a problemas de carácter financiero, a comienzos de 2002 puso en marcha un sistema de pagos en especie para respaldar a los cultivadores de maíz en pequeña escala. Con arreglo a este sistema, los agricultores recibirían por sus productos semillas, fertilizantes y combustible en lugar de efectivo. A causa de un déficit en la balanza de pagos, el Gobierno de Swazilandia en 2001 decidió interrumpir el suministro gratuito de semillas de maíz a los agricultores y descartó las subvenciones para los fertilizantes. Por el contrario, en Zambia, el Gobierno anunció en 2002 la adopción de medidas para el suministro gratuito de semillas y fertilizantes a los agricultores a fin de fomentar el cultivo de maíz y diversificar la economía hacia otros sectores ajenos a la producción de cobre. Igualmente, en Zimbabwe el precio de compra del maíz fijado por la Junta de comercialización de cereales en 2001/02 se duplicó con creces, hasta Z$8 500 (US$ 154) por tonelada, con objeto de alentar a los agricultores a ampliar el cultivo de maíz y de ayudarlos a sostener el incremento de los costos de producción.

Cuadro II-1: Precios de sostenimiento de los cereales en algunos países (precio por tonelada)

Fuente: informes oficiales y OCDE.
^1/ precios de intervención
^2/ precios a efectos de los préstamos
^3/ precios medios en las principales provincias productoras
^4/ basados en los precios de sostenimiento del trigo rojo duro de Anatolia

En Asia, el Gobierno de la India elevó sus precios mínimos de sostenimiento^[21] de cereales para la campaña de comercialización 2001/02, registrándose el mayor aumento en los precios de la cebada (16 por ciento), seguidos por los del maíz (9 por ciento) y el trigo (5 por ciento) (véase el cuadro II-1). En abril de 2002, los precios de sostenimiento del trigo subieron una vez más, a 6 200 rupias (US$ 127) por tonelada. (El precio mínimo de sostenimiento es el que aplica la Corporación de Alimentos de la India (FCI) para comprar cereales a los agricultores). La República Islámica del Irán aumentó en un 25 por ciento el precio de compra del trigo para 2001/02, que pasó así a US$ 150 por tonelada, a fin de estimular la producción interna y reducir su dependencia de las importaciones. A plazo medio, el país se propone alcanzar la autosuficiencia de trigo ampliando la producción hasta 17 millones de toneladas. En Jordania, en 20021-02 se aumentó levemente, a 155 dinares (US$ 218) por tonelada, el precio de intervención para el trigo, y el de la cebada permaneció en 95 dinares (US$134) por tonelada. No obstante, como parte de sus esfuerzos por desreglamentar el mercado, el gobierno decidió no volver a anunciar precios de compra de cereales antes de la plantación

En la República de Corea, el precio de sostenimiento de la cebada en 2001 experimentó un incremento de un 4 por ciento frente al año anterior, a 1 109 000 won (US$ 859) por tonelada, mientras que el precio del maíz no sufrió variaciones y se mantuvo en 580 000 won (US$ 449) por tonelada. En agosto de 2001 Tailandia, tras la caída de los precios del maíz en el mercado nacional, emprendió un plan de intervención semestral que fijaba los precios del maíz en 4 000 bahts (US$ 90) por tonelada. Además, con objeto de proteger a los cultivadores de maíz y arroz contra las pérdidas provocadas por los desastres naturales, el gobierno apoyó la creación de un programa de seguro agrícola. Los agricultores que decidan participar en el programa deben pagar una prima de 151 baht (US$ 3,5) por hectárea para recibir 2 000 baht (US$ 45) como indemnización en caso de daños a los cultivos. En Turquía, aunque los precios para 2001/02 se aumentaron en un 61 por ciento para trigo, cebada y avena, y en cerca del 70 por ciento para centeno y maíz, la inflación llegó a casi el 62 por ciento. Sin embargo, debido a la depreciación de la lira frente al dólar estadounidense, todos los precios de sostenimiento de los cereales disminuyeron en esta moneda. A largo plazo, estaba previsto que la Junta cerealera turca (TMO) adquiriera directamente los cereales a través del régimen de intercambio de productos básicos. Además, en 2001, en el marco del proyecto de ejecución de la reforma agraria se emprendió un plan de apoyo directo a los ingresos, que preveía para todos los agricultores un pago por superficie de 100 millones de liras (US$ 81) por hectárea, hasta un máximo de 20 hectáreas por agricultor.

En la región de América Latina y el Caribe, el Gobierno del Brasil inició en 2002 un programa nacional encaminado a incrementar la producción de trigo, con la finalidad de aumentar la autosuficiencia de este cereal en el país. Como parte del programa y en el intento por impulsar el cultivo de trigo en los estados donde tradicionalmente no se cultivaba, el gobierno aumentó los precios de sostenimiento e introdujo además la fijación de precios regionales. En consecuencia, en 2002 el precio mínimo del trigo en los estados meridionales^[22] se fijó en 285 reales (US$ 120) por tonelada, mientras que en las restantes regiones se fijó en 300 reales (US$ 126) por tonelada, en comparación con el precio mínimo nacional de 225 reales (US$ 95) por tonelada de 2001. En 2001, a fin de ampliar la producción de maíz, en Colombia se llevó a cabo un programa que preveía la inversión de alrededor de US$ 1 millón en el cultivo de maíz amarillo y cuyos objetivos eran tanto utilizar semillas mejoradas para cultivar maíz amarillo como aprovechar una superficie más amplia para este cultivo. Como parte del paquete de incentivos conexos, también se elaboró un plan de precios mínimos de compra, que garantizaba a los agricultores un precio de US$ 192 por tonelada de maíz amarillo durante la campaña agrícola de 2001/02. En los años subsiguientes, los precios de sostenimiento se basarían en los precios de mercado vigentes seis meses antes de la plantación. En México, los pagos por hectárea cultivada previstos por el PROCAMPO (Programa de Apoyos Directos al Campo) se incrementaron en un 10 por ciento en 2001 y pasaron a 778 pesos (US$ 83) para las cosechas de otoño e invierno y a 829 pesos (US$ 89) para las de primavera y verano. Además, como apoyo a la agricultura en pequeña escala, antes de la plantación los productores con menos de una hectárea podían recibir un pago correspondiente a una hectárea. En 2001 el gobierno puso en marcha asimismo en algunos estados un programa de pagos directos por superficie a fin de convertir los cultivos de trigo, maíz y frijoles en cultivos cebada y avena.

Países desarrollados

En Australia, en 2002 se siguió aplicando la política de las subvenciones a los insumos como principal forma de apoyo^[23]. Por ello, el plan de rebaja para el combustible diesel y el plan de subvenciones para combustibles alternativos en lugar del diesel (DAFGS), que conceden subvenciones para reducir los costos de transporte por carretera, se renovaron hasta mediados de 2003. En lo concerniente a la ayuda agrícola, el gobierno decidió extender por un año más el programa federal de asistencia en caso de inundaciones aplicado en 2000, lo que benefició a los cultivadores de trigo gravemente afectados de la zona septentrional de Nueva Gales del Sur y de Queensland meridional. En mayo de 2002, el gobierno convino en asignar hasta A$24 millones (US$ 13,1 millones) para casos de asistencia en “circunstancias excepcionales” a los cultivadores de trigo de algunas zonas de Australia Occidental. Esta medida se adoptó como consecuencia de las fuertes pérdidas de ingresos agrícolas en esas regiones causadas por la prolongada sequía, cuyo valor se estimó en más del 40 por ciento de los ingresos en 2000/01 y en un 60 por ciento en 2001/02.

