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Hacia el logro de los compromisos de la Cumbre

Medidas para luchar contra el hambre

La «revolución blanca» de la India

El rápido e ininterrumpido crecimiento del sector lácteo en la India ha estimulado la consecución de logros tan significativos en la mitigación de la pobreza y en la mejora de la nutrición que ha recibido el apodo de la «revolución blanca». La producción de leche en dicho país ha aumentado de menos de 30 millones de toneladas en 1980 a alrededor de 87 millones de toneladas en 2003 (véase el gráfico). La India es actualmente el mayor productor de leche del mundo. A pesar del rápido crecimiento de la población, la disponibilidad de leche por persona pasó de menos de 50 kilocalorías al día en 1980 a 80 kilocalorías al día en 2000.

El aumento de la disponibilidad de leche representa una importante mejora en materia de nutrición, sobre todo en un país donde muchas personas son vegetarianas y los productos lácteos son los que introducen en sus dietas la mayor parte de las proteínas animales.

Se estima que la producción de leche ha elevado los ingresos de entre 80 y 100 millones de familias. La gran mayoría de ellas están formadas por agricultores pequeños y marginales, cuyas parcelas de tierra suelen ser demasiado reducidas para mantener a sus familias, así como por trabajadores sin tierra que dependen de los bosques y tierras de pasto comunales para obtener forraje. Más del 70 por ciento de la leche que se produce en la India procede de unidades familiares que sólo poseen uno o dos animales lecheros.

La producción láctea proporciona, en promedio, alrededor de un cuarto de los ingresos de los hogares rurales. Sin embargo, supone mucho más que eso para la población pobre y para las mujeres, que llevan a cabo más del 90 por ciento de las actividades relacionadas con el cuidado y control de los animales lecheros. Por lo que respecta a las familias sin tierra, la producción láctea representa más de la mitad de sus ingresos, mientras que para los grandes agricultores no llega al 20 por ciento.

La clave de la producción láctea de los pequeños productores y de la revolución blanca de la India ha sido la expansión de una red de cooperativas lecheras a escala nacional. El sistema de las cooperativas comenzó como una iniciativa local que obtuvo buenos resultados en Anand (Gujarat) hace medio siglo. Desde el año 1970, este método se ha ido reproduciendo en toda la India mediante un programa en tres fases conocido como la «Operación Abundancia», respaldado por el gobierno indio, la compañía Anand Milk Union Limited, la FAO y el Banco Mundial. En el año 2002, más de 11,2 millones de hogares participaban en 101 000 cooperativas lecheras comunales (véase el gráfico).

La importancia de los productos lácteos en las dietas indias ha crecido al mismo ritmo que la producción de leche y los ingresos. Entre los años 1970 y 2000, la proporción del gasto en leche y productos lácteos aumentó del 10 al 15 por ciento sobre el total del gasto en alimentación en las zonas rurales.

Aunque la Operación Abundancia ya ha concluido, se espera que la producción láctea en la India se triplique hacia el año 2020. Gracias a la ayuda de políticas gubernamentales que facilitan créditos a la población rural y prestan los servicios de apoyo esenciales para promover la producción de leche por parte de los hogares rurales pobres, la revolución blanca seguirá desempeñando un notable papel en la reducción de la pobreza y del hambre en la India.

El derecho a la alimentación obtiene respaldos

Tras más de un año dedicado a ello, un Grupo de Trabajo Intergubernamental tiene previsto concluir la elaboración de un conjunto de directrices voluntarias para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, con el tiempo suficiente para someterlas al examen del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO, en su período de sesiones de septiembre de 2004. Estas directrices servirán como instrumento práctico en los esfuerzos nacionales por hacer efectivo el derecho a la alimentación.

Entretanto, numerosos países han seguido avanzando en la elaboración de medidas orientadas a que el derecho a la alimentación pase de ser una mera declaración de principios a un derecho exigible.

Sudáfrica es el país que más ha progresado en ese sentido. El derecho a la alimentación está consagrado en la constitución adoptada en 1996 tras la abolición del apartheid, y ésta obliga al Estado a asegurar que todos sus ciudadanos tengan acceso a una alimentación adecuada en todo momento. El gobierno sudafricano ha avanzado asimismo en la clarificación y cumplimiento de dicha obligación con la redacción de una legislación completa sobre las cuestiones relacionadas con la alimentación, que ha tomado la forma de un Proyecto de ley nacional sobre la seguridad alimentaria. Tanto la India como Uganda también han reforzado recientemente el derecho a la alimentación, al convertirlo de un principio directivo en un derecho legalmente «justiciable».

