Muchos pescadores y acuicultores tropiezan con dificultades prácticas y son objeto de controversia. Es preciso superar esos obstáculos para que la pesca continúe siendo una fuente estable de alimentos y de ingresos y los acuicultores contribuyan al volumen creciente de productos acuáticos que los consumidores esperan.
La controversia se centra fundamentalmente en el acceso a los recursos naturales y su aprovechamiento. Hay una doble polémica en torno a dos cuestiones básicas.
El presente examen de los problemas pendientes avanza de las cuestiones generales a las concretas. El primer problema analizado es el de la gestión del sector de la pesca. En este contexto, la gestión comprende el marco jurídico e institucional que debe garantizar que la pesca de captura y la acuicultura desempeñen la función que el conjunto de la sociedad considera adecuada. La gestión debe establecer también las normas que garanticen una competencia eficiente dentro del sector y un acceso equitativo a los recursos.
El análisis de la gestión va seguido de un examen de dos cuestiones más específicas incluidas en esa problemática general: el establecimiento de un entorno propicio para la acuicultura y la integración de las pesquerías en la ordenación de zonas costeras. Luego se analizan dos temas que deben ser resueltos por el sector de la pesca de captura pero que han suscitado enorme atención fuera del sector pesquero: cómo acomodar la capacidad de pesca a los recursos disponibles y cómo ordenar las capturas incidentales y los descartes.
El 90 por ciento de las capturas pesqueras mundiales se obtienen dentro de las zonas de jurisdicción nacional, debido ante todo a la mayor productividad y proximidad de las zonas costeras y de la plataforma, y el grueso de los problemas de ordenación de la pesca se registran en las zonas sometidas al control de los gobiernos nacionales. En cualquier caso, estos problemas no son nuevos. La necesidad de que los gobiernos tomen conciencia de la situación de las pesquerías, apliquen políticas eficaces para evitar el agotamiento de los recursos y el despilfarro de los insumos y facilitar progresivamente la rehabilitación de las poblaciones es un hecho admitido desde hace al menos 50 años.
La situación actual de las pesquerías mundiales - el 60 por ciento de las principales poblaciones comerciales supervisadas requieren sistemas mejorados o nuevos de ordenación- refleja la necesidad de un mecanismo acertado de gestión. El desafío que se presenta a los gobiernos es cómo ordenar las pesquerías en una forma que permita el aprovechamiento completo y sostenible de los recursos, junto con la eficiencia económica y una generalización de los beneficios sociales. Por otro lado, cada vez son más los que admiten que la responsabilidad de la ordenación no es competencia únicamente de los gobiernos, ya que se trata de una responsabilidad compartida de quienes participan directamente en el sector pesquero y de otros que se consideran con derecho a intervenir en las decisiones referentes al patrimonio de la humanidad.
En los años ochenta muchos preveían ya que la gestión de las pesquerías mejoraría notablemente, en paralelo con el establecimiento de la jurisdicción nacional ampliada en virtud de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Así ocurrió en los países con capacidad e interés para reforzar su sistema de gestión. En muchos casos participaban ya en las pesquerías de las zonas económicas exclusivas (ZEE) o tenían capacidad fácilmente disponible -por ejemplo, pescadores capacitados, capital de inversión, infraestructura- dentro del sector. La experiencia posterior ha demostrado que incluso en las circunstancias más favorables el logro de un buen sistema de gestión es un proceso prolongado. Los gobiernos que ahora cuentan con pesquerías bien administradas, generalmente deben este éxito a 20 a 40 años de continuado esfuerzo y ajuste (véase el Recuadro 4).
RECUADRO 4
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En muchos países la gestión ha continuado relegada al olvido por varias razones. Entre ellas cabe citar la escasez de recursos humanos, institucionales y financieros, necesarios para formular y aplicar programas de ordenación, la falta de comprensión de los posibles beneficios de la ordenación tanto por parte de los gobiernos como de los participantes en las pesquerías, y la resistencia de los gobiernos a adoptar decisiones impopulares. La comunidad internacional continúa realizando todavía grandes esfuerzos -mediante proyectos de ayuda y de asistencia financiera- para aumentar la capacidad de las instituciones pesqueras en esos países. Las naciones con sistemas de gestión más deficientes son las que deben hacer frente a problemas más graves -por ejemplo, guerras, disturbios civiles, catástrofes naturales, debilidad gubernamental- que requieren la atención de sus poblaciones.
Los elementos imprescindibles para la buena gestión del sector de la pesca son en general bien conocidos: una estrategia encaminada expresamente a la sostenibilidad ecológica, económica y social; organismos pesqueros e instituciones de investigación eficaces (que produzcan, entre otras cosas, información fiable y actualizada sobre el sector); un sector pesquero cooperativo, organizado e instruido; leyes e instituciones jurídicas adecuadas, con inclusión de las actividades de supervisión, control y vigilancia, y vínculos idóneos con los órganos regionales internacionales. Desde los primeros años ochenta, se ha puesto especial empeño en conseguir que el sector pesquero se responsabilice, conjuntamente con el Estado, de la ordenación de la pesca. En muchos casos, así se ha reconocido en la legislación, por ejemplo mediante la creación de comités estatutarios -de formulación de medidas de ordenación, concesión de licencias y apelaciones-, entre cuyos miembros figuran representantes del sector de la pesca. En determinados países, ello se ha ampliado a la creación de autoridades semiautónomas de ordenación pesquera, bajo la tutela de juntas de control integradas conjuntamente por representantes del sector y del gobierno (véase el Recuadro 5).
RECUADRO 5
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Este proceso ha encontrado confirmación en algunas importantes tendencias evolutivas. Los sectores pesqueros de muchos países están ahora mejor organizados y, por lo tanto, demuestran mayor eficacia en el establecimiento de enlaces con el gobierno y en la representación de los puntos de vista colectivos. El impulso más reciente ha procedido de los regímenes de ordenación que establecen «derechos» reales de propiedad o de semipropiedad, como ocurre cuando se es capaz de negociar -es decir, comprar, vender o arrendar- el derecho a participar en una pesquería regulada. En tales circunstancias, quienes tienen derecho a utilizar la pesquería tienen al mismo tiempo interés personal en que su ordenación sea acertada, ya que el valor «monetario» de su derecho dependerá directamente del comportamiento de las pesquerías. En consecuencia, han exigido que se les permita intervenir más en la formulación de las medidas de ordenación.
Otra tendencia importante y relacionada con la anterior es la relativa al financiamiento de la investigación y la ordenación pesqueras. El concepto en que se basa, cada vez más aceptado, es que el financiamiento debe provenir de quienes obtienen los beneficios, incluidos los participantes en la pesquería en el caso de la pesca regulada. Una vez más, esta tendencia ha conseguido renovado impulso gracias a la creación de pesquerías basadas en derechos, en cuyo caso sería claramente anómalo que el Estado -utilizando fondos de la comunidad en general- fuera la única entidad encargada del financiamiento. En consecuencia, el financiamiento conjunto de la gestión de la pesca ha sido más fácilmente aceptado en el caso de las pesquerías basadas en derechos. Como era previsible, los participantes en ellas han pedido que se cuente con su opinión a la hora de decidir cómo se gastan los fondos, lo que ha dado lugar a sistemas de gasto y de rendición de cuentas más orientados a objetivos específicos. La consecuencia ha sido en todos los casos una gestión de mejor calidad. Otra tendencia reciente en la investigación orientada a la ordenación es la exigencia de mayor independencia para la parte científica de la ordenación cuando ofrece asesoramiento, y mayor transparencia en la forma en que se utiliza ese asesoramiento.
Otra tendencia afín, más reciente, ha sido la privatización de parte de las funciones de gestión. El proceso está más avanzado en el caso de las instituciones de investigación pesquera, que dependen cada vez más de fuentes de financiamiento no gubernamentales. Ha habido algunos casos aislados en que los países han delegado las funciones de concesión de licencias e imposición de las normas a entidades del sector privado, aunque invariablemente el Estado ha mantenido una participación mayoritaria en dicha entidad. Los resultados han sido de diverso signo hasta el momento, pero parece que ésta es la dirección probable de la gestión en el futuro. Si bien no se trata de privatización en sentido estricto, sino más bien de una consecuencia de la globalización, la gestión de la pesca se está beneficiando de los sistemas de interconexión basados en sistemas informáticos, por ejemplo, a través del correo electrónico y la World Wide Web, que permiten tanto a los investigadores como a los administradores tener fácil acceso a los conocimientos y experiencias de personas ajenas.
Estas tendencias son más apreciables en los países cuya capacidad de gestión está muy avanzada. No obstante, estos planteamientos pueden aplicarse a escala mundial. Un obstáculo importante a una aplicación práctica más general es la falta de organización y comprensión -de los posibles beneficios de la ordenación- dentro de las comunidades pesqueras. En algunos países se da la paradoja de que los sistemas de ordenación basados en la comunidad, que representaban en el pasado un elemento de cohesión, actualmente han desaparecido. Ahora se están intensificando los esfuerzos -por ejemplo, proyectos de ayuda y de asistencia financiera- para invertir este proceso, muchas veces otorgando derechos exclusivamente a los miembros activos de la comunidad o al conjunto de ésta. Estos planteamientos resultarán especialmente difíciles -por no decir imposibles, a corto plazo- en los lugares con fuerte densidad demográfica y una situación de pobreza aguda, debido a los elevados costos sociales que esas medidas tendrían en los excluidos de las pesquerías. La labor prioritaria en este sentido es aumentar el bienestar de la comunidad en general -por ejemplo, mediante la creación de empleo-, por lo que se requieren intervenciones de organismos ajenos, de las ONG y de la comunidad internacional.