El Canadá, como medida de asistencia para los cultivadores de cereales en casos de pérdidas apreciables de cosechas, en agosto de 2001 estableció una nueva denominación para el trigo, y permitió así la venta del trigo rojo de primavera No 4 del oeste del Canadá. Esta nueva denominación posee una densidad aparente (68 kg por hectolitro) levemente inferior y un índice de tolerancia más elevado (5 por ciento) a los daños de las semillas germinadas. Asimismo, el gobierno extendió por otros dos años el programa de anticipo de crédito para los cultivos de primavera (SCAP), introducido en 2000 con objeto de ayudar a los cultivadores cerealeros a financiar sus actividades de plantación. Además, se aumentó el límite máximo de los préstamos garantizados por el gobierno y libres de intereses, que pasó de CAN$ 20 000 (US$ 12 900) a CAN$ 50 000 (US$ 32 290).

La Unión Europea (UE), como parte del programa de reformas para 2000 de la política agrícola común (PAC)^[24], redujo ulteriormente el precio de intervención de 2001/02 para los cereales^[25], de un 7,5 por ciento frente al año anterior. Ahora bien, para compensar en parte la reducción del precio de intervención, el pago directo por superficie cerealera y la compensación por retirada de tierras se aumentaron, pasando en ambos de casos de € 58,7 (US$ 54,1) a € 63 (US$ 56,4) por tonelada. Igualmente, el pago para 2001/02 por superficie de ensilado de cultivos herbáceos, autorizado sólo en Finlandiaia y Suecia, se elevó a € 63 por tonelada. En junio de 2001 la UE decidió emprender un nuevo programa piloto de apoyo a la agricultura en pequeña escala, dirigido específicamente a los agricultores que reciben menos de € 1 250 anuales como pagos a título de ayuda a través del sistema de apoyo de la PAC. Con arreglo al nuevo programa, los agricultores que reúnen las condiciones necesarias tienes derecho a recibir, en el período 2002-05, un pago conforme al monto recibido a título de ayuda en 1999-2001.

En los Estados Unidos, los precios nacionales a efectos de los préstamos para trigo, maíz y sorgo en 2001 no sufrieron variaciones respecto al año anterior, mientras que aumentaron en un 5 por ciento para la avena, pasando así a US$ 83,4 por tonelada, y en un 3 por ciento para la cebada, pasando a US$ 75,8 por tonelada (véase el cuadro II 1). En agosto de 2001, el gobierno aprobó la asignación de unos US$ 5 500 millones para pagos suplementarios a título de asistencia, gran parte de los cuales debían destinarse a sufragar los costos de asistencia por pérdidas de mercado. Entre los principales beneficiarios de esta iniciativa se hallaban los productores de cereales, en particular de maíz. Además, en el mismo mes, el USDA anunció un programa de asistencia para indemnizar a los cultivadores y manipuladores de trigo, así como a otros trabajadores de ese sector por las pérdidas ocasionadas por el tizón de Karnal. Las indemnizaciones oscilaban entre US$ 22 a 66 por tonelada, de acuerdo con la región

El principal cambio registrado en los Estados Unidos fue la aprobación, en mayo de 2002, de la Ley de seguridad agrícola e inversiones rurales (FSRI), que reemplazó la Ley Federal de Mejora y Reforma Agraria (FAIR) de 1996. En virtud de esa ley sigue vigente la prestación de apoyo a los cultivos idóneos mediante los siguientes tres programas: pagos directos, pagos anticíclicos y préstamos para la comercialización^[26], pero existen diversas modificaciones a la Ley FAIR. El monto de los pagos directos previstos por la Ley FSRI está fijado por ley, mientras que con arreglo a la Ley FAIR una vez al año se calculaba el importe de pagos unitarios para cada producto básico contractual. En cuanto a los pagos anticíclicos, el cambio de mayor envergadura consistió en la introducción de precios indicativos como “activadores de precios”, en contraposición a los pagos suplementarios ad hoc para casos de emergencia autorizados cada año en virtud de la Ley FAIR. Como resultado de ello, se efectuarán pagos anticíclicos toda vez que el precio efectivo^[27] sea inferior al precio indicativo. En el programa de préstamos para la comercialización, con arreglo a la nueva Ley los precios a efectos de los préstamos se establecen por ley y se ha eliminado la obligación de que el productor concierte un acuerdo en materia de pagos directos para poder beneficiarse del programa de préstamos. Los precios estipulados por la Ley FSRI a efectos de los préstamos relativos a los cereales son superiores a los previstos por la Ley FAIR, y los incrementos de mayor cuantía se refieren al sorgo y a la cebada (véase el cuadro II-2).

Cuadro II-2: Disposiciones de apoyo en los Estados Unidos en materia de cereales previstas por la Ley FAIR y la Ley FSRI

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 2002.
n/p: no procede

El Gobierno del Japón mantuvo la política de disminuir los precios de compra de cereales a fin de reducir la brecha entre los precios nacionales y los mundiales. Por consiguiente, los precios de adquisición de trigo y cebada en 2001/02 se redujeron en 1,5 por ciento. El gobierno decidió asimismo cerrar a finales de marzo de 2003 la junta japonesa para la alimentación, que se había instituido en 1949 como organismo oficial para la compra de cereales

En julio de 2001, Noruega, modificó su política de sostenimiento de los precios de los cereales, que pasó de prever precios garantizados a nivel de productos a fijar precios indicativos a nivel de mayorista. No obstante, los precios administrados para los cereales en 2001/02 no sufrieron variaciones respecto al año anterior. Además del sostenimiento de los precios, el gobierno sufraga los pagos por superficie y los pagos compensatorios. Los niveles de los precios de sostenimiento y de los pagos directos se revisan cada año, después de haberse celebrado las correspondientes negociaciones entre el gobierno y los representantes de los productores. Con arreglo al programa zonal en favor del paisaje agrícola, dirigido a promover la aplicación de métodos agrícolas inocuos para el medio ambiente, se aumentó en 50 coronas (US$ 5,6) por hectárea el pago por superficie cerealera para 2002. En Suiza, como parte de un proceso de liberalización del mercado cerealero, en julio de 2001 se suprimieron los precios garantizados para el trigo tierno y el centeno. El gobierno eliminó también la subvención al productor para los cereales secundarios como medida para estabilizar la producción. El año anterior el pago de esa subvención se había reducido en razón del 48 por ciento, de 770 francos (US$ 456) a 400 francos (US$ 237) por hectárea.