En la India, las organizaciones no gubernamentales han logrado llevar a juicio diversos casos de vulneración del derecho a la alimentación. La organización People's Union for Civil Liberties, por ejemplo, denunció que el sistema público de distribución de alimentos no está funcionando en algunos distritos y que no se ha hecho nada para intentar prevenir las enfermedades asociadas al hambre. Aunque el Tribunal Supremo aún no ha dictado una sentencia firme al respecto, ya ha emitido «apremios provisionales» que compelen al gobierno a ofrecer comidas al mediodía en todas las escuelas primarias, así como a proporcionar 35 kilogramos de cereales al mes a 15 millones de familias indigentes y a duplicar los fondos del principal programa de empleo rural de la India.

Los procesos judiciales pueden ser largos y costosos. Por ello, en algunos países, se están utilizando mecanismos cuasijudiciales para reclamar el derecho a la alimentación. En el Brasil, por ejemplo, la fiscalía (el Ministerio Público) puede iniciar un proceso civil contra cualquier persona o entidad, incluidos los organismos gubernamentales, «a fin de proteger el patrimonio público y social, el medio ambiente u otros intereses difusos y colectivos».Desde que en la Constitución de 1988 se amplió el ámbito de aplicación de estos «procesos civiles públicos», la fiscalía los está utilizado cada vez más para reclamar el cumplimiento de derechos tales como el derecho a la alimentación, que podría derivarse del derecho constitucional a la «educación, la sanidad, el trabajo, el ocio, la seguridad, el bienestar social, la protección de la maternidad y la infancia». De hecho, una encuesta de opinión entre los fiscales reveló su convencimiento de que el Ministerio Público puede contribuir más que cualquier otra institución o sector a la ampliación y consolidación de esos «derechos difusos y colectivos» (véase el gráfico).

El Grupo de Trabajo sobre el Hambre promueve la aplicación de medidas

Tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio como la Declaración de Roma de las Naciones Unidas, aprobados por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, fijaron el compromiso de reducir el hambre a la mitad para el año 2015. El Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas ha establecido un «Grupo de Trabajo sobre el Hambre» para trabajar específicamente en la promoción de medidas inmediatas a fin de lograr dicho objetivo. Dicho grupo incluye a expertos en nutrición, agricultura, sostenibilidad ambiental, investigación, creación de capacidades, negocios y comunicaciones, que provienen de un amplio abanico de instituciones públicas y privadas.

Este Grupo de Trabajo ha llevado a cabo una investigación para determinar con mayor precisión quiénes padecen hambre y dónde viven; tras lo cual se ha elaborado un conjunto de mapas en los que se señalan las zonas del mundo más gravemente afectadas por el hambre, que han servido para definir las tipologías generales del hambre. De acuerdo con la información disponible, el Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que aproximadamente la mitad de las personas que padecen hambre en el mundo pertenecen a comunidades de pequeños agricultores, mientras que otro 20 por ciento son campesinos sin tierra y un 10 por ciento vive en comunidades cuyos medios de subsistencia dependen del pastoreo, la pesca o los recursos forestales. El 20 por ciento restante vive en ciudades (véase el gráfico).

Dentro de dichas comunidades, el hambre afecta de forma desproporcionada a los grupos más vulnerables, lo que incluye a los niños menores de cinco años, las mujeres en edad fértil y las madres con niños pequeños, así como los enfermos y las personas más débiles. Por ello, el Grupo de Trabajo ha solicitado que se lleven a cabo programas urgentes con la debida financiación para mejorar la salud perinatal y los servicios de nutrición y para proporcionar alimentos a los más necesitados. También está haciendo hincapié en la necesidad de renovar y aumentar el apoyo a los pequeños agricultores, con especial atención a la mejora de la fertilidad de los suelos, el aprovechamiento de las aguas, las semillas mejoradas y un restablecimiento y revisión íntegros de los servicios de extensión. Todas las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el Hambre se centran en invertir en la población pobre y en las infraestructuras y servicios que precisan para escapar del ciclo de la miseria y del hambre extremas. Tras las primeras medidas aplicadas en varios países africanos, el Grupo de Trabajo intenta ahora calcular la suma total de inversiones que se requieren, a fin de solicitar a las Naciones Unidas y a sus Estados Miembros que faciliten los fondos necesarios.

Incluir la capacidad de adaptación de los sistemas alimentarios y las comunidades en la respuesta a las crisis prolongadas

Las 21 crisis humanitarias más graves del 2003 afectaron a más de 45 millones de personas. La mayoría de esas crisis, a menudo originadas por conflictos armados y agravadas por las sequías, las inundaciones y los efectos de la pandemia del SIDA, se han alargado durante numerosos años (véase el mapa). Las crisis prolongadas interrumpen la producción de alimentos y minan la seguridad alimentaria, apartando a la población de sus hogares, golpeando los cimientos de sus medios de subsistencia y corroyendo el tejido social de las familias, comunidades y países.

