Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad Fase II, Nicaragua - Fortaleciendo la gobernanza de la tierra y los derechos de propiedad para mejorar la seguridad de la tenencia

Áreas cubiertas por PRODEP-I y PRODEP-II
21/12/2021

El año 2020 marcó el cierre de la segunda fase del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad en Nicaragua, financiado por el Banco Mundial (PRODEP II, 2013-2020). Asimismo, se cumplen dos décadas de apoyo técnico y financiero a la estrategia programática del Gobierno de Nicaragua por parte del Banco Mundial, con la asistencia técnica del Centro de Inversiones de la FAO (CFI) y más recientemente la iniciativa Knowledge for Investment (K4I), para ayudar al Gobierno de Nicaragua a fortalecer los derechos colectivos e individuales de tenencia de la tierra; modernizar y descentralizar las instituciones de administración de la tierra, así como evaluar los resultados.  El objetivo del PRODEP es fortalecer la gobernanza de la tierra y los derechos de propiedad para, en última instancia, mejorar la seguridad de la tenencia, centrándose en las poblaciones más pobres y vulnerables, la equidad de género, y las históricas reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas.

 La primera fase del PRODEP comenzó en el año 2002, financiada parcialmente por el Banco Mundial a través de un préstamo de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) de 54 millones de dólares entre 2002 y 2013. Tras una experiencia exitosa con el PRODEP I, el Banco Mundial aprobó un segundo préstamo de la AIF por un total de 40 millones de dólares dando paso al Segundo Proyecto de Administración de Tierras (PRODEP II), que comenzó en 2013 y finalizó al término de 2020. La evaluación final del Banco Mundial (Implementation Completion Report, ICR por sus siglas en inglés) del PRODEP II, con el apoyo del Centro de Inversiones de la FAO (FAO-CFI) y la División de Economía agroalimentaria (FAO-ESA), entre otros, pone de relieve la satisfacción de los resultados obtenidos con el proyecto. La evaluación general de PRODEP II llevada acabo en 2020 fue muy positiva, particularmente en términos de eficiencia, costo-beneficio, así como los impactos generales esperados.

 Tras más de una década de implementación, el principal logro del proyecto es la consolidación del marco legislativo y el fortalecimiento de las instituciones públicas de administración y gestión de la tierra en las áreas seleccionadas, tanto a nivel nacional como municipal. Como resultado, se han reforzado los derechos de propiedad a través de la mejora de los servicios de regularización, titulación y registro, beneficiando a 121 000 pequeños propietarios con nuevos títulos, 52% de ellos mujeres, ya sea en forma individual o junto con su cónyuge. Además cinco áreas protegidas han sido demarcadas y geo-referenciadas, y se ha desarrollado y puesto en marcha el nuevo Sistema Integrado de Información Catastral y Registral (SIICAR) en Managua y Estelí, dos de las provincias más importantes para la economía nicaragüense - estableciendo así una referencia para ampliar la operación a escala nacional. Asimismo, se demarcaron y titularon dos áreas de los territorios indígenas de la Reserva Bosawás, en Jinotega.

 Paralelamente, expertos de la FAO, con apoyo de la Secretaria Ejecutiva del PRODEP II y del Banco Mundial, llevaron a cabo una evaluación de impacto con el objetivo de generar evidencia sobre los efectos de la titulación sistemática y la modernización de Instituciones y sistemas de información territoriales. La evaluación emplea una muestra de 1 014 parcelas (fase I y II del PRODEP) recopiladas mediante una encuesta de hogar ad-hoc llevada a cabo en tres departamentos del país durante 2020. Los principales hallazgos indican que el PRODEP ha contribuido a mejorar la percepción de los beneficiarios sobre su seguridad de tenencia, así como la percepción sobre el incremento del valor de la tierra y sus activos. Sin embargo, y a pesar de los resultados positivos y el alto nivel de satisfacción de los beneficiarios, la evaluación de impacto sugiere que el PRODEP debería verse como un pilar dentro de una estrategia más amplia para reducir la pobreza aumentando el valor de los activos de los pobres y mejorando el crecimiento económico local. La cobertura de otros programas, incluida la protección social, el fomento de la vivienda y los medios de vida agrícolas, deberá fortalecerse en el futuro de manera que permitan más sinergias, y un impacto que vaya de la mano con la formalización de la tenencia de la tierra.

Para más información sobre la evaluación de impacto y descargar una copia consulte el enlace siguiente:

Working Paper: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7981en

Policy Brief: https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8062en