En las pesquerías artesanales y en pequeña escala, la promoción de las prácticas tradicionales o comunitarias de ordenación ha ganado impulso. Estas comunidades tienen poca movilidad y, por lo tanto, se encuentran en enorme desventaja -social y económicamente- en lo que se refiere a las consecuencias sociales y económicas de la mala gestión. Estas pesquerías cuentan en muchos casos con millares de pescadores, centenares de comunidades pesqueras y una gran abundancia de puntos de desembarque. Este planteamiento trata de aprovechar la práctica tradicional y habitual, inspirada en el concepto de derechos de uso territorial en las pesquerías. Es probable que una ordenación orientada al bienestar de la comunidad sea más sensible a los problemas de alcance local y, por lo tanto, consiga aumentar los beneficios derivados de la pesca sin provocar trastornos sociales indebidos.
La Secretaría de la Comunidad del Pacífico está promoviendo la reactivación de los mecanismos tradicionales de tenencia y asignación de recursos en la región. La Secretaría publica un boletín informativo sobre conocimientos y sistemas tradicionales de gestión de los recursos marinos. No obstante, el ritmo del cambio en la región es tan rápido que algunas secciones de la sociedad se preguntan cuál será la necesidad de recursos pesqueros cuando todos hayan pasado a ser asalariados urbanos.
Los recientes progresos en la ordenación de las pesquerías industriales a escala nacional se han centrado también en el otorgamiento de derechos. En la mayoría de los casos estos derechos han incluido la opción de intercambiar cuotas individuales transferibles (CIT) o con limitación de licencias. Estas estrategias se han introducido con éxito en un número creciente de países, entre ellos Australia, Canadá, Nueva Zelandia, Islandia y los Estados Unidos. La adopción de una ordenación basada en los derechos está siendo también alentada por instituciones internacionales como el Banco Mundial.
Chile ha introducido CIT con carácter experimental en dos de sus pesquerías: la de camarón de aguas profundas y la de austromerluza. Ello convierte a Chile en el único país de América Latina que tiene CIT en vigor. Aunque la administración desearía ampliar el sistema a otras pesquerías, las partes interesadas ofrecen resistencia.
En la reunión de un Cuadro de expertos de alto nivel en temas pesqueros, celebrada en la Sede de la FAO en 1998, se hizo hincapié en la validez del Código de Conducta para la Pesca Responsable1 para los temas relacionados con la gestión. Los participantes en esa reunión llegaron a la conclusión de que el Código y sus directrices eran técnicamente creíbles para los expertos en temas de pesca y de lectura comprensible para los no expertos, por lo que constituyen un punto de referencia importante para mejorar la gestión de la pesca.
En la reunión anual del Foro del Pacífico Sur celebrada en las Islas Marshall en 1996, se recomendó la elaboración de mecanismos globales de ordenación sostenible de las pesquerías regionales en todas las zonas geográficas ocupadas por las poblaciones, incluidas las de alta mar. Esta recomendación refleja la creciente preocupación de los países por la gestión de los recursos de alta mar.
Los países del Pacífico están colaborando con los Estados que pescan en agua distantes2 para establecer un mecanismo de conservación y ordenación de las poblaciones ícticas altamente migratorias en el océano Pacífico central y occidental. Según las previsiones, las negociaciones darán como resultado la creación de una Comisión para la ordenación de las poblaciones correspondientes.
Algunos miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur3 están llevando a cabo negociaciones con el fin de llegar a un acuerdo sobre la manera de conservar y ordenar los recursos de alta mar en el Pacífico sudoriental.
Los países del Atlántico sudoriental están examinando entre ellos y juntamente con los Estados que pescan en aguas distantes el establecimiento de una organización pesquera regional para la ordenación de las poblaciones de peces en aguas de alta mar del Atlántico sudoriental.
La conclusión de que las principales pesquerías comerciales mundiales necesitan más y mejor ordenación no es sorprendente ni implica necesariamente una valoración negativa de la gestión nacional en todo el mundo. En último término, todas las pesquerías necesitan ordenación, ya que la ausencia de ésta representa una pérdida inevitable de recursos pesqueros y un despilfarro de insumos. Los beneficios logrados gracias a la buena gestión son especialmente manifiestos en los países desarrollados. Ello se debe a que su capacidad de gestión estaba más avanzada. Además, estos países pudieron conseguir grandes beneficios con las mejoras introducidas en sus pesquerías. Gran parte de la capacidad pesquera mundial, y la mayoría de las pesquerías maduras del mundo -es decir, las que tienen poblaciones que están total o casi totalmente explotadas-, estaban ubicadas en sus áreas de pesca o eran explotadas desde esos países. Como consecuencia de la creciente presión pesquera y del mejor conocimiento de las poblaciones, la ordenación conjunta de las poblaciones comunes constituirá un objetivo prioritario (véase el Recuadro 6).
RECUADRO 6
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En la medida en que los países en desarrollo han ido participando cada vez más intensamente en la pesca mundial, es probable que en adelante se haga especial hincapié en que también ellos mejoren su sistema de gestión de las pesquerías. Para ello habrá que desarrollar sus capacidades técnicas y administrativas, lo que permitiría la formulación y ejecución de planes acertados de ordenación pesquera, así como la evaluación de los resultados y necesidades de acciones complementarias. Una consideración fundamental en este sentido es el desarrollo de la capacidad y el fortalecimiento institucional dentro de las instituciones pesqueras. Sin embargo, el aumento de los beneficios no será el resultado inmediato de una mejor gestión. Los ajustes estructurales que se requieren en muchas pesquerías tardarán tiempo en demostrar su eficacia. La ordenación pesquera es un proceso que evoluciona con el tiempo y continúa haciéndolo en respuesta a las nuevas circunstancias. En reconocimiento de las tendencias recientes, la gestión de las pesquerías incluirá progresivamente la intervención directa de los participantes en las mismas, el otorgamiento de derechos de uso, la delegación de funciones de ordenación a instancias independientes del Estado, sin menoscabo de la función de liderazgo de éste, y el financiamiento de la gestión desde el sector mismo.
Pocos países cuentan con políticas y marcos jurídicos favorables a la acuicultura. En muchos casos, no ha habido interés en adoptar políticas integradas ni en establecer los correspondientes marcos jurídicos debido a una concepción del desarrollo inspirada en criterios fundamentalmente técnicos. En consecuencia, la ayuda se ha centrado ante todo en los aspectos técnicos de la producción. Además, como en muchos otros sectores, las autoridades han tratado con frecuencia la acuicultura en forma aislada de otros sectores, olvidando así algunas relaciones importantes, incluidas las externalidades. Este desinterés por los aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales y jurídicos ha tenido generalmente efectos negativos en el sector. La reciente aparición de la acuicultura industrial, la creciente competencia por los recursos y el continuado y rápido crecimiento del sector han centrado la atención en la necesidad de adoptar nuevas políticas y marcos normativos.
Es imprescindible establecer condiciones opera-cionales válidas en todos los niveles (internacional, regional, nacional, local y en las propias explotaciones) para que los acuicultores, pescadores y otros empresarios puedan ver un atractivo en explotar el potencial de la acuicultura de manera sostenible. Los gobiernos deben crear y mantener un clima favorable al crecimiento sostenible del sector; deben establecer un entorno propicio. Este concepto implica una realidad muy compleja. Tiene componentes económicos, jurídicos, sociales y físicos. Entre ellos figuran el acceso equitativo a los recursos, mecanismos para la resolución de diferencias, y disponibilidad de información, crédito y mercados. Ello presupone la existencia de cauces válidos de comunicación con las instituciones y representantes de otros sectores de la economía que compiten por los mismos recursos.
Al crear un entorno propicio es fundamental conseguir un equilibrio entre la necesidad de desarrollo y la de conservación del ecosistema. En este contexto es preciso reconocer la creciente competencia por los recursos y adoptar medidas al respecto. La función cada vez menor del sector público en cuanto promotor del desarrollo y la globalización de los mercados son también aspectos que deben tenerse en consideración.
La compleja tarea pendiente consiste en poner en práctica los principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable, es decir, aclarar de qué manera pueden funcionar realmente las decisiones en favor de la sostenibilidad, incorporar sus principios a las políticas y planes de desarrollo y elaborar códigos concretos de prácticas responsables que contengan normas, criterios y orientaciones, aceptados por todas las partes interesadas. Dada la diversidad de las prácticas acuícolas y de las condiciones políticas, sociales y económicas en que tienen lugar, así como los diferentes conceptos de sostenibilidad, se requiere un planteamiento equilibrado y con conocimiento de causa para abordar eficazmente las cuestiones de desarrollo y medio ambiente en cualquier lugar. Además, la aplicabilidad de los diversos planteamientos debe evaluarse con atención, sobre todo en los lugares donde se vean implicados numerosos acuicultores artesanales, teniendo también en cuenta el hecho de que la acuicultura es en muchos casos una actividad fuertemente descentralizada.
