Uno de los principales mecanismos para enfrentar la carencia de asistencia técnica es el empleo de extensionistas o promotores rurales calificados. Para una población de 1,2 millones de unidades productivas en la zona andina, se calcula que se requerirían cerca de 12.000 extensionistas, como mínimo. Frente a esta demanda, sumando todos los extensionistas o promotores existentes
(o quienes hacen las veces de estos técnicos) se estima un total de apenas 2.000 extensionistas en actividad. Es decir, hay una brecha importante —de cerca de 10.000— entre las demandas de extensión y la oferta de extensionistas.

Enfrentar este enorme desafío implica un esfuerzo masivo y sostenido para la formación de estos técnicos, en temas o  especialidades que, además, frecuentemente son soslayados por las instancias de educación básica, técnico productivas u otras. Como se podrá apreciar en esta publicación, Soluciones Prácticas contribuye desde hace más de 20 años en este sentido, pues considera que la búsqueda de soluciones sostenibles y adecuadas para la pequeña agricultura de la sierra no se limita a la provisión directa de servicios e infraestructura para los productores rurales, sino que también exige la formación (y certificación) de extensionistas campesinos encargados de ofrecer dichos servicios.

Pero, el planteamiento descrito en este libro va más allá del tema formativo o educativo. Una propuesta que articule efectivamente las demandas de la población campesina con la oferta de conocimientos técnicos exige una visión más integral y sistémica, que tome en cuenta otros factores del contexto —fundamentalmente los referidos al marco institucional y los roles de los diferentes actores operando en un territorio determinado—. Es por ello que en este documento también se describe, como propuesta de actuación para el futuro, la conformación de un sistema local de innovación. Este sistema debería funcionar articulando sinérgicamente una red de entidades y actores del Estado, las entidades de educación e investigación, las comunidades, y el sector privado, interactuando todas ellas para atender más efectivamente las demandas de la agricultura familiar campesina.