En Europa central y oriental se produjeron diversos cambios, algunos de los cuales son atribuibles al proceso de preparación para la adhesión a la UE, y otros responden a las medidas adoptadas ante la evolución de los mercados nacionales. Más específicamente, Bulgaria, para apoyar los productores de cereales y amortiguar el impacto de los bajos precios locales, elevó su presupuesto de 2002 para la concesión de crédito a corto plazo en condiciones favorables a 29 millones de levas (US$ 14,5 millones), 15 millones de los cuales (US$ 7,5 millones) se destinaron a cubrir subvenciones para semillas y fertilizantes. En 2002, las subvenciones directas pagadas al sector agrícola ascendieron en total a 48 millones de levas (US$ 24 millones). En el otoño de 2002, Croacia formuló nuevas directrices para su política de subvenciones a los productores de trigo en el marco de un plan para limitar una producción de trigo excesiva. Mediante esta enmienda se perseguía principalmente reducir el cultivo de trigo por los pequeños agricultores de escaso rendimiento. Con arreglo a la nueva disposición, los agricultores deben plantar al menos 3 hectáreas de trigo y además presentar un contrato de venta firmado para poder recibir un pago por superficie de unos 1 610 kuna (US$ 216) por hectárea.

En 2001/02, la República Checa abandonó su política de fijación de precios de intervención para el trigo antes de la cosecha a fin de permitir que el libre juego del mercado incidiera en mayor medida en la determinación de los precios, pero al mismo tiempo introdujo el sistema de pagos por superficies retiradas. En 2001, el gobierno pagó un monto total de 280 millones de coronas (US$ 7,4 millones) para ayudar a los agricultores a sufragar la compra de semillas de trigo y semillas de colza. de alta calidad. En Hungría, se aumentó levemente el precio garantizado del trigo para 2001/02, hasta 17 000 forint (US$ 59) por tonelada, mientras que el precio del maíz no se modificó y se mantuvo en 14 000 forint (US$ 49) por tonelada. Además, debido a la baja de los precios internos de los cereales, en 2001 el gobierno concedió préstamos sin intereses y puso en marcha un plan de subvenciones al almacenamiento por un monto de 15 forint semanales por tonelada. En Lituania, los precios de intervención de 2002 relativos al trigo y el centeno se fijaron en 400 litas (US$ 113) y 350 litas (US$ 99) por tonelada, respectivamente. Asimismo, como parte de un plan para mejorar los niveles de calidad del trigo se proporcionó a los cultivadores un premio de 20 litas (US$ 5,6) por tonelada de trigo de primera calidad.

En Polonia, los precios de compra mínimos del trigo tierno y el centeno panificable bread rye para la cosecha de 2002 se disminuyeron hasta 480 zlotys (US$ 117) y 330 zlotys (US$ 80) por tonelada, respectivamente. Ahora bien, para contrarrestar el recorte de los precios de compra y proteger los ingresos de los agricultores contra la debilitación de los precios de mercado, el gobierno puso en marcha un sistema de subvenciones. En caso de que los agricultores vendieran sus cereales en el marco del programa de intervención, recibirían subvenciones de 120 a 140 zlotys (US$ 29-34) por tonelada de trigo tierno y 90 a 100 zlotys (US$ 22-24) por tonelada de centeno panificable, según la fecha de las ventas. En 2001, a fin de subsanar los efectos de las fuertes inundaciones, el gobierno distribuyó a los agricultores una tonelada de trigo por cada hectárea inundada, por un máximo de 10 hectáreas, y 0,5 toneladas por hectárea para las superficies mayores a 10 hectáreas. En febrero de 2002, el Gobierno de Rumania decidió recortar los precios de las semillas en un 20-50 por ciento como incentivo para la plantación y para ayudar a los agricultores a hacer frente a los crecientes costos de producción. Como resultado, los precios de las semillas maíz sufrieron un recorte del 28 por ciento, mientras que los de las semillas de otros cereales secundarios se redujeron en un 20 por ciento. El gobierno también respaldó, en enero de 2002, la asignación de 145 mil millones de lei (US$ 4,5 millones) para pagar su deuda pendiente a los agricultores. Esta deuda se originó tras haber decidido en febrero de 2001 que los agricultores recibirían una subvención directa por valor de 1 millón de lei (US$ 37,3) por cada hectárea cultivada a fin de contrarrestar parcialmente los efectos de los graves episodios de sequías

En Eslovaquia, en enero de 2002 se adoptó una política de pagos de ayuda directa y de subvenciones para la producción agropecuaria, con inclusión de pagos compensatorios para los cereales por valor de 500 coronas (US$ 10,4) por hectárea. Además, como medida de asistencia para los agricultores del país, en 2002 el gobierno decidió otorgar 1 000 millones de coronas (US$ 20,8 millones) a título de ayuda agrícola, que habían de aprovecharse como préstamos agrícolas y subvenciones a la exportación. Análogamente, el Gobierno de Eslovenia destinó 5 500 millones de tolares (US$ 22,7 millones) en 2001 a título de ayuda agrícola de urgencia con objeto de indemnizar a los productores por las pérdidas ocasionadas por las severas condiciones climáticas. En abril de 2002, se aprobó un incremento de las subvenciones agrícolas generales, hasta 18 700 millones de tolares (US$ 73,6 millones), lo que representa un aumento de casi el 40 por ciento respecto a 2001. En la República Federativa de Yugoslavia, a comienzos de 2002 el gobierno, para prevenir la ulterior caída de los precios internos del maíz, fijó el precio de compra de la Reserva Estatal para el maíz en 6 900 dinares (US$ 102) por tonelada

Entre los estados de reciente independencia, Azerbaiyán, como iniciativa de asistencia para los productores agrícolas, en noviembre de 2001 promulgó una ley que ofrecía la exoneración de impuestos por un período de 3 años a partir del 1 de enero de 2002. Con arreglo a esta nueva directiva, se eximiría del pago de impuestos sobre las utilidades, IVA e impuestos sobre el patrimonio a las empresas productoras, para las que se establecerían sistemas simplificados de pago, mientras que a los productores individuales se les exonerarían únicamente del pago del IVA y de los impuestos sobre la propiedad. Se mantuvieron los impuestos territoriales. En Turkmenistán, en el intento por impulsar la producción cerealera e incrementar las exportaciones, en 2002 el gobierno decidió exonerar a los agricultores del pago de contribuciones territoriales y subvencionar la producción cubriendo el 50 por ciento de los costos relativos a semillas, fertilizantes y servicios técnicos. El Gobierno de Ucrania en enero de 2001 decidió extender su sistema de precios garantizados a diversos productos básicos agrícolas, incluidos los cereales, con objeto de favorecer la producción y estabilizar el mercado nacional. También estableció que se destinara un 5 por ciento, como mínimo, del presupuesto a la prestación de apoyo federal al sector agrícola y aseguró a los agricultores que los impuestos no aumentarían por un período de cuatro años.

Políticas relativas al consumo, la comercialización y las existencias

La mayor parte de los recientes cambios normativos en materia de consumo, comercialización y existencias de cereales prosiguieron una tendencia ya existente hacia la privatización y una mayor liberalización del mercado. A pesar de ello, en muchos países la baja registrada en los precios cerealeros durante el período en examen llevó a los gobiernos a intervenir en pos de la estabilización del mercado.