Las actuales estructuras administrativas y jurídicas deben ser objeto de revisión y ajuste para poder dar respuesta a las características y necesidades específicas del sector, y para establecer con claridad los privilegios y responsabilidades de los acuicultores. No obstante, como la acuicultura está frecuentemente regulada por numerosos organismos sometidos a diversos instrumentos legislativos, el establecimiento de un marco normativo general para el sector es una tarea de gran complejidad jurídica e institucional. En general, supone la redacción o enmienda de medidas legislativas que aborden una gran variedad de temas y establezcan acuerdos institucionales para garantizar la cooperación y coordinación de muchas instituciones diferentes con jurisdicción sobre los recursos naturales, la salud animal y pública, el medio ambiente, etc. Aunque en muchos países quizá sea conveniente adoptar nuevas leyes nacionales para regular el conjunto de la acuicultura, ahora se están examinando otras opciones, ya que para elaborar y promulgar nuevas legislaciones de carácter general se requieren con frecuencia varios años, mientras que las perspectivas de rápido desarrollo del sector han creado una necesidad urgente de regulación. Entre estas opciones figuran la promulgación de reglamentos en el marco de la legislación vigente y los enfoques voluntarios, como las directrices y códigos de prácticas.
La escasez de información sobre la interacción de los sistemas de producción acuícola con el medio ambiente y sobre la eficacia ecológica y financiera de los distintos planteamientos de la gestión de la producción representa un obstáculo para la formulación de reglamentos apropiados en muchos países. Es más, incluso cuando se dispone de información, es preciso introducir considerables mejoras en lo que respecta a la exactitud, aplicabilidad general y ase-quibilidad de los modelos predictivos de las interacciones entre la acuicultura y el medio ambiente.
Es también necesario intensificar la capacidad institucional de administrar el sector, y de ampliar la base de conocimientos con el fin de poder adoptar políticas y planes de desarrollo sostenible. En general se reconoce la necesidad de planteamientos inter-disciplinares e intersectoriales que puedan aplicarse al desarrollo y ordenación de los recursos de la acuicultura. El desarrollo de la acuicultura sostenible no puede ser regulado exclusivamente por los gobiernos sino que debe también contar con la participación de muchos grupos interesados de alcance nacional, regional e internacional, mediante nuevos mecanismos y asociaciones institucionales (marcos consultivos). Así lo pone de manifiesto el cambio estructural en curso -privatización y contracción del papel del Estado en el desarrollo-. En consecuencia, es urgente crear nuevos conocimientos y sintetizar la información desde un amplio espectro de disciplinas para poder adoptar decisiones basadas en una perspectiva y comprensión mucho más amplias y para que haya un intercambio de información entre sectores y grupos de interés.
El comercio internacional, incluido el de productos acuícolas, está regulado por numerosos instrumentos, entre ellos el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, según el cual los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tienen derecho a adoptar medidas legítimas para proteger la vida y la salud de sus poblaciones frente a los peligros relacionados con la alimentación, pero estas medidas no pueden restringir el comercio en forma injustificada. Deberán estar basadas en la evaluación de riesgos teniendo en cuenta las técnicas elaboradas en este sentido por las organizaciones internacionales pertinentes. En cuanto a la inocuidad de los alimentos, la organización internacional competente es la Comisión del Codex Alimentario de la FAO/OMS; en lo que se refiere a la salud y las enfermedades animales (incluidos los peces), la organización internacional encargada es la Oficina Internacional de Epizootias (OIE). Se está intensificando la elaboración de normas y procedimientos internacionales de seguridad aplicados de forma específica a los productos acuícolas en el contexto de los instrumentos antes citados. Es importante señalar que la aplicación del concepto de análisis de riesgos en puntos críticos de control (HACCP) respecto a las operaciones de elaboración del pescado está adquiriendo carácter obligatorio en un número creciente de países. La aplicación de este mismo concepto a los sistemas de producción acuícola intensivos o en gran escala está siendo actualmente objeto de exploración y aplicación en algunos países. Por el momento, la aplicación del concepto de HACCP a la acuicultura de subsistencia y en pequeña escala dista mucho de ser una realidad. La puesta en práctica de los reglamentos referentes al control de las enfermedades y de la salud de los animales acuáticos está obstaculizada por la falta de capacidad de diagnóstico y, en particular, de personal capacitado, técnicas de diagnóstico estan-darizadas e infraestructura, en muchos países en desarro-llo, y por la ausencia de información fiable sobre los agentes patógenos y las enfermedades de importancia para las especies comercializadas.
En el comercio regional e internacional de productos acuícolas, los roces debidos a las diferencias entre las normas ambientales de los distintos países se pueden mitigar mejorando la coordinación y la armonización. Para perfeccionar las normas ambientales, habrá que incentivar a los países, sobre todo a aquellos cuya demanda de bienes ambientales es menor, para que se garantice un mayor acceso a los mercados de los países con normas más estrictas.
La intensificación prevista de la competencia y de la regulación de los recursos naturales exige sin duda una mayor eficiencia en la producción y la conservación de los insumos fundamentales. Ello debería constituir un tema prioritario en la investigación de los sistemas. La eficiencia en el aprovechamiento de los recursos se puede conseguir también mediante la integración de la acuicultura con los sistemas de riego y la agricultura, así como mediante la utilización de las aguas superficiales continentales y de las llanuras anegadas para determinadas formas de producción acuícola. Es preciso elaborar nuevos sistemas de integración entre acuicultura y agricultura, y otros sistemas innovadores que puedan responder con eficacia a los desafíos en materia de recursos y de medio ambiente. Deberá prestarse atención a la resolución de los desafíos económicos y ambientales asociados a la cría con retorno y al mejoramiento de las poblaciones así como al cultivo en jaulas en aguas de altura.
Los efectos negativos de la interrupción del apoyo público a los piscicultores con pocos recursos, debido a la reducción de la intervención estatal, se pueden contrarrestar con instrumentos normativos especiales destinados a la promoción, capacitación, distribución equitativa de los ingresos y acceso a los insumos necesarios de producción, información y crédito.
El Código de Conducta para la Pesca Responsable está comenzando a tener influencia mundial en el establecimiento de un entorno propicio para la acuicultura sostenible, pero todavía queda mucho por hacer. Es de esperar que se produzcan nuevos progresos a medida que se vayan elaborando directrices sobre la manera de alcanzar un equilibrio entre las preocupaciones económicas, sociales y ambientales, sobre la aplicación práctica de las distintas opciones para lograr la sostenibilidad y sobre el análisis del costo económico de las acciones resultantes.
Algunos Estados han intentado promover la aplicación del Código mediante medidas nacionales, por ejemplo con cursillos prácticos, y ciertas ONG, con inclusión de grupos de productores, han elaborado o están elaborando códigos de conducta y práctica sobre algunos aspectos de la acuicultura. Como ejemplos cabe citar un plan de aplicación del Código a la acuicultura y pesca en aguas marinas en los Estados Unidos4 , un código de prácticas para la protección de los manglares elaborado por la Alianza Mundial de Acuicultura (GAA)5 , un código de prácticas para los productores de camarón de Australia6 , códigos de prácticas para la cultura en jaulas de peces de aleta y el cultivo en estanque del camarón en Malasia7 , y directrices para la piscicultura industrial sostenible8 .
Durante los últimos años, ha habido un creciente interés en muchos países por establecer un marco normativo global para la acuicultura, que proteja al sector, al medio ambiente y a otros usuarios y consumidores de los recursos. Hay mayor interés político, debido a la importancia económica y al potencial de la acuicultura; mayor convencimiento de que leyes y mecanismos institucionales adecuados pueden limitar significativamente el desarrollo del sector; pruebas de los daños ambientales y los trastornos sociales debidos a una expansión rápida y en gran parte no reglamentada de ciertas especies de alto valor en algunas zonas costeras, e interés creciente por garantizar la calidad e inocuidad de los productos acuícolas en el comercio internacional. Algunas de estas cuestiones se debatieron en Bangkok a finales de 1997 durante una Consulta Técnica de la FAO sobre políticas para el cultivo sostenible del camarón.
Se están logrando también progresos en el establecimiento de marcos jurídicos y normativos para la acuicultura en determinados países. Entre ellos cabe citar Chipre, Bulgaria, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka, Suriname, Malasia, Madagascar y Mozambique. El Gobierno de la India ha establecido un Organismo de Acuicultura que concede licencias para la adopción de tecnologías mejoradas que permitan aumentar la producción y el establecimiento de nuevas explotaciones dentro y fuera de la Zona de Regulación Costera. En ese mismo país, la Ley de Acuicultura de Tamil Nadu, de 1995, establece las condiciones para mejorar la ubicación y gestión de las instalaciones acuícolas y establecer un fondo de ecorrestauración, respaldado con depósitos obtenidos de los acuicultores, y cuya finalidad es corregir los daños ambientales causados por las explotaciones acuícolas.
En lo que respecta a la calidad e inocuidad de los productos de la acuicultura, la FAO está trabajando actualmente en la revisión del Código de prácticas de higiene para los productos de la acuicultura bajo los auspicios del Comité del Codex Alimentarius sobre pescado y productos pesqueros. Han continuado las reuniones internacionales encaminadas a elaborar análisis de riesgos sobre la seguridad alimentaria, sintetizar y difundir información sobre la inocuidad de los alimentos (incluida la producción alimentaria derivada de la acuicultura) y abordar otras cuestiones afines9 .
Se han celebrado también reuniones centradas exclusivamente en la acuicultura. En ellas se han estudiado temas como la utilización de productos químicos10 , las repercusiones ambientales de la acuicultura costera11 y la inocuidad de los alimentos en el caso de los productos procedentes de la acuicultura12 .
