Hoy en día se producen alimentos más que suficientes para toda la población mundial, sin embargo, cerca de 821 millones de personas sufren subalimentación crónica. El logro de la seguridad alimentaria para todos requiere un enfoque integrado de todos los actores, incluyendo los gobiernos. Para reducir esa cifra y alcanzar el Hambre Cero para el año 2030, se requerirá una legislación adecuada respaldada por los necesarios presupuestos y un seguimiento adecuado, que propicie marcos jurídicos legítimos y duraderos.
Presentamos diez ideas sobre cómo los parlamentarios pueden ayudar a lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2) sobre el Hambre Cero:
1. Establecer los principios que orienten las políticas para acabar con el hambre y la malnutrición.
La Constitución de un país es su norma suprema, el pilar sobre el cual se sustentan los derechos de los ciudadanos y las obligaciones del Estado. Al incluir el derecho a una alimentación adecuada en sus Constituciones, los países otorgan a este objetivo la mayor garantía de cumplimiento. Cuando los programas son apoyados por la legislación, se convierten en políticas gubernamentales.
Hasta la fecha, 30 países han reconocido explícitamente el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada en sus constituciones. Estos países incluyen Sudáfrica, Filipinas, Ucrania, Zimbabwe, Egipto, Fiji o Guyana. El ejemplo más reciente es Nepal, que contó con apoyo de la FAO durante el proceso de añadir el derecho a la alimentación a su Constitución en 2015.
2. Establecer las reglas del juego para supervisar las leyes y organizar su implementación.
Los legisladores deben criticar, cuestionar y autorizar a otros órganos del gobierno. Las herramientas que tienen a su disposición para garantizar y solicitar la rendición de cuentas incluyen sesiones de preguntas, aprobación de presupuestos y comités de selección.
Por ejemplo, en Honduras, los órganos de control del Estado deben supervisar la Ley para el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (Credimujer) y presentar informes anuales de rendición de cuentas.
3. Proyectos de leyes que incorporan la seguridad alimentaria y nutricional, al tiempo que consideran las necesidades de todos los sectores.
Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional requiere la participación de los diversos sectores que conforman el sistema alimentario. Esto significa tener en cuenta las necesidades de los pequeños agricultores, pastores y pescadores artesanales y ayudarles a desarrollar sus capacidades a través de iniciativas de protección social a favor de los eslabones más vulnerables del sistema alimentario.
En el marco de la Ley de Alimentación Escolar de Bolivia, microempresas formadas por mujeres rurales contratadas por las autoridades locales para preparar y distribuir almuerzos escolares. Los menús, diseñados con aportaciones tanto de las juntas escolares como del nutricionista del municipio, incluyen productos de la región.
4. Aprovechar el conocimiento de las instituciones académicas.
Los legisladores necesitan comprender el alcance de un problema y poder medir los efectos de las políticas. Para hacerlo, pueden capitalizar la experiencia de la comunidad académica a la hora de desarrollar, implementar y supervisar la legislación o las políticas públicas relacionadas con el Derecho a una Alimentación Adecuada.
En España, se creó la Cátedra de Gobernanza Global Alimentaria de la Universidad de Oviedo, para fomentar la investigación sobre cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional, evaluar políticas, analizar la coherencia entre programas y elaborar un informe anual que revise la estrategia y las buenas prácticas.