Entre los países africanos, Argelia a principios de 2002 aprobó la construcción de dos silos para cereales con capacidad de 140 000 toneladas de trigo y 20 000 toneladas de soja como parte de un proyecto de ampliación de los servicios de almacenamiento público del país. En Malawi, en diciembre de 2001 el gobierno prohibió al sector privado comprar maíz importado al Organismo Nacional de Reservas Alimentarias (NFRA) y designó a la Corporación para el Desarrollo y la Comercialización Agrícolas (ADMARC) como único organismo autorizado a vender ese producto. La adopción de esta medida obedeció al incremento de los precios del maíz local, que se consideró como el resultado de la participación de los comerciantes privados en las actividades de comercialización.

En septiembre de 2000, frente al déficit alimentario provocado por la prolongada sequía en algunas zonas del país, el Sudán instituyó la Entidad para la reserva de productos básicos estratégicos (SCRA), encargada fundamentalmente de estabilizar el mercado, principalmente el de cereales básicos, mediante las importaciones y las adquisiciones a nivel local, y de distribuir alimentos de forma gratuita o subvencionada a los grupos vulnerables. El Gobierno de Zimbabwe, en julio de 2001 restableció el poder monopolístico de la Junta de Comercialización de Cereales (GMB) -administrada por el Estado- sobre la compra de maíz y trigo, para prevenir incrementos pronunciados en los precios de los alimentos básicos.

En Asia, el Gobierno de China aplicó en 2002 la exoneración del pago del IVA y del impuesto de construcción de caminos sobre las exportaciones de cereales, para fortalecer la competitividad del maíz de ese país en el mercado mundial.

El Gobierno de la India, como parte de sus reformas agrícolas y en vista del creciente volumen de las existencias cerealeras en los almacenes públicos, en febrero de 2002 eliminó las restricciones que limitaban el almacenamiento y el desplazamiento interestatal de diversos productos agrícolas, entre ellos el trigo y los cereales secundarios. Los principales objetivos de los nuevos reglamentos eran: i) dar a los agricultores la posibilidad de obtener los mejores precios para sus productos; ii) lograr precios estables en los mercados internos; y iii) asegurar la disponibilidad de cereales comestibles en las zonas aquejadas por déficit alimentario. El gobierno también se encargó de la gestión de un programa nacional de adquisición de cereales, encaminado a lograr la estabilidad del mercado (véase la figura 1). En los primeros meses de 2002, el Gobierno de la India disminuyó a 5 100 rupias (US$ 105) por tonelada el precio del trigo suministrado por el sistema público de distribución^[28] a las familias que vivían por encima de la línea de pobreza, con la finalidad de reducir las existencias públicas. Si bien el precio de venta para los hogares por debajo del umbral de la pobreza se mantuvo inalterado en 4 150 rupias (US$ 85) por tonelada, se aumentó en 10 kg, llegando a 35 kg por hogar^[29], la asignación mensual de cereales comestibles (trigo y arroz) destinada a este sector de la población. La subvención de alimentos en la India relativa al ejercicio fiscal de 2002 (abril-marzo) se fijó en 212 mil millones de rupias (US$ 4 400 millones), esto es un 20 por ciento más que el año anterior.

Figura II-1: Adquisiciones de trigo de la India para el Fondo Común Central

Fuente: Annual Report 2001-02, Departamento de alimentos y distribución Pública, Ministerio de Asuntos del Consumidor, Alimentación y Distribución Pública de la India

En Indonesia, a fin de aumentar el valor nutricional del trigo, en 2001 el gobierno implantó una nueva política de enriquecimiento para la harina de trigo que preveía la suplementación de este producto con hierro, zinc, vitamina B y ácido fólico. Posteriormente, se decidió que a partir del 2 de febrero de 2002 toda la harina de trigo para uso alimentario debería cumplir el reglamento nutricional de la Norma Nacional de Indonesia emitido el 20 de noviembre de 2001.

En el Japón, al tiempo que bajó los precios de compra de cereales, el gobierno mantuvo sus precios de venta de 2001 para el trigo y la cebada producidos en el país, esto es 36 635 yen (US$ 302) por tonelada y 32 000 yen (US$ 263) por tonelada, respectivamente. A diferencia de ello, en Jordania, como parte de un plan nacional de reducción de la carga fiscal de las subvenciones a la comercialización, se decidió aumentar el precio de venta del trigo a los molineros para 2002, que pasó de 91 dinares (US$ 128) a 100 dinares (US$ 141) por tonelada, y también se aumentó el precio de venta de la harina de trigo a los panaderos, que pasó de 113 dinares (US$ 159) a 124 dinares (US$ 175) por tonelada.

En el Pakistán, en mayo de 2001 se levantaron las restricciones de la circulación de trigo en las provincias, en un intento por asegurar una amplia disponibilidad del producto y además ayudar a los agricultores a comercializar sus productos. Asimismo, en el contexto de las vigentes reformas económicas efectuadas por el gobierno, el Banco Estatal del Pakistán en 2001 permitió por primera vez que los bancos financiaran la compra de trigo por el sector privado.

En la región de América Latina y el Caribe, el Gobierno del Brasil, decidió, a comienzos de 2002, aumentar sus existencias de maíz hasta 1,2 millones de toneladas, a fin de estabilizar los precios y apoyar la producción local. El Ecuador, frente al pronunciado incremento de los precios del pan y de los productos cerealeros en el mercado interno y con objeto de combatir la inflación general fijó, en los primeros meses de 2002, el precio de venta máximo de la harina de trigo en US$ 16,50 por saco de 50 kg (ó US$ 330 por tonelada). En México, a principios de marzo de 2002 se levantó con carácter provisional el impuesto del 20 por ciento sobre la venta de gaseosas y bebidas con edulcorantes distintos del azúcar de caña. Los informes pertinentes indican que desde que se introdujo el impuesto el 1 de enero de 2002 casi se había detenido la producción e importación nacionales de jarabe de maíz de alta fructosa.

En Europa central y oriental un grupo de países adoptó medidas para estabilizar los precios del mercado cerealero y de sostenimiento agrícola. Así pues, en 2002 el Gobierno de Bulgaria, decidió adquirir 200 000 toneladas de trigo nacional a 160 levas (US$ 80) por tonelada y además aprobó una subvención mensual para el almacenamiento de cereales de 1,5 levas (US$ 0,75) por tonelada.. Por su parte, la República Checa, en julio de 2001 anunció una nueva ley para las adquisiciones, el almacenamiento y la venta de cereales por el Estado, que daba a los productores cerealeros la posibilidad de almacenar sus productos en silos de propiedad pública hasta la puesta en marcha del programa de intervención del país. Además, el Fondo Estatal de Intervención Agrícola decidió comprar 1 millón de toneladas de trigo de calidad alimentaria procedente de la cosecha de 2001. En Hungría, a finales de ese mismo año, el gobierno anunció que se llevaría a cabo un plan de intervención para adquirir hasta 500 000 toneladas de maíz, en cuyo marco los productores podían optar por vender hasta 500 toneladas de maíz a un precio fijo de 18 000 forint (US$ 64) por tonelada. En 2002, el gobierno decidió asignar un monto total de 400 000 millones de forint (US$ 1 44o millones) para la compra y el almacenamiento de trigo. El Gobierno de Lituania, estableció los siguientes precios de compra mínimos de los cereales para los elaboradores en 2001/02: 390 litas (US$ 98) por tonelada de trigo de clase I, 380 litas (US$ 95) por tonelada de trigo de clase II, 670 litas (US$ 168) por tonelada de trigo sarraceno y 340 litas (US$ 85) por tonelada de centeno. En Polonia, el gobierno decidió efectuar compras de intervención por 3,5 millones de toneladas de trigo a 510 zlotys (US$ 125) por tonelada y 0,7 millones de toneladas de centeno a 330 zlotys (US$ 81) por tonelada procedentes de la cosechas de 2001/02. En Eslovaquia, el Organismo de Intervención Estatal en julio de 2002 emprendió un programa de préstamos para productos básicos dirigido a aliviar la carga financiera de los agricultores. Este nuevo plan les permitiría almacenar sus cereales en silos públicos como fianza para los préstamos, y para poder acceder al crédito harían falta al menos 100 toneladas de cada producto básico.

