La agricultura familiar es una actividad esencial para el desarrollo del mundo rural y la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos de América Latina y el Caribe. Legislar sobre agricultura familiar permite sentar bases normativas permanentes para el desarrollo de políticas propicias que fomenten la agricultura familiar como parte de sistemas alimentarios diversificados y más resilientes al cambio climático a través del uso sostenible de los recursos naturales.

A su vez, la legislación en esta materia, acompañada de reglamentación y un presupuesto adecuado, es una herramienta útil para promover el disfrute de los derechos de las personas dedicadas a la agricultura familiar. Las normas sobre agricultura familiar facilitan el acceso a financiamiento, servicios, infraestructuras, innovación y mercados, permitiendo mayores oportunidades económicas. Además, son claves para enfrentar las desigualdades que se observan en el mundo rural, permitiendo una mayor inclusión y participación de las mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y personas mayores, y fomentando las sinergias entre el conocimiento tradicional de base local y la innovación.