La población en 2005 se estimaba en 13 211 000 habitantes, de los cuales  37,8 por ciento correspondía a la población rural (2). De ese total 25,1 por ciento son mujeres(2). La densidad de población fue de 47,1 habitantes por km2 en 2006 (3). En el país coexiste una amplia diversidad de etnias indígenas, siendo las principales las siguientes: Quichuas, Shuar-Achuar, Awa, Chachis, Sáchilas, Huaoranis, Cofán, Siona – Secoya, y los Záparos. La población Quichua, predomina y representa alrededor del 92 por ciento de la población indígena total (4). La población indígena en 1990 se estimaba en 24,9 por ciento de la población total (4), aunque hay discrepancias entre las estimaciones de la dirigencia indígena y las del Instituto Nacional de Estadística y Censos -INEC. Aún entre las organizaciones indígenas, existen diferentes estimaciones que varían desde 30 por ciento, que calcula el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas (FEINE)  hasta 70 por ciento que afirma la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras -FENOCIN (4).

En 2008, el Producto Interno Bruto (PIB)  fue de 23 998 millones de USD en dólares del 2000 (20). En 2008, el PIB per cápita fue 7 500 USD  en términos de paridad de poder adquisitivo (23).  El Producto Interno Bruto agrícola representó en 2004 6,7 por ciento del total de la renta nacional, mientras que los  sectores de industria y servicios representaron 34,3 y 59 por ciento respectivamente (22). El sector agrícola dio trabajo a 1 242 000 personas, aproximadamente 23 por ciento del total de la fuerza laboral nacional. Aunque la agricultura sigue siendo la principal fuente de ingresos para la población rural, su rentabilidad es variable debido a la volatilidad de los precios de los productos básicos en el mercado internacional, y a la falta de acceso a la tierra, al agua, al crédito y a asistencia técnica para los pequeños agricultores (3). La exportación de productos agrícolas representó en 2006 20,0 por ciento de las exportaciones totales, mientras que las importaciones representaron 7,5 por ciento de las importaciones totales (1).

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 2007 fue de 0,806 ubicando el país en el lugar 80 de 182 países (17). En el 2006 la población en condiciones de pobreza fue de 43 por ciento, de la cual 49 por ciento se ubicaba en zonas rurales (2). El porcentaje de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza nacional fue 46 por ciento –entre 2000 y 2006 (17).  El porcentaje de la población viviendo bajo la línea de pobreza de 1,25 USD  fue 4,7 por ciento entre 2000 y 2007 (17). En 2006, la tasa de fecundidad fue de 2,4 hijos por mujer (2). El porcentaje de analfabetismo en adultos (mayores de 15 años) fue 9,1 por ciento en 2006 (18). En el periodo 2001- 2003, 5 por ciento de la población se encontraba en estado de desnutrición y la esperanza de vida en 2006 fue de 72,9 años para los hombres y 78,8 años para las mujeres (2). Durante el periodo de 1995-2004 la población con acceso a agua potable en las áreas rurales aumentó de 71 a 89 por ciento (2).

La tasa de participación de la mujer en la actividad económica en 2005 fue de 47,8 por ciento, comparada con la del hombre que fue de 83,2 por ciento (2). La Población Económicamente Activa (PEA) en el 2005 fue de 5 840 000 personas, de las cuales 2 143 000 eran mujeres (36,7 por ciento) y 3 698 000 hombres (2). El nivel de participación de las mujeres en la PEA agrícola rural fue 37 por ciento, de las cuales sólo 4,2 por ciento pertenecieron a la categoría de “ocupados” (3). El salario medio de las mujeres asalariadas de 20 a 49 años de edad que trabajaron al menos 35 horas por semana, en el 2006 fue  91,2 por ciento respecto al salario del hombre, en las mismas condiciones (2).

La reforma agraria iniciada en 1964 tuvo como finalidad la expropiación de tierras no-explotadas y la colonización de baldíos. Se adjudicaron tierras en usufructo a cooperativas. La ley daba prioridad en las asignaciones a los jefes de hogar cuya principal actividad fuera la agricultura y que no poseyeran tierra o tuvieran extensiones muy pequeñas. En 1973 la Ley de Reforma Agraria Integral mantuvo estas disposiciones con lo que las mujeres quedaban prácticamente excluidas de la asignación de tierras por razones culturales que no reconocían a las mujeres como agricultoras ni jefas de hogares. Además, esto era respaldado por normas del Código Civil vigentes que estipulaban que el marido era el administrador de la propiedad marital (9). Durante la década de los ochenta, con la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario de 1979, se limitaron las afectaciones y se dio atención prioritaria a personas jurídicas conformadas por pequeños productores. La Ley de Desarrollo Agrario de 1994 permite que las tierras comunales sean parceladas y vendidas si así lo desean dos tercios de los miembros de la comunidad. La tierra sólo puede expropiarse en condiciones de fuerte presión demográfica. Se reconoce el derecho de las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias a sus tierras ancestrales. La tierra puede adjudicarse a título individual o colectivo (9). El mercado de tierras pasó a ser la forma predominante de adquisición de tierras. De las casi 842 900 unidades productivas (UPAs) se contabilizan 63,6 por ciento con menos de 5 ha, sumando 6,3 por ciento de la tierra agraria con producción orientada básicamente al autoabastecimiento. Por otro lado, las unidades de más de 100 ha suman poco más de 2,3 por ciento del total, pero concentran el 42, 6 por ciento de la tierra (7). La sierra y la costa tienen patrones de propiedad muy diferentes. La propiedad de la tierra por mujeres y la propiedad conjunta por parejas son fenómenos mucho más frecuentes en la sierra, con mayor población indígena, que en la costa, en donde la tierra pertenece en su mayor parte a los hombres. Estos datos respaldan los estudios de Hamilton, 1998, que indican que la propiedad de la tierra en la sierra es relativamente equitativa en materia de género (9).