Por lo que concierne a otros países europeos, en julio de 2001 el Gobierno de Noruega, recortó el IVA sobre la compra de alimentos, del 23 por ciento al 12 por ciento, como medida para reducir las diferencias de los precios de los alimentos en relación con los países vecinos. La medida tenía además como objetivo estimular el consumo interno.

Con el propósito de estabilizar el mercado cerealero nacional, en septiembre de 2001 la Federación de Rusia, anunció la ejecución de un nuevo programa de compra de trigo, con un presupuesto inicial de 2 000 millones de rublos (US$ 68 millones). El precio de intervención se fijó en 2 300-2 700 rublos (US$ 77-90) por tonelada. Según se tiene noticia, a finales de noviembre de 2001 el gobierno había adquirido 250 000 toneladas de trigo de calidad 3.

En Australia, la Junta del Trigo (AWB) comunicó que en 2002 se harían inversiones por un total de A$80 millones (US$ 45 millones) para crear nuevos centros de recolección de cereales, como medida para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema nacional de transporte y manipulación. Se prevé que cada instalación podrá recibir 8 000 toneladas de cereales diarias y tendrá una capacidad de almacenamiento de 130 000 toneladas. La AWB estima que las nuevas instalaciones redundarán en un ahorro para los productores de 2-3 dólares australianos por tonelada en concepto de gastos de almacenamiento y manipulación.

Otras políticas internas pertinentes

En 2002 el Gobierno de Hungría, ante las crecientes preocupaciones en materia de salud y de seguridad de los alimentos, asignó 100 millones de forint (US$ 368 000) para establecer un organismo para la seguridad de los alimentos que se encargaría de vigilar la cadena completa de suministro de alimentos. Además, a fin de reforzar la confianza de los consumidores, en abril de 2002 se adoptó una nueva ley de etiquetado, que estipulaba la obligación de suministrar detalles acerca del origen de los alimentos. Otra iniciativa similar fue la adoptada en Turquía, donde en 2001 se refrendó un nuevo proyecto encaminado a mejorar los servicios de inspección alimentaria del país.

En algunos países, se formularon o se extendieron políticas dedicadas a cuestiones medioambientales. Un ejemplo de ellos lo ofrece la UE, que en noviembre de 2001 anunció un plan para incrementar la utilización de biocombustibles, cuyo objetivo consiste en lograr sustituir con biocombustibles para el año 2020 un 20 por ciento de la gasolina o el diesel utilizados en el sector del transporte por carretera. En todos los países miembros los biocombustibles deberían corresponder en 2005 al 2 por ciento de las ventas de combustibles y llegar al 5,7 por ciento de éstas en 2010. En el Japón, en 2001 los gastos relativos a programas de promoción de métodos agrícolas y de conservación inocuos para el medio ambiente registraron un aumento superior al 11 por ciento y ascendieron a 38 600 millones de yen (US$ 358 millones). Los Estados Unidos, en diciembre de 2000 emprendieron un nuevo programa para aumentar la producción de etanol y biodiesel a partir de cereales, semillas oleaginosas y celulosa. Con arreglo a ese programa, los pequeños productores de biocombustible -con una producción anual inferior a 246 millones de litros- recibirían subvenciones que cubrirían el 40 por ciento del los cultivos adquiridos, mientras que para los productores en mayor escala las subvenciones cubrirían sólo el 28,6 por ciento de las adquisiciones. El gobierno asignó US$ 150 millones en 2001 y un monto similar en 2002 para sufragar los pagos de las subvenciones del programa.

Otra forma de apoyo fue la prestada por la India, que en abril de 2002 disminuyó del 25 por ciento al 15 por ciento el derecho de importación sobre determinados tipos de maquinaria y equipo agrícolas, como un incentivo para que los agricultores adoptaran nuevas tecnologías y aumentaran su productividad. En contraposición a este hecho, el gobierno decidió no obstante reducir la subvención a los fertilizantes en cerca del 5 por ciento, en consonancia con sus esfuerzos por desreglamentar el sector agrícola. En Turquía, en diciembre de 2001 se suprimió la subvención para los fertilizantes y los gastos totales de las subvenciones para las semillas disminuyeron en un 40 por ciento. En mayo de 2001, la República Islámica del Irán, aprobó un paquete de asistencia de urgencia por un costo estimado en 4 billones de rials (US$ 509 millones) para hacer frente a tres años consecutivos de sequía, mientras que en Jordania, el gobierno decidió volver a escalonar los reembolsos de los préstamos agrícolas con objeto de disminuir la presión financiera provocada en los agricultores por la prolongada sequía.

En el Sudán, en marzo de 2001 el gobierno aportó nuevas reformas al sector agrícola, incluida la eliminación o la reducción de casi todos los impuestos directos e indirectos sobre la producción y comercialización agrícolas, así como la reducción del 35 por ciento al 10 por ciento de los impuestos sobre las utilidades de las empresas para las compañías dedicadas a la producción, elaboración y comercialización agrícolas. No obstante, para compensar las pérdidas de ingresos, en octubre de 2001 el gobierno aumentó el impuesto petrolífero en un 12,5 por ciento. En 2002, en el marco de un plan nacional de riego puesto en marcha para tratar de resolver los problemas de sequía, Rumania, asignó 1 billón de lei (US$ 30 millones) como parte de las iniciativas dirigidas a ampliar y modernizar los sistemas de riego del país que según las previsiones deberían cubrir 1 millón de hectáreas de tierra de labranza. En 2001, el gobierno introdujo nuevamente el plan de subvenciones para los tractores que concedía a los agricultores una subvención correspondiente al 55 por ciento del precio de compra de los tractores fabricados en el país.

Políticas comerciales

En general los países en desarrollo siguieron ajustando sus políticas comerciales para cumplir los compromisos contraídos con la OMC. La mayoría de los países desarrollados, habida cuenta de que el año 2000 marcó el final del período de aplicación del Acuerdo de la Ronda Uruguay sobre la Agricultura, mantuvieron los mismos compromisos en materia de apoyo fronterizo y nacional asumidos en 2000.