No obstante, con frecuencia, los agricultores y comunidades muestran una extraordinaria capacidad de adaptación ante tales catástrofes. Por ejemplo, cuando Angola estaba llegando al fin de casi treinta años de guerra civil, un amplio examen sobre la recuperación agrícola y las opciones de desarrollo constató que en muchas áreas las instituciones comunales tradicionales se habían mantenido prácticamente intactas, demostrando una capacidad ininterrumpida para gestionar la asignación de tierras y los sistemas de riego en pequeña escala. Un estudio monográfico, realizado en un área de Sri Lanka destrozada por la guerra, relató el caso de los agricultores de un pueblo Tamil que se habían visto forzados a abandonar sus tradicionales cultivos de arroz en las tierras húmedas, pero que lograron ganar una considerable suma en metálico gracias a cultivos de secano en las colinas cercanas y convirtiéndose en trabajadores asalariados. Otros ejemplos similares en cuanto a la destrucción y capacidad de adaptación figuran en informes de otros países destruidos por la guerra, las catástrofes naturales y el VIH/SIDA.

En estos últimos años, ha ido aumentando el convencimiento de que las respuestas a las crisis crónicas y prolongadas no deben limitarse a la reiterada movilización del apoyo de emergencia cuando las condiciones humanitarias se deterioran. Los proyectos de socorro y rehabilitación son mucho más efectivos si se construyen sobre los cimientos de la capacidad de adaptación que han mostrado algunas comunidades, en lugar de depender exclusivamente de las inyecciones de insumos externos, de tecnología y de las instituciones.

Capacidad de adaptación, socorro y rehabilitación

Gracias a diversos estudios, se han determinado algunos factores fundamentales de la capacidad de adaptación de las comunidades y de los sistemas de explotación agrícola. Los programas de socorro de urgencia y rehabilitación han obtenido éxitos notables trabajando sobre estas bases:

Fortalecimiento de la diversidad: las comunidades que se dedican a diversos cultivos, crían ganado y realizan otras actividades lucrativas relacionadas con la alimentación normalmente pueden adaptarse y sobrevivir cuando se interrumpe la producción alimentaria y desaparecen las instituciones sociales. Así, en la región occidental del Sudán, por ejemplo, muy propensa a sufrir sequías, las comunidades destinaban tradicionalmente gran parte de sus tierras a la labranza y sólo dejaban una pequeña porción para apacentar el ganado. Los alimentos e ingresos que obtenían de su ganado les ayudaban a sobrevivir durante los años en que la sequía destruía sus cultivos, lo que era cada vez más frecuente. Con el objeto de fortalecer su capacidad de adaptación a las continuas y recurrentes crisis, se llevó a cabo un proyecto basado en esa diversidad, alentando un cambio importante en la orientación de sus recursos de la labranza al pastoreo. Al final del proyecto, la proporción de tierras destinadas a apacentar el ganado había pasado de menos del 30 por ciento a más del 80 por ciento (véase el gráfico de la página siguiente). Este cambio de orientación en la utilización del suelo estuvo acompañado de una gran variedad de otras actividades, incluidas la recuperación de terrenos de pasto y la mejora de los servicios veterinarios y del acceso a los créditos, todo lo cual fomentó una mayor diversidad, incrementó la capacidad de adaptación de la población y mejoró la seguridad alimentaria.

Apoyo a las instituciones locales: cuando las crisis se prolongan, el gobierno y las instituciones del mercado suelen hundirse, dejando que las comunidades se las arreglen por sí solas. Su habilidad para lograrlo suele depender de la resistencia y adaptabilidad de las comunidades y redes de apoyo tradicionales. Es reconocido que los mercados de semillas locales son instituciones con capacidad de respuesta, que pueden estimular tanto la capacidad de adaptación en situaciones de crisis como la rehabilitación posterior. Los organismos dedicados al socorro de urgencia han comprobado que proporcionar cupones canjeables en los mercados de semillas locales suele ser mucho más eficaz que distribuir semillas adquiridas en los mercados oficiales. Las ferias de semillas permiten que los agricultores puedan acceder a una selección mucho más amplia de variedades y cultivos que se adaptan a las condiciones locales. En las ferias de semillas organizadas por los Servicios de Socorro Católico en cinco países del África oriental, los agricultores pudieron canjear sus cupones por un promedio de siete cultivos distintos y de unas diez variedades de cada cultivo. Además, ya que los fondos del proyecto no se utilizan para adquirir semillas, entre un 65 y un 80 por ciento del dinero se queda en la comunidad; y gran parte de él es para las mujeres. La mitad de los comerciantes de semillas en las ferias en Kenya, el Sudán y Uganda y más del 80 por ciento en la República Unida de Tanzanía son mujeres.

