En este informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos de conformidad con su resolución 43/11, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, muestra cómo preparar planes de acción nacionales sobre el derecho a la alimentación dentro de los presupuestos existentes que puedan transformar los sistemas alimentarios y hacer efectivo, de forma progresiva, el derecho a la alimentación. Ante la crisis mundial de la deuda, la elevada inflación y los altos precios de los alimentos, muchos países se enfrentan a la disyuntiva imposible de alimentar a la población o pagar la deuda. Emplear fondos públicos para garantizar que la población tenga acceso a una alimentación adecuada puede hacer que un Gobierno se retrase en el pago de su deuda y se agraven con ello los choques financieros; si se opta, en cambio, por pagar la deuda, se genera más hambre y malnutrición. Esto implica que el actual sistema internacional de financiación obstaculiza de manera inequívoca la capacidad de los Gobiernos para cumplir sus obligaciones con respecto al derecho a la alimentación. En el informe, el Relator Especial sugiere cómo podrían lograrse mejoras significativas en los sistemas alimentarios —y las condiciones necesarias para la transformación— rediseñando los presupuestos públicos.