Un cambio fundamental para el comercio agrícola consistió en la declaración^[30] formulada en Doha en noviembre de 2001 que instaba a celebrar negociaciones exhaustivas a fin de aumentar el acceso al mercado y reducir las subvenciones a las exportaciones y las medidas de apoyo en los países que distorsionan las actividades comerciales. La Declaración de Doha reiteró asimismo la necesidad de reservar un trato especial y diferenciado a los países en desarrollo y reconoció la importancia de las cuestiones que no guardaban relación directa con el comercio, como la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

Medidas en el sector de la importación

Respecto al continente africano, Argelia, como parte de las medidas de preparación para ingresar en la OMC, en julio de 2001 adoptó un nuevo sistema arancelario que reducía del 45 por ciento al 40 por ciento el límite arancelario máximo, y a tres el número de categorías de derechos: 5 por ciento para materias primas; 15 por ciento para los productos semielaborados; y 30 por ciento para los productos de alto valor añadido. Además, se disminuyó el IVA. No obstante, a fin de amparar la industria de semillas nacional, el gobierno fijó un gravamen del 5 por ciento y un IVA del 7 por ciento sobre las semillas de cebada y maíz importadas, mientras que mantuvo el régimen de exención de impuestos para las semillas de trigo. Asimismo, en marzo de 2001 el gobierno prohibió de forma provisional importar cereales de la UE tras registrarse el brote de fiebre aftosa. En Marruecos, se suspendieron tanto el derecho aduanero (23 por ciento) y el IVA (7 por ciento) sobre la cebada importada para el período entre julio de 2001 y marzo de 2002 debido a la disminución de la producción nacional y también a la escasez de pastizales, pero se mantuvieron los derechos de importación sobre el trigo duro (21 por ciento), trigo tierno (33,5 por ciento) y maíz (17,5 por ciento). Además del impuesto de importación básico, se aplicó un gravamen adicional en caso de que el precio de importación declarado disminuyera por debajo del precio umbral fijado por el Gobierno. Cuando así fuera, se cargaría un derecho suplementario (93 por ciento para el trigo duro, 103,5 por ciento para el trigo tierno y 57 por ciento para el maíz) sobre la diferencia entre ambos precios.

En junio de 2000, Nigeria, anunció su decisión de levantar la prohibición a la importación de maíz, que había estado vigente desde comienzos de los años ochenta. Aún así, con objeto de proteger a los productores de maíz contra un repunte de las importaciones se instituyó un derecho del 70 por ciento sobre el maíz importado. En marzo de 2002, el gobierno redujo del 15 por ciento al 5 por ciento el derecho de importación sobre el trigo a fin de satisfacer el rápido aumento de la demanda interna de productos derivados del trigo. En enero de 2002, el Gobierno de Zambia, frente al continuo déficit de maíz en el país, decidió eximir del pago de impuestos aduaneros a 19 grandes empresas importadoras a fin de facilitar el abastecimiento local. Estaba previsto que el maíz importado se distribuyera en primer lugar en las zonas más afectadas por las inundaciones registradas en 2001.

En América Latina y el Caribe, el Gobierno del Brasil, eliminó en marzo de 2001 la prohibición de importar de los Estados Unidos trigo rojo duro de invierno, trigo rojo duro de primavera y trigo tierno de invierno. Sin embargo la prohibición siguió en vigor para el trigo duro así como para el trigo procedente de la costa occidental de los EE.UU. debido a preocupaciones de carácter fitosanitario. En agosto del mismo año, Brasil decidió prohibir la importación de trigo con más de un 2 por ciento de impurezas para materia extraña, que anteriormente se permitía entrar en el país, pero comercializado en la categoría “Fora de Tipo”(subcategoría). Además, el nivel de contenido máximo de humedad de los cereales se redujo del 14 al 13 por ciento. A comienzos de 2002, se anunciaron nuevos reglamentos para la importación de cebada, centeno, maíz, sorgo y triticale, que exigían a todos los países exportadores, excepto miembros de MERCOSUR^[31], la presentación de Evaluaciones del Riesgo de Plagas en el plazo de 180 días a partir de la fecha de importación. Con la finalidad de proteger a los agricultores locales de maíz e impulsar la producción interna, en 2001 Colombia, emitió nuevos reglamentos para la importación de maíz a nivel industrial, en virtud de los cuales las empresas que desearan importar maíz debían presentar constancia de haber adquirido maíz, sorgo o yuca seca de producción local. En julio de 2001, Chile, abolió su arancel de salvaguardia sobre el trigo y la harina de trigo importados que se había establecido en octubre de 1999 como instrumento para mantener el precio mínimo del trigo importado en US$ 194 por tonelada.

En el Ecuador, el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) a principios de 2002 redujo del 20 por ciento al 10 por ciento el derecho de importación sobre la harina de trigo y además autorizó la importación de 85 000 toneladas de harina de trigo en el intento de prevenir nuevos aumentos de los precios internos de los productos derivados del trigo. En julio de 2000, el gobierno reemplazó su contingente arancelario de trigo por un régimen exclusivamente arancelario. Se fijaron derechos de importación en un 10 por ciento y un 20 por ciento para el trigo y la harina de trigo, respectivamente. El Gobierno de Venezuela, a finales de junio de 2002 suprimió la prohibición de importar maíz amarillo para satisfacer la demanda de piensos. La prohibición se había implantado en septiembre de 2001.

En Asia, como parte de los compromisos contraídos para poder ingresar en la OMC, China, estableció un sistema de contingente arancelario para los cereales^[32], en cuyo marco algunos porcentajes de los contingentes se destinaban a empresas no estatales (véase el cuadro II 3). En cuanto a la cebada, que no estaba incluida en el contingente arancelario, el gobierno convino en comunicar con al menos tres meses de antelación todo aumento previsto en la tarifa aplicada, que luego debía mantenerse por un lapso mínimo de un año. La tarifa aplicada a la malta estaría vinculada a la de la cebada, con un suplemento de 7 puntos porcentuales^[33]. Según los informes recibidos el gobierno inició a comunicar los contingentes de importación de cereales en abril de 2002. En la Provincia China de Taiwán, como parte del acuerdo de adhesión a la OMC, estaba previsto suprimir el Fondo de Estabilización del Trigo en junio de 2002, o seis meses después de que la provincia ingresara en la OMC. El Fondo se había constituido con el objetivo de proteger a los consumidores internos contra un alza pronunciada de los precios mundiales. En el ámbito del programa de estabilización, el Fondo indemnizaba a los importadores de trigo en caso de que los precios de importación excedieran al nivel umbral de US$ 245 por tonelada.

Cuadro II-3: Contingentes arancelarios de China para el trigo y el maíz

Fuente: WTO, Schedule CLII - People’s Republic of China

En junio de 2002 el Gobierno de la India introdujo un sistema de contingentes arancelarios para la importación de maíz, en el contexto de los acuerdos concertados con la OMC. Para el período 2000/01 se fijó un contingente arancelario de 350 000 toneladas de maíz, con un derecho del 15 por ciento dentro del contingente, y se aplicaría un derecho del 50 por ciento a las importaciones que rebasaran dicha cuota. Indonesia, en marzo de 2002 abolió el arancel de importación del 5 por ciento para el trigo a fin de incrementar el suministro del mercado y proteger a los molineros locales contra el aumento de los costos de producción. En los primeros meses de 2002, las autoridades levantaron la prohibición de importar cereales de la Argentina impuesta en 2001 a causa de las preocupaciones por los brotes de fiebre aftosa. A pesar de ello el gobierno, como medida para combatir el contrabando, el 6 de mayo de 2002 promulgó una nueva ley que estipulaba que los comerciantes de ocho productos agrícola, incluido el maíz, debían registrar sus compañías para poder acceder a los permisos de importación, cuya validez es de cinco años a partir de la fecha de expedición.