Facilitar la adaptación y trabajar sobre la base de los conocimientos locales: las instituciones y los conocimientos tradicionales suelen proporcionar los cimientos de la capacidad de adaptación; pero las condiciones de las crisis también pueden presentar desafíos sin precedentes que exigen respuestas creativas. Una forma de reforzar los conocimientos locales y trabajar a partir de la capacidad de los agricultores para adaptarse y reorganizarse, ha sido utilizar las Escuelas de campo para agricultores en varios proyectos. Un proyecto en Zimbabwe, por ejemplo, utilizó clases participativas impartidas por agricultores locales para enseñar a las viudas infectadas de SIDA cómo producir algodón biológico. Tradicionalmente el algodón estaba considerado un «cultivo de hombres». Además, muchas de esas mujeres no podían sufragarse el alto costo de los insumos necesarios para cultivar el algodón tradicional. Sin embargo, el cultivo del algodón biológico redujo considerablemente tanto el costo de los insumos como las necesidades de mano de obra. A pesar de que el rendimiento medio se situó por debajo del obtenido por los agricultores tradicionales, el ahorro en plaguicidas (que les supuso economizar en promedio 48 dólares EE.UU. por hectárea) les permitió obtener unos beneficios significativamente más elevados (véase el gráfico).

Los componentes de la capacidad de adaptación están sirviendo como piezas clave en los esfuerzos para reconstruir la economía rural de Sierra Leona, destruida por más de diez años de guerra civil, y para alcanzar el objetivo nacional de eliminar el hambre hacia el año 2007. Cuando la disponibilidad de cereales se redujo drásticamente durante la guerra, por ejemplo, los agricultores volvieron a los cultivos que requerían menos insumos agrícolas y no dependían del acceso a mercados remotos. En consecuencia, la producción de yuca y de otros tubérculos aumentó rápidamente (véase el gráfico). Por ello, en la campaña de reconstrucción se ha subrayado la importancia de mantener esa diversidad y de promover la producción de yuca como clave para el progreso actual y la capacidad de adaptación futura.

Los esfuerzos de reconstrucción también han sacado partido de los conocimientos locales y de la colaboración de los grupos de trabajo tradicionales de las comunidades, a fin de apoyar la selección, multiplicación y distribución de las variedades de semillas locales más apreciadas. Asimismo, se están extendiendo las Escuelas de campo para agricultores a todos los hogares de las zonas rurales del país, como forma de estimular la innovación y promover las instituciones comunitarias y participativas.

Un conjunto creciente de datos confirma la importancia de fortalecer la capacidad de adaptación de las sociedades y de los sistemas alimentarios antes de que irrumpan las crisis, así como de introducir esa capacidad de adaptación en las respuestas a las crisis prolongadas, sobre la base de:

una comprensión dinámica de las oportunidades y capacidades de las comunidades;

un enfoque participativo para definir las prioridades de las comunidades;

estrategias y políticas que traten los intereses concretos a largo plazo de las comunidades con respecto a la seguridad alimentaria; y

mecanismos que aseguren que las evaluaciones sobre la situación de la seguridad alimentaria, el seguimiento de los programas y la evaluación de las repercusiones tengan en consideración la capacidad de adaptación de los sistemas alimentarios y de las comunidades.

Educación para la población rural y seguridad alimentaria

La gran mayoría de los 852 millones de personas que padecen subnutrición crónica en el mundo viven en zonas rurales de países en desarrollo; donde viven también gran parte de los 860 millones de adultos analfabetos (de los cuales la mayoría son mujeres) y de los 130 millones de niños (sobre todo niñas) que no van a la escuela. El hecho de que el hambre, el analfabetismo y la falta de escolarización afecten prácticamente a las mismas zonas y personas no es una coincidencia, ni tampoco se limita a reflejar que tanto el hambre como la falta de educación son aspectos de la extrema pobreza. El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria erosionan las capacidades cognitivas y reducen la asistencia escolar; y, a su vez, el analfabetismo y la falta de educación reducen la capacidad de obtener ingresos y contribuyen directamente a generar hambre y pobreza.

Los índices de alfabetización y de asistencia escolar son especialmente bajos entre las mujeres y niñas de las zonas rurales (véase el gráfico). En los 50 países en desarrollo de los que se tienen datos, el promedio de la asistencia escolar primaria de las niñas de las zonas rurales es tan solo del 58 por ciento, en comparación con el 63 por ciento de los niños de las zonas rurales y más del 75 por ciento de los niños y niñas de las zonas urbanas. Por consiguiente, alrededor de dos tercios de la población analfabeta de los países en desarrollo son mujeres y la disparidad de género es considerablemente más elevada en las zonas rurales.