En los Estados Unidos, la industria y el Gobierno han conseguido establecer planes globales de HACCP para algunos peces cultivados, como el bagre, la langosta y los moluscos. Se está adoptando un planteamiento semejante en Australia, Chile, Nueva Zelandia, Noruega y Tailandia. La Unión Europea fija actualmente condiciones detalladas para la manipulación, sacrificio, inspección, elaboración, envasado, identificación y almacenamiento de los productos pesqueros13 , y aplica controles rigurosos sobre la situación de la salud animal, aplicables a la comercialización de los animales y productos acuícolas14 . La FAO, el Acuerdo sobre la Red de centros de acuicultura en Asia y el Pacífico (NACA) y la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) están colaborando para establecer directrices sobre los certificados de salud y las cuarentenas de animales acuáticos que deberán aplicarse en Asia en el traslado de animales acuáticos vivos.
La inclusión de las actividades acuícolas en la ordenación de recursos de las zonas costeras y continentales despierta gran interés. La ordenación integrada de los recursos exige una planificación a largo plazo -mediante la designación de zonas donde tengan prioridad los diferentes usuarios- que garantice la previsibilidad necesaria para toda inversión a largo plazo y reduzca los conflictos entre los usuarios reales y potenciales. En el proceso de planificación se están utilizando distintos instrumentos. Entre ellos cabe citar los sistemas de información geográfica, los sistemas predictivos de la capacidad de carga (en particular en el cultivo de peces de aleta en jaulas y el cultivo de moluscos), así como las evaluaciones de los efectos ambientales y sociales.
Un ejemplo de lo que se puede hacer para integrar la acuicultura en los planes de aprovechamiento de los recursos es el ofrecido por el estado australiano de Tasmania. En virtud de una nueva legislación (sobre todo la Ley de planificación de la acuicultura marina y la Ley de recursos marinos vivos, ambas de 1995), es preciso trazar planes de desarrollo de la acuicultura marina que cubran zonas amplias, más que lugares concretos, y se prevé una amplia participación comunitaria en la preparación de los planes. Debe llevarse a cabo también una evaluación de los efectos ambientales y establecerse una zona de acuicultura marina antes de que se autorice el arrendamiento de ningún establecimiento de cultivo marino (véase el Recuadro 7).
Los progresos en materia de planificación partici-pativa se han reflejado en la creciente intervención de ONG, asociaciones de acuicultores, investigadores y funcionarios públicos en los foros nacionales, regionales e internacionales, en particular en lo que se refiere a la formulación de códigos de práctica y de conducta y de reglamentos y medidas legislativas. Se ha progresado también en el desarrollo y comprobación de metodologías de evaluación con la participación de los habitantes y de evaluación rural rápida, y de conceptos y posibles estructuras locales para la ordenación comunitaria de los recursos.
RECUADRO 7
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El desarrollo sostenible es el más importante de los problemas que se plantean a todos los sectores económicos, incluida la acuicultura, y continuará siéndolo en el futuro previsible. Es de suponer que los problemas de la sostenibilidad modifiquen las ideas sobre las formas más indicadas de desarrollo; deberán adoptarse nuevos sistemas de explotación que permitan un mayor equilibrio entre seguridad alimentaria y costos de producción, tanto en lo que se refiere al medio ambiente como a los recursos. En el futuro, y dada la tendencia creciente hacia el ecoetiquetado, es probable que el objetivo a largo plazo de obtener determinadas especies a precios competitivos no baste por sí solo para conseguir hacer realidad todas las posibilidades de mercado; en el futuro, se exigirán, probablemente, credenciales aceptables de sostenibilidad, de la misma manera que hoy se imponen normas de calidad e inocuidad.
En un futuro más próximo, la elaboración de marcos jurídicos y normativos, en particular en los países en desarrollo, responderá probablemente a las presiones sociales y a las normas de salud pública y ambiental asociadas con el comercio de productos acuícolas (por ejemplo, en el caso del camarón y el salmón del Atlántico). Ello ofrecerá la oportunidad de iniciar un proceso que otorgue a este sector una identidad específica en el desarrollo nacional, que con el tiempo podría ampliarse a todo el sector.
Políticamente, la producción de alimentos continuará siendo una prioridad dominante, y la intensificación y diversificación de la producción alimentaria serán importantes componentes del desarrollo. La tendencia hacia la intensificación de la acuicultura se hace patente en muchos países, y es probable que así continúe ocurriendo en el futuro. Ello promoverá la inversión en investigaciones, lo cual dará lugar con el tiempo a una mayor eficiencia productiva, como ha ocurrido en el caso del salmón del Atlántico y el bagre americano. Permitirá también una mayor integración con la agricultura para la explotación compatible de recursos múltiples y la utilización de subproductos e insumos no convencionales en general. En los países industrializados, la competencia por los lugares de producción idónea y el agua dulce de calidad dará lugar a una utilización creciente de los sistemas de reciclado y a investigaciones más intensivas sobre la acuicultura en alta mar. La importancia del desafío que se presenta al desarrollo de la acuicultura dependerá del carácter y magnitud de los recursos disponibles, la competencia por esos recursos y las políticas de desarrollo de la acuicultura adoptadas en los países.
La privatización y el recorte de la intervención estatal en las actividades de desarrollo agravarán probablemente la situación de los piscicultores de subsistencia y artesanales con pocos recursos.
El Instituto Mundial sobre Recursos (WRI) observaba en 1996 que aproximadamente el 34 por ciento de las costas mundiales presentan un elevado riesgo potencial de degradación, y otro 17 por ciento se encontraba en situación de riesgo moderado15 . Según las estimaciones, el 90 por ciento de la producción de las pesquerías marinas de captura de todo el mundo se obtiene en hábitats costeros, lo que demuestra su enorme importancia en el sector de la pesca. Además, una de las características de las comunidades pesqueras de esas zonas suele ser la fuerte competencia por unos recursos escasos (por ejemplo, el acceso y utilización de los caladeros, el agua o la tierra), muchas veces en ausencia de un mecanismo regulador.
Entre las consecuencias conocidas de los daños provocados en el hábitat cabe señalar la pérdida o disminución de la productividad, la consiguiente amenaza para la seguridad alimentaria local, la contaminación de los productos alimenticios acuáticos, la menor viabilidad económica, la intensificación de los conflictos entre los pescadores, en algunos casos el desplazamiento físico de las comunidades, el desempleo creciente y la pérdida de oportunidades comerciales. El resultado del nerviosismo existente entre las comunidades afectadas es un ambiente de frecuentes conflictos y, en casos extremos, violencia física.
Por un lado, la pesca es el sector que con mayor frecuencia se encuentra en situación de desventaja. Por el otro, contribuye también a los daños ambientales y a la exacerbación de los conflictos. La utilización de dragas y arrastres de fondo, el uso de explosivos y la falta de atención en el anclaje de las embarcaciones son otros tantos ejemplos de prácticas pesqueras que influyen negativamente en los hábitats acuáticos. A veces causan daños en la fauna de los fondos marinos, como los lechos de zosteras y algas marinas y los arrecifes de coral. De la misma manera, algunas prácticas acuícolas han provocado efectos ambientales negativos, como la destrucción material de hábitats ambientalmente frágiles, el excesivo enriquecimiento orgánico y de nutrientes de los fondos marinos debido a la emisión de desechos procedentes de las explotaciones acuícolas de jaulas y estanques, y la introducción de especies exóticas dañinas.
A veces se producen conflictos entre grupos de pescadores que desean aprovechar los mismos recursos costeros. Un ejemplo muy repetido es la utilización de arrastreros para la pesca del camarón en aguas próximas a la costa frecuentadas por pescadores artesanales que utilizan todavía métodos tradicionales. Además de la reducción de las capturas, los pescadores artesanales corren el riesgo de que sus artes sufran serios daños. En tales casos, su respuesta quizá no sea siempre racional, como cuando intensifican su explotación de ejemplares jóvenes en los criaderos o emplean métodos de pesca destructiva para mantener sus medios de vida.
En muchos casos, el sector pesquero y sus instituciones no tienen la necesaria fuerza, económica e institucional necesaria para orientar y coordinar la ordenación. Además, los organismos gubernamentales no disponen de personal experimentado suficiente para llevar a cabo las necesarias actividades integradas de evaluación y planificación. Puede haber incluso falta de conocimientos básicos sobre las pesquerías en cuestión.
No obstante, a medida que los demás sectores económicos se introducen en la zona costera, la importancia económica relativa de las pesquerías disminuye, proceso que puede verse acelerado como consecuencia de los daños provocados en los hábitats y de la competencia por el espacio. Naturalmente, ello contribuye a debilitar la influencia de los organismos de pesca en la determinación de las políticas.
La planificación integrada y la coordinación insti-tucional figuran con frecuencia entre los requisitos fundamentales para una ordenación costera eficaz. En la práctica, ambos objetivos han resultado difíciles de conseguir y suponen costos significativos. Estas dificultades se deben a los engorrosos procedimientos y estructuras burocráticas de los organismos gubernamentales, a la complejidad de las cuestiones científicas, técnicas y económicas implicadas y al elevado número de decisiones difíciles que deben adoptarse. No obstante, hay algunos planes de ordenación costera en que no se tienen en cuenta los intereses del sector pesquero.
Un procedimiento adecuado de ordenación costera es la formulación de planes de ordenación bien fundamentados, el establecimiento y aplicación de una legislación ambiental acertada, un proceso transparente de consulta en que participen los usuarios y los posibles grupos afectados y la supervisión de los efectos posteriores en el desarrollo. El cometido de los organismos de pesca debería ser participar en los siguientes planos:
El proceso de preparación de un plan de ordenación implica costos que casi siempre están justificados. No obstante, por norma general habrá que incrementar el personal especializado en disciplinas como la evaluación de los efectos ambientales, la evaluación económica de la utilización alternativa de los recursos, las técnicas de evaluación rápida y la elaboración de modelos ecológicos y económicos.