Como parte de su labor de liberalización del mercado, en julio de 2001 Pakistán devantó la prohibición de importar trigo impuesta al sector privado en junio de 1999. Sin embargo, mantuvo un derecho del 35 por ciento sobre la importación de trigo, así como un impuesto del 10 por ciento sobre la harina de trigo. Así mismo, en mayo de 2002, Filipinas decidió recortar el arancel sobre la proporción fuera del contingente de importaciones de maíz, que en 2003 pasaría del nivel vigente en ese período del 65 por ciento al 50 por ciento, mientras que no se modificaría el derecho dentro del contingente. Por su parte, el derecho sobre la importación de trigo seguiría siendo del 3 por ciento hasta 2004. Entretanto, se planificó una reducción de la tarifa de importación sobre la cebada para piensos, que pasaría del 10 por ciento de 2001 al 7 por ciento en los dos años subsiguientes y al 5 por ciento en 2004. Sri Lanka en mayo de 2001 anunció su intención de permitir a las empresas privadas la importación de trigo y harina y la construcción de nuevos molinos. Esta decisión se vio impulsada por la política gubernamental pertinente, cuyo objetivo era liberalizar el sector del trigo del país. En Viet Nam, el 15 de diciembre de 2001 el gobierno fijó un derecho de importación de trigo del 5 por ciento como medida de protección para los cultivadores de trigo locales.

Entre los países del Cercano Oriente, Bahrein, en enero de 2000 decidió abolir los gravámenes a las importaciones de los principales productos alimenticios, entre ellos trigo, maíz, cebada y avena^[34]. Con esta medida se aspiraba a proteger a los consumidores contra el aumento de los precios de los alimentos y también a reconstituir las existencias alimentarias del país. Omán redujo, con efecto el 1 de enero de 2002, sus contingentes arancelarios sobre los productos alimenticios del 15 por ciento al 5 por ciento a fin de estimular las importaciones y aumentar el nivel de abastecimiento de alimentos en el país. En junio de 2001, el Gobierno de Arabia Saudita volvió a instituir su programa de importaciones de cebada para ayudar a la industria ganadera local a afrontar el alza de los precios de los piensos. Como resultado de ello, el precio de venta de la cebada para los importadores se fijó en 360 riyals (US$ 96) por tonelada. No obstante, a fin de impulsar las adquisiciones, se concedió a los importadores el derecho a una rebaja del 5 por ciento sobre el precio CIF más una suma global de 54 riyals (US$ 14,40) por tonelada, destinados a cubrir los gastos de transporte y manipulación.

En Turquía, en abril de 2001 las tarifas sobre las importaciones de cereales experimentaron las siguientes reducciones: para el trigo molido pasaron del 55 por ciento al 45 por ciento, para el trigo duro del 50 por ciento al 40 por ciento y para el maíz del 25 por ciento al 10 por ciento. A pesar de ello, en agosto de 2001 el gobierno anuló la decisión adoptada en relación con el maíz y aumentó el derecho de importación al 40 por ciento con miras a sostener los precios internos, teniendo en cuenta el aproximarse de la temporada de cosecha. Sin embargo, en enero de 2002 ese derecho volvió a bajarse al 10 por ciento a fin de impulsar las importaciones.

En Europa, la UE, tras la revisión de sus derechos de importación sobre los granos efectuada el 17 de abril de 2002, aumentó sus aranceles de importación de € 10,32 a € 15,55 por tonelada de trigo de baja calidad, de € 0 a € 5,15 por tonelada de trigo de calidad media y de € 0 a € 23,38 por tonelada de cebada, centeno y sorgo. Dicha medida perseguía desalentar importaciones cuantiosas hacia la Comunidad y también proteger los mercados internos. El 15 de marzo de 2002 los aranceles de importación para el maíz bajaron levemente, a € 37,51 por tonelada. Anteriormente, en noviembre de 2001, la UE había suprimido el recargo de € 10 sobre las importaciones de cereales procedentes del Mediterráneo, el Mar Negro y los países bálticos. Este recargo había estado vigente desde 1995 como instrumento para contrarrestar los costos de flete más elevados aplicados a los embarques procedentes de zonas distantes. En Suiza, el precio umbral de la cebada para piensos importada se recortó en un 10 por ciento en julio de 2001, pasando así a 460 francos (US$ 273), para contribuir a incrementar la competitividad de los productores de carne y huevos del país.

Bulgaria, en un esfuerzo por aligerar el abastecimiento de cereales a nivel local y evitar acusados incrementos de los precios en el mercado nacional, estableció temporalmente un régimen de franquicia aduanera para los cereales. En consecuencia, se abolieron los gravámenes sobre las importaciones para la cebada y el trigo entre enero y junio de 2001, y para el maíz de enero a septiembre de 2001. Posteriormente, las importaciones estarían sujetas a derechos del 15 por ciento para el trigo, el 20 por ciento para la cebada, y el 15 por ciento para el maíz. En junio de 2001, el gobierno eliminó asimismo la prohibición a la importación de cereales para piensos de nueve países europeos^[35], que se había instituido en marzo de 2001 a causa de los temores relacionados con la epidemia de fiebre aftosa.

En febrero de 2001, el gobierno de Hungría levantó su prohibición a la exportación de maíz para piensos, establecida a principios de noviembre de 2000 ante el alza de los precios de los cereales para piensos y las previsiones de escasez de maíz en el país. A fin de favorecer la importación de cereales y aumentar las disponibilidades internas, afectadas por los episodios de sequía de 2000, en los primeros meses de 2001 Polonia accedió a importar 500 000 toneladas de cereales secundarios, a saber: 200 000 toneladas de maíz y 300 000 toneladas de cebada, avena y centeno. Se trató de un permiso adicional a los ya concedidos en el pasado para importar 420 000 toneladas de trigo de la UE, 90 000 toneladas de trigo de la república Checa y 155 000 toneladas de maíz de Hungría con un arancel reducido del 15 por ciento. Eslovaquia suspendió la aplicación de aranceles de importación de cereales para piensos en octubre de 2000 y en mayo de 2001 con la finalidad de fomentar las importaciones y prevenir la escasez de esos productos en el país.

En julio de 2002, el Gobierno de Nueva Zelandia eliminó los derechos aduaneros sobre todos los alimentos importados desde los países menos adelantados como incentivo para estimular las importaciónes de productos agrícolas de esos países.

Medidas en el sector de exportación

La Argentina, a fin de acrecentar los ingresos públicos tras la abrupta caída del peso frente al dólar estadounidense, puso en vigor gravámenes a la exportación de diversos productos agrícolas, que no se habían aplicado desde 1991 si se exceptúan los relativos a las semillas oleaginosas sin elaborar. En un primer momento el gravamen a la importación de cereales se fijó en 10 por ciento para aumentar al 20 por ciento en abril de 2002.