El hambre y la malnutrición impiden que los niños vayan a la escuela y merman su capacidad de aprendizaje cuando logran asistir. Un estudio realizado en zonas rurales del Pakistán demostró que una mejora relativamente leve en la nutrición aumentaría la probabilidad de escolarización en un 4 por ciento para los niños y en un 19 por ciento para las niñas. Problemas tales como el bajo peso al nacer, la malnutrición proteico-calórica, la anemia ferropénica y la carencia de yodo han sido, todos ellos, vinculados con deficiencias cognitivas que reducen la capacidad de aprendizaje infantil. Se estima, por ejemplo, que la carencia de yodo afecta a 1 600 millones de personas en todo el mundo y ha sido asociada con una reducción media de 13,5 puntos en el coeficiente intelectual de la población.

La falta de educación reduce la productividad y la capacidad de obtener ingresos, y aumenta la vulnerabilidad frente al hambre y la pobreza extrema. Las investigaciones que se han llevado a cabo revelan que los agricultores con cuatro años de educación primaria son, en promedio, 8,7 por ciento más productivos que los agricultores que no han ido a la escuela. Si además disponen de insumos adicionales como fertilizantes, nuevas semillas o maquinaria agrícola, el incremento de su productividad alcanza el 13 por ciento.

Mejorar la educación para alimentar tanto el cuerpo como la mente

La mejora de la educación puede ser uno de los métodos más eficaces para reducir el hambre y la malnutrición. Las tasas de malnutrición disminuyen cuando aumenta la alfabetización, sobre todo entre las mujeres. El aumento de los índices de alfabetización femenina en las zonas rurales también se asocia al aumento de la escolarización de niñas en la educación primaria y al descenso de las tasas de malnutrición (véase el gráfico).

La educación también es básica para la lucha contra el VIH/SIDA. Un estudio reciente llevado a cabo en Uganda demostró que los niños que finalizaban la educación primaria tenían sólo la mitad de probabilidades de contraer el VIH, y que aquellos que acababan la educación secundaria sólo un 15 por ciento de probabilidades de contraerlo, en comparación con aquellos niños que recibían muy poca educación o ninguna en absoluto.

El Estado indio de Kerala suele citarse como ejemplo perfecto de la virtuosa conjunción de beneficios que proporcionan las inversiones en educación y nutrición. Poco después de obtener la independencia, los sucesivos gobiernos de Kerala empezaron a dar la máxima prioridad a la educación y han dedicado una especial atención a las mujeres y niñas de las zonas rurales.

Esta inversión ha merecido la pena. Aunque el Estado de Kerala no es uno de los más ricos de la India, se sitúa en primer lugar en cuanto a la alfabetización y escolarización femeninas con un amplio margen. Kerala también puede vanagloriarse de que su tasa de malnutrición infantil es la más baja y de que su tasa de mortalidad infantil es una quinta parte de la del país en su conjunto (véase el gráfico).

Varios países han reconocido la importancia de la educación para la población rural y han adoptado políticas destinadas a aumentar su accesibilidad y pertinencia. Casi la mitad de las escuelas de las zonas rurales en Colombia, por ejemplo, han adoptado el modelo de la «Escuela Nueva». Estas escuelas priorizan los sistemas de aprendizaje participativo y utilizan un programa de estudios que combina las materias nacionales comunes con módulos locales pertinentes para la cultura y necesidades de la población rural. Las comunidades y los padres participan activamente en las escuelas. Los índices de abandono escolar son mucho más bajos y los resultados en español y matemáticas son considerablemente mejores que en las escuelas tradicionales.

El Estado indio de Madhya Pradesh se comprometió a construir una escuela primaria en el plazo de 90 días para cualquier comunidad rural que facilitara el terreno y contratara a un profesor cualificado. Hoy en día, todos los niños en edad de cursar la educación primaria en ese Estado están escolarizados.

Los programas que tratan simultáneamente y de forma directa la falta de educación y la malnutrición han logrado notables resultados en varios países.

En el marco del programa «Alimentos por Educación» de Bangladesh, las familias reciben alimentos si envían a sus hijos a la escuela, en lugar de ponerlos a trabajar. Una evaluación del Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias realizado al cabo de ocho años constató buenos resultados, tanto en materia de educación como de nutrición. El índice de asistencia escolar primaria aumentó, sobre todo entre las niñas; los índices de ausencia escolar y de abandono de los estudios descendieron; y la ingestión de calorías y proteínas se incrementó notablemente en las familias que participaron en el programa.

Por su parte, el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) de México proporciona dinero en efectivo a más de 2,6 millones de familias pobres de las zonas rurales a cambio de que envíen a sus hijos a la escuela. Los beneficios son más altos para los niños más mayores y para las niñas, que cuentan con más probabilidades de abandonar los estudios antes de empezar la educación secundaria. Este programa también proporciona complementos nutricionales a los lactantes y a los niños pequeños de las familias que participan en él.