La experiencia demuestra que la mejor manera de atender los intereses pesqueros es tenerlos en cuenta desde el comienzo del proceso de ordenación costera. Por ello, la delegación de responsabilidades a los organismos elegidos de niveles inferiores de gobierno puede ser también un medio importante para conseguir una mayor sensibilización en el plano local (véase el Recuadro 8). En teoría, los gobiernos municipales deberían tener considerable influencia en los asuntos relacionados con las pesquerías y la acuicultura, lo mismo que suelen tenerla con respecto a la ubicación y especificaciones de cualquier estructura industrial, comercial o de vivienda. No obstante, las autoridades municipales deberán contar con la necesaria especialización y conocimiento técnico de las cuestiones relacionadas con la pesca. Ello se puede conseguir a través de organismos especializados, instituciones de investigación y ONG.
RECUADRO 8
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El proceso de ordenación requiere ciertas concesiones mutuas entre distintos usos rivales. Las correspondientes negociaciones deberían tener en cuenta las contribuciones de los diferentes usos posibles al bienestar social y económico de la nación. Para ello se debe considerar el valor económico actual y potencial (es decir, en caso de una ordenación óptima de los recursos). Es también importante que se valoren todos los efectos, no sólo los que se pueden determinar con facilidad. Por ejemplo, quienes descargan en el mar aguas residuales no tratadas deben sufragar los costos -pérdida de capturas- sufridos por las comunidades pesqueras próximas.
Algunos países han legislado un sistema de planificación que concede prioridad al desarrollo basado en la explotación de las zonas costeras. La aplicación de estos planes constituye un primer fundamento para asignar unos recursos costeros escasos, otorgando mayor importancia a los usos (o sectores) que por su misma naturaleza dependen de los atributos constitutivos de la zona pesquera. La pesca de captura y la acuicultura se incluyen claramente dentro de esta categoría, mientras que no ocurre así con muchas actividades de otros sectores.
Un importante seminario internacional sobre la ordenación integrada de zonas costeras en países tropicales, celebrado en 1996 en Xiamen (China), examinó las experiencias y enseñanzas de las iniciativas de dicha ordenación. En él se consiguió una visión general de los procesos de formulación, diseño, aplicación y ampliación dentro del Asia oriental así como en otras regiones. Además, se elaboró un conjunto de buenas prácticas de ordenación16 . Por otro lado, el Grupo Mixto de Expertos OMI/FAO/UNESCO-COI/OMM/OMS/OIEA/Naciones Unidas/PNUMA sobre los Aspectos Científicos de la Protección del Medio Marino (GESAMP) ha ofrecido orientación sobre la función de la ciencia en la ordenación costera. Se ha obtenido también una valoración de los actuales objetivos y métodos utilizados para evaluar los proyectos y programas de ordenación de zonas costeras financiados por donantes internacionales17 .
Un grupo de expertos comparó las directrices de ordenación de zonas costeras utilizadas por cinco entidades internacionales diferentes (Banco Mundial, Conferencia Mundial sobre Costas, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], Unión Mundial para la Naturaleza [UICN] y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE]), y posteriormente redactó el documento «Puntos de consenso en las directrices sobre ordenación integrada de zonas costeras»18 .
El interés internacional por la ordenación de las zonas costeras (y de captación) recibió el espaldarazo oficial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992. Ese mismo año, la Conferencia de Cancún de Pesca Responsable pidió el establecimiento de un Código de Conducta para la Pesca Responsable. Este Código contiene principios y disposiciones para alentar a los Estados y a sus organismos a examinar la posibilidad de adoptar medidas jurídicas, institucionales, normativas y económicas, y ponerlas en práctica. Con ello se intenta promover la integración adecuada de los intereses pesqueros en el desarrollo y planificación de la ordenación de las zonas costeras.
En su esfuerzo por desarrollar la capacidad de los gobiernos, las ONG y el sector privado en la ordenación de zonas costeras, la FAO ha colaborado con diversas instituciones, entre ellas el Centro internacional para la ordenación de los recursos acuáticos vivos (ICLARM), la Red de centros de acuicultura de Asia y el Pacífico (NACA), la División de Estadística de las Naciones Unidas, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN), varios organismos de las Naciones Unidas que patrocinan actividades del GESAMP, y otros.
Estas iniciativas conjuntas han incluido la comprobación de planteamientos alternativos de ordenación mediante proyectos piloto y la publicación de orientaciones sobre el control de los efectos ambientales de la acuicultura, la contabilidad ambiental y económica integrada, los objetivos y estrategias de ordenación de las pesquerías costeras y la aplicación de métodos científicos para la ordenación de las zonas costeras. Se han celebrado también consultas técnicas patrocinadas conjuntamente y con participación de los afectados y otras partes interesadas.
La utilización de los recursos naturales -para la pesca o para otros fines- en los casos en los que no existe ninguna limitación al nivel de explotación (por ejemplo, en el régimen de libre acceso) es incompatible con su aprovechamiento sostenible. En el caso de las pesquerías, hay un consenso en que la mejor forma de conseguir la sostenibilidad es mediante el establecimiento de «derechos» específicos de uso o propiedad. Ello es cierto a pesar de las numerosas dificultades existentes para determinar y aplicar una ordenación basada en los derechos. Algunos países han modificado la legislación pesquera para hacer posible la adjudicación oficial a las comunidades pesqueras de derechos de uso. Esta tendencia continuará, lo que permitirá a esas comunidades ejercer mayor control sobre los factores que determinan su bienestar.
En ausencia de medidas apropiadas del Estado y de los usuarios, la sobrexplotación y degradación de los recursos pesqueros se agravarán todavía más como consecuencia de la presión demográfica y de los correspondientes niveles de actividad económica. El mayor progreso en la ordenación de las zonas costeras se conseguirá en los países desarrollados. En los países en desarrollo cuyas zonas costeras sufren una situación especialmente aguda de pobreza y desempleo, será necesario un considerable fortalecimiento de la economía nacional antes de que se pueda prestar gran atención a la ordenación de dichas zonas.
En varias de las pesquerías mundiales más importantes hay un exceso de capacidad de pesca. Ello es motivo de creciente preocupación. No sólo representa una amenaza para la sostenibilidad de las poblaciones ícticas explotadas sino que constituye una posible amenaza para otras poblaciones. El exceso de capacidad significa, en pocas palabras, que en muchas de las pesquerías mundiales las flotas pesqueras son mayores de lo necesario para capturar y desembarcar, con el menor costo posible, los peces actualmente disponibles, y mayores de lo que haría falta para las actividades de pesca una vez que se hubieran recuperado esas poblaciones. Esta situación se ha producido debido a que los inversores consideran -incluso cuando el tamaño de la flota es el más indicado desde el punto de vista socioeconómico- que la inversión en buques adicionales generará beneficios superiores a los que podrían conseguir con las otras alternativas razonables a su disposición. Por lo tanto, el exceso de capacidad de pesca es provocado por una falta de control sobre el acceso de los pescadores a las poblaciones ícticas, a lo que en algunos países se suma el financiamiento público de los gastos corrientes y/o de inversión en nuevos buques o en la rehabilitación de los viejos. No obstante, recientes estudios de la FAO sobre el financiamiento público del sector pesquero revelan una tendencia descendente en los montos destinados a ese fin.
La sobrecapacidad es resultado de la sobre capitalización, que en general adopta la forma de inversión excesiva y uso redundante de insumos pesqueros. El exceso de capacidad tiene dos efectos principales: malos resultados económicos y sobrepesca biológica. La sobre capitalización en la pesca de captura da lugar al despilfarro de capital de inversión desaprovechado y, por consiguiente, a un costo excesivo de la pesca. La sobreexplotación de las poblaciones representa un derroche de recursos pesqueros. Los intentos de acabar con la sobrepesca pueden verse obstaculizados por las dificultades prácticas asociadas a la cuantificación de la capacidad de pesca, tanto expresada en insumos (unidades de pesca) como en productos (captura potencial). Una embarcación dedicada a la captura de la langosta que disponga de 60 nasas, por ejemplo, produce mayores efectos (capacidad de pesca) que si tuviera 20 nasas; la diferencia todavía es mayor si utiliza nasas grandes y si éstas se vacían dos veces durante cada turno. Son estos últimos detalles los que hacen difícil controlar perfectamente la capacidad de pesca, cuando esos controles se aplican a los insumos. Este ha sido uno de los diversos factores que han provocado interés en el control de la capacidad mediante límites de la producción pesquera, es decir, de los desembarques (véase el Recuadro 9).
RECUADRO 9
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Un problema fundamental para muchos países es la falta de datos fiables sobre el número y características de las embarcaciones y artes y de la posibilidad de transferir embarcaciones de una pesquería a otra. Se trata de una consideración importante, ya que las medidas encaminadas a reducir la capacidad en una pesquería pueden tener como resultado el exceso de capacidad en otra, debido a una rápida transferencia de la capacidad excedente. Así ha ocurrido en muchos países que han tratado de reducir la capacidad en forma fragmentaria, es decir, actuando cada vez en una sola pesquería. El problema ha sido reconocido ya en algunos países -por ejemplo, Nueva Zelandia- y agrupaciones de países como la Unión Europea que han decidido reducir la capacidad en cada una de las pesquerías y, al mismo tiempo, en forma global en lo que se refiere a los volúmenes agregados de la flota. Una condición necesaria en estos casos ha sido la evaluación de los niveles de capacidad en todas las pesquerías pertinentes.
