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Todos los años, una importante cantidad de madera producida en el mundo es aprovechada, transportada, elaborada y comercializada violando la legislación nacional. La explotación forestal ilegal y el comercio de madera asociado tiene serias consecuencias ambientales, sociales y económicas, entre ellas, la pérdida de la biodiversidad y del hábitat, la inestabilidad política, el aumento de la disparidad de los ingresos y las distorsiones del mercado. Si bien los datos exactos sobre el alcance de las actividades forestales ilegales no están disponibles, el Banco Mundial estima que las pérdidas ocasionadas por la explotación ilegal, en términos de valor del mercado mundial, ascienden anualmente a más de 10 mil millones de dólares EE.UU. y el total de la pérdida de los ingresos públicos se estima aproximadamente en 5 mil millones de dólares EE.UU.
La magnitud del problema ha impulsado a los gobiernos, con la ayuda de las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales, así como del sector privado, a intensificar sus análisis de las causas y consecuencias socioeconómicas de la explotación ilegal de la madera. Los estudios han indicado que las cuestiones parar resolver comprenden:
- marcos estratégicos y jurídicos deficientes;
- incertidumbre acerca de la tenencia de los bosques;
- escasa observancia de la legislación, información insuficiente sobre los recursos forestales, unida a la creciente demanda de productos forestales;
- corrupción y falta de transparencia. Por ello, se hallan en ejecución varios procesos a nivel regional, nacional e internacional para combatir los delitos forestales y mejorar el cumplimiento de las leyes.
La FAO brinda su apoyo a varios países para fortalecer su marco de normativa forestal, crear las capacidades institucionales que promuevan un mejor cumplimiento de la legislación forestal, recoger los datos suplementarios sobre sus recursos forestales, y determinar el alcance y la naturaleza de las operaciones ilegales. Asimismo, en colaboración con la OIMT, la FAO ha publicado un informe en 2005 que identificaba las mejores prácticas que permiten mejorar la observancia de la legislación en el sector forestal, basándose en las experiencias de los países de Asia, América Latina y África. El estudio, que es el primero en su género, propone acciones de subsanación e indica que los gobiernos están tomando cada vez más iniciativas para planificar e implementar medidas dirigidas a combatir la ilegalidad en el sector forestal.
Sin embargo, aun las iniciativas bien planificadas se frustrarán si no existe un compromiso político a niveles más altos de lucha contra la corrupción y la falta de transparencia en el sector forestal. Mejorar la observancia de la legislación forestal y la gobernanza de los bosques también exigirá una mejor colaboración entre los sectores y una mayor participación de las partes interesadas.
Las estrategias para afrontar el problema de las actividades forestales ilegales deben ser adecuadas para cada país, si éstas se requieren para responder a necesidades particulares. Si bien esto no es deseable o aun posible, formular programas estratégicos, jurídicos e institucionales que puedan ser aplicados sistemáticamente para mejorar el cumplimiento de las leyes forestales, los esfuerzos realizados en los siguientes ámbitos pueden dar resultados positivos:
- racionalizar, simplificar y hacer equitativas y transparentes las leyes y las políticas forestales;
- mejorar la vigilancia de los bosques y la compilación de información;
- fortalecer las capacidades institucionales nacionales para observar las leyes;
- formular las políticas en el sector forestal y en otros sectores que tengan en cuenta las dinámicas sociales y económicas que sustentan la explotación forestal ilegal.