Nuestro futuro coman: el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo fue creada en virtud de la resolución 38/161 de la Asamblea General, aprobada por el 38° periodo de sesiones de las Naciones Unidas en otoño de 1983. De conformidad con esta resolución, el Secretario General nombraba al Presidente y al Vicepresidente de la Comisión, quienes a su vez elegían a los 21 miembros restantes, la mitad de los cuales tenía que proceder del mundo en desarrollo.
La Comisión asumió su mandato celebrando una serie de reuniones públicas en todo el mundo, pidiendo observaciones y declaraciones de dirigentes oficiales, científicos y expertos, organizaciones no gubernamentales y del público en general.
En abril de 1987 la Comisión presentó su informe «Nuestro futuro común» (más comúnmente denominado Informe Brundtland por el nombre del Presidente de la Comisión, Gro Harlem Brundtland, Primer Ministro de Noruega). El informe ha c sido publicado en edición de bolsillo por la Oxford University Press, Oxford, Reino Unido.
El mensaje principal del informe es que no puede haber un crecimiento económico sostenido sin un medio ambiente sostenible, por lo que ha llegado el momento de elevar el desarrollo sostenible a la categoría de «ética global» en que la protección del medio ambiente se reconozca como el cimiento sobre el que descansa el desarrollo económico y social a largo plazo.
Según la Comisión, los enfoques antiguos del desarrollo y de la protección del medio ambiente aumentarán la inestabilidad social y ambiental. No cambiará el mundo real de los sistemas económicos y ecológicos, mutuamente relacionados, por lo que deben cambiar las políticas e instituciones interesadas.
Tomando nota de que la mayor parte de los organismos que se ocupan del medio ambiente fueron creados para reparar los daños causados por otros ministerios gubernamentales ocupados principalmente del crecimiento económico y de la producción, la Comisión afirmó que «los encargados de administrar los recursos naturales y de proteger el medio ambiente están institucionalmente separados de los responsables de la economía».
Se consideró que uno de. los grandes fallos institucionales al afrontar problemas ambientales y de desarrollo, era el hecho de que los gobiernos no pudieran responsabilizar a los órganos cuyas medidas políticas degradaban el medio ambiente para asegurar que sus políticas evitaran dicha degradación.
En palabras de la Comisión, el desafío consiste en encargar a los ministerios centrales de economía y a los sectoriales que velen por la calidad de aquellas partes del ambiente humano afectadas por sus decisiones y crear ministerios sólidos para el medio ambiente, con objeto de aplicar dichas responsabilidades.
El informe se centró en seis temas prioritarios: población, seguridad alimentaria, pérdida de especies y de recursos genéticos, energía, industria y asentamientos humanos.
Los problemas forestales se trataron en una serie de casos concretos.
Se insistió en la necesidad de reformar los sistemas de ingresos obtenidos con las actividades forestales y los términos de concesión que, según la Comisión, «podrían aumentar los ingresos en miles de millones de dólares, fomentar una utilización más eficaz de los recursos forestales a largo plazo y reducir la deforestación».
Considerando que los combustibles a partir de la madera eran un recurso que desaparecía, la Comisión afirmó que muchos países no tienen otra opción que la de organizar inmediatamente sus sectores agrícolas para producir grandes cantidades de leña y otros combustibles de origen vegetal. Se estimó que la silvicultura comercial, las plantaciones energéticas y los cinturones verdes constituían formas de satisfacer las necesidades urbanas de leña, mientras que en zonas rurales con escasez de leña quizá fuera necesario tratar a la madera como si fuera un alimento, y cultivarla como cultivo de subsistencia, utilizando diversas técnicas agroforestales.
En cuanto a la conservación de ecosistemas, la Comisión señaló que deben iniciarse programas para conservar los ecosistemas forestales, con la participación de la población local, que es al mismo tiempo víctima y agente de la destrucción. Debe concederse alta prioridad a la producción de alimentos, afirmó también la Comisión. Debe ayudarse a los agricultores a practicar una agricultura más intensiva, y los gobiernos deberían también asegurar «que las políticas de conservación se conciban teniendo ante todo presente el beneficio de la agricultura».
La Comisión consideró a los recursos genéticos vegetales y animales como un recurso económico sin explotar, cuyo valor ascendía a miles de millones de dólares, pero afirmó que una dificultad principal para aprovechar este potencial económico, independientemente del ritmo de deforestación tropical, era que la mayoría de los beneficios financieros iban a parar a países industrializados que cuentan con los medios financieros y la tecnología para capitalizar las ganancias financieras, mientras que los recursos mismos eran de propiedad de los países en desarrollo, que hasta ahora no participaban de los beneficios.
La Comisión pidió a los programas de asistencia para el desarrollo que una parte mayor de la ayuda para las inversiones necesarias la destinaran a enriquecer el medio ambiente y la productividad de los sectores de recursos incluida la repoblación forestal y la obtención de leña, la protección de cuencas hidrográficas, la conservación del suelo, la agrosilvicultura y la rehabilitación de proyectos de riego.
La Comisión señaló que «un plan de acción para los bosques tropicales costaría 1300 millones de dólares anuales durante cinco años. Esta suma anual es el equivalente de medio día de gastos militares en el mundo».
Las conclusiones y recomendaciones de la Comisión parecen apoyar decididamente las prioridades y estrategias del Plan de Acción Forestal en los Trópicos cuyo objetivo es ayudar a los países en desarrollo a lograr la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos forestales. La integración del cultivo de árboles y de la agricultura, la mejor utilización de la madera para la energía, el apoyo a la seguridad alimentaria mediante la agrosilvicultura y las pequeñas industrias de base forestal, la conservación de ecosistemas, la participación de la población y los cambios institucionales figuran entre las prioridades recomendadas del Plan de Acción Forestal en los Trópicos.
R. Pardo