En escala algo mayor, la reducción de la capacidad de pesca emprendida por algunos países desarrollados ha dado lugar a la reubicación de las embarcaciones, que se han desplazado a las pesquerías de otros países (en general, países en desarrollo y menos adelantados). A escala mundial, ello no constituyó una reducción de la capacidad. Además, estas reubicaciones podrían resultar en definitiva perjudiciales para muchos de los países importadores. Se trata de embarcaciones que en su mayor parte se adquirieron a bajo precio y, por lo tanto, pueden explotarse rentablemente (al menos de forma temporal) incluso con unas poblaciones ícticas mermadas, lo que podría dar lugar al continuado agotamiento de las mismas. Ha habido también muchos casos de intensificación de los conflictos locales, por ejemplo, cuando las embarcaciones exportadas -en general, buques industriales- han entrado en competencia directa con las flotas artesanales.
La capacidad de pesca resulta excesiva en la mayor parte de las regiones del mundo. Por ejemplo, como consecuencia de la intensificación de la presión pesquera en el Asia meridional, muchas poblaciones costeras de peces pelágicos y demersales de la bahía de Bengala, el golfo de Tailandia y el mar de China meridional están totalmente explotadas o sobreex-plotadas. Ello se hace patente en la creciente proporción de las especies de bajo valor y ejemplares jóvenes con respecto a las especies de alto valor capturadas. La pesca en alta mar, por sus condiciones de libre acceso, crea una situación especialmente difícil con respecto al control de la capacidad de pesca. En la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, no se plantea prácticamente el problema de la capacidad de pesca. El Acuerdo de las Naciones Unidas de 199519 refuerza la obligación de los Estados del pabellón de atenerse a los regímenes de ordenación de las organizaciones regionales de pesca, pero no concede a éstas la facultad de impedir el acceso de los buques de los Estados no miembros que no son partes en la Convención de 1995 sobre el Derecho del Mar en lo relativo a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios. Por ello, no pueden controlar este componente de la capacidad de pesca. Además, hay importantes poblaciones de alta mar que no se incluyen en el mandato de las actuales organizaciones regionales. En el caso de futuras iniciativas para controlar la capacidad de las flotas de alta mar, debería resultar útil la consulta de la información sobre buques a escala mundial, prevista en el Acuerdo de la FAO para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar.
El control eficaz de la capacidad de pesca supone la comprensión de sus relaciones con otras cuestiones afines. Entre ellas, las más importantes son los efectos de las subvenciones, las consecuencias de la movilidad de las flotas y la repercusión de los métodos que se pueden utilizar para regular el acceso a las poblaciones de peces. Si bien se ha adquirido considerable experiencia en la ordenación de las pesquerías, la mayor parte de los métodos o instrumentos utilizados controlan las capturas o el esfuerzo pero no la capacidad en cuanto tal. La eficacia relativa de estos métodos para controlar la capacidad de pesca se comprende ahora cada vez mejor, y es claro que un control eficaz requiere la evaluación periódica de la biomasa de las poblaciones y la comprensión de la dinámica de las flotas, basada en la supervisión de su tamaño y utilización.
En los países desarrollados se dispone ya de considerable experiencia en la utilización de métodos alternativos de ordenación de pesquerías para controlar la capacidad de pesca. Se está llegando a un consenso en favor de la utilización de cuotas independientes transferibles (CIT), cuando es posible. Ello supone la limitación del número de unidades de pesca (por ejemplo, embarcaciones), la asignación de cuotas (o parte del total de capturas permisibles) en relación con cada una de ellas, y la autorización de venta o arrendamiento del derecho a la cuota. Una ventaja de este sistema es que crea un incentivo para la reducción voluntaria del exceso de capital por parte de los propietarios, que intentarán incrementar los ingresos no aumentando las capturas sino reduciendo los costos. Ello ocurriría, por ejemplo, si un propietario comprara y fusionara los derechos de cuotas de dos embarcaciones, retirando luego una de ellas. No obstante, la ordenación basada en las CIT puede resultar difícil, sobre todo cuando se aplica a las pesquerías de especies múltiples, en las que normalmente hay que utilizar complejos mecanismos para contrarrestar el peligro de incentivar el descarte de las capturas incidentales.
La ordenación mediante cuotas no es aplicable en todas las pesquerías. Las dificultades de aplicación de las mismas pueden ser considerables. La alternativa más frecuente ha sido la limitación de las licencias, en particular en lo que se refiere al control del número y potencia de las unidades de pesca. En la mayor parte de los casos esto se ha hecho en paralelo con la autorización de la venta o arrendamiento de los derechos a una licencia. Ello está relacionado con la adquisición y retirada de derechos de licencia -mediante planes de recompra-, como medio de reducir la capacidad de pesca. Además, facilita (lo mismo que la ordenación basada en las CIT) la reducción voluntaria de la capacidad por los propietarios de las embarcaciones. Así ocurriría, por ejemplo, si varios derechos a la utilización de equipo se funden en una sola embarcación. No obstante, la reducción voluntaria de la capacidad suele ser un fenómeno lento, por lo que en general se requerirá cierta intervención gubernamental.
Cuando el control de la capacidad de pesca se ejerce a través de los insumos, la experiencia enseña que es probable que continúe aumentando la capacidad, a pesar de todos los esfuerzos de los organismos de ordenación. Ello se debe a que, si bien no es difícil limitar el número y tamaño de las unidades de capacidad de pesca, es sumamente difícil controlar el potencial de pesca de las unidades. Los pescadores consiguen aumentarla de forma ininterrumpida y eficaz. Hay muchos ejemplos en que los organismos han adoptado -a veces en forma paradójica- medidas de ordenación orientadas a reducir la potencia de las unidades de pesca con el fin de contrarrestar el mayor potencial de los pescadores. Para resolver este problema, el organismo competente debe supervisar el desarrollo de la tecnología y su repercusión en la capacidad de pesca y hacerlo de acuerdo con el sector. De hecho, el método más eficaz y de mayor aceptación ha sido la ordenación basada en el control de los insumos, en el que el sector pesquero desempeña un importante papel de ordenación conjunta con el Estado.
La mayor parte de los países de la región de Asia y el Pacífico tienen sistemas de ordenación de la pesca. Su eficacia varía notablemente de unos casos a otros. En general, se necesita un ambicioso proceso de reforma (véase el Recuadro 10).
RECUADRO 10
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El control de la capacidad continúa resultando especialmente difícil en los países muy poblados con altos índices de pobreza y desempleo. En el caso de la pesquería artesanal, incluso cuando los organismos de pesca puedan comprobar que la merma de la capacidad produciría beneficios económicos, no se han decidido nunca a intervenir por temor a las consecuencia sociales negativas. La escasez de formas alternativas de empleo favorece el atractivo de las pesquerías como empleador de último recurso. Estas circunstancias son las que han despertado el interés de los organismos de pesca por una forma de ordenación que faculte a las propias comunidades locales -en particular mediante la asignación de derechos de uso- a adoptar decisiones difíciles referentes a la capacidad de pesca y a la manera de distribuir los beneficios de la misma (véase el Recuadro 11). Es lo que actualmente se conoce por el nombre de «ordenación basada en las comunidades».
RECUADRO 11
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Cada vez son más los países que adoptan medidas para reducir considerablemente su capacidad de pesca. En la Unión Europea, desde 1980 se vienen aplicando los programas de orientación plurianuales. Inicialmente, su objetivo era controlar y limitar la expansión de las flotas; más recientemente, lo que pretenden es reducir la capacidad. Los objetivos de los MAGP en lo relativo a la capacidad de pesca se expresan en tonelaje y potencia de las embarcaciones. Entre 1991 y 1996 éstos se redujeron, respectivamente, un 15 y un 9,5 por ciento.
En Nueva Zelandia, la reducción de la capacidad de pesca desde mediados de los años ochenta se llevó a cabo conjuntamente con una ordenación basada en CIT. En el decenio posterior, el número de embarcaciones participantes en la pesquería costera se redujo a la mitad (véase el Recuadro 4). La reducción de la capacidad de pesca conseguida en Australia es mayor en el plano de las pesquerías individuales. Algunos países, en particular el Japón, han endurecido los reglamentos referentes a la eliminación de flotas y el acceso a las pesquerías de alta mar.
En América Latina, existen programas de reducción de capacidad pesquera en Argentina, Chile y Perú. No obstante, hasta la fecha estos países han encontrado notable resistencia de las asociaciones del sector, que generalmente argumentan que las dificultades impuestas por El Niño representan una limitación suficiente.
En el período comprendido entre 1995 y 1997, la FAO llevó a cabo una evaluación de la viabilidad económica de algunas flotas (véase el Recuadro 12). Los resultados revelan que la pesca continúa siendo rentable en la mayor parte de las grandes pesquerías. Ello parecería indicar que la caída del rendimiento se ha compensado con la subida de los precios y la reducción de los costos, esta última conseguida gracias a las mejoras tecnológicas, pero en algunos casos ese resultado se debe también a la transferencia de fondos públicos al sector.
El objetivo a más largo plazo de la FAO es establecer en el marco del COFI un Plan de acción internacional para la regulación de la capacidad pesquera mundial. Como paso previo, un Grupo de Trabajo Técnico de expertos internacionales se reunió en La Jolla, Estados Unidos, en abril de 1998 y examinó los problemas relacionados con la capacidad de pesca20 . Los resultados de ese encuentro fueron examinados por los países en una reunión celebrada en la Sede de la FAO en Roma, del 22 al 24 de julio de 1998.
