Intervenciones productivas que tengan como meta la captura de carbono tienen el potencial de contribuir con la generación de ingresos en comunidades rurales y de los productores familiares. Cuando son realizadas de forma correcta, estas acciones, además de contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático, deben promover el uso sostenible de los recursos naturales y un mayor bienestar de las comunidades rurales. Tales intervenciones ocurren por medio de la utilización de sistemas de uso de la tierra con mayor producción de biomasa, y que resultan en stocks más elevados de carbono. En efecto, agricultores familiares y comunidades tradicionales, pueden de hecho desempeñar un servicio ambiental por medio de actividades forestales y agroforestales que contribuyan con el almacenamiento de carbono. Sin embargo, los beneficios financieros recibidos por este segmento, resultantes del acceso a los mercados de carbono, hasta el momento han sido irrisorios. Con la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en 2005, el mercado internacional de carbono pasó a ser una realidad jurídica y práctica. Además del mercado asociado al cumplimiento del Protocolo de Kioto, otros mecanismos (voluntarios y paralelos) generan oportunidades para complementar ingresos provenientes de las actividades forestales por medio del ingreso derivado de los certificados de créditos de carbono. Entre tanto, las metodologías y procedimientos exigidos para comprobar la captura y almacenamiento del carbono por proyectos forestales son considerados restrictivos, siendo que la mayoría de estos mercados todavía no negocia certificados originados a partir de la reducción de emisiones por deforestación y degradación.