En Australia, tras un examen de la política de competencia nacional^[36] realizado en 2000 por un comité independiente, en abril de 2001 el gobierno resolvió mantener el sistema de exportación exclusiva bajo la competencia de la Australian Wheat Board Limited (AWB Ltd). No obstante, pidió a la Wheat Export Authority (WEA) que revisara su sistema de permisos para las exportaciones con objeto de reducir el número de solicitudes de permisos de exportación, aumentar la confianza de los exportadores y contribuir a establecer nuevos mercados de exportación. Con respecto a la cebada, el Estado de Victoria ultimó el proceso de desreglamentación de sus mercados de exportación en julio de 2002, mientras que en los demás estados se mantuvo el sistema de comercio exclusivo de una sola categoría de productos. En octubre de 2001, la AWB Ltd instituyó un plan de inversiones trienal destinado a la industria del trigo duro, cuyos objetivos eran crear una estructura nacional que representara a la industria del sector y contribuir a la expansión de su cuota de mercado de exportación.

En septiembre de 2001, el Gobierno de Zambia prohibió la exportación de maíz y de harina de maíz, a causa de la grave escasez de este cereal que aquejó al país tras las malas cosechas de 2000/01.

En abril de 2002, frente a la depreciación de la rupia en relación con el dólar estadounidense, el Gobierno de la India aumentó el precio de venta del trigo para la exportación a 4 310 rupias (US$ 88,10) por tonelada y lo elevó ulteriormente en octubre a 4 600 rupias (US$ 94,70) por tonelada para la cosecha de 2002 y a 4 560 rupias (US$ 93,85) por tonelada para la cosecha de 2001. Inicialmente, en noviembre de 2002, la Corporación de Alimentos de la India ofreció trigo para la exportación a 4 150 rupias (US$ 88,70) por tonelada, como medida del gobierno para ayudar a eliminar partes de las crecientes existencias de cereales alimentarios. A comienzos de 2002 el gobierno también convino en permitir la exportación del trigo de las nuevas cosechas en un esfuerzo por promover las exportaciones y mejorar la imagen del país en lo que concierne a las normas de calidad. El Pakistán, gracias a los abundantes suministros nacionales y en el ámbito de sus iniciativas de desreglamentación del comercio de trigo, en mayo de 2001 consintió en que los comerciantes privados exportaran trigo.

Dentro de la política nacional de liberalización del sector comercial, el Gobierno de la República Checa suspendió, a partir del 1 de octubre de 2001, el uso de licencias para las exportaciones de cereales. En junio de 2002 Hungría, ante la previsión de una excelente cosecha, decidió eliminar las licencias de exportación de maíz. Más adelante, en julio de 2002, el gobierno estableció una subvención a la exportación de trigo de 1 800 forint (US$ 7,25) por tonelada, que se aplicó a un total de 400 000 toneladas, para contrarrestar la valorización de esa moneda.

Acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales

Durante 2001-02 se concertaron diversos acuerdos comerciales bilaterales en materia cerealera. La UE concedió a la República Checa una cuota de importación anual en régimen de franquicia aduanera de 200 000 toneladas de trigo, que entró en vigor el 1 de julio de 2002. La UE disminuyó también en un 10 por ciento los derechos de importación sobre los productos agrícolas elaborados de Lituania, con vigencia desde el 1° de febrero de 2002. A su vez, Lituania convino en disminuir en 1 por ciento anual los derechos aduaneros cobrados sobre los productos de la UE hasta la fecha de adhesión a la Unión. El Gobierno de Bulgaria suspendió provisionalmente los derechos de importación sobre diferentes productos agrícolas procedentes de la UE, incluidos el trigo (1° de enero - 30 de junio de 2002) y el maíz (1° de enero - 30 de septiembre de 2002).

Como resultado de las negociaciones entre la UE y los países del Magreb, en diciembre de 2001 la UE y Argelia concluyeron un acuerdo de colaboración que preveía la eliminación de los aranceles para algunos productos agrícolas argelinos y la utilización de contingentes arancelarios para los productos más inestables. Ambas partes acordaron además reducir los aranceles sobre los alimentos elaborados. Análogamente, en el marco de un acuerdo bilateral, Túnez convino en reconocer a la UE cuotas preferenciales de importación de cereales a partir de enero de 2001, repartidas de la siguiente manera: 17 000 toneladas de trigo duro con un arancel del 17 por ciento; 230 000 toneladas de trigo tierno con un tipo de gravamen que disminuiría paulatinamente en cinco plazos iguales, desde el 17 por ciento a un 0 por ciento para el 1° de enero de 2005; y 12 000 toneladas de cebada con un derecho del 17 por ciento.

En enero de 2002, los países del MERCOSUR disminuyeron su arancel externo común en un 1 por ciento. Tras este hecho, bajó al 11,5 por ciento el derecho de importación sobre el trigo procedente de países no miembros del MERCOSUR, mientras que el derecho aplicado a las importaciones de maíz y sorgo cayó al 9,5 por ciento.

Conclusiones

Si se tiene en cuenta el examen presentado en este capítulo, puede observarse que en el período estudiado prosiguió la tendencia generalizada hacia una menor intervención de los gobiernos y al desarrollo de un sector cerealero más orientado al mercado. En muchos países se aminoró el sostenimiento de los precios de mercado de los cereales, o se reemplazo por un sistema de pagos de apoyo a los ingresos. Este último sistema se implantó en parte para indemnizar a los agricultores por los debilitados precios de los cereales. Análogamente, las adversas condiciones climáticas indujeron a los gobierno a adoptar medidas de emergencia o a seguir aplicando sistemas de subvenciones a los insumos con objeto de compensar en parte a los agricultores por las pérdidas de ingresos. También se pusieron en marcha o se extendieron programas de seguros agrícolas en algunos países.

En general las políticas en materia de comercialización y existencias estuvieron en consonancia con el proceso de liberalización del mercado iniciado en el pasado. Igualmente, diversos países que consideraron que la privatización mejoraba la eficiencia del mercado concedieron al sector privado un papel más prominente en la comercialización y el comercio de cereales. Sin embargo, en distintos casos, las variaciones de los mercados internos afectaron a la rapidez de ejecución de las nuevas reformas normativas. Ante las preocupaciones manifestadas por los consumidores, un número creciente de países adoptó nuevos reglamentos para la importación y comercialización de productos alimenticios con organismos modificados genéticamente.

Por lo que concierne a la evolución de las políticas comerciales, casi todos los países siguieron esforzándose para reducir los obstáculos al comercio de conformidad con los compromisos contraídos con la OMC, y otros más revisaron sus políticas en relación con su próxima adhesión a esa organización. No obstante, en numerosos casos, la situación de la oferta y la demanda de cada país influyó en las decisiones adoptadas por los gobiernos respectivos. En tanto que algunos países subvencionaron las exportaciones para promover la venta de los excedentes de suministros, otros más restringieron sus exportaciones, si bien provisionalmente, con objeto de asegurar la disponibilidad interna. Al mismo tiempo, los acuerdos bilaterales y multilaterales siguieron desempeñando un papel muy importante para una mayor liberalización del comercio.