Después de los tres primeros años de funcionamiento del programa, la escolarización en la etapa crítica de la transición de la educación primaria a la secundaria aumentó en un 20 por ciento para las niñas y en un 10 por ciento para los niños. Una simulación de las repercusiones a lo largo de un periodo más largo muestra que, en promedio, los niños completarían 0,6 cursos escolares más y un 19 por ciento de esos niños asistiría a algunos cursos de secundaria (véase el gráfico).

El arroz y la seguridad alimentaria

El arroz es fundamental para la seguridad alimentaria en el mundo; constituye la principal fuente de aporte calórico para aproximadamente la mitad de la población mundial y es el alimento básico predominante en 34 países de Asia, América Latina y África (véase el mapa). En varios países asiáticos, la población depende del arroz, que aporta más de dos tercios de las calorías de sus dietas y el 60 por ciento de sus proteínas.

Se estima que el cultivo y elaboración del arroz es también la fuente principal de empleo e ingresos para unos 2 000 millones de personas. Los pequeños agricultores de los países en desarrollo producen y consumen aproximadamente el 90 por ciento del arroz mundial. En buena parte de los países más pobres de Asia, el 60 por ciento de las tierras de cultivo se dedican al arroz y los segmentos más pobres de la población gastan entre el 20 y el 40 por ciento de sus ingresos en dicho producto.

Rendimientos más altos, precios más bajos

En los últimos 40 años, los avances tecnológicos y los cambios en las políticas han estimulado un rápido aumento de la producción y un brusco descenso de los precios del arroz. Las variedades de alto rendimiento introducidas durante la Revolución verde dieron un fuerte impulso a la producción de arroz. Entre los años 1961 y 1990, la producción mundial se duplicó con creces, pasando de 216 a 518 millones de toneladas. El rendimiento de las cosechas aumentó de menos de 1 900 kilogramos por hectárea a más de 3 500. Asimismo, los precios reales cayeron en más de un 50 por ciento (véase el gráfico).

El aumento de la disponibilidad y accesibilidad del arroz contribuyó a un rápido descenso del número de personas que padecen hambre en los países donde el arroz es el alimento básico principal. En Asia, el consumo anual per cápita de arroz aumentó en más de 20 kilogramos y la proporción de personas subnutridas disminuyó desde casi el 40 por ciento hasta el 16 por ciento.

Cambios en los hábitos de consumo

En los últimos cuarenta años, los hábitos de consumo de arroz en las distintas regiones han evolucionado y tienden a converger. En Asia, donde el arroz ha sido la base de las dietas alimentarias durante siglos, su consumo anual per cápita aumentó rápidamente durante los años sesenta y setenta. Desde entonces, el consumo de otros alimentos se ha incrementado y la contribución relativa del arroz ha descendido. En algunas zonas del África, Cercano Oriente y América Latina y el Caribe, por su parte, el consumo de este producto ha aumentado notablemente, tanto en volumen como en proporción con respecto al aporte calórico total (véase el gráfico de la página 29). En la actualidad, el arroz es la fuente de alimentación que más rápidamente está creciendo en el continente africano.

Superar el desafío

El Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (IRRI) estima que, hacia el año 2025, el número de personas que dependen del arroz como principal fuente de alimentación aumentará en más del 40 por ciento, pasando de 2 700 millones a 3 900 millones. Para satisfacer esa demanda será necesario que las políticas gubernamentales y las prácticas agrícolas apoyen el aumento sostenible de la producción de arroz.

Los gobiernos deben procurar que las políticas agrícolas y comerciales logren mantener el arroz a un precio asequible para los consumidores pobres, pero que al mismo tiempo resulte rentable para los pequeños agricultores. En Indonesia, por ejemplo, el Organismo Estatal de Logística (Bulog) establece un precio mínimo garantizado para el arroz que compra a los agricultores, y distribuye más de dos millones de toneladas de arroz subvencionado entre las familias pobres, mediante un programa selectivo de redes de seguridad social.

En el África occidental, varios gobiernos han empezado a adoptar medidas para incrementar la producción. En Malí, el sector arrocero ha crecido rápidamente durante el último decenio. La liberalización de los precios ha animado a los agricultores y comerciantes a invertir recursos y a ampliar su producción. La proliferación de pequeños molinos en las aldeas ha reducido notablemente los costos de elaboración y el gobierno ha aumentado las inversiones públicas en infraestructuras. En la actualidad Malí, que se vanagloria de contar con amplias zonas aptas para la producción de arroz de riego, pretende convertirse en «el granero de arroz del Sahel» aumentando su producción de 735 000 toneladas a 4,5 millones de toneladas hacia el año 2010.

Cerrar la brecha de los niveles de rendimiento

Debido a la limitación de áreas disponibles para ampliar la producción de arroz, la posibilidad de satisfacer la creciente demanda dependerá de si se consigue reducir la «brecha» entre el rendimiento probado que se logra en los centros de investigación y el rendimiento obtenido en los campos de cultivo de los agricultores. La FAO estima que se precisará un aumento del 1 por ciento anual en los rendimientos de las cosechas para poder satisfacer la demanda sin empujar los precios al alza.

Las variedades híbridas de arroz ofrecen un sistema probado de estimular la producción. Dichas variedades suelen producir entre un 15 y un 20 por ciento más que incluso las mejores variedades de alto rendimiento. China, desde que en 1974 logró producir con éxito su primer híbrido, ha aumentado su producción en casi un 50 por ciento, incluso a pesar de que el área destinada al cultivo de arroz se ha reducido en casi un cuarto.

Los grandes avances obtenidos en el cultivo del arroz también han reportado grandes beneficios en el África Occidental. La Asociación para el Desarrollo del Cultivo del Arroz en el África Occidental logró cruzar especies resistentes de arroz africano con especies de alto rendimiento importadas de Asia y produjo lo que se conoce como NERICA (Nuevo arroz para África). Estas nuevas variedades, que sólo precisan un mínimo incremento en el uso de plaguicidas, pueden aumentar los rendimientos de las cosechas en un porcentaje tan alto como el 150 por ciento en las zonas de tierras altas y en las llanuras húmedas. Nigeria ha puesto el acento en el uso del NERICA, como elemento clave en su empeño por aumentar su producción de un promedio de tres millones de toneladas en el período 2000-2002 a unos 15 millones de toneladas en 2007.

Potenciar la autonomía de los pequeños agricultores

Los avances tecnológicos pueden estimular el rendimiento de las cosechas y las políticas gubernamentales pueden ayudar a crear un entorno favorable para producir y comercializar el arroz; pero el éxito a largo plazo, con respecto a la mejora de la seguridad alimentaria, depende de la capacidad de millones de pequeños agricultores para beneficiarse de esos avances y aumentar la producción de arroz mediante sistemas agrícolas sostenibles y diversificados.

Un enfoque que ha logrado probadamente motivar y potenciar la autonomía de los pequeños agricultores ha sido la utilización de las Escuelas de campo para agricultores. Entre los años 1990 y 2000, más de 2 millones de productores asiáticos de arroz participaron en dichas escuelas. En ellas aprendieron cómo reducir el uso de los plaguicidas y cómo utilizar mejor y de forma más sostenible el agua y los plaguicidas. Este aprendizaje se tradujo en una disminución de los costos y en un aumento del rendimiento y de los ingresos (véase el gráfico).

En Sri Lanka, por ejemplo, los agricultores que acudieron a las Escuelas de campo para agricultores redujeron el uso de plaguicidas en más del 80 por ciento, mientras que aumentaron el rendimiento de sus cultivos en más de un 20 por ciento. Gracias a los considerables ahorros en plaguicidas y al aumento de los rendimientos, sus ingresos procedentes de la producción de arroz se duplicaron con creces.

El camino que queda por recorrer: aumentar las intervenciones para reducir el hambre

El tiempo que queda para alcanzar el objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación es cada vez menor, pero la distancia por recorrer sigue siendo larga. Es hora de aligerar el paso y empezar a actuar enérgicamente en lo que sabemos que podemos y debemos hacer.

Aunque los progresos se han quedado hasta ahora algo rezagados, puede alcanzarse y costearse el objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Tenemos amplias pruebas de que es posible lograr rápidos avances mediante la aplicación de una estrategia de doble vía, que ataque al mismo tiempo las causas y las consecuencias del hambre y la pobreza extrema (véase el diagrama). La primera vía incluye las intervenciones destinadas a mejorar la disponibilidad de alimentos y los ingresos de la población pobre, fortaleciendo sus actividades productivas. La segunda vía engloba los programas selectivos destinados a facilitar un acceso directo e inmediato a los alimentos para las familias más necesitadas.

A fin de alcanzar el objetivo de la CMA, ahora debemos introducir este enfoque de doble vía en programas a gran escala que puedan aplicarse en países donde el hambre está muy extendida y los recursos son sumamente escasos.

Ello significa que, dentro del marco de la doble vía, en los próximos diez años debemos dar prioridad a las intervenciones que obtengan las repercusiones más inmediatas en la seguridad alimentaria de millones de personas vulnerables. Allí donde los recursos son escasos, debemos centrarnos en enfoques de bajo coste que permitan que los pequeños agricultores logren aumentar su producción, de forma que mejore el consumo alimentario de sus familias y comunidades. Al mismo tiempo, debemos ampliar rápidamente las redes de seguridad seleccionadas.

La mejora de la productividad, nutrición y medios de subsistencia de la población pobre

La inmensa mayoría de las personas que padecen hambre en el mundo viven en las zonas rurales y dependen de la agricultura como fuente de ingresos y de alimentos. Incluso un modesto aumento en las cifras de producción de un gran número de pequeños agricultores, si se traduce en una mejora de la alimentación, tendría una gran repercusión en la reducción del hambre y de la pobreza en las zonas rurales.

La mejora de la productividad de los pequeños agricultores produce un efecto dominó que permite extender sus beneficios a las comunidades rurales pobres. Cuando los pequeños agricultores tienen más dinero para gastar, tienden a gastarlo localmente en bienes con elevado coeficiente de mano de obra y en servicios que provienen del sector rural no agrario, lo que estimula los ingresos del conjunto de la población rural, incluidos los trabajadores sin tierra que conforman una gran proporción de la población pobre y hambrienta en muchos países.

Fortalecimiento de las redes de seguridad y los programas de transferencias

Con una necesidad tan urgente y un plazo de tiempo tan corto, la forma más rápida de reducir el hambre puede ser a menudo el suministro de asistencia directa a los hogares más necesitados para asegurar que puedan poner un plato de comida sobre sus mesas. A fin de hincarle el diente al hambre de forma larga y duradera, debemos ampliar las redes de seguridad y los programas de transferencias en metálico, y asegurar que éstos se centran en los grupos más vulnerables, incluidos las mujeres lactantes y en estado de gestación, los lactantes y los niños pequeños, los niños en edad escolar, los jóvenes desempleados en las zonas urbanas y los ancianos, los discapacitados y los enfermos, incluidas las personas con VIH/SIDA.

Las redes de seguridad también pueden entretejerse con otros hilos que contribuyan a los objetivos de desarrollo. Los bancos de alimentos y los programas de alimentación en las escuelas pueden establecerse a menudo de forma que fomenten los ingresos, mejoren la seguridad alimentaria y estimulen el desarrollo en las comunidades rurales vulnerables, comprando los alimentos localmente a los pequeños agricultores. Asimismo, los programas que proporcionan alimentos a las personas que asisten a los programas de formación y educación pueden mejorar a la vez su estado nutricional y sus perspectivas ocupacionales.

Fomento de la autonomía de las comunidades rurales

Las propias comunidades rurales son, a menudo, las más capacitadas para diagnosticar las causas locales primordiales del hambre crónica y para determinar las soluciones que más pueden beneficiar a los miembros de la comunidad con la menor dependencia posible de los recursos externos.

La experiencia ha demostrado que las escuelas de campo para agricultores y otros enfoques parecidos, con respecto a la educación para adultos y el fomento de la autonomía de las comunidades, pueden ayudar a los agricultores a aumentar la producción y mejorar la selección de los objetivos de las redes de seguridad.

Sierra Leona ha convertido las escuelas de campo para agricultores en un elemento central en la movilización de una campaña comunitaria para erradicar el hambre en un plazo de cinco años. Se prevé que, en septiembre de 2006, más de 200 000 de los 450 000 agricultores del país habrán participado en algún curso sobre seguridad alimentaria en las escuelas autofinanciadas de campo para agricultores (véase el gráfico).

Ampliar la financiación y los compromisos

Para poder aumentar las intervenciones directas destinadas a alcanzar el objetivo de la CMA e incrementar simultáneamente las inversiones a largo plazo en la agricultura sostenible y el desarrollo rural, también será necesario ampliar los recursos y los compromisos políticos. Afortunadamente varios países han tomado la iniciativa en la movilización de la voluntad política y están presionando para instaurar nuevos mecanismos de financiación.

El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Brasil, que ha afirmado que el hambre es «la peor de todas las armas de destrucción masiva», ha propuesto que se fijen impuestos para el comercio internacional de armas y para algunas transacciones financieras que se realizan en los «paraísos fiscales».Los Presidentes de Chile, Francia y España, así como el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, se han unido al Presidente Lula para fraguar el «Quinteto contra el Hambre», el cual está estudiando una variedad de mecanismos alternativos de financiación.

El Reino Unido ha propuesto un tipo de esos mecanismos: un servicio internacional de financiación destinado a «avanzar ayudas para facilitar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio». El Servicio internacional de financiación utilizaría bonos garantizados mediante compromisos a largo plazo de países donantes a fin de proporcionar 50 000 millones de dólares EE.UU. al año en asistencia al desarrollo para los países más pobres del mundo hasta el año 2015 (véase el diagrama).

Más de 100 países participaron, el 20 de septiembre de 2004, en una Cumbre Mundial de Dirigentes sobre el Hambre, de un día de duración, que se celebró en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Al concluir, los dirigentes respaldaron una campaña para recaudar otros 50 000 millones de dólares EE.UU. al año para luchar contra el hambre. Éstos afirmaron: «El mayor escándalo no es que el hambre exista, sino que persista teniendo los medios para eliminarla. Es hora de actuar».

«El hambre no puede esperar.»

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