RECUADRO 12
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Muchas naciones desarrolladas, y un pequeño número de países en desarrollo, han adoptado con éxito las importantes y difíciles medidas necesarias para controlar eficazmente y, en caso necesario, reducir la capacidad de pesca. Es de esperar que otros países sigan su ejemplo. No obstante, la reducción de la capacidad en algunos de ellos no ha dado lugar necesariamente a la disminución de la capacidad mundial de pesca. Ello se debe a un proceso de reubicación de la capacidad y al continuado aumento de ésta en otros países. A corto plazo, el control de la capacidad se producirá fundamentalmente en aguas de las ZEE, exceptuadas las de los países de alta densidad demográfica y menos adelantados. En ellos, el control de la capacidad de pesca continuará revistiendo menor importancia que el empleo. En algunos países, las pesquerías comerciales dejarán lugar a actividades deportivas y turísticas.
La resolución de los problemas de exceso de capacidad en las pesquerías de alta mar será un proceso prolongado. Ello se debe al régimen de libre acceso de estas pesquerías, a la dificultad de adoptar y aplicar a escala internacional (o regional) medidas comunes de control de la capacidad de pesca y a la necesidad de establecer nuevas organizaciones de ordenación regional para las poblaciones de peces no incluidas en el mandato de las organizaciones regionales ya existente. Un nuevo problema se debe al hecho de que en las pesquerías de alta mar participa un número creciente de Estados ribereños (por ejemplo, países del océano Índico), que con frecuencia utilizan redes y buques y artes de tecnología inferior a las de las actuales flotas que faenan en aguas distantes. No es probable que estos países colaboren con los intentos de las organizaciones regionales de controlar eficazmente la capacidad de pesca, mientras se encuentran todavía en un proceso de establecimiento de sus flotas de altura. En último término, podrían tratar de desplazar con ellas a las flotas de aguas distantes.
Las capturas incidentales se producen porque la mayor parte de las prácticas y artes de pesca no son perfectamente selectivas en cuanto a las especies y tallas, y porque las especies que se desea pescar conviven con otras distintas en el mismo hábitat. Las especies que constituyen el objetivo de la pesca pueden considerarse también como capturas incidentales, si los ejemplares capturados no son de la talla o sexo deseado, o se trata de una parte del animal sin interés, por ejemplo, en algunos casos, el cuerpo de un tiburón al que se han extraído las aletas. En todas esas ocasiones, lo que determina el acierto o el error es el mercado o los reglamentos vigentes en la pesquería. De la misma manera, las capturas incidentales de especies no deseadas pueden resultar o no comercializables. En la mayoría de los casos, las capturas no comercializables se descartan, con la excepción importante de las pesquerías en que está prohibido.
Desde hace tiempo se admite que el descarte de las capturas incidentales constituye una práctica antieco-nómica, aunque inevitable en virtud de la naturaleza misma de la pesca. Se trata de una pérdida de alimentos valiosos, con consecuencias negativas para el medio ambiente, la diversidad y la estética. La captura incidental de delfines en las redes utilizadas para la pesca del atún, o de tortugas en los arrastres de camarón, de mamíferos marinos, aves, tortugas y peces en las redes de deriva del calamar de altura ha situado este tema en primer plano. El resultado para todos los interesados en las pesquerías ha sido espectacular, aunque no siempre se haya considerado racional desde el punto de vista de los intereses pesqueros.
La evaluación21 publicada por la FAO en 1994 estableció, por primera vez, un orden de magnitud del volumen de los descartes. Según esas estimaciones, los descartes anuales del total de las pesquerías mundiales eran del orden de 17,9 a 39,5 millones de toneladas. Según una revisión posterior de esas estimaciones y, una vez introducidos los ajustes necesarios como consecuencia de la reducción reciente de los descartes, los niveles actuales se situarían en el extremo inferior de dicha escala. La estimación más reciente de la FAO es de 20 millones de toneladas; si la cifra es correcta, equivaldría al 25 por ciento de la producción anual registrada de la pesca de captura marina, que es la que más descartes ocasiona.
En el Pacífico, los pescadores artesanales y de subsistencia por lo general descartan una parte muy pequeña de sus capturas. En esta región, la mayor parte de los descartes son generados por las pesquerías del atún, sobre todo las pesquerías con palangre de atún blanco y, en menor medida, por las pesquerías de listado y rabil con redes de cerco.
En la mayor parte de los casos, la decisión de los pescadores de descartar parte de sus capturas está impulsada por factores económicos. En una pesquería no reglamentada, los descartes están en cierta forma incentivados si el precio neto previsto -precio real menos costos de desembarque- es negativo, y si el costo resultante del desembarque es mayor que los costos que suponga el descarte. Otra forma de incentivo se produce cuando la embarcación tiene una capacidad limitada de carga. En tales casos, los pescadores se deshacen de los componentes de bajo valor, en beneficio de los que pueden obtener precios más altos («entresaca»).
La ordenación basada en la utilización de contingentes de captura representa con frecuencia un incentivo a los descartes. Así ocurre especialmente en las pesquerías de especies mixtas, en que varias de ellas están sujetas a contingentes. Hay tres formas de descarte asociadas a la ordenación basada en contingentes: el descarte de las capturas que superan el límite previsto en el contingente, la entresaca y el descarte basado en la evolución de los precios. Este último se produce cuando se descarta la totalidad -o parte- de las capturas de una especie en previsión de una subida de los precios, por ejemplo, cuando, en el viaje de regreso al puerto, un pescador decide deshacerse de las capturas del día y mantener el contingente para otra ocasión en que el precio sea más elevado.
El descarte es un hecho presente en todos los sistemas de ordenación, salvo en aquellos casos en que está expresamente prohibido y se dispone de medios eficaces para imponer la prohibición. En tal caso, cabría preguntarse cuáles son los costos añadidos de las medidas de observancia, si están justificados o no y quién debe pagarlos. De hecho, la mayor parte de las medidas orientadas a reducir el volumen de los descartes llevan consigo importantes costos de aplicación. El principio básico de sentido común, cada vez más aceptado, es que los costos de aplicación deben cargarse a la pesquería y, por lo tanto, ser sufragados -directa o indirectamente- por quienes se benefician directamente de ella.
Los incentivos de los descartes no cambian cuando se introducen medidas de limitación de las licencias. No obstante, si disminuye el número de embarcaciones como consecuencia de las licencias, es probable que, al menos a corto plazo, aumente la población de las especies capturadas incidentalmente. El establecimiento de tallas mínimas debería dar lugar normalmente a un aumento de los descartes. Así ocurrirá especialmente si las medidas de observancia se aplican en el punto de desembarque. El beneficio de la aplicación de las medidas en el punto de captura -opción que no siempre resulta viable- es que se alienta a los pescadores a faenar en caladeros donde haya pocos peces de talla insuficiente y a utilizar prácticas y artes más selectivos.
Las restricciones relativas al número de días en el mar pueden dar lugar a una reducción de los descartes. Ello puede producirse sencillamente como consecuencia de la disminución del esfuerzo de pesca, en cuyo caso los efectos son los mismos que si se tratara de una reducción del número de embarcaciones. Además, como ocurriría si el espacio de almacenamiento fuera limitado, cabría la posibilidad de que el tiempo de pesca no fuera el suficiente para llenar ese espacio únicamente con capturas de alto valor. En tales casos, podría aumentar la retención de componentes de menor valor y, por lo tanto, disminuirían los descartes.
En el plano de las pesquerías, las medidas de ordenación que tratan de reducir los descartes se dividen en dos amplias categorías. La primera está constituida por las que tratan de reducir el volumen de las capturas incidentales, en particular, la utilización de prácticas y artes más selectivos, las vedas geográficas y temporales y la creciente utilización de las capturas incidentales. En la otra categoría se incluyen las medidas cuyo objetivo es reducir los descartes de las capturas incidentales una vez efectuadas. Pueden ser directas -por ejemplo, cuando se prohíben los descartes- o adoptar la forma de incentivos económicos para modificar el comportamiento de los pescadores.
Las medidas orientadas a reducir los descartes en las pesquerías sometidas a un régimen de ordenación basado en contingentes han adquirido cada vez mayor relieve, a medida que se multiplica el número de pesquerías con sistemas de ordenación basados en las CIT. Una de esas medidas es el comercio de las capturas por encima del contingente -es decir, su venta a quienes no han cubierto el contingente-, como alternativa al descarte. Los niveles admisibles de sobreutilización de los contingentes tienen como objetivo permitir que los pescadores superen éstos durante un año a cambio de reducirlos al año siguiente. En Nueva Zelandia, la sobreutilización de contingentes sólo puede alcanzar un 10 por ciento del contingente original en todas las especies. También en Nueva Zelandia los pescadores pueden desembarcar especies para las que no disponen de contingentes y registrarlas con cargo al de otros pescadores. Otra opción es la entrega voluntaria de las capturas por encima del contingente. En este caso, el pescador puede vender las capturas normalmente, pero debe pagar el valor «estimado» -valor realizado por encima del costo de desembarque- a la autoridad reguladora.
Noruega ha impuesto un sistema en virtud del cual se prohíbe el descarte de las especies sometidas a contingente -incluidas las tallas que en caso contrario podrían haberse descartado-, y la totalidad de las capturas se deduce del contingente (véase el Recuadro 13). Cada uno de los pescadores debe responsabilizarse de tener un contingente no cubierto suficiente para poder efectuar capturas incidentales de las especies sometidas a contingentes cuando tratan de capturar otras especies también sometidas a contingentes. Deben también alejarse de un caladero si existe la impresión de que se va a superar el contingente, y también si hay un número elevado de ejemplares jóvenes. Este aspecto del enfoque noruego ha representado un fuerte incentivo para el desarrollo y aplicación de artes de pesca más selectivos. En los Estados Unidos, el North Pacific Fishery Management Council ha decidido prohibir el descarte del colín de Alaska, el bacalao del Pacífico, la limanda japonesa y el lenguado del Pacífico. En principio, se ha comenzado con las dos primeras especies, y luego la medida se aplicará gradualmente a las otras dos durante un período de cinco años.
RECUADRO 13
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El Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, de 1995, impone a sus Estados Miembros una serie de obligaciones a través de las cuales se intenta reducir la contaminación, los desechos, los descartes, las capturas por artes perdidos o abandonados y las de especies -de peces y otros animales- que no constituyen el objetivo de la pesca. Ello deberá lograrse, entre otros medios, con medidas que prevean el desarrollo y utilización de técnicas y artes de pesca selectivos, ambientalmente aceptables y eficaces en función de los costos. Estas obligaciones se reiteraron con referencia a todas las pesquerías en el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Contribución Sostenible de la Pesca a la Seguridad Alimentaria, celebrada en Kioto (Japón) en 1995.
El Código de conducta para la pesca responsable incluye la siguiente orientación: «Los Estados, junto con los grupos pertinentes de la industria, deberán alentar el perfeccionamiento y la aplicación de tecnologías y métodos operativos que reduzcan los descartes. Debería desalentarse la utilización de artes y prácticas de pesca que comporten descartes de las capturas y debería promoverse la utilización de aquellos que incrementen las tasas de supervivencia de los peces que escapan.» Donde existan adecuados artes y prácticas de pescas selectiva y ambientalmente seguras, las mismas deberían ser reconocidas y debería asignárseles una prioridad al establecerse medidas de conservación y ordenación aplicables a las pesquerías.
La Consulta Técnica sobre la reducción de los desechos en las pesquerías22 , celebrada en Japón en octubre de 1996, fue un foro importante en que especialistas internacionales pudieron examinar a fondo estos problemas. Los participantes llegaron a la conclusión de que en el decenio pasado se habían conseguido importantes reducciones de los descartes en todo el mundo. Ello se explicaba por la disminución del esfuerzo de pesca, las vedas temporales y espaciales, la utilización de artes más selectivos, el aprovechamiento de capturas incidentales que anteriormente se descartaban, la prohibición eficaz de los descartes y las iniciativas adoptadas por los consumidores. Se formularon recomendaciones con respecto a la recogida de información, la estimación futura de los descartes, las posibilidades de ordenación de pesquerías, las repercusiones en la pesca artesanal y deportiva, la selectivad de los artes y el aprovechamiento de las capturas incidentales.
En el período de sesiones de marzo de 1997 del Comité de Pesca de la FAO (COFI), varias delegaciones señalaron los logros conseguidos en los programas de reducción de las capturas incidentales. Los documentos23 presentados en el seminario internacional patrocinado por los Estados Unidos sobre el problema de las capturas incidentales, celebrado en Seattle en 1995, presentaban numerosos ejemplos de reducción de capturas incidentales con una gran variedad de artes y prácticas de pesca. El problema de las capturas incidentales y los descartes está siendo examinado por las organizaciones regionales de pesca, que han emprendido sobre todo actividades de recopilación de datos sobre las capturas incidentales, por ejemplo colocando a observadores en las flotas dedicadas a la pesca del atún en alta mar.
La Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) sigue participando activamente en las investigaciones sobre capturas incidentales de delfines. La Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) actúa cada vez con mayor dinamismo en lo que se refiere a las capturas incidentales de tiburones (véase el Recuadro 14).
RECUADRO 14
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La resolución de los problemas de las capturas incidentales y los descartes depende de fuerzas que actúan en varios niveles. La comunidad en general continuará mostrando su indignación, en particular cuando el problema adquiera amplia difusión y afecte a especies con elevado valor estético. Por ejemplo, es de prever que el uso en gran escala de redes de enmalle y deriva, en alta mar o en otras aguas, continúe suscitando polémicas. El desafío fundamental para la regulación de las pesquerías es lograr resultados equilibrados, que tengan en cuenta los valores de la comunidad y al mismo tiempo eviten pérdidas innecesarias de beneficios para los propios pescadores. Para ello habrá que informar debidamente a la opinión pública, y los responsables de las pesquerías -incluidos los que participan en ellas- deben demostrar su credibilidad y empeño por reducir las capturas incidentales y los descartes.
En los países muy poblados, sobre todo en Asia, donde las pesquerías se caracterizan por la utilización de numerosos artes y la presencia de especies muy diversas en las capturas, es relativamente poco lo que se captura y no se consume o se utiliza para la alimentación de los peces en la acuicultura. Cuando se producen despilfarros, ello se debe no a que se produzcan descartes sino más bien a que algunas especies podrían dar mayor beneficio económico si se capturaran cuando alcanzan tallas mayores. Cuando así ocurre, los mejores métodos de ordenación son probablemente las vedas temporales y espaciales y unos artes más selectivos. No obstante, hay países donde la ordenación es por naturaleza difícil, debido a que las pesquerías se han convertido en muchos casos en empleador de última instancia. Cuando mejora el bienestar de los pescadores de una sola comunidad, los resultados serán de breve duración si, en consecuencia, los pescadores de las comunidades circundantes se sienten atraídos hacia la comunidad beneficiada. u
1 Aprobado por la Conferencia de la FAO en su 28° período de sesiones en octubre de 1995. El Código de Conducta para la Pesca Responsable se llamará en adelante «el Código».
2 La Unión Europea, Japón, Noruega, la Federación de Rusia y los Estados Unidos.
3 Chile, Perú, Ecuador y Colombia.
4 Gobierno de los Estados Unidos. Implementation Plan for the Code of Conduct for Responsible Fisheries. United States Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration and National Marine Fisheries Service. 20 págs.
5 Anónimo. 1997. Global Aquaculture Alliance formed to guide industry toward environmental sustainability. World Aquaculture, septiembre de 1997, pág. 48.
6 D.J. Donovan. 1997. Environmental Code of Practice for Australian Prawn Farmers. Julio de 1997, 32 págs.
7 O. Pawaputanon. 1997. Manual for harmonization of good shrimp farm practice. ASEAN Fisheries Network Project.
8 Anónimo. The Holmenkollen Guidelines for Sustainable Aquaculture. Actas del segundo Simposio internacional sobre acuicultura sostenible, Oslo, 2-5 de noviembre de 1997. Trondheim, Noruega, Norwegian Academy of Technological Sciencies. 9 págs.
9 Véase FAO. 1997. Risk management and food safety. Informe de una Consunta Conjunta de Expertos FAO/OMS, Roma, 27-31 de enero de 1997. Gestión de los riesgos e inocuidad de los alimentos. Estudios FAO: Alimentación y nutrición, No 65. Roma; y FAO. 1998. Animal feeding and food safety. Informe de una Consulta de Expertos de la FAO, Roma, 10-14 de marzo de 1997. Estudios FAO: Alimentación y Nutrición, N° 69. Roma.
10 SEAFDEC/FAO/CIDA. Report and proceedings of SEAFDEC/FAO/CIDA Expert Meeting on the Use of Chemicals in Aquaculture in Asia, 20-22 de mayo de 1996, Southeast Asian Fisheries Development Center, Iloilo, Filipinas (en prensa).
11 FAO. 1997. Towards safe and effective use of chemicals in coastal aquaculture. GESAMP Reports and Studies No. 65. Roma. 40 págs.
12 FAO/NACA/OMS. Food safety issues associated with products from aquacutlure. Report of a Joint FAO/NACA/WHO Study Group on Food Safety Issues Associated with Products from aquaculture, Bangkok, Tailandia, 22-26 de julio de 1997. WHO Technical Report Series No. 883. Ginebra, OMS (en prensa).
13 Directiva 91/493/EEC, enmendada por la directiva 95/71/EC.
14 Directiva 91/67/EEC enmendada por las directivas 93/54/EEC y 95/22/EEC.
15 WRI. 1996. World Resources 1996-1997. WRI/PNUMA/PNUD/Banco Mundial. Oxford, Reino Unido, Oxford University Press. 365 págs.
16 International Workshop on Integrated Coastal Management in Tropical Developing Countries: Lessons Learned form Successes and Failures. 1996. Enhancing the success of integrated coastal management: Good practices in the formulation, design, and implementation of integrated coastal management initiatives. MPP-EAS Technical Report No. 2, Quezón, Filipinas, FMAM/PNUD/OMI Regional Programme for the Prevention and Management of Marine Pollution in the East Asian Seas, and the Coastal Management Center.
17 J. Sorensen. 1997. National and international efforts at integrated coastal management: definitions, achievements and lessons. Coastal Management, 25: 3-41.
18 B. Cisin-Sain, R.W. Knecht y G.W. Fisk. 1995. Growth in capacity for integrated coastal management since UNCED: an international perspective. Ocean and Coastal Management, 29(1-3): 93-123.
19 Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios.
20 Véase FAO Fisheries Department Report of the Technical Working Group on the Management of Fishing Capacity, La Jolla, Estados Unidos, 15-18 de abril de 1998.
21 FAO. 1994. A global assessment of fisheries bycatch and discards. FAO: Documento técnico de pesca, N° 339. Roma.
22 I.J. Clucas y D.G. James, eds. 1997. Papers presented at the Technical Consultation on Reduction of Wastage in Fisheries. Tokio, 28 de octubre-1o de noviembre de 1996. FAO: Informe de pesca, No 547, Supl. Roma, FAO. 338 págs.
23 Solving Bycatch: Considerations for Today and Tomorrow. Alaska Sea Grant College Program Report No 96-03, University of Alaska